ATE solicitó a la Justicia que declare inconstitucional el capítulo de empleo público de la Ley Bases
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.
El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.
“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.
El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.
“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.
En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.
El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.
Qué dice la presentación judicial de ATE
El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.
Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.
Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.
Fuente: Mundo Gremial
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El avance de la IA abre una disputa por el futuro del empleo y los derechos laborales
Un estudio del CESBA y la OIT determinó que el 67% del empleo de la Ciudad de Buenos Aires presenta algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa. La CGT llevó la preocupación al Vaticano y reclamó que la transformación tecnológica no quede exclusivamente en manos empresarias.
La expansión de la inteligencia artificial generativa comenzó a ocupar un lugar central en la agenda del movimiento obrero argentino. La discusión ya no se limita a sus efectos sobre la productividad: también alcanza la estabilidad laboral, la capacitación, las desigualdades entre trabajadores y el papel que tendrán los sindicatos en la definición de las nuevas reglas.
Uno de los datos más contundentes surgió de un estudio elaborado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe estableció que el 67% del empleo porteño presenta algún grado de exposición a la IA, con un índice de 0,353 sobre una escala de cero a uno. El registro supera los promedios de la Argentina —0,292— y de América Latina —0,257—, además de los correspondientes a Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Solo Singapur aparece por encima.
La elevada exposición se explica por la composición de la economía porteña, fuertemente concentrada en servicios. Las mayores posibilidades de transformación se observan en la administración pública, las finanzas, las tecnologías de la información, los servicios profesionales, el comercio, el alojamiento y la gastronomía. En cambio, la construcción, el servicio doméstico y las ramas vinculadas con las artes y el entretenimiento presentan niveles inferiores al promedio.
Durante la presentación, el titular del CESBA, Manuel Socías, sostuvo que la estructura productiva de la Ciudad la vuelve especialmente permeable al cambio tecnológico. Por ese motivo, planteó la necesidad de establecer con urgencia instancias de diálogo social tripartito que permitan convertir la IA en una herramienta de desarrollo y no en una fuente de exclusión.
El relevamiento también mostró que el impacto no será uniforme. Los asalariados registrados, profesionales y trabajadores operativos aparecen entre los grupos más expuestos, mientras que los empleos no registrados y de menor calificación presentan una menor incidencia potencial. Las diferencias por género tampoco son lineales: los varones profesionales tienen una exposición superior a la de las mujeres con igual calificación, pero la relación se invierte en los puestos operativos. El cruce entre edad y género deja, sin embargo, un dato particularmente sensible: las mujeres jóvenes constituyen el grupo más vulnerable.
La explicación está vinculada con el tipo de tareas que la IA generativa puede transformar con mayor rapidez: redacción, procesamiento de información, análisis, programación y otras labores cognitivas desarrolladas principalmente en oficinas. El riesgo, por lo tanto, no se concentra únicamente en los empleos de baja calificación, sino también en ocupaciones profesionales y administrativas.
A escala nacional, un informe de la entonces Secretaría de Trabajo, elaborado a mediados de 2023, había estimado que más de la mitad del empleo formal privado —alrededor de tres millones de puestos— incluía tareas total o parcialmente automatizables mediante inteligencia artificial generativa. Ese diagnóstico todavía no fue actualizado oficialmente.
Desde el ámbito empresario, un estudio de la Unión Industrial Argentina y Accenture calculó que la incorporación de estas herramientas podría transformar hasta el 40% de la jornada laboral en las fábricas y elevar la productividad. El mismo trabajo advirtió, no obstante, que la Argentina recibe apenas el 2% de la inversión regional en inteligencia artificial y que solo una de cada tres empresas industriales destina recursos a estas tecnologías.
La CGT trasladó la discusión al plano internacional durante la audiencia que una delegación encabezada por Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo mantuvo con el papa León XIV en el Vaticano. En el encuentro, los dirigentes expusieron el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la pérdida de empleo, pero también incorporaron la expansión de la IA como uno de los factores que podrían alterar la estructura del mercado laboral.
La posición sindical apunta a evitar que la modernización tecnológica sea definida exclusivamente por las empresas. La central obrera reclama participación de los trabajadores, formación profesional, mecanismos de transición y garantías frente a eventuales desplazamientos de puestos.
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La carne vacuna subió 51,2% interanual y el consumo cayó a uno de sus niveles más bajos
La producción de carne vacuna cayó 6,8% entre enero y agosto y el consumo interno descendió hasta unos 46 kilos por habitante al año. En simultaneo, las exportaciones crecieron 6,5%, mientras los precios de los cortes acumularon una suba del 51,2% interanual y ampliaron la brecha frente al pollo.
