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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Qué dice la presentación judicial de ATE

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

Fuente: Mundo Gremial

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Eduardo Cabello llamó a movilizarse en defensa de la universidad pública y los derechos laborales

El titular de la CGT Regional San Juan, Eduardo Cabello, confirmó el acompañamiento de la central obrera a la movilización de este jueves 15 de octubre. Sostuvo que la defensa de la universidad pública está ligada a los derechos laborales y convocó a los trabajadores a participar frente al deterioro salarial, el endeudamiento familiar y las medidas del Gobierno nacional.

La central obrera acompañará la marcha federal universitaria de este jueves, con una convocatoria que busca reunir a sindicatos, organizaciones sociales y representantes de la comunidad educativa en defensa de la universidad pública y frente a las políticas del Gobierno de Javier Milei.

Según señaló Cabello en diálogo con Mundo Laboral San Juan, la defensa de la educación pública consiguió una amplia adhesión y reúne a organizaciones que consideran a la universidad una conquista histórica.

La concentración local está prevista para las 16.30 en la plaza 25 de Mayo, con la participación de los gremios universitarios y el movimiento obrero. La convocatoria se inscribe en una jornada nacional que tendrá su principal movilización en la Ciudad de Buenos Aires, donde la CGT también confirmó su presencia.

El reclamo educativo se enmarca en una crisis laboral más amplia. El gremialista alertó sobre la pérdida del poder de compra, la deuda de los hogares y las trabas en las paritarias, señalando que la movilización cuestiona directamente la política económica nacional más allá de las demandas sectoriales.

En el núcleo de la controversia se encuentra la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. Pese a que el juez federal Martín Cormick dictó una orden judicial para su cumplimiento —posteriormente recurrida por el Poder Ejecutivo—, las organizaciones sindicales sostienen que la aplicación de dicha norma es indispensable para la recuperación presupuestaria de las instituciones y la recomposición de los haberes de sus trabajadores.

El líder de la CGT de San Juan instó a toda la comunidad a sumarse al reclamo, extendiendo la convocatoria a quienes, aun sin un vínculo directo con la universidad, sufren la pérdida de poder adquisitivo y la precarización laboral.

“La participación es fundamental, porque después no nos podemos quejar de un montón de cosas si no participamos”, sostuvo Cabello. También advirtió que los efectos de las medidas actuales pueden alcanzar a trabajadores que todavía no perciben sus consecuencias: lo que hoy afecta a unos puede repercutir sobre otros en los próximos meses.

La iniciativa de la central sisndical tiene como objetivo coordinar las reivindicaciones laborales con la preservación del sistema educativo público. La CGT San Juan considera que este encuentro es un espacio clave para ratificar su oposición a las políticas que vulneran la sostenibilidad universitaria y la calidad de vida laboral.

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San Juan marcha por la universidad pública: la CGT se suma a la movilización de este jueves

La movilización convocada por Adicus y SiDUNSJ comenzará a las 16:30 en la Plaza 25 de Mayo y concluirá frente al Rectorado de la UNSJ. La CGT confirmó su adhesión a una jornada nacional que reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y recursos suficientes para docentes, no docentes y estudiantes.

La protesta provincial se inscribe en la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada en distintas ciudades del país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y solicitar recursos que permitan sostener el funcionamiento de las casas de altos estudios. La recomposición de los salarios docentes y no docentes y las previsiones presupuestarias para 2027 también forman parte de los reclamos.

La adhesión de la CGT amplía el respaldo sindical a la convocatoria. Eduardo Cabello, referente de la regional San Juan, confirmó la participación de la central obrera, que acompañará el reclamo universitario junto con las organizaciones que representan a la comunidad académica.

A nivel nacional, la movilización cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, entre otros espacios. Las dos CTA también difundieron convocatorias para acompañar la jornada.

El recorrido y el acto frente al Rectorado

La columna partirá desde la Plaza 25 de Mayo y avanzará por Ignacio de la Roza hacia el oeste. Luego continuará por calle Alem, tomará avenida Libertador San Martín y seguirá por Aberastain hasta Mitre, donde se encuentra el Rectorado de la UNSJ. Allí está previsto un acto de cierre con representantes del ámbito académico y sindical.

El paso de los manifestantes podría ocasionar interrupciones momentáneas del tránsito y demoras en el microcentro durante la tarde.

La discusión excede el reclamo por partidas presupuestarias inmediatas: también comprende la capacidad de las universidades para planificar su funcionamiento, sostener la enseñanza y la investigación y garantizar condiciones salariales para sus trabajadores. La movilización buscará trasladar esas demandas al espacio público y ampliar el acompañamiento social a las instituciones educativas.

Con el propósito de reivindicar el financiamiento y la permanencia de la educación pública, el movimiento universitario y diversos sectores sindicales se convocarán en Calle Mendoza entre Rivadavia e Ignacio de la Roza , desde allí movilizarse hacia la sede del Rectorado.

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Los trabajadores de Sanidad lanzan un paro el 20 de octubre en todo el país

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) anunció un paro nacional de 24 horas para el martes 20 de octubre en clínicas y sanatorios privados, tras 45 días de negociaciones paritarias sin acuerdo. La medida busca presionar a las cámaras empresariales para que acepten una recomposición de sueldos, luego del vencimiento de la escala vigente y ante la falta de avances para renovarla.

La organización que conduce Héctor Daer cuestionó la negativa de las representaciones patronales a firmar un entendimiento y advirtió que no aceptará nuevas postergaciones. Según el gremio, mientras aumentan los gastos cotidianos de los trabajadores, los incrementos salariales permanecen pendientes.

“Aumentan los servicios, los transportes y el combustible; sólo se postergan nuestros aumentos”, sostuvo FATSA al fundamentar la convocatoria. La federación también cuestionó el contraste entre la demanda de atención en los establecimientos sanitarios y los ingresos del personal, al afirmar que las clínicas están llenas mientras los bolsillos de sus trabajadores permanecen vacíos.

La protesta no es solo por los haberes. El gremio alertó sobre la falta de personal, las altas exigencias y la fuerte presión sobre los trabajadores de la salud. Sostienen que el empeoramiento de las condiciones de trabajo hace aún más grave la crisis salarial.

FATSA también rechazó que los trabajadores deban absorber las consecuencias de las negociaciones financieras entre los prestadores y los organismos que financian la atención médica. En particular, sostuvo que la administración de los contratos con el PAMI y los acuerdos con empresas de medicina prepaga y obras sociales provinciales corresponden a las partes que los gestionan, no a los empleados.

La huelga trasladará la disputa paritaria a los establecimientos privados de todo el país. Su alcance efectivo dependerá de la adhesión del personal y de las condiciones de atención que se establezcan durante la jornada, especialmente en los servicios que requieren continuidad asistencial.

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