ATE solicitó a la Justicia que declare inconstitucional el capítulo de empleo público de la Ley Bases
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.
El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.
“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.
El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.
“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.
En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.
El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.
Qué dice la presentación judicial de ATE
El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.
Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.
Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.
Fuente: Mundo Gremial
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San Juan y Mendoza avanzan con un centro unificado de controles sobre la Ruta 40
Diez empresas presentaron sus propuestas para construir el Centro de Control Unificado que San Juan y Mendoza proyectan sobre la Ruta Nacional 40. La obra demandará $5.158 millones, será financiada en partes iguales por ambas provincias y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.
Las provincias cuyanas dieron un nuevo paso para la construcción del Centro de Control Unificado sobre la Ruta Nacional 40, luego de la apertura de las ofertas correspondientes a una licitación que reunió propuestas de diez empresas.
El proyecto contempla una inversión de $5.158.724.000, afrontada en partes iguales por los gobiernos de ambas provincias, y establece un plazo de ejecución de 12 meses. La apertura de sobres habilita ahora el análisis técnico y administrativo de las propuestas antes de definir la adjudicación.
El complejo estará emplazado en el kilómetro 42 de la Ruta 40, en San José, departamento de Las Heras, Mendoza. La infraestructura permitirá concentrar en un único predio controles que actualmente requieren distintas intervenciones, con participación de organismos policiales y sanitarios de ambas jurisdicciones.
El diseño incorpora puestos de control, áreas de inspección, playas diferenciadas para distintos tipos de vehículos, una Sala de Control Conjunta y obras complementarias sobre la infraestructura vial. La concentración de los procedimientos apunta a ordenar el tránsito y reducir las demoras que enfrentan transportistas y particulares en uno de los principales corredores terrestres de Cuyo.
La iniciativa adquiere particular relevancia para el movimiento de cargas entre San Juan y Mendoza, además de la circulación hacia otras provincias. La Ruta 40 constituye una vía fundamental para el transporte de producción regional, por lo que la coordinación de controles policiales y fitosanitarios busca combinar mayor fiscalización con una circulación más fluida.
El proyecto es resultado de la coordinación institucional entre ambas administraciones provinciales y propone integrar recursos y procedimientos en un punto común. Bajo la premisa de que “la seguridad no tiene fronteras”, los gobiernos de San Juan y Mendoza plantean una infraestructura que permita reforzar los controles sin multiplicar las demoras para quienes utilizan el corredor.
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SUBE normalizó el servicio tras las fallas registradas en las últimas horas
La Secretaría de Transporte confirmó que el sistema volvió a operar con normalidad luego de inconvenientes provocados por una falla en servicios de telecomunicaciones ajena a SUBE. Los usuarios ya pueden acreditar cargas pendientes mediante la aplicación, Carga a Bordo o las Terminales Automáticas.
Con el servicio restablecido, quienes hayan realizado una carga y todavía no la tengan acreditada pueden completar el proceso a través de diferentes alternativas.
Una de ellas es la App SUBE, siempre que el teléfono utilizado cuente con Android 6 o una versión superior y tecnología NFC. También está disponible la opción Carga a Bordo, en las localidades donde se encuentra habilitada, que permite acreditar el saldo directamente durante el viaje.
Otra posibilidad son las Terminales Automáticas SUBE, distribuidas en distintos puntos de la red y destinadas, entre otras funciones, a validar las cargas realizadas previamente.
El inconveniente había generado dificultades particularmente en estaciones ferroviarias, donde algunos usuarios no podían completar la acreditación del saldo pese a haber efectuado correctamente la operación de carga.
Desde SUBE señalaron que el servicio ya se encuentra normalizado y agradecieron la comprensión de los pasajeros, al tiempo que expresaron sus disculpas por las molestias ocasionadas durante la interrupción.
La restitución de la operatoria permite recuperar el funcionamiento habitual de uno de los mecanismos centrales para garantizar que las cargas digitales puedan transformarse en saldo disponible para el transporte público.
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Uber despide a 3.300 trabajadores mientras sus ganancias crecen 77%
Uber anunció el despido de aproximadamente 3.300 trabajadores en todo el mundo, en la mayor reducción de personal de la compañía desde la pandemia. La decisión llega después de un trimestre con fuertes indicadores de crecimiento y una ganancia neta de US$2.394 millones, una combinación que vuelve a poner bajo discusión la relación entre expansión empresarial y generación de empleo.
La empresa contaba con unos 34.000 empleados al cierre de 2025, por lo que los puestos eliminados representan alrededor del 10% de su plantilla. El ajuste alcanzará tanto a cargos gerenciales como a otros trabajadores y contempla una reducción cercana al 20% en la cantidad de managers.
El CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, comunicó la medida a los empleados y explicó que el crecimiento de los últimos años produjo una estructura interna más compleja, con demasiados niveles jerárquicos y dificultades para acelerar la toma de decisiones. La reorganización contempla además fusionar áreas y reducir a la mitad los equipos pequeños integrados por apenas uno o dos empleados.
El recorte se produce mientras los principales indicadores del negocio muestran una evolución favorable. Durante el segundo trimestre, Uber facturó US$14.191 millones, un 12% más que en igual período de 2025, mientras las reservas brutas alcanzaron US$58.022 millones, con un crecimiento interanual del 24%.
Entre abril y junio se concretaron 3.867 millones de viajes, un 18% más que un año antes, y los usuarios activos mensuales llegaron a 208 millones, con una expansión del 16%. El resultado operativo también avanzó: creció 30% hasta los US$1.890 millones.
La ganancia neta, por su parte, se incrementó 77%. Una parte significativa estuvo vinculada con la revaluación de participaciones accionarias que Uber posee en otras compañías: ese efecto aportó unos US$1.600 millones antes de impuestos. Aun descontando ese componente extraordinario, la empresa exhibió un desempeño operativo positivo y un flujo de caja libre acumulado de más de US$10.000 millones en los últimos doce meses.
La reorganización apunta también a una transformación tecnológica del negocio. Uber busca ampliar su presencia en el transporte autónomo mediante acuerdos con compañías que desarrollan vehículos sin conductor y pretende utilizar parte de los recursos liberados para acelerar esa transición.
Khosrowshahi no atribuyó directamente los despidos a la inteligencia artificial, una diferencia respecto de otras grandes empresas tecnológicas que han utilizado la automatización como argumento para reducir sus plantillas. En el caso de Uber, la explicación oficial se concentra en la simplificación de la estructura corporativa y en la reasignación de recursos hacia nuevas áreas de crecimiento.
El ajuste deja una paradoja en las cifras: mientras aumentan los viajes, los usuarios, los ingresos y el resultado operativo, la compañía reduce en aproximadamente uno de cada diez su dotación global. Para Uber, la medida busca hacer más eficiente su organización y preparar el negocio para una nueva etapa tecnológica; para miles de trabajadores, representa la pérdida inmediata de sus puestos de trabajo.
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