ATE solicitó a la Justicia que declare inconstitucional el capítulo de empleo público de la Ley Bases
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.
El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.
“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.
El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.
“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.
En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.
El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.
Qué dice la presentación judicial de ATE
El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.
Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.
Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.
Fuente: Mundo Gremial
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ASIJEMIN denunció irregularidades en las elecciones de la CTA y exigió garantías democráticas
La elección de autoridades de la CTA de los Trabajadores en San Juan incorporó un nuevo pronunciamiento crítico. ASIJEMIN reclamó transparencia y garantías de imparcialidad en los comicios, luego de advertir sobre presuntas irregularidades que, a su criterio, comprometen la credibilidad del procedimiento.
La conducción nacional del sindicato de jerárquicos mineros respaldó los cuestionamientos sobre los padrones, la fiscalización, la custodia de las urnas y la distribución de los centros de votación. Además, objetó la actuación de la Junta Electoral provincial y reclamó que se examinen las anomalías señaladas.
El documento lleva las firmas del secretario general nacional, Marcelo Mena Muñoz, la Comisión Directiva y las delegaciones regionales Centro, Sur y NOA. La entidad acompañó los planteos de la Lista 26 de Julio y enumeró distintos aspectos que considera necesario esclarecer: la confección de los padrones, las condiciones para fiscalizar, el resguardo de las urnas y la ubicación de los establecimientos habilitados para votar.
También expresó reparos sobre la independencia de la Junta Electoral provincial, cuya función consiste en asegurar reglas equitativas para todas las nóminas. Para la organización, las objeciones formuladas requieren respuestas concretas que permitan despejar dudas sobre la regularidad de la elección.
«La democracia sindical no puede ser una formalidad ni quedar condicionada por intereses particulares», sostuvo ASIJEMIN, que reclamó explicaciones y una revisión de los hechos señalados.
El planteo trasciende la disputa entre agrupaciones y coloca bajo discusión las garantías institucionales que deben regir la renovación de autoridades de la central obrera sanjuanina. La legitimidad de sus representantes depende también de que los afiliados puedan sufragar en condiciones de igualdad y con reglas claras.
La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera ratificó que la transparencia y la imparcialidad son requisitos indispensables para una representación gremial legítima. Ahora, la responsabilidad de las autoridades electorales será responder a los cuestionamientos y aportar certezas sobre la validez de los comicios.
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El PJ prometió darle a la CGT un lugar en la mesa política rumbo a 2027
La CGT consiguió un compromiso político para incorporarse a la próxima cumbre de los principales referentes del peronismo, en un movimiento que busca recomponer el vínculo entre la conducción sindical y los espacios que comenzaron a discutir la reorganización del partido de cara a las elecciones presidenciales del año entrante.
La promesa fue transmitida durante contactos recientes con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el diputado Máximo Kirchner y el exministro de Economía Sergio Massa. Aunque todavía no se estableció una fecha, la reunión se proyecta para después de la visita del papa León XIV a la Argentina y antes de finalizar el año.
La incorporación de los gremios busca corregir una ausencia que había generado malestar en la central obrera. Las dos reuniones anteriores —una en agosto, en el Hotel Emperador, y otra en octubre, en la Casa de la Provincia de La Pampa— congregaron a gobernadores, legisladores y dirigentes de distintas vertientes peronistas, pero dejaron afuera a la conducción cegetista.
En esos encuentros participaron, entre otros, Kicillof, Kirchner y Massa, junto con los gobernadores Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán y Gustavo Melella. La ausencia sindical alimentó el reclamo por recuperar un lugar en las decisiones de un espacio político que históricamente tuvo al movimiento obrero como uno de sus pilares.
La CGT no pretende limitar su participación a un respaldo electoral. Sus dirigentes buscan intervenir en la elaboración del programa, la definición de candidaturas y la conformación de las listas. La consigna que sintetiza esa posición es convertirse en «protagonista, no espectador» de la reconstrucción peronista.
El acercamiento fue impulsado por distintos referentes de la central. Cristian Jerónimo, Jorge Sola, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez mantuvieron conversaciones con Massa y Máximo Kirchner, mientras Héctor Daer y Octavio Argüello gestionaron el vínculo con Kicillof.
La relación arrastra diferencias de larga data, particularmente con el kirchnerismo. Durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner hubo enfrentamientos con parte de la conducción sindical, y las discrepancias volvieron a quedar expuestas en el acto cegetista por el Día del Trabajador, cuando Máximo Kirchner cuestionó que no se hubiera mencionado a la expresidenta. La central rechazó entonces las críticas y reivindicó su autonomía.
A la discusión política se suma la expectativa por la visita del Papa, cuyo mensaje sobre justicia social y humanismo es seguido con atención por los dirigentes gremiales. La central también evalúa una protesta nacional antes de fin de año, posiblemente mediante un paro de entre dos y seis horas, con permanencia de los trabajadores en sus puestos.
La eventual cumbre abrirá una instancia para medir hasta dónde están dispuestos los distintos espacios peronistas a compartir las decisiones. Para la CGT, el desafío será transformar la promesa de participación en una representación efectiva dentro de la construcción política y electoral que se proyecta hacia 2027.
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Día del Bancario: una conquista sindical que mantiene vigente el valor del trabajo colectivo
Cada 6 de noviembre, la Argentina reconoce a los trabajadores bancarios y recuerda una conquista fundamental de su historia sindical: la firma del primer convenio colectivo de la actividad en 1950. La fecha reivindica los derechos laborales, la organización gremial y el aporte de quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del sistema financiero.
La historia está ligada a la Asociación Bancaria, fundada en 1924, que tuvo un papel decisivo en la organización de los trabajadores y en la defensa de sus reivindicaciones. Durante décadas, la acción colectiva, las negociaciones y las medidas gremiales fueron instrumentos centrales para avanzar en el reconocimiento de derechos.
Desde entonces, el Día del Bancario quedó incorporado al calendario laboral argentino como una jornada de reconocimiento a quienes cumplen funciones indispensables para el funcionamiento del sistema financiero. La atención al público, la administración de cuentas, el procesamiento de operaciones, la gestión de créditos y la asistencia a empresas y particulares forman parte de una tarea que sostiene buena parte de las transacciones económicas cotidianas.
La fecha también adquiere relevancia por los cambios que atraviesa la actividad. La digitalización de los servicios, las operaciones a través de plataformas y aplicaciones, y la transformación de los procesos financieros modificaron las formas de trabajo y plantean nuevos desafíos en materia de empleo, capacitación y derechos laborales.
Como cada año, las sucursales bancarias permanecen cerradas en todo el país, mientras continúan disponibles los canales digitales, las aplicaciones y los cajeros automáticos. La jornada permite que los trabajadores celebren su día y constituye, al mismo tiempo, una expresión del reconocimiento a su labor.
A 76 años de aquella conquista, el Día del Bancario conserva su significado original: recordar que los derechos laborales no fueron concesiones, sino resultados de la organización y la lucha colectiva. Una memoria que mantiene vigencia frente a las transformaciones del mundo del trabajo y reafirma el valor de la representación sindical.
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