ATE solicitó a la Justicia que declare inconstitucional el capítulo de empleo público de la Ley Bases
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.
El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.
“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.
El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.
“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.
En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.
El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.
Qué dice la presentación judicial de ATE
El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.
Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.
Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.
Fuente: Mundo Gremial
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La investigación por el Acueducto Gran Tulum suma un pedido de desafuero y cruces en Tribunales
La jueza de Garantías Mónica Lucero suspendió la audiencia de formalización por las presuntas irregularidades en la obra, luego de aceptar las justificaciones de los dos legisladores nacionales ausentes. Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro cuestionaron la decisión y solicitaron el desafuero del senador y del diputado para garantizar su comparecencia.
La investigación por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum tuvo este miércoles una primera audiencia marcada por las ausencias del senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, un pedido fiscal de desafuero y fuertes diferencias entre el Ministerio Público y la jueza de Garantías Mónica Lucero. La magistrada resolvió suspender la formalización hasta que estén presentes los 11 investigados.
El procedimiento, realizado en los Tribunales de San Juan, debía permitir que los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, expusieran los hechos bajo investigación y las posibles responsabilidades penales. La causa se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia y apunta a presuntas irregularidades en licitaciones, compras de materiales, modificaciones presupuestarias y controles de ejecución de una obra que permanece inconclusa.
Entre los primeros en presentarse estuvieron el exministro Julio Ortiz Andino, los expresidentes de OSSE Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, y Gustavo Mastelono, representante de Krah América Latina. La ausencia de los dos legisladores nacionales terminó condicionando el desarrollo de la audiencia.
Andino acreditó que se encontraba en Buenos Aires por motivos laborales mediante la presentación de pasajes de avión. Lucero aceptó la justificación, aunque rechazó que participara por videoconferencia. En el caso de Uñac, su abogado defensor, Marcelo Fernández, leyó una nota en la que el senador fundamentó su inasistencia con referencias a normas constitucionales, nacionales y provinciales. También adelantó que no declararía durante la audiencia y que, si decidiera hacerlo posteriormente, presentaría un escrito.
La decisión de la jueza de considerar justificadas ambas ausencias provocó la reacción de la Fiscalía. Gómez cuestionó que las obligaciones laborales pudieran justificar la falta a una audiencia de estas características y pidió el desafuero de Uñac y Andino para asegurar su comparecencia. La magistrada defendió sus atribuciones para resolver sobre las inasistencias y sostuvo que el Ministerio Público no necesitaba que ella le corriera vista de sus decisiones.
Otro de los cruces giró en torno a la designación de Fernández como defensor del senador. El fiscal pidió precisar cuándo se había formalizado el nombramiento y cuestionó inicialmente que pudiera haberse concretado minutos antes del comienzo de la audiencia. Sin embargo, el registro judicial consignaba que Uñac había designado al abogado el 5 de octubre, nueve días antes de la convocatoria.
Durante la jornada también surgió una consulta de Lucero a Julio Ortiz Andino sobre un posible vínculo familiar con una persona allegada a la magistrada, para determinar si existían motivos que pudieran justificar su apartamiento. Al cierre de la audiencia no se había informado una resolución sobre ese punto.
La causa tiene como telón de fondo una obra central para el abastecimiento de agua potable en San Juan, cuya ejecución quedó inconclusa. La próxima instancia judicial deberá permitir que la Fiscalía exponga formalmente los hechos atribuidos a los investigados y que las defensas ejerzan sus derechos, mientras se define cómo garantizar la comparecencia de todos los involucrados.
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La Ruta 40 Sur vuelve a la agenda de Nación: Orrego viajará para negociar fondos
El gobernador Marcelo Orrego viajará a Buenos Aires para gestionar la reactivación del financiamiento de la Ruta Nacional 40 Sur, cuya obra quedó comprometida tras la interrupción de los fondos nacionales. La agenda prevé contactos con el jefe de Gabinete y representantes de Vialidad Nacional, con el objetivo de encontrar una alternativa que permita continuar los trabajos.
Durante una rueda de prensa en el departamento Rawson, el mandatario afirmó que hará “todo lo posible” para cumplir con las obligaciones vinculadas al proyecto y señaló que las reuniones podrían abrir una instancia para avanzar en la liberación de recursos. Por ahora, no hay un acuerdo confirmado ni anuncios concretos sobre nuevos desembolsos.
El principal punto de la negociación es el tramo 2, que había comenzado con fondos nacionales y posteriormente quedó sin ese respaldo. Frente a la interrupción de los aportes, el Gobierno provincial comenzó a explorar otras vías para sostener la obra, entre ellas la posibilidad de obtener crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), sujeto a condiciones que permitan garantizar su continuidad.
Orrego remarcó que la Ruta 40 Sur resulta fundamental para la conectividad de San Juan y el traslado de la producción hacia otros mercados. La búsqueda de recursos, por lo tanto, no se limita a completar una obra vial: también apunta a preservar un corredor relevante para la logística provincial y la integración regional.
El mandatario sanjuanino mencionó, además, la posibilidad de que el asunto llegue a la Cámara de Diputados la próxima semana, aunque no precisó qué iniciativa se trataría ni bajo qué condiciones.
