Martín Solazzo, titular de la Unión Obrera Metalúrgica en San Juan, realizó un balance del año marcado por la defensa del empleo, el crecimiento sindical en la provincia y una profunda preocupación por la situación nacional. Alertó sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno, anticipó conflictividad social y afirmó que el próximo año encontrará a los trabajadores “en la calle y con la guardia alta”.

En una situación de fuerte tensión social, caída del consumo y una ofensiva oficial sobre los derechos laborales, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Juan cerró el año con un balance dual: estabilidad y crecimiento a nivel provincial, y un escenario crítico a escala nacional. Así lo expresó su secretario general, Martín Solazzo, quien destacó los avances logrados, pero advirtió que el rumbo económico y político del país pone en jaque al trabajo, la industria y las conquistas históricas del movimiento obrero.

“Nosotros tenemos dos realidades muy claras”, sintetizó Solazzo. En San Juan, la UOM logró sostener la totalidad de los puestos de trabajo, regularizar situaciones laborales históricas y fortalecer la representación sindical en empresas que nunca habían tenido delegados. “Hemos conseguido recategorizar a muchos compañeros que durante años no habían tenido reconocimiento, y eso es producto del esfuerzo colectivo, la unidad y la solidaridad del cuerpo de delegados y la comisión directiva”, explicó.

El dirigente también remarcó el trabajo realizado en sectores estratégicos como la minería, con visitas a la mina Veladero y la regularización de talleres y condiciones laborales. Ese proceso permitió consolidar un crecimiento sostenido del sindicato en la provincia, aun en un contexto adverso para la industria nacional.

El contraste nacional: despidos y retroceso industrial

El panorama cambia de forma drástica al observar la situación a nivel país. Solazzo confirmó que el sector metalúrgico perdió más de 6.000 puestos de trabajo en el último año, una cifra que calificó como “dolorosa y alarmante”. “El empresario ve números; nosotros vemos familias que se quedan sin sustento. Esa es la diferencia”, señaló.

En San Juan, solo una empresa atravesó una situación crítica que derivó en la pérdida de diez empleos, producto de una acumulación de deudas y sueldos impagos. “Fue una decisión muy difícil, tomada por los propios compañeros con nuestro acompañamiento. Pero fue un caso aislado. A nivel nacional, la realidad es muchísimo más dura”, advirtió.

La crisis industrial también golpea con fuerza a las pequeñas y medianas empresas. Según datos que maneja el gremio, cerca de 9.000 pymes del sector metalúrgico cerraron en todo el país. “Es una barbaridad, pero es coherente con un gobierno que desde el primer día se mostró en contra de la industria nacional”, sostuvo el representante gremial.

Reforma laboral y conflicto en puerta

Uno de los ejes centrales del análisis del dirigente fue la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que definió sin eufemismos como una “precarización encubierta”. “Ellos la llaman modernización, pero en realidad es volver décadas atrás. No hay un solo punto que beneficie al trabajador”, afirmó.

Solazzo anticipó que, de aprobarse el proyecto en los términos actuales, será impugnado judicialmente y enfrentado en todos los frentes posibles. “Vamos a atacar por lo administrativo, por lo legal y, sobre todo, con las herramientas históricas del movimiento obrero: la movilización, el paro y la presencia en la calle”, aseguró.

En esa línea, confirmó que la UOM acompañará una movilización federal al Congreso el día en que se trate la reforma laboral, con cese de tareas en todas las seccionales del país. Además, respaldó la posibilidad de un paro nacional convocado por la CGT. “No hay diálogo real con este gobierno. Se maneja de forma mediática, pero evita el debate serio que el país necesita”, cuestionó.

Salarios, inflación y pérdida de poder adquisitivo

El dirigente también puso el foco en la política salarial y la falta de correspondencia entre los índices oficiales y la realidad cotidiana. “La inflación que publica el Gobierno no se ve reflejada en el consumo ni en los precios reales. Es una inflación mentirosa”, sostuvo.

