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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Qué dice la presentación judicial de ATE

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

Fuente: Mundo Gremial

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Los alimentos empujan la inflación de septiembre y frenaron la desaceleración

La inflación habría vuelto a acelerarse en septiembre, después del descenso registrado en agosto. Las principales consultoras privadas ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en torno al 2%, por encima del 1,7% informado para el mes anterior, en un movimiento explicado principalmente por aumentos en verduras y carne.

Las estimaciones se conocen antes de la publicación de nuevos indicadores oficiales y privados que permitirán precisar la evolución de los precios. El dato marca, de confirmarse, un freno a la desaceleración que había predominado durante buena parte del primer semestre y que tuvo una interrupción en julio, cuando el IPC había alcanzado el 2,1%.

Entre las mediciones privadas, Libertad y Progreso proyectó una inflación mensual del 2% y señaló que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 3,2%, convirtiéndose en el principal impulsor del resultado general.

La medición de C&T Asesores Económicos fue algo inferior, con una estimación de 1,9%. Según su relevamiento, alimentos y bebidas tuvieron en septiembre el mayor incremento desde mayo, con una suba cercana al 2%. Dentro de esa categoría, las verduras aumentaron 11%, mientras que la carne avanzó 2,1%.

El comportamiento de los productos básicos también fue registrado por LCG. La consultora detectó un incremento del 1,7% en alimentos durante la última semana de septiembre, mientras que el acumulado de las últimas cuatro semanas llegó al 2,7%. Por su peso dentro de la canasta de consumo, esos movimientos tienen una incidencia relevante sobre el índice general.

Analytica, en tanto, relevó una suba semanal del 0,8% en alimentos y bebidas durante los últimos días del mes y calculó un aumento del 2,8% en cuatro semanas. Con esos datos, también estimó una inflación general del orden del 2% para septiembre.

Eco Go coincidió con esa proyección. La consultora calculó un avance del 2% y señaló que componentes de comportamiento estacional tuvieron una incidencia importante en la aceleración, lo que llevaría al índice general a ubicarse aproximadamente 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto.

El movimiento de septiembre adquiere relevancia porque modifica la trayectoria observada en los meses anteriores. Después de una sucesión de registros descendentes, julio había mostrado un repunte al 2,1% y agosto volvió a marcar una baja, con 1,7%, el menor registro en 14 meses según la información difundida entonces.

La presión de los alimentos introduce además un componente especialmente sensible sobre los hogares, dado que se trata de uno de los rubros con mayor incidencia en el gasto cotidiano. Las subas concentradas en productos de consumo frecuente pueden tener un impacto más inmediato sobre el presupuesto familiar aun cuando el índice general mantenga variaciones moderadas.

Las estimaciones privadas deberán ser contrastadas con el IPC oficial de septiembre, que permitirá determinar la magnitud definitiva del repunte y la evolución de los distintos componentes. El dato será además una referencia para las próximas mediciones de expectativas y para las decisiones de empresas y trabajadores en materia de precios, salarios y consumo.

Si las proyecciones se confirman, septiembre habrá interrumpido nuevamente la trayectoria descendente de la inflación mensual. El regreso a valores cercanos al 2%, con los alimentos entre los principales impulsores, mostraría que la desaceleración de los precios continúa siendo irregular y todavía expuesta a movimientos fuertes dentro de la canasta básica.

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Milei proyecta una visita a San Juan antes de fin de año

El Presidente Javier Milei prepara una gira por nueve provincias con proyectos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y San Juan figura entre las paradas previstas. La recorrida, que el Gobierno proyecta concretar antes de fin de año, tendrá como principal objetivo exhibir inversiones productivas y el avance de las iniciativas beneficiadas por el régimen.

La provincia adquiere un lugar relevante dentro de ese itinerario por el peso de la minería. San Juan cuenta con cuatro proyectos aprobados bajo el RIGI, entre ellos Vicuña, Los Azules, Veladero y Gualcamayo, que concentran inversiones de gran magnitud en cobre y oro.

La visita presidencial todavía no tiene fecha confirmada ni un programa oficial definido. La previsión que circula en la Casa Rosada contempla recorridas por Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe, además de nuevas actividades en la provincia de Buenos Aires.

El punto de partida de esta agenda fue la reciente recorrida de Milei por Bahía Blanca, donde visitó proyectos alcanzados por el régimen. Tras sus viajes a Nueva York y París, el Presidente retomaría ahora una agenda federal enfocada en inversiones y en la puesta en valor del RIGI.

El esquema original comprendía 23 proyectos aprobados, con una inversión comprometida de US$49.766 millones, de acuerdo con los datos difundidos por el Poder Ejecutivo. Las iniciativas incluyen 12 proyectos mineros, siete de petróleo y gas, dos de generación eléctrica, uno siderúrgico y otro de infraestructura.