En la misma rueda de prensa, Orrego se refirió al proyecto para transformar la Ruta Nacional 20, con una traza de cuatro carriles —dos por sentido—. La vía constituye uno de los principales accesos a la provincia y cumple una función importante en el transporte de cargas y pasajeros.
De todos modos, lo más urgente ahora es destrabar el dinero para la Ruta 40 Sur. Lo que ocurra en Buenos Aires decidirá si la Provincia recupera el apoyo económico o si tiene que buscar un «plan B» para no frenar las obras.
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Víctor Menéndez: “La CGT acompañará la marcha universitaria y reclama recuperar el poder adquisitivo”
El dirigente sindical que representa a los trabajadores de estaciones de servicio de San Juan confirmó que la CGT acompañará la movilización del 15 de octubre en defensa de las universidades públicas. También cuestionó los límites a las paritarias, detalló los aumentos acordados para la actividad y alertó sobre las consecuencias del Fondo de Asistencia Laboral.
Los aumentos salariales acordados para los trabajadores de estaciones de servicio de San Juan volverán a quedar por detrás de las expectativas de recomposición del gremio. Víctor Menéndez, referente sindical de la actividad, confirmó una actualización del 1,9% para septiembre, otro 1,9% para octubre y un 1,7% para noviembre, porcentajes que se aplican sobre los salarios del mes anterior.
En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el dirigente sanjuanino reconoció las limitaciones económicas que atraviesan las pequeñas y medianas empresas del rubro, aunque sostuvo que esa realidad no elimina la necesidad de mejorar los ingresos. “El salario viene perdiendo día a día”, advirtió, y cuestionó que la Secretaría de Trabajo imponga límites a los acuerdos paritarios y restrinja la homologación de incrementos superiores.
Para Menéndez, la negociación quedó condicionada por una política salarial que impide recuperar lo perdido frente a la inflación. Su reclamo excedió a los trabajadores de estaciones de servicio: planteó la necesidad de recomponer los ingresos de los distintos gremios y de recuperar capacidad de compra para jubilados y pensionados.
Respaldo a la UTA y críticas al financiamiento del transporte
El representante gremial respaldó la protesta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en San Juan, que paralizó el servicio de colectivos durante casi dos días por salarios adeudados. Felicitó al dirigente Antonio Ruíz , y a los trabajadores que sostuvieron la medida hasta alcanzar un acuerdo para regularizar los haberes pendientes.
Menéndez cuestionó que las empresas de transporte recurran al Estado provincial para cubrir obligaciones que, a su juicio, deben afrontar los propios empleadores. Si bien reconoció el esfuerzo oficial para sostener beneficios como el boleto gratuito para estudiantes y docentes, sostuvo que el costo de mantener el sistema no puede recaer sobre quienes dependen de su salario.
“La única lucha que se pierde es la que se abandona”, afirmó al valorar el resultado de la protesta. La resolución del conflicto, consideró, demuestra la importancia de la organización colectiva cuando están en juego derechos salariales básicos.
Reforma laboral: preocupación por las indemnizaciones
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el impacto que, según Menéndez, podría tener la reforma laboral sobre los derechos adquiridos. En particular, cuestionó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo vinculado al financiamiento de las indemnizaciones por despido, y alertó sobre sus posibles consecuencias para los recursos destinados al sistema previsional.
El dirigente advirtió que desviar fondos con otros destinos para financiar ese mecanismo podría debilitar el sistema jubilatorio. Asimismo, señaló que la nueva medida no debería ser retroactiva para los contratos vigentes, aunque aclaró que su alcance real dependerá de la normativa final.
Su planteo se inscribe en la resistencia sindical a los cambios en las reglas laborales impulsados por el Gobierno nacional. Para Menéndez, la CGT debe sostener una posición común frente a las modificaciones que puedan afectar la estabilidad, las indemnizaciones y la protección social.
En esa línea, confirmó que la central obrera acompañará la marcha federal universitaria del 15 de octubre, en reclamo del financiamiento de las universidades públicas. La convocatoria tendrá también una instancia de organización sindical previa, con participación de gremios que buscan ampliar el respaldo a las demandas del sistema universitario.
El deporte como herramienta de unidad gremial
La entrevista también incluyó el desarrollo del Campeonato Unidad Estaciones de Servicio 2026, una iniciativa que reúne a trabajadores de distintas localidades y categorías. La competencia contempla tres divisiones: fútbol libre, equipos femeninos y mayores de 40 años.
Menéndez explicó que el objetivo no se limita a la competencia deportiva: busca fortalecer los vínculos entre empleados que trabajan en establecimientos geográficamente dispersos y que, por sus horarios y tareas, tienen pocas oportunidades de encontrarse fuera del ámbito laboral. La entrega de premios y la cena de cierre están previstas para el 11 de noviembre.
La postura de Víctor Menéndez frente a la paritaria, la reforma laboral y la solidaridad intergremial expone el dilema del sindicalismo para proteger el poder adquisitivo ante la moderación salarial. El líder gremial sostiene que la clave radica en fortalecer la estructura sindical y unificar los reclamos para evitar la fragmentación de las luchas.
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