Pese a ese escenario, la UOM logró cerrar una paritaria que Solazzo calificó como “superadora”, duplicando el techo que el Gobierno pretendía imponer. Sin embargo, alertó que el acuerdo aún no fue homologado y permanece en suspenso. “Siempre tenemos que estar en alerta máxima, porque sabemos que este gobierno viene contra los trabajadores y los derechos que costaron sangre, lucha y décadas de historia”, enfatizó.

El rol del sindicato y la contención social

Más allá del conflicto, Surazo destacó el rol social del sindicato, especialmente en un contexto donde cada vez resulta más difícil para un trabajador acceder a vacaciones. En ese marco, la UOM San Juan inauguró la temporada de verano 2025–2026 con importantes mejoras en su camping, incluyendo la remodelación integral de baños, vestuarios y obras de cloacas.

“Son obras que quizás no se ven, pero que hacen a la dignidad y al bienestar del afiliado y su familia”, explicó. El objetivo, señaló, es ofrecer un espacio de esparcimiento accesible en tiempos donde el descanso se volvió un lujo. “Terminamos una obra y empezamos otra, siempre pensando en el afiliado”, resumió.

El balance que traza Martín Solazzo expone con nitidez el momento del movimiento obrero: resistencia, organización y alerta permanente. Mientras la UOM San Juan exhibe resultados concretos en defensa del empleo y la representación sindical, el escenario nacional aparece atravesado por despidos, cierre de pymes y una reforma laboral que amenaza con desandar décadas de conquistas.

“El año que viene nos va a encontrar en la calle”, anticipó el dirigente. No como una consigna vacía, sino como la expresión de un conflicto social que, lejos de apagarse, promete intensificarse en defensa del trabajo, la industria y los derechos laborales.

Un fallo judicial respaldó los reclamos de la Asociación Bancaria y dejó al descubierto una operación de extrema gravedad institucional: el envío al exterior de toneladas de oro del Banco Central en 2024 se realizó sin contratos ni documentación legal que respalde su destino.

La Justicia federal dio un paso decisivo en una de las causas más sensibles que involucran al manejo de las reservas nacionales. Tras reiterados pedidos de informes impulsados por la Asociación Bancaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se vio obligado a reconocer que la exportación de toneladas de lingotes de oro realizada durante 2024 se efectuó sin respaldo documental alguno.

La admisión oficial llegó luego de más de un año de resistencia a brindar información precisa y quedó plasmada en una nota enviada por la autoridad monetaria a la Auditoría General de la Nación (AGN). Allí, el organismo que preside Santiago Bausili reconoció que la operación no contó con contratos ni instrumentos legales que establecieran condiciones, plazos, custodios ni destino final de los bienes.

Según estimaciones del sector financiero, el volumen de oro enviado al exterior podría superar una valuación de 5.000 millones de dólares, lo que convierte al episodio en uno de los más delicados de los últimos años en materia de administración de activos estratégicos del Estado.

El fallo judicial y la trazabilidad ausente

La Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, ya había advertido que el presidente del BCRA no presentó justificativos válidos para negarse a informar sobre el destino de los lingotes.

El tribunal remarcó que, al tratarse de bienes del Estado nacional, el Banco Central tiene la obligación de garantizar la trazabilidad absoluta de las reservas, un principio básico de transparencia y control que, según el fallo, fue vulnerado. La falta de documentación podría configurar responsabilidades penales, al no poder acreditarse el resguardo ni el uso legítimo de activos públicos de alto valor.

Una decisión política bajo la lupa

La controvertida operatoria fue defendida públicamente en reiteradas oportunidades por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que mantener el oro en el país equivalía a tener un activo inmovilizado. “Hoy tenemos oro que es como si fuera un inmueble; no se puede usar para nada. En cambio, si ese oro está afuera, se le puede sacar un retorno”, explicó.

Sin embargo, la revelación de que la exportación se concretó sin contratos ni documentos legales deja esa argumentación en una situación comprometida. Más allá de la lógica financiera invocada, la ausencia de respaldo jurídico abre interrogantes sobre la legalidad, el control y la seguridad de la operación.

La AGN y la posible avanzada judicial

Con el fallo de la Cámara y la admisión formal del BCRA, la Auditoría General de la Nación quedó en condiciones de avanzar con acciones judiciales contra los funcionarios que habrían obstaculizado la auditoría del organismo de control.

La investigación se enmarca en un proceso más amplio sobre el incumplimiento de los deberes de transparencia exigidos a los funcionarios públicos en el manejo de bienes estratégicos del Estado, especialmente en un contexto de fragilidad económica y escasez de reservas.

Un escándalo que crece en un contexto global adverso

El caso adquiere una dimensión aún mayor en medio del rally internacional del precio del oro, que revaloriza significativamente cada tonelada del metal precioso. En ese escenario, la falta de certezas sobre el destino y la custodia de las reservas argentinas no solo representa una anomalía administrativa, sino también un riesgo económico de magnitud.

Lo que comenzó como un reclamo sindical impulsado por la Asociación Bancaria se transformó, con respaldo judicial, en un escándalo institucional de alcance nacional, que compromete al corazón del sistema financiero y expone interrogantes profundos sobre la gestión de los activos más sensibles del país.

El comienzo de 2026 llega con una serie de incrementos ya confirmados en servicios clave . Alquileres, transporte público, medicina prepaga, telefonía y combustibles encabezan la lista de ajustes que vuelven a poner presión sobre el ingreso familiar.

El inicio de un nuevo año no traerá alivio para el bolsillo de los sanjuaninos. Desde enero de 2026, distintos servicios y conceptos tarifarios registrarán aumentos que impactarán de lleno en la economía doméstica, en un contexto donde los ingresos continúan ajustándose por detrás de los precios.

Una de las subas más significativas se dará en el mercado de alquileres. Si bien la Ley de fue derogada, numerosos contratos continúan actualizándose bajo ese esquema. En este caso, el aumento previsto alcanza el 36,39%, lo que implica que una vivienda cuyo alquiler era de 500 mil pesos pasará a costar alrededor de 682 mil pesos mensuales, un salto difícil de absorber para muchos inquilinos.

Transporte público: suba confirmada

El transporte urbano de pasajeros también comenzará el año con una actualización tarifaria. El Gobierno de San Juan confirmó que el boleto de colectivo en la primera sección pasará de 810 a 1.070 pesos, lo que representa un incremento cercano al 34%.

La última actualización del pasaje se había aplicado en julio de 2025, y el nuevo aumento vuelve a encender el debate sobre el peso del transporte en el presupuesto de los trabajadores y estudiantes que dependen a diario del servicio.

Salud y servicios privados: ajustes moderados, impacto constante

La medicina prepaga, por su parte, comunicó a sus afiliados que las cuotas sufrirán incrementos de hasta el 2,5% a partir de enero. La suba también alcanzará a los copagos, lo que eleva el costo efectivo de la atención médica privada.

Ante dudas o reclamos, los usuarios pueden consultar la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), donde se detallan las tarifas vigentes, los prestadores y las modalidades de cobertura autorizadas.

En el rubro de las telecomunicaciones, las empresas de telefonía y servicios móviles notificaron con anticipación aumentos que oscilarán entre el 3% y el 4,5%, consolidando una tendencia de ajustes periódicos que se repite mes a mes.

Combustibles: suba impositiva en puerta

Finalmente, los combustibles volverán a aumentar debido a la aplicación del remanente pendiente de los impuestos correspondientes a 2024 y al primer y segundo trimestre de 2025. Se trata de actualizaciones en el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, cuya aplicación el Gobierno nacional había venido postergando.

De no mediar una nueva dilación oficial, estos incrementos se trasladarán directamente al precio de las naftas y el gasoil, con impacto no solo en los consumidores finales, sino también en los costos del transporte y la cadena de precios en general.

El arranque de 2026 confirma una tendencia que se repite: el año comienza con aumentos en servicios esenciales que tensionan el presupuesto de los hogares. Alquileres, transporte, salud, telecomunicaciones y combustibles vuelven a empujar el costo de vida hacia arriba, en un escenario donde cada ajuste, por más moderado que parezca, se suma a una acumulación que redefine las prioridades del consumo cotidiano.