La Provincia abrió oficialmente la licitación para construir un nuevo ordenador vial en el cruce de Ruta 20, Gorriti y calle Belgrano. La inversión supera los $3.653 millones y apunta a reducir accidentes en uno de los sectores con mayor complejidad vehicular del Gran San Juan.

El Gobierno sanjuanino puso en marcha la esperada licitación para ejecutar la mega rotonda del Monumento al Gaucho, una intervención destinada a reorganizar la circulación en uno de los puntos más conflictivos del tránsito provincial.

La obra se desarrollará en el estratégico cruce de Ruta Nacional 20, calle Gorriti y calle Belgrano, en Santa Lucía, un sector históricamente asociado a accidentes graves y a un intenso movimiento vehicular entre el Gran San Juan y Caucete.

La convocatoria fue oficializada por la Dirección Provincial de Vialidad mediante Licitación Pública y contará con un presupuesto superior a los $3.653 millones, financiados íntegramente con fondos provinciales.

El proyecto contempla la construcción de una rotonda de gran dimensión, derivadores de tránsito, rediseño de accesos, nueva señalización e iluminación integral para mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación en horarios de alta congestión.

Desde el Ejecutivo consideran que la intervención representa una solución estructural para un cruce que, durante años, acumuló reclamos vecinales y siniestros que instalaron en la comunidad la imagen de una de las zonas más peligrosas del mapa vial sanjuanino.

La iniciativa también refleja la decisión provincial de sostener obras de infraestructura pese al freno nacional de la obra pública. Para avanzar con los trabajos, la gestión de Marcelo Orrego debió firmar convenios con Vialidad Nacional que habilitaron a San Juan a intervenir con recursos propios sobre una traza de jurisdicción federal.

Ese esquema quedó ratificado en febrero de este año por la Cámara de Diputados provincial, mientras que en marzo se completó la audiencia pública necesaria para obtener la Declaración de Impacto Ambiental.

El proyecto retoma una vieja demanda vinculada al ordenamiento del acceso Este, aunque con un enfoque distinto al planteado años atrás, cuando la zona formaba parte de un plan integral ligado a una nueva terminal de ómnibus. Finalmente, la actual gestión decidió priorizar exclusivamente la seguridad vial y la conectividad.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 29 de mayo en el Centro Cívico. La apertura de sobres se realizará ese mismo día en el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Si los plazos administrativos avanzan según lo previsto, la obra comenzará durante el segundo semestre del año y podría quedar terminada entre fines de 2026 y comienzos de 2027.

La obra social de los jubilados atraviesa una de las etapas más delicadas de los últimos años. A la reducción de coberturas y las demoras en pagos a farmacias se suman denuncias por compras irregulares, sobreprecios millonarios y disputas políticas internas dentro del organismo.

El PAMI atraviesa una crisis de múltiples dimensiones que ya impacta de lleno sobre millones de jubilados y pensionados en todo el país. Mientras la cobertura de medicamentos se reduce progresivamente y las farmacias acumulan demoras en los pagos, el organismo quedó envuelto además en una escalada de denuncias por presuntas irregularidades administrativas, