ATE solicitó a la Justicia que declare inconstitucional el capítulo de empleo público de la Ley Bases
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.
El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.
“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.
El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.
“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.
En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.
El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.
Qué dice la presentación judicial de ATE
El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.
Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.
Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.
Fuente: Mundo Gremial
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El petróleo dispara los salarios y ensancha la brecha regional en Argentina
Neuquén encabeza el ranking salarial privado con ingresos netos que superan los 2,6 millones de pesos mensuales, impulsados por la expansión hidrocarburífera de Vaca Muerta. El crecimiento del sector derrama sobre actividades complementarias, pero al mismo tiempo amplía brechas internas, regionales y de género. El dinamismo patagónico contrasta con provincias donde los sueldos no alcanzan ni un quinto del promedio neuquino, reavivando el debate sobre diversificación, equidad y sostenibilidad del modelo energético.
El efecto multiplicador se refleja en remuneraciones que superan por amplio margen a sectores como enseñanza, comercio o agro, cuyos ingresos no alcanzan ni una quinta parte de los salarios petroleros. La disparidad interna es contundente: si bien solo el 16,5% de los trabajadores formales neuquinos se desempeña en el rubro hidrocarburífero, ese segmento concentra el 38% de la masa salarial y explica el 45% del Producto Bruto Geográfico. En diciembre de 2024, con el pago del aguinaldo, el salario promedio del sector alcanzó los 7,7 millones de pesos, más de cinco veces lo que perciben otras ramas productivas.
Una Patagonia bien remunerada y un Norte postergado
Los datos oficiales del INDEC muestran que Neuquén encabeza el mapa salarial, seguido por Chubut, con 1.789.204 pesos de ingreso neto, y Río Negro, con 1.682.624. Todas estas jurisdicciones superan con holgura el promedio nacional, que en mayo de 2025 se ubicaba en 1.350.000 pesos.
La explicación, nuevamente, es energética. Tanto Chubut como Río Negro capitalizan actividades onshore, offshore y cadenas vinculadas al desarrollo shale. Sin embargo, esta prosperidad profundiza la brecha con otras regiones del país. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires exhibe un promedio de 1.593.245 pesos —inferior al neuquino— provincias del Norte enfrentan realidades extremas: Santiago del Estero, por ejemplo, registra un salario medio de apenas 449.603 pesos, casi seis veces menos que el neuquino.
Ajustes salariales que amplían la distancia y una estructura interna desequilibrada
Los aumentos salariales entre junio de 2024 y junio de 2025 confirmaron la tendencia: Neuquén creció un 55%, Río Negro un 56% y Chubut un 41%, todos por encima del incremento nacional del 31%. Esta aceleración amplifica diferencias tanto entre provincias como dentro de cada estructura productiva.
En Neuquén, comercio y construcción —que junto a petróleo, industria y servicios concentran el 75% del empleo privado— quedan rezagados frente a los ingresos del sector energético. El informe del Grupo de Apoyo al Proyecto Petrolero (GAPP) advierte sobre una matriz laboral “profundamente desigual”, en la que rubros como pesca, intermediación financiera, electricidad o servicios empresariales tienen escasa incidencia salarial y escaso poder de atracción para trabajadores calificados.
Brecha de género persistente y baja participación femenina en la energía
La desigualdad también opera en clave de género. A nivel nacional, la brecha salarial es del 27,2%, según el INDEC. En Vaca Muerta, la participación de mujeres no supera el 18%, lo que limita su acceso a los salarios más altos del país. Aunque existen iniciativas —como la Red de Mujeres de la Energía y programas de SLB y Halliburton— orientadas a atraer talento femenino, no hay indicadores que reflejen una mejora significativa ni una reducción de la brecha dentro del sector.
El desafío de convertir riqueza en desarrollo equilibrado
Neuquén y la Patagonia energética muestran el potencial del shale para dinamizar empleo, inversión y salarios. Pero ese mismo impulso revela tensiones estructurales: desigualdades regionales que se profundizan, sectores productivos que quedan rezagados y una inserción laboral femenina aún limitada. Organismos como la OIT advierten que, sin políticas activas de diversificación, formación digital, igualdad de oportunidades y desarrollo territorial, el modelo corre el riesgo de consolidar desequilibrios que afecten tanto la movilidad laboral como la inclusión económica.
Vaca Muerta sigue siendo el corazón de la expansión salarial argentina. El desafío, cada vez más evidente, es transformar ese impulso excepcional en crecimiento equilibrado, sostenible y capaz de integrar a más sectores y regiones del país.
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Crisis, salarios y reforma: una radiografía del presente laboral según Mercelo Trujillo”
En diálogo con Mundo Laboral San Juan, Marcelo Trujillo, titular del Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios en Industrias de las Telecomunicaciones (SOEESIT), analizó la gravedad de la caída del salario argentino —hoy el más bajo de Latinoamérica— y alertó sobre el rumbo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Ante un escenario que considera comparable al de los años ’90, Trujillo advierte una posible “desaparición práctica del trabajador como sujeto de derecho” y reclama participación real del movimiento obrero en la discusión.
La fotografía del presente económico argentino describe un deterioro sostenido, profundo y acumulativo, que ya no admite eufemismos. Según un estudio que abarca el período 2015-2025, más de 290 mil millones de dólares habrían sido transferidos desde el salario hacia el capital concentrado, configurando una década marcada por la erosión del poder adquisitivo y un derrumbe salarial que hoy ubica al país en el peor nivel de la región. Esta crisis, visible en la cotidianeidad y confirmada por los indicadores más duros, repercute en varios sctores.
En ese marco, dirigente gremial contextualiza la coyuntura actual dentro de una secuencia histórica que recuerda a los años ’90: privatizaciones masivas, congelamiento salarial, pérdida del poder de compra y una estructura previsional debilitada. “Tuvimos una recuperación recién a partir de 2004, pero el deterioro actual es igual o más profundo”, señala. Su preocupación se funda no sólo en la caída del salario real, sino en los efectos sistémicos que esta crisis genera sobre las condiciones laborales, los aportes sociales y la sustentabilidad futura del sistema previsional.
Trujillo aporta un dato conceptual que resume la desconexión entre estadísticas oficiales y la experiencia cotidiana: propone medir, además del IPC, un “Índice del Precios en Góndola”, indicador que —dice— refleja con mayor fidelidad la verdadera pérdida de poder adquisitivo. La inflación, advierte, “se presenta como desacelerada”, pero en las góndolas “la vida se encarece cada vez más”. En ese contexto, las paritarias —antes anuales— amenazan con transformarse en negociaciones quincenales ante la volatilidad de los precios.
A ese cuadro se suma el debate central del momento: la reforma laboral que el Gobierno busca impulsar. Trujillo coincide con la posición de la CGT, que exige conocer el texto completo del proyecto y participar en su elaboración. “Lo que se ha filtrado perjudica al trabajador en todos los planos”, sostiene. La preocupación principal radica en el cambio conceptual que propone la iniciativa: el reemplazo del trabajador por la figura del ‘colaborador’, lo que abriría la puerta a acuerdos individuales por encima de los convenios colectivos y de la propia Ley de Contrato de Trabajo.
Esas modificaciones, advierte, podrían desarticular los pilares mismos del sistema laboral argentino: la ultraactividad de los convenios, la jerarquía normativa que protege al trabajador y la presencia de organizaciones sindicales como contrapeso necesario. “Se habla de que no se perderán derechos adquiridos, pero si se pulverizan los recursos de los sindicatos, la negociación colectiva y la estructura convencional, la pérdida es inevitable”, remarca Trujillo.
El referente gremial también ve con preocupación la convergencia entre esta reforma y los cambios introducidos por el DNU 70/23, especialmente en materia de empleo transfronterizo y modalidades contractuales atípicas. Sumado a ello, advierte el avance de modelos laborales propios de plataformas como las apps de reparto, caracterizados por la fragmentación, el pago por hora o por tarea y la inestabilidad del ingreso. “Nos quieren llevar a un esquema donde cada persona gestione su propio trabajo desde el celular, sin garantías y a merced del empleador”, reflexiona.