La reducción de la oferta comenzó a hacerse más visible durante agosto. La faena de hembras cayó 20,8% interanual y acumuló un retroceso del 11,9% en los primeros ocho meses. Su participación sobre el total faenado fue del 42,9%, una proporción cercana al límite que los especialistas consideran compatible con la preservación del stock ganadero.
El menor ingreso de animales a los frigoríficos repercutió sobre la producción. En agosto se obtuvieron unas 248.000 toneladas de carne res con hueso, 8,7% menos que un año atrás. El mayor peso promedio de las reses, que alcanzó 246 kilos en gancho, permitió compensar parcialmente la caída de la faena, aunque no logró revertirla.
Mientras la oferta disminuye, el comercio exterior gana participación. Los embarques acumulados hasta agosto llegaron a unas 567.400 toneladas res con hueso, con una expansión interanual del 6,5%. En contraste, los despachos destinados al mercado interno retrocedieron 11,3%.
Estados Unidos aparece entre los destinos que más aceleraron sus compras. En julio recibió 11.339 toneladas de carne argentina, un salto del 336,9% respecto del mismo mes del año anterior, impulsado en buena medida por el nuevo cupo de 100.000 toneladas habilitado por ese país. Israel también incrementó sus adquisiciones, mientras China mantuvo su liderazgo como principal comprador, aunque con menores volúmenes.
El cambio también se refleja en los precios que enfrentan los consumidores. En agosto, el kilo de hacienda en pie en el Mercado Agroganadero de Cañuelas promedió $3.833,70, con una suba del 46% interanual. En los comercios, los cortes vacunos aumentaron 51,2% en doce meses, más del doble que el pollo entero, cuyo precio avanzó 24,2%.
La diferencia modificó de manera significativa la relación de precios entre ambas carnes: la vacuna se encareció 21,8% más que el pollo. Para los hogares, esa brecha refuerza la sustitución hacia productos de menor costo y contribuye a explicar el retroceso del consumo tradicional.
El consumo de carne vacuna se ubica actualmente en torno de los 46 kilos por habitante al año, uno de los registros más bajos de los últimos años. El dato adquiere particular relevancia en un país históricamente asociado a un elevado consumo de carne bovina y muestra que el precio dejó de ser una variable secundaria en la elección de los alimentos.
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Más de 12.000 inscriptos y 227 aprobados en el primer día del concurso judicial
De los 395 postulantes que rindieron este lunes 14 de septiembre, 227 aprobaron la prueba de dactilografía y quedaron habilitados para continuar. El concurso reúne a 12.293 inscriptos de las dos circunscripciones judiciales y tendrá evaluaciones escalonadas durante las próximas semanas.
El 57,46% de los postulantes que efectivamente rindieron consiguió superar esta primera instancia. La prueba consistió en transcribir un texto de 100 palabras en un máximo de cuatro minutos, una evaluación que funciona como filtro inicial antes de las etapas posteriores.
Los postulantes que superaron esta primera instancia constituyen el inicio de una convocatoria de gran envergadura. El registro total asciende a 12.293 inscriptos, de los cuales 11.518 pertenecen a la Primera Circunscripción y 775 a la Segunda, integrada por Jáchal e Iglesia.
La convocatoria fue organizada de manera escalonada para poder absorber el volumen de participantes. En la Primera Circunscripción, las evaluaciones de esta primera etapa continuarán durante las próximas semanas y la convocatoria está prevista hasta el 6 de octubre.
El resultado inicial también permite dimensionar el nivel de competencia que tendrá el proceso. Por cada jornada se presentan grupos reducidos frente al universo total de inscriptos, mientras que cada instancia eliminatoria irá reduciendo progresivamente la cantidad de candidatos habilitados para llegar a las evaluaciones siguientes.
Los postulantes que aprobaron este lunes ya aseguraron su continuidad. Para los restantes inscriptos, el examen todavía está por delante, dado que las convocatorias se extenderán durante las próximas semanas.
La selección tendrá, por lo tanto, un doble desafío: administrar una convocatoria excepcional por su volumen y, al mismo tiempo, garantizar que las sucesivas evaluaciones permitan identificar a quienes finalmente reúnan las condiciones requeridas para incorporarse a la estructura del Poder Judicial. Aunque el primer día dejó más de doscientos clasificados, esto es solo el comienzo: todavía quedan más de 11.000 aspirantes por superar la primera etapa.
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