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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Qué dice la presentación judicial de ATE

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

Fuente: Mundo Gremial

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Víctor Menéndez: “La CGT acompañará la marcha universitaria y reclama recuperar el poder adquisitivo”

El dirigente sindical que representa a los trabajadores de estaciones de servicio de San Juan confirmó que la CGT acompañará la movilización del 15 de octubre en defensa de las universidades públicas. También cuestionó los límites a las paritarias, detalló los aumentos acordados para la actividad y alertó sobre las consecuencias del Fondo de Asistencia Laboral.

Los aumentos salariales acordados para los trabajadores de estaciones de servicio de San Juan volverán a quedar por detrás de las expectativas de recomposición del gremio. Víctor Menéndez, referente sindical de la actividad, confirmó una actualización del 1,9% para septiembre, otro 1,9% para octubre y un 1,7% para noviembre, porcentajes que se aplican sobre los salarios del mes anterior.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el dirigente sanjuanino reconoció las limitaciones económicas que atraviesan las pequeñas y medianas empresas del rubro, aunque sostuvo que esa realidad no elimina la necesidad de mejorar los ingresos. “El salario viene perdiendo día a día”, advirtió, y cuestionó que la Secretaría de Trabajo imponga límites a los acuerdos paritarios y restrinja la homologación de incrementos superiores.

Para Menéndez, la negociación quedó condicionada por una política salarial que impide recuperar lo perdido frente a la inflación. Su reclamo excedió a los trabajadores de estaciones de servicio: planteó la necesidad de recomponer los ingresos de los distintos gremios y de recuperar capacidad de compra para jubilados y pensionados.

Respaldo a la UTA y críticas al financiamiento del transporte

El representante gremial respaldó la protesta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en San Juan, que paralizó el servicio de colectivos durante casi dos días por salarios adeudados. Felicitó al secretario general, Héctor Ruiz, y a los trabajadores que sostuvieron la medida hasta alcanzar un acuerdo para regularizar los haberes pendientes.

Menéndez cuestionó que las empresas de transporte recurran al Estado provincial para cubrir obligaciones que, a su juicio, deben afrontar los propios empleadores. Si bien reconoció el esfuerzo oficial para sostener beneficios como el boleto gratuito para estudiantes y docentes, sostuvo que el costo de mantener el sistema no puede recaer sobre quienes dependen de su salario.

“La única lucha que se pierde es la que se abandona”, afirmó al valorar el resultado de la protesta. La resolución del conflicto, consideró, demuestra la importancia de la organización colectiva cuando están en juego derechos salariales básicos.

Reforma laboral: preocupación por las indemnizaciones

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el impacto que, según Menéndez, podría tener la reforma laboral sobre los derechos adquiridos. En particular, cuestionó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo vinculado al financiamiento de las indemnizaciones por despido, y alertó sobre sus posibles consecuencias para los recursos destinados al sistema previsional.

El dirigente advirtió que desviar fondos con otros destinos para financiar ese mecanismo podría debilitar el sistema jubilatorio. Asimismo, señaló que la nueva medida no debería ser retroactiva para los contratos vigentes, aunque aclaró que su alcance real dependerá de la normativa final.

Su planteo se inscribe en la resistencia sindical a los cambios en las reglas laborales impulsados por el Gobierno nacional. Para Menéndez, la CGT debe sostener una posición común frente a las modificaciones que puedan afectar la estabilidad, las indemnizaciones y la protección social.

En esa línea, confirmó que la central obrera acompañará la marcha federal universitaria del 15 de octubre, en reclamo del financiamiento de las universidades públicas. La convocatoria tendrá también una instancia de organización sindical previa, con participación de gremios que buscan ampliar el respaldo a las demandas del sistema universitario.

El deporte como herramienta de unidad gremial

La entrevista también incluyó el desarrollo del Campeonato Unidad Estaciones de Servicio 2026, una iniciativa que reúne a trabajadores de distintas localidades y categorías. La competencia contempla tres divisiones: fútbol libre, equipos femeninos y mayores de 40 años.

Menéndez explicó que el objetivo no se limita a la competencia deportiva: busca fortalecer los vínculos entre empleados que trabajan en establecimientos geográficamente dispersos y que, por sus horarios y tareas, tienen pocas oportunidades de encontrarse fuera del ámbito laboral. La entrega de premios y la cena de cierre están previstas para el 11 de noviembre.

La postura de Víctor Menéndez frente a la paritaria, la reforma laboral y la solidaridad intergremial expone el dilema del sindicalismo para proteger el poder adquisitivo ante la moderación salarial. El líder gremial sostiene que la clave radica en fortalecer la estructura sindical y unificar los reclamos para evitar la fragmentación de las luchas.

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San Juan quedó entre las pocas provincias con crecimiento del empleo privado

El empleo asalariado registrado privado cayó 0,2% en julio y acumuló varios meses consecutivos de retroceso. Desde comienzos de año se perdieron 134.034 puestos, con fuertes bajas en la industria, el comercio y la construcción. Aunque los salarios reales mejoraron en agosto, la recuperación sigue siendo dispar.

El empleo privado registrado volvió a retroceder en julio y prolongó una racha negativa que ya suma 14 meses consecutivos. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante ese mes se perdieron 12.716 puestos de trabajo, una baja mensual del 0,2%. Desde comienzos de 2026, la destrucción neta de empleos alcanzó los 134.034 puestos, equivalente a una contracción del 2,2%.

La caída tuvo especial incidencia en la construcción, la industria manufacturera y el comercio, tres ramas con peso significativo en la ocupación formal. En julio, la construcción redujo sus plantillas un 0,6%; la intermediación financiera, un 0,4%; y la industria, el comercio, el transporte y los hoteles y restaurantes registraron retrocesos del 0,3% cada uno.

La comparación interanual confirma el deterioro. La intermediación financiera acumuló una baja del 4,8%, la industria manufacturera retrocedió un 4,4% y el comercio perdió un 3,4% de sus puestos. En total, ocho ramas redujeron su dotación de personal durante julio, mientras tres mostraron avances y otras tres no registraron variaciones.

El retroceso también se extendió a las provincias: 21 de las 24 jurisdicciones tuvieron menos trabajadores privados registrados que un año antes. Las mayores caídas correspondieron a Tierra del Fuego (-12,6%), Misiones (-6%), Corrientes (-5,6%), Formosa (-5,2%) y Santa Cruz (-4,9%). En contraste, Neuquén creció un 6,4%, Río Negro un 4,8% y San Juan un 0,5%, entre las jurisdicciones con resultados positivos.

La evolución salarial mostró una señal favorable, aunque insuficiente para revertir las pérdidas acumuladas. En agosto, la remuneración media real del empleo privado registrado aumentó un 1,3% mensual, en términos desestacionalizados, mientras que los salarios correspondientes a los principales convenios colectivos avanzaron un 0,9%.

Sin embargo, las trayectorias desde noviembre de 2023 mantienen diferencias importantes. El salario promedio del empleo privado registrado se ubicó un 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que el promedio de las remuneraciones negociadas en los principales convenios colectivos permaneció un 6,9% por debajo.

Las brechas entre gremios también son pronunciadas. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, los salarios reales de entidades deportivas crecieron un 15% y los del sector gráfico, un 13,2%. En el extremo opuesto, los trabajadores textiles acumularon una pérdida del 32% de su poder adquisitivo y los de comercio, del 18%. Transporte de pasajeros y encargados de edificios registraron retrocesos del 13% y el 12,1%, respectivamente.

En términos nominales, la remuneración bruta promedio de julio alcanzó los $2.256.861, con una suba interanual del 29,3%. La mediana salarial fue de $1.689.227, un 28,2% superior a la de julio de 2025. Estas cifras, sin embargo, no reflejan por sí solas la evolución del poder de compra, que depende de la comparación con la inflación.

La contracción laboral coincide, además, con una reducción del número de empresas con personal. Durante el primer trimestre de 2026 cerraron más firmas de las que abrieron, con una disminución neta superior a las 4.000 compañías, equivalente al 0,7%. Pese a ello, la pérdida asociada de empleo fue de poco más de 800 puestos, una cifra inferior a la registrada en el tercer y cuarto trimestre de 2025, cuando una reducción empresarial similar estuvo vinculada con la eliminación de unos 9.400 empleos.

La diferencia, según la Secretaría de Trabajo, respondió al tamaño de las empresas involucradas: las nuevas firmas incorporaron más trabajadores, mientras que las que cesaron sus operaciones tenían plantillas más reducidas.

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El Gobierno activa cambios en los convenios colectivos y la CGT se prepara para resistir

La Secretaría de Trabajo comenzó a notificar a sindicatos y cámaras empresarias para adecuar 446 acuerdos a la Ley de Modernización Laboral 27.802. La revisión alcanza cláusulas sindicales y reglas de negociación, mientras los cuestionamientos judiciales y las limitaciones operativas del organismo añaden incertidumbre al proceso.

El Gobierno nacional puso en marcha la revisión de 446 convenios colectivos de trabajo, una de las medidas de mayor alcance de la reforma laboral. Las primeras notificaciones enviadas por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo convocan a sindicatos y cámaras empresarias a discutir la adecuación de sus acuerdos a la Ley de Modernización Laboral 27.802 y al decreto 407/2026.

La iniciativa había sido anticipada por el Ministerio de Capital Humano el 11 de junio. Ahora, con las convocatorias formales, comienza una etapa de negociación que puede modificar reglas históricas de las relaciones laborales, desde la vigencia de determinadas cláusulas hasta la estructura de los acuerdos salariales.

Uno de los puntos más sensibles es el tratamiento de las cláusulas obligacionales, entre ellas las cuotas solidarias que financian a organizaciones sindicales. La reforma modifica el régimen de ultraactividad, que permite mantener vigentes determinadas disposiciones de un convenio una vez vencido. En cambio, las cláusulas normativas —como salarios básicos, jornadas y licencias— tienen un tratamiento diferenciado durante la transición prevista por la ley.

La nueva legislación también promueve la negociación colectiva por empresa frente a los acuerdos por actividad y habilita mecanismos de remuneración vinculados con la productividad. Para los gremios, la revisión abre una discusión sobre la capacidad de negociación conjunta, el financiamiento sindical y la preservación de derechos laborales adquiridos.

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