Frente a quienes sostienen que la flexibilización laboral impulsa el crecimiento, Trujillo recuerda que ninguna reforma de este tipo generó mejoras sostenidas ni en la productividad ni en la competitividad, sino que, por el contrario, acentuó la precarización y la desigualdad. Sobre el horizonte inmediato, su diagnóstico es claro: sin reglas equitativas y sin participación de sindicatos y trabajadores en la mesa de negociación, el país podría encaminarse hacia un nuevo ciclo de fragmentación laboral y profundización de la pobreza, agravado por las transformaciones tecnológicas que ya empiezan a reducir planteles en múltiples sectores.
El panorama expuesto por Marcelo Trujillo sintetiza la encrucijada del presente laboral argentino: un salario devastado, una reforma que amenaza con desarmar décadas de institucionalidad y una economía que empuja a los trabajadores hacia nuevos formatos de precarización. En un escenario donde la brecha entre el costo de vida y los ingresos reales se expande, la discusión sobre el futuro del trabajo no puede darse sin los protagonistas centrales: los trabajadores, sus organizaciones y la sociedad en su conjunto.
La advertencia es clara: sin participación, sin reglas justas y sin un rumbo claro de recomposición salarial, cualquier reforma corre el riesgo de consolidar un sistema laboral más desigual y menos protector. En ese sentido, el llamado apunta a una premisa básica pero urgente: discutir de cara a la sociedad para evitar que, bajo la promesa de modernización, se consagre una merma histórica en derechos, identidad y dignidad laboral.
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Essen reduce personal y sustituye fabricación nacional
La tradicional fábrica de ollas Essen despidió al 10% de sus trabajadores y comenzó a sustituir casi la mitad de su producción por productos terminados provenientes de China. En un contexto de consumo retraído y creciente ingreso de importaciones, la UOM denuncia un proceso de achicamiento que podría profundizarse en los próximos meses y alerta por nuevos riesgos en otras metalúrgicas de la región.
La crisis golpeó de lleno a Essen, una de las marcas más reconocidas del país en la producción de ollas y utensilios de aluminio. La planta ubicada en Venado Tuerto, Santa Fe, despidió a 30 trabajadores —cerca del 10% de su plantilla total—, mientras avanza en un proceso de sustitución de producción nacional por importaciones provenientes de China, que ya representarían alrededor del 45% de sus ventas.
El ajuste, según denuncian los trabajadores, se siente en el día a día. “El achique viene de una baja de producción que los trabajadores lo ven en sus puestos”, señaló Oscar Infante, secretario general de la UOM San Fe. Sectores clave de la fábrica, que antes funcionaban a ritmo pleno, hoy operan con maquinaria detenida o con turnos reducidos.
La empresa habla de “reestructuración”, pero crece el temor a más despidos
Desde la empresa, la reducción de personal se presenta como parte de un proceso de “reestructuración”, aunque entre los trabajadores crece la preocupación: si la importación de productos terminados gana terreno, la producción local podría volverse marginal y dejar a más empleados en riesgo.
“Estamos aprovechando la crisis para hacer achiques”, admitió Infante al describir la lógica que, según la UOM, está guiando la estrategia empresaria. No obstante, los directivos habrían prometido en una reunión reciente que no habrá nuevos despidos en lo que resta del año, un compromiso que los trabajadores ven con cautela ante la caída sostenida de la demanda.
La apertura importadora y un mercado interno debilitado
El caso de Essen refleja un fenómeno más amplio que atraviesa a la industria metalúrgica: la combinación de recesión, menor consumo y una apertura importadora creciente está dejando en jaque a decenas de fábricas que dependen del mercado interno.
La sustitución de producción local por importaciones se volvió una salida rápida para empresas que enfrentan costos crecientes y ventas en retroceso. En la práctica, esta dinámica no solo achica planteles, sino que debilita el entramado productivo regional, donde cada puesto perdido afecta a proveedores, trabajadores tercerizados y comercios asociados.
Corven también en alerta: posibles 40 despidos
La situación en Venado Tuerto no se limita a Essen. La UOM también advierte sobre un posible recorte en la fábrica Corven, donde podrían cesar a unos 40 trabajadores si se confirma la reducción de líneas de producción.
El sindicato denuncia que “la crisis industrial en la región se está profundizando” y teme que, si no se adoptan medidas para frenar el ingreso indiscriminado de importaciones, más empresas recurran a recortes similares.
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