A esa cartera se incorporaron posteriormente nuevas iniciativas. Entre ellas aparecen proyectos vinculados con Vaca Muerta y una inversión minera de cobre de Glencore, anunciada durante la Argentina Week en París. La ampliación del mapa de inversiones elevó el peso que el Gobierno pretende otorgarle al RIGI como instrumento para atraer capitales de gran escala.

En San Juan, el proyecto de mayor dimensión es Vicuña, desarrollado por BHP y Lundin Mining, con una inversión inicial prevista de US$9.700 millones para el desarrollo de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. Los Azules, Veladero y Gualcamayo completan la nómina provincial de iniciativas incorporadas al régimen.

La eventual recorrida también tendría un componente institucional por el vínculo que Milei mantiene con el gobernador Marcelo Orrego, aunque desde el Gobierno nacional se plantea que el propósito central de la gira es mostrar los proyectos de inversión. Orrego integró, junto con otros mandatarios, la delegación argentina que acompañó al Presidente durante la Argentina Week en París.

El viaje a Francia dejó además a San Juan particularmente expuesta dentro de la agenda de inversiones. Durante esa misión, el mandatario sanjuanino mantuvo contactos con representantes de compañías internacionales y presentó las oportunidades de la provincia en minería y energía, mientras Milei utilizó a San Juan como referencia del potencial inversor argentino.

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El Gobierno mueve piezas en Trabajo y los gremios aguardan señales

La Secretaría de Trabajo volvió a modificar su segunda línea en un momento especialmente sensible de la relación entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. Claudia Testa presentó su renuncia a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo y Mariano Sartoris fue designado para ocupar su lugar, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del área conducida por Julio Cordero.

Testa había llegado al Gobierno a fines de 2024, después de desarrollar parte de su trayectoria en el ámbito laboral de la Ciudad de Buenos Aires. Su designación fue formalizada mediante el Decreto 31/2025, con vigencia desde el 10 de diciembre de 2024. Durante su gestión intervino en negociaciones colectivas, mediaciones y conflictos entre empresas y organizaciones sindicales.

La salida se produjo mediante una renuncia indeclinable. Desde el Gobierno fue presentada como parte de un proceso de reestructuración interna, mientras que otras versiones periodísticas consignaron diferencias y motivos personales como parte de las explicaciones que circularon alrededor de la decisión. No existe, hasta el momento, una explicación oficial que permita atribuir el alejamiento a una disputa específica.

El reemplazante introduce un dato político-administrativo relevante. Mariano Sartoris, abogado y hasta ahora subsecretario Legal de Capital Humano, es identificado como un funcionario de confianza de la ministra Sandra Pettovello. También había tenido funciones dentro de la propia estructura laboral antes de pasar al área jurídica de Capital Humano.

La Subsecretaría ocupa un lugar central en la relación cotidiana del Estado con el mundo del trabajo: participa en paritarias, conflictos colectivos, mediaciones y vínculos entre sindicatos y empresas. Por eso, el reemplazo no se limita a un movimiento administrativo. Para las organizaciones gremiales, la principal incógnita será conocer qué perfil tendrá Sartoris en la interlocución con dirigentes y qué grado de continuidad tendrán los canales construidos durante la gestión anterior.

El cambio también vuelve a poner de relieve la alta rotación de funcionarios en la segunda línea de Trabajo durante la gestión de Javier Milei. Desde diciembre de 2023, seis nombres ocuparon esa posición: Liliana Archimbal, Mariana Hortal Sueldo, Horacio Pitrau, Martín Huidobro, Claudia Testa y ahora Sartoris. La sucesión contrasta con la permanencia de Julio Cordero, quien continúa al frente de la Secretaría.

Testa, además, había mantenido actividad hasta los últimos días de su gestión. El 29 de septiembre, encabezó una audiencia con trabajadores despedidos de Flybondi que buscaban la mediación del Estado por salarios e indemnizaciones pendientes. La proximidad entre esa intervención y su salida contribuyó a que el relevo generara atención entre los actores que mantienen negociaciones habituales con el organismo.

El recambio se produce mientras el Gobierno y la CGT mantienen diferencias en torno a las políticas laborales y al alcance de las reformas impulsadas por la administración nacional. En ese marco, cualquier modificación en el equipo que interviene directamente en las relaciones colectivas es seguida de cerca por los sindicatos, especialmente ante las discusiones pendientes sobre convenios, salarios, representación y legislación laboral.

Las versiones que vinculan la salida de Testa con una eventual ofensiva contra las organizaciones sindicales no fueron confirmadas oficialmente y, por ahora, forman parte de interpretaciones políticas sobre el cambio. Lo verificable es que el Gobierno colocó en una posición clave a un funcionario proveniente del núcleo de Capital Humano y cercano a Pettovello, mientras mantiene a Cordero al frente de esa cartera.

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