La UTA San Juan elevará un pedido formal a la cámara empresaria para que los colectivos de la Red Tulum dejen de circular mientras se dispute la final entre Argentina y España. La iniciativa surgió luego de los graves incidentes registrados tras la clasificación del seleccionado nacional y ahora deberá ser evaluada por ATAP y la Secretaría de Tránsito y Transporte.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan impulsará una solicitud para que el servicio de colectivos de la Red Tulum sea suspendido de manera preventiva durante la final del Mundial que disputarán Argentina y España el próximo domingo. La iniciativa responde a los episodios de violencia y descontrol registrados tras la victoria del seleccionado argentino frente a Inglaterra, cuando numerosas unidades quedaron rodeadas por una multitud que puso en riesgo la integridad de choferes y pasajeros.

El planteo será presentado ante la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), entidad que representa a las empresas prestatarias del servicio urbano. La propuesta contempla que los colectivos interrumpan su circulación desde el inicio del encuentro, previsto para las 16, y retomen los recorridos aproximadamente una hora después del pitazo final, cuando disminuya la concentración de personas en las calles.

No obstante, la presentación del gremio no implica la aplicación automática de la medida. La decisión final dependerá del análisis que realicen tanto ATAP como la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan, organismos que deberán ponderar el equilibrio entre la prestación de un servicio público esencial y la necesidad de resguardar la seguridad de trabajadores y usuarios.

La nota formal, que aún se encuentra en elaboración, será remitida antes del viernes para permitir que las autoridades dispongan del tiempo suficiente para evaluar alternativas operativas y definir el esquema de funcionamiento del transporte durante la jornada deportiva.

Desde la conducción sindical explicaron que el objetivo es evitar que se repitan los desbordes observados tras la semifinal, cuando decenas de personas viajaron colgadas de las ventanillas, sobre los estribos e incluso en los techos de las unidades, exponiéndose a accidentes de extrema gravedad y dificultando la conducción de los vehículos en distintos puntos de la capital sanjuanina.

El episodio más grave afectó a un conductor de la empresa Mayo, quien fue atacado mientras cumplía su recorrido. Según denunciaron desde el gremio, varios individuos ingresaron por la ventanilla de la cabina, lo agredieron físicamente y le sustrajeron sus pertenencias, un hecho que incrementó la preocupación por las condiciones en las que debieron desempeñar sus tareas los trabajadores del transporte.

Los festejos también generaron una fuerte demanda sobre el operativo de seguridad desplegado en el microcentro. De acuerdo con datos oficiales, unas 30.000 personas se concentraron en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo para celebrar el pase a la final. Como saldo de la jornada, la Policía demoró a 24 personas por distintos hechos vinculados con disturbios, consumo de alcohol en la vía pública, intentos de robo y conducción bajo los efectos del alcohol.

La eventual suspensión del servicio durante acontecimientos deportivos de alta convocatoria constituye una medida excepcional, ya que el transporte público es considerado un servicio esencial para garantizar la movilidad urbana. Sin embargo, los antecedentes de incidentes registrados en celebraciones masivas llevaron al sindicato a priorizar la prevención frente al riesgo de nuevos episodios de violencia.

En las próximas horas, las autoridades provinciales definirán si hacen lugar al planteo de la UTA o mantienen el cronograma habitual de la Red Tulum. La resolución no solo impactará en miles de usuarios que utilizan diariamente el transporte público, sino que también marcará el criterio con el que San Juan afrontará futuros eventos multitudinarios en los que la seguridad vial y la protección de trabajadores vuelven a ocupar el centro del debate.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación del programa Volver al Trabajo, tras el fallo judicial que levantó la cautelar que garantizaba su continuidad, derivó en la conformación de un amplio frente de protesta integrado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la CGT y las dos CTA. El cronograma contempla movilizaciones, cortes de rutas, una Marcha Federal y nuevas acciones coordinadas en todo el país para rechazar una medida que, según las organizaciones, profundizará la crisis social y económica de los sectores de menores ingresos.

La suspensión definitiva del programa Volver al Trabajo abrió uno de los conflictos sociales más relevantes de las últimas semanas y aceleró la convergencia entre organizaciones sociales y el movimiento sindical. La UTEP, la CGT y las dos Centrales de Trabajadores acordaron una agenda común de movilizaciones que se extenderá durante los próximos meses y que buscará instalar el impacto económico del retiro de una asistencia que alcanzaba a cientos de miles de personas en todo el país.

La primera convocatoria será el 22 de julio, cuando las organizaciones acompañen la tradicional protesta de jubilados frente al Congreso Nacional. El calendario continuará el 7 de agosto con la histórica peregrinación de San Cayetano, que este año volverá a convertirse en una manifestación de fuerte contenido político bajo la consigna «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo», una bandera histórica de los movimientos populares desde la crisis social de comienzos de siglo.

Los dirigentes adelantaron que la protesta no se limitará a concentraciones en la Ciudad de Buenos Aires. También habrá cortes de rutas y movilizaciones en distintas provincias, especialmente en el norte argentino, donde el ingreso de $78.000 mensuales que otorgaba el programa representaba una parte significativa del presupuesto de miles de hogares y contribuía a sostener el consumo en pequeños comercios y economías regionales.

El detonante de la nueva escalada fue la resolución de la Cámara Federal integrada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, quienes revocaron la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a continuar con los pagos hasta la resolución definitiva de la causa. Para los magistrados, mantener las transferencias implicaba anticipar el resultado del proceso principal, criterio que habilitó al Poder Ejecutivo a avanzar con la desactivación del programa y su reemplazo por un esquema de capacitación laboral basado en vouchers.

Desde la UTEP rechazaron con dureza la resolución judicial y confirmaron que presentarán una apelación ante instancias superiores. La organización sostiene que la interrupción del beneficio agravará las condiciones de vulnerabilidad de miles de trabajadores de la economía popular y reducirá significativamente la circulación de recursos en barrios con elevados índices de informalidad laboral.

La secretaria gremial de la organización, Johana Duarte, advirtió que el retiro de esos ingresos tendrá consecuencias que exceden a los beneficiarios directos. Según explicó, la disminución del poder de compra impactará sobre almacenes, verdulerías, kioscos y pequeños comercios de cercanía, cuya actividad depende en gran medida del consumo cotidiano generado por estos programas de asistencia.

En la misma línea, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, sostuvo que la coordinación alcanzada con la CGT y las dos CTA busca consolidar una respuesta sostenida frente a la política económica del Gobierno. El dirigente interpretó que la eliminación del programa forma parte de un proceso más amplio de ajuste sobre los sectores populares y planteó la necesidad de ampliar la articulación entre organizaciones sindicales y movimientos sociales.

La agenda de protesta continuará durante agosto con una movilización al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, donde reclamarán una actualización del Salario Social Complementario, congelado frente al deterioro del poder adquisitivo. Posteriormente, las organizaciones marcharán al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento de los hogares y promoverán un encuentro entre representantes sindicales, empresarios nacionales y cooperativas con motivo del Día de la Industria, en busca de consensos sobre políticas destinadas a sostener el empleo y la producción.

Aunque la CGT todavía no oficializó una nueva huelga nacional, la posibilidad continúa bajo análisis dentro de la conducción cegetista. Diversos referentes admiten que un paro general podría confluir con una Marcha Federal durante octubre si no se modifican las políticas sociales y laborales impulsadas por el Poder Ejecutivo.

La negociación paritaria de los trabajadores del Correo Argentino volvió a concluir sin resultados. La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) rechazó la propuesta salarial presentada por Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA), denunció que la empresa mantuvo la misma oferta que ya había sido desestimada en encuentros anteriores y decidió no suscribir el acta de la audiencia. La distancia entre las partes mantiene abierto un conflicto que amenaza con prolongarse.

La audiencia convocada para reanudar la discusión correspondiente al trimestre junio-agosto de 2026 concluyó sin avances luego de que la empresa ratificara la propuesta salarial presentada semanas atrás, considerada insuficiente por la representación sindical.

La reunión se desarrolló tras el cuarto intermedio acordado en la instancia previa, período durante el cual la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) elaboró una contrapropuesta destinada a acercar posiciones. Sin embargo, la conducción gremial sostuvo que la empresa no introdujo modificaciones en su planteo inicial, motivo por el cual resolvió retirarse de la negociación sin firmar el acta correspondiente.

La organización sindical, encabezada por Alberto Cejas, sostiene un reclamo estructurado sobre tres puntos centrales: la incorporación de la totalidad de las sumas no remunerativas al salario básico, el incremento del adicional por antigüedad hasta el 4% y una recomposición salarial del 15% para el período comprendido entre junio y agosto.

Desde el gremio señalaron que la propuesta empresaria continúa muy por debajo de la pérdida acumulada del poder adquisitivo y cuestionaron que la empresa mantuviera inalterables los porcentajes ofrecidos en la apertura de la negociación. En ese sentido, calificaron el ofrecimiento como insuficiente para responder al incremento del costo de vida y sostuvieron que aceptar esas condiciones implicaría consolidar una nueva pérdida del salario real.

La reapertura de la negociación había sido obtenida semanas atrás tras una presentación formal realizada por FOECYT ante la Secretaría de Trabajo. En aquella primera audiencia, CORASA propuso una actualización del 6,6%, oferta que fue rechazada de manera inmediata por el sindicato al considerar que no reflejaba la evolución de los precios ni permitía recuperar el deterioro acumulado de los ingresos.

El nuevo encuentro confirmó que las diferencias permanecen prácticamente inalteradas. Mientras la empresa mantiene una política de incrementos moderados, alineada con la pauta salarial impulsada por el Gobierno nacional para contener las negociaciones paritarias, la representación de los trabajadores reclama una recomposición que permita preservar el poder de compra y avanzar en la regularización de conceptos salariales que aún permanecen fuera del básico.

La discusión postal se inscribe en un proceso más amplio que atraviesan numerosas negociaciones colectivas durante 2026. En distintos sectores de la economía, los gremios vienen manifestando dificultades para alcanzar acuerdos debido a las diferencias entre las pretensiones sindicales y los límites salariales promovidos por el Poder Ejecutivo como parte de su estrategia de desaceleración inflacionaria.

La decisión de FOECYT de no firmar el acta constituye una señal política y gremial que busca dejar constancia del rechazo integral a la oferta empresarial y mantener abierta la posibilidad de profundizar las medidas de acción sindical si las conversaciones no registran avances en las próximas convocatorias.

Aunque no se anunciaron medidas de fuerza inmediatas, la Federación ratificó que continuará las negociaciones sin modificar los ejes de su reclamo y advirtió que no convalidará acuerdos que impliquen una nueva pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores postales. La evolución de la paritaria dependerá ahora de una eventual mejora en la propuesta de CORASA o de una nueva intervención de la autoridad laboral para intentar acercar posiciones en un conflicto que, por el momento, permanece sin horizonte de resolución.