
ATE solicitó a la Justicia que declare inconstitucional el capítulo de empleo público de la Ley Bases
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.
El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.
“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.
El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.
“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.
En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.
El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.
Qué dice la presentación judicial de ATE
El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.
Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.
Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.
Fuente: Mundo Gremial
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Advierten que los salarios caen el doble con nueva canasta que mide el Indec

La pérdida salarial en el país se profundiza y las proyecciones privadas advierten que, si el Indec aplicara la nueva canasta de consumo para medir la inflación, la pérdida salarial sería casi el doble de la registrada actualmente. Ante esta situación, y faltando solo unos diás para las elecciones en el territorio bonaerense, el Gobierno nacional enfrenta un panorama económico adverso.
Un informe reciente del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) revela que el salario mínimo se contrajo un 32,5% en términos reales desde noviembre de 2023, mientras que las remuneraciones promedio retrocedieron un 5%. Sin embargo, si se aplicara la nueva metodología de inflación pendiente de implementación por parte del INDEC, el retroceso treparía al 9,1%. La fuerte devaluación inicial de la gestión de Javier Milei, sumada a la aceleración inflacionaria, impactó de lleno en los bolsillos de los trabajadores.
Según el estudio de CIFRA, tras una recuperación parcial hacia finales de 2024, los salarios volvieron a estancarse. «Desde noviembre pasado, la menor inflación no se tradujo en mejoras: el desempleo debilitó las negociaciones colectivas y el Gobierno buscó limitar los aumentos salariales por debajo del alza de precios», señalaron desde el centro de estudios. Como resultado, en junio de 2025 el salario real registrado quedó 5,5% por debajo del nivel de noviembre de 2023.
La situación es aún más grave en el sector público: mientras que los privados acumulan una pérdida de 0,6% según el IPC actual (4,4% con la canasta actualizada), los estatales retrocedieron 14,3% y 17,6% respectivamente.
Actualmente, el INDEC mide la inflación con la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares 2003/2004. Si bien en 2017-2018 se llevó adelante una actualización, el nuevo índice aún no fue publicado, pese a que el trabajo técnico está concluido desde fines de 2024.
El propio FMI advirtió en su último staff report que espera que el organismo argentino implemente la nueva metodología hacia finales de 2025, lo que permitiría reflejar mejor los patrones actuales de consumo y precios relativos.
Más allá de la discusión metodológica, la realidad de los hogares muestra un deterioro constante. El ingreso disponible promedio en el AMBA cayó 0,4% en junio, acumulando tres bajas en cuatro meses, según Empiria. En comparación con noviembre de 2023, la merma llega al 7%.
En paralelo, crece el endeudamiento: un estudio del Banco Provincia señala que los préstamos a familias aumentaron más de 60% real entre noviembre de 2023 y julio de 2025, pasando de representar el 5% al 8% de los recursos de los hogares.
A esto se suma la multiplicación de empleos: durante el primer trimestre de 2025, casi 1 de cada 10 trabajadores tuvo más de un trabajo, un nivel superior al promedio de 2017-2019 y bastante por encima del registrado entre 2021 y 2023.
La foto del salario mínimo sintetiza el panorama: su valor real hoy es inferior al que rigió durante gran parte de la década del 90 y en la crisis de la Convertibilidad. Según cálculos de CIFRA, si no hubiese perdido poder adquisitivo a lo largo de la última década, debería ubicarse por encima de los $740.000.
Con elecciones inminentes y la Provincia de Buenos Aires como distrito clave, la caída de los ingresos aparece como un desafío político y social central para el Gobierno, en un escenario donde el bolsillo de los trabajadores sigue siendo el principal termómetro de malestar.
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La UIA propone reactivar un régimen de rebaja de contribuciones patronales para empresas del interior

La Unión Industrial Argentina (UIA) propuso reactivar un régimen de contribuciones patronales diferencial que permita a las empresas del interior del país abaratar el costo de contratación de empleados. El planteo se enmarca en una agenda de cinco ejes que incluye reforma tributaria, modernización laboral e inversión en infraestructura.
La UIA, liderada por Martín Rappallini, busca recuperar el esquema del Decreto 814/2001, que fijaba una alícuota única del 16% en contribuciones patronales y otorgaba a las empresas la posibilidad de imputar parte del IVA a cuenta de esas cargas. La proporción que podían descontar dependía de la distancia de cada provincia respecto de los puertos, lo que beneficiaba particularmente a las regiones del NOA y el NEA.
Según la UIA, este régimen fue clave para el desarrollo de numerosas pymes y atrajo inversiones de grandes empresas en el norte del país, al permitirles compensar los mayores costos logísticos. La entidad sostiene que la reactivación de este régimen sería fundamental para mejorar la competitividad del sector industrial en el interior del país.
La Unión Industrial Argentina también presentó una agenda de cinco puntos para mejorar la competitividad del sector, que incluye:
- Reforma tributaria, para simplificar cargas y eliminar distorsiones.
- Modernización laboral, orientada a marcos más flexibles e inclusivos.
- Inversión en infraestructura, con el fin de reducir costos logísticos y conectar regiones.
- Financiamiento productivo, accesible y previsible para pymes e industrias innovadoras.
- Educación técnica, articulada con la demanda productiva para potenciar el talento industrial.
En este sentido, Martín Rappallini expresó. «Tenemos un sistema impositivo récord y un sistema laboral antiguo. La macro es importante, pero hay que trabajar en la microeconomía y en el costo argentino», completó Rappallini .
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Paritarias: Qué gremios cobrarán aumentos salariales en septiembre

Con un panorama preocupante de inflación persistente, varios gremios lograron cerrar paritarias y avanzar con mejoras salariales para este mes de septiembre.
A continuación, te presentamos un resumen de los acuerdos alcanzados por sector:
- Estatales (Provincia de Buenos Aires): Cobrarán un aumento del 2,5% sobre los haberes de julio, más un 7,5% en viáticos.
- Construcción (UOCRA): Se aplica un 1,1% sobre los básicos de julio.
- Empleadas Domésticas: Percibirán un 1% de aumento y la última cuota de un bono no remunerativo (de $4.000 a $9.500 según las horas).
- Comercio (General, Call Centers y Turismo): Cobrarán un 1% de aumento más una suma no remunerativa de $40.000.
- Bancarios: El sueldo inicial alcanzará $1.895.421.
- Metalúrgicos (UOM): Recibirán un 1% correspondiente a agosto más 25.000 no remunerativos. El ingreso mínimo global de referencias se ubica en 909.114.
- Camioneros: Cobrarán un 1% de agosto más una suma no remunerativa de $45.000. Hugo Moyano ya reclama una revisión.
- Sanidad (FATSA): Percibirán un 1,9% sobre básicos más una suma fija no remunerativa de $60.000.
- Playeros (Estaciones de Servicio): El salario básico de un operador de playa será de $1.025.576.
- Colectiveros (UTA – AMBA): El salario total a percibir (incluyendo viáticos) será de $1.600.000.
- Vigiladores Privados: Tendrán un aumento del 0,9%, llevando el básico a $808.600.
- Encargados de Edificio: Recibirán un aumento sobre los básicos de julio más una suma fija de $50.000.
- Trabajadores Rurales: Tendrán un 1,5% de incremento más un bono de $20.000.
El panorama refleja una negociación paritaria compleja, donde la mayoría de los sindicatos lucha por no quedar rezagado frente a una inflación que continúa erosionando el poder de compra de los salarios. Los acuerdos alcanzados varían según el sector y el gremio, pero en general, buscan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
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