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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Qué dice la presentación judicial de ATE

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

Fuente: Mundo Gremial

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Con la baja de temperaturas, el comercio redefine su esquema de atención en San Juan

Las entidades empresarias de San Juan oficializaron el nuevo esquema horario para el comercio minorista con la llegada del invierno. La medida busca adecuar la actividad a las condiciones estacionales y ordenar el mecansimo de atención en toda la provincia.

Con la llegada de las temperaturas más bajas, el comercio sanjuanino vuelve a ajustar su funcionamiento diario. La Federación Económica de San Juan (FESJ), en conjunto con la Cámara de Comerciantes Unidos, anunció la implementación de un nuevo esquema de horarios que comenzará a regir desde este miércoles 8 de abril.

La medida, de carácter recomendado pero ampliamente adoptada por el sector, responde a una lógica histórica: adaptar la atención al público a los hábitos de consumo propios del invierno, donde las franjas horarias tienden a correrse hacia momentos de mayor temperatura y circulación.

En este aspecto, los comercios ubicados en la San Juan Capital funcionarán en doble turno: abrirán sus puertas de 09:00 a 13:00 y retomarán la actividad por la tarde entre las 16:30 y las 21:00. En tanto, en los departamentos del interior provincial, el esquema mantendrá la misma franja matutina, pero extenderá levemente la atención vespertina, que se desarrollará de 17:30 a 22:00.

La diferencia entre ambas modalidades no es menor. Mientras en el Gran San Juan el flujo comercial se concentra en horarios más compactos, en el interior suele registrarse un esquema más flexible, con mayor circulación en horas nocturnas, lo que explica la extensión sugerida.

Por su parte, los centros comerciales y shoppings conservarán su modalidad de horario corrido, operando de 10:00 a 22:00. Esta continuidad responde a una lógica de consumo distinta, más asociada al esparcimiento y a la permanencia prolongada de los clientes en espacios cerrados y climatizados.

Desde la FESJ destacaron que este tipo de reorganización forma parte de una práctica habitual del sector, que se repite año tras año en función de los cambios estacionales. Sin embargo, en el actual contexto económico, la adecuación de horarios también aparece como una herramienta para optimizar costos operativos y sostener niveles de actividad en un escenario desafiante para el consumo.

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El frente universitario endurece su postura y activa una nueva jornada nacional de protesta

Las federaciones FEDUN y FATUN convocaron a un paro nacional este miércoles en reclamo de recomposición salarial y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aún sin implementación.

El sistema universitario argentino atraviesa uno de sus momentos más delicados en términos presupuestarios y laborales. Este miércoles 8 de abril, docentes y nodocentes llevarán adelante una nueva jornada de protesta con cese total de actividades, en el marco de un conflicto que se prolonga desde el inicio de la actual administración nacional y que no ha encontrado instancias de resolución.

La medida fue ratificada por la FEDUN y la FATUN, que vienen coordinando acciones conjuntas frente a lo que consideran un deterioro sostenido tanto en las condiciones salariales como en el funcionamiento general de las universidades públicas.

El eje del reclamo se centra en la falta de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que cuenta con respaldo legislativo y validación judicial, pero que —según denuncian las organizaciones— continúa sin aplicación efectiva. Para los gremios, esta omisión no solo compromete el sostenimiento operativo de las casas de estudio, sino que además profundiza el deterioro de los ingresos del personal.

En ese sentido, el secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, describió la magnitud del retroceso salarial en términos contundentes. De acuerdo con su evaluación, los trabajadores del sector han perdido cerca del 48% de su poder adquisitivo en poco más de un año, una caída que calificó como inédita por su intensidad y velocidad. La consigna impulsada por el gremio —“No hay universidad de calidad sin salarios dignos”— sintetiza una demanda que articula la cuestión salarial con la defensa del sistema educativo.

La protesta incluye además la reapertura de negociaciones paritarias, un punto que aparece como condición indispensable para iniciar cualquier proceso de recomposición. La ausencia de instancias formales de discusión salarial constituye uno de los factores que, según los sindicatos, agravan el conflicto.

Por su parte, la FATUN, conducida por Walter Merkis, confirmó la adhesión plena del sector nodocente, que abarca al personal administrativo, técnico y de servicios. Desde la federación remarcaron que la defensa de paritarias libres y sin condicionamientos resulta prioritaria, al tiempo que llamaron a sostener la protesta bajo criterios de cohesión interna y acción coordinada.

La jornada no se limitará a la paralización de actividades académicas y administrativas. Está previsto que en distintas ciudades del país se desarrollen intervenciones públicas, orientadas a visibilizar la situación que atraviesan las universidades y a instalar el tema en la agenda social. La estrategia apunta a ampliar el alcance del reclamo más allá del ámbito estrictamente gremial.

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La Anónima avanza con su expansión y proyecta despidos tras absorber activos de Libertad

La adquisición de 12 hipermercados del Grupo Libertad por parte de La Anónima reordena el tablero del retail argentino, pero deja al descubierto su contracara: cerca de un centenar de despidos en áreas administrativas, en un situación de fuerte caída del consumo y rentabilidad en retroceso.

El proceso de reconfiguración del sector supermercadista en la Argentina suma un nuevo episodio con la reciente operación que consolidó a La Anónima como uno de los actores más relevantes del interior del país. La compra de 12 hipermercados pertenecientes al Grupo Libertad no solo implica una ampliación territorial —con presencia en provincias clave como Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Salta, San Juan, Misiones y Santiago del Estero—, sino también la profundización de una tendencia estructural: la concentración del mercado en manos de menos jugadores, con consecuencias directas sobre el empleo.

En términos formales, la transición contempla la incorporación de aproximadamente 1.600 trabajadores a la órbita de la compañía, respetando en principio sus condiciones laborales. Sin embargo, el foco de la tensión no se encuentra en las sucursales, sino en las áreas de soporte. Allí, la superposición de funciones entre ambas estructuras corporativas anticipa un panorama de ajuste que, según estimaciones del sector, podría traducirse en más de 100 desvinculaciones, principalmente en Córdoba.

La lógica empresaria detrás de esta decisión se apoya en criterios de eficiencia operativa. La Anónima cuenta con sistemas de gestión consolidados, lo que vuelve prescindibles ciertos equipos heredados de Libertad. En términos concretos, la expansión territorial se combina con una centralización administrativa que reduce costos, pero al mismo tiempo profundiza la fragilidad laboral en segmentos altamente calificados.

Este movimiento no puede leerse de manera aislada. Forma parte de un proceso más amplio de repliegue estratégico por parte del Grupo Libertad, que en el último año avanzó en la venta de la mayoría de sus activos comerciales para concentrarse en el negocio inmobiliario. La transformación incluye desde despidos previos —como los registrados en San Juan— hasta el cierre de unidades específicas, como su formato premium Fresh Market en Buenos Aires. La salida progresiva del negocio minorista tradicional refleja una mutación en la lógica de inversión, orientada a sectores de menor exposición al deterioro del consumo.

El trasfondo macroeconómico resulta determinante para comprender la magnitud de estos movimientos. La caída sostenida de las ventas —con retracciones que en distintos momentos oscilaron entre el 20% y el 30%— ha erosionado los márgenes de las grandes cadenas, obligándolas a redefinir estrategias. En ese marco, la expansión mediante adquisiciones no necesariamente responde a una etapa de crecimiento genuino, sino a la búsqueda de escala como mecanismo de supervivencia.

Las propias declaraciones de la conducción empresaria refuerzan esta lectura. Desde La Anónima reconocen que la rentabilidad del sector se encuentra bajo presión extrema, incluso para compañías consolidadas. La referencia a la salida de actores internacionales del mercado local funciona como indicador de un escenario adverso, donde sostener operaciones en la formalidad se vuelve cada vez más complejo.

Paradójicamente, mientras el negocio minorista enfrenta un contexto contractivo, algunas unidades vinculadas al comercio exterior exhiben resultados positivos. La performance exportadora —en particular en el rubro cárnico— muestra crecimientos significativos, generando una asimetría que expone las presiones del modelo: mientras los ingresos externos se expanden, el consumo interno se retrae, afectando el núcleo histórico del supermercadismo.

En este aspecto, la operación entre La Anónima y Libertad sintetiza una miarada más profunda: empresas que se reconfiguran para sostenerse en un mercado adverso, a costa de reestructuraciones que impactan de lleno en el empleo. La eficiencia, en este caso, aparece estrechamente vinculada a la reducción de plantillas en áreas consideradas no esenciales.

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