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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Qué dice la presentación judicial de ATE

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

Fuente: Mundo Gremial

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La vitivinicultura salió al cruce del plan del Gobierno para disolver COVIAR

La Corporación Vitivinícola Argentina cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para eliminar el organismo y modificar la Ley General de Vinos. Su presidente, Fabián Ruggeri, advirtió que la iniciativa podría alterar la identidad de los vinos argentinos, permitir mezclas con productos importados y debilitar la representación institucional de la actividad.

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) profundizó su rechazo al proyecto promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone la disolución de la entidad y modifica aspectos centrales de la Ley General de Vinos. Para el presidente de la institución, Fabián Ruggeri, la iniciativa representa una amenaza tanto para la organización del sector como para la identidad de uno de los productos emblemáticos del país.

El dirigente recordó que la disputa comenzó en mayo, cuando el Gobierno dictó la Resolución 55 con el objetivo de dejar sin efecto las funciones de la corporación. Frente a esa decisión, COVIAR presentó un amparo judicial y obtuvo una medida cautelar que suspendió los efectos de la resolución hasta que exista una definición sobre el fondo del conflicto.

Sin embargo, Ruggeri aseguró que ahora el Ejecutivo avanzó con un nuevo borrador de ley que insiste con la eliminación del organismo. Según explicó, el proyecto establece un plazo de apenas un mes para elaborar un informe final y proceder a la liquidación de sus actividades.

La mayor preocupación, señaló, no pasa únicamente por la desaparición de COVIAR, sino por las modificaciones que el texto introduce en la legislación vitivinícola. Entre los cambios mencionó la sustitución del concepto de «uva fresca» por el de «mosto de uva» en la definición legal del vino, una modificación que, a su entender, permitiría utilizar mostos concentrados o sulfitados e incluso materia prima proveniente de otras regiones.

También advirtió que la iniciativa abriría la posibilidad de comercializar vinos importados sin identificar claramente su origen y permitiría mezclarlos con vinos nacionales, una práctica que actualmente se encuentra prohibida.

Ruggeri cuestionó además la visión que, según afirmó, inspira el proyecto oficial. «El vino no es un commodity. Puede mezclarse trigo de distintos productores y seguirá siendo trigo, pero el vino tiene identidad, historia y características propias. Es cultura y tradición», sostuvo.
En ese sentido, defendió el papel que COVIAR desempeña desde su creación como organismo de articulación entre el sector público y privado, destacando que permitió impulsar políticas comunes y consolidar un plan de desarrollo de largo plazo para la vitivinicultura argentina.

San Juan, entre las provincias involucradas

El titular de COVIAR destacó que San Juan es una de las provincias que más se benefició con los programas impulsados por la corporación. Como ejemplo mencionó el desarrollo alcanzado por la industria de la pasa de uva a través del programa PROVIAR, al tiempo que reconoció que muchas veces esos resultados no llegan a ser conocidos por todos los productores y bodegueros que realizan aportes al organismo.

Finalmente, Ruggeri sostuvo que la discusión trasciende la continuidad de la compañía y consideró que la iniciativa oficial implica un cuestionamiento a la institucionalidad construida durante años por la vitivinicultura argentina. Según afirmó, eliminar ese ámbito de representación significaría perder una herramienta clave para defender los intereses de una economía regional de fuerte impacto en provincias productoras como San Juan y Mendoza.

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San Juan se sumó a la jornada nacional contra la eliminación del programa Volver al Trabajo

Organizaciones sociales, gremios y referentes de la economía popular marcharon por el microcentro sanjuanino para exigir la continuidad del programa Volver al Trabajo, cuya finalización está prevista para agosto. Los manifestantes advirtieron que la medida afectará a unas 20.000 personas en la provincia y a más de 900.000 beneficiarios en todo el país.

San Juan fue una de las provincias que se incorporó a la jornada nacional de protesta impulsada por organizaciones sociales y trabajadores de la economía popular en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de discontinuar el programa Volver al Trabajo. La movilización recorrió el microcentro de la capital provincial, provocó demoras en la circulación vehicular y concluyó con la entrega de un petitorio en la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

De la convocatoria participaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Polo Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), SATSAID y otras organizaciones sindicales y sociales que coincidieron en reclamar la restitución del beneficio económico y una revisión de la política oficial hacia la economía popular.

La protesta se produjo luego de que la Cámara Federal de San Martín dejara sin efecto una medida cautelar que ordenaba mantener el pago mensual del programa. Esa resolución despejó el camino para que el Poder Ejecutivo avance con la finalización del beneficio y la implementación de un nuevo esquema de asistencia.

«No reclamamos un subsidio, reclamamos trabajo»

Durante la manifestación, la referente del MTE Ivana Saavedra sostuvo que la decisión dejará sin ingresos a miles de trabajadores que desarrollan tareas comunitarias en barrios populares.
«Lo que estamos reclamando es un derecho que se nos quita desde agosto. Los 78.000 pesos permitían sostener espacios comunitarios, comedores, merenderos y ollas populares. Lo que buscamos es acceder a un trabajo digno; las capacitaciones ya las realizamos», expresó.
Según indicó, la eliminación del programa alcanzará a aproximadamente 20.000 personas en San Juan, muchas de las cuales complementaban esos recursos con actividades de la economía popular.

Saavedra explicó además que únicamente continuará vigente el programa Acompañamiento Social para los grupos comprendidos por la Resolución 90/2026, principalmente personas mayores de 50 años, mientras que el resto de los beneficiarios dejará de percibir la prestación a partir de agosto.

Un reclamo dirigido a la Nación

El petitorio fue recibido por autoridades de la Agencia Territorial local, aunque los propios manifestantes reconocieron que la decisión depende exclusivamente del Gobierno nacional.

El dirigente de la UTEP Fidel Maric señaló que el documento busca que el planteo llegue a las autoridades nacionales y permita revisar la medida.
«La delegación fue recibida con respeto, pero sabemos que la definición no está en la oficina local. El objetivo es que nuestro reclamo llegue a quienes tienen la responsabilidad de resolver la continuidad del programa», sostuvo.

Qué es Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo fue creado en 2024 tras la disolución de Potenciar Trabajo, con el propósito de favorecer la inserción laboral de trabajadores de la economía popular mediante capacitación, formación profesional, prácticas laborales y el fortalecimiento de emprendimientos productivos.

Como complemento de esas acciones, contemplaba una prestación mensual de 78.000 pesos, destinada a acompañar los procesos de incorporación al mercado laboral. Hasta su eliminación, alcanzaba a cerca de 900.000 beneficiarios en todo el país.

Una protesta con alcance nacional

La importante movilización desarrollada en San Juan formó parte de una jornada coordinada en distintas provincias, donde organizaciones sociales y gremiales cuestionaron el rediseño de las políticas de asistencia impulsado por la administración de Javier Milei.

Los convocantes sostienen que la eliminación de Volver al Trabajo reducirá los recursos disponibles para miles de familias vinculadas a la economía popular y afectará el funcionamiento de comedores, merenderos y otros espacios comunitarios. Frente a ese panorama, anticiparon que continuarán impulsando gestiones y nuevas acciones para reclamar la restitución del programa o la implementación de un mecanismo que garantice la continuidad del acompañamiento económico y la generación de empleo genuino.

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La renovación de la CGT San Juan abre una fuerte pulseada entre los sindicatos

A pocos días de la renovación de autoridades, un amplio grupo de organizaciones sindicales anunció la conformación de un espacio alternativo para competir en las elecciones de la CGT San Juan. Reclaman una conducción colegiada, mayor participación de los gremios y cuestionan la exclusión de sindicatos no confederados del proceso electoral.

La elección de nuevas autoridades de la CGT Regional San Juan comenzó a reconfigurar el mapa sindical de la provincia. Un conjunto de más de 20 organizaciones gremiales trabaja en la conformación de una lista propia para disputar la conducción de la central obrera y plantea la necesidad de abrir un proceso interno con mayor representación de todos los sindicatos.

El espacio opositor sostiene que la conducción encabezada por Eduardo Cabello concentra las decisiones sin una participación efectiva del conjunto de las organizaciones y considera indispensable avanzar hacia un esquema institucional más amplio, similar al que actualmente rige en la conducción nacional de la CGT, basada en un triunvirato.

Uno de los principales impulsores de la iniciativa es el secretario general de SATSAID San Juan, Mario Quinteros, denunció que hay un fuerte malestar en varios gremios por cómo se maneja la toma de decisiones en la cúpula. Según explicó, varias resoluciones se presentan como consensuadas cuando, en realidad, no fueron debatidas por el conjunto de las organizaciones sindicales.

En ese marco, confirmó que el sector ya consolidó un importante respaldo gremial y que en los próximos días formalizará la presentación de una lista para competir en las elecciones previstas para fines de agosto. El objetivo, señaló, es garantizar que exista una verdadera competencia democrática y ampliar la representación de los distintos espacios sindicales.

La propuesta también incluye un pedido formal para convocar a un plenario de gremios que permita discutir el proceso electoral, definir reglas claras y analizar el funcionamiento futuro de la CGT sanjuanina. Los dirigentes consideran que una elección sin debate interno dejaría sin representación a una parte significativa del movimiento obrero provincial.

La iniciativa cuenta además con el respaldo del secretario general de la UOM San Juan, Martín Solazzo, quien cuestionó las limitaciones impuestas a los sindicatos que no integran la estructura confederada nacional. El dirigente recordó que en anteriores renovaciones esos gremios participaron normalmente de las listas y advirtió que la exclusión actual modifica criterios que durante años formaron parte de la vida institucional de la regional.

Para Solazzo, la futura conducción debe expresar la diversidad del movimiento sindical sanjuanino y garantizar espacios de participación para todas las organizaciones, independientemente de su condición dentro de la estructura nacional de la CGT. A su entender, una central obrera fortalecida requiere consensos amplios y una representación que refleje la pluralidad de los trabajadores de la provincia.

Aunque el frente opositor todavía no definió quién encabezará la nómina, sus referentes aseguran que la prioridad es consolidar un proyecto común antes que discutir nombres. La construcción de una candidatura unificada aparece como el paso siguiente de una estrategia que busca disputar por primera vez en varios años la conducción de la CGT San Juan.

Con el proceso electoral ya en marcha, la interna sindical ingresa en una etapa decisiva. La conformación de una lista alternativa introduce un nuevo escenario en la central obrera provincial y anticipa una elección con mayor debate sobre el modelo de conducción, la representatividad de los gremios y el rumbo institucional que adoptará la CGT San Juan en los próximos años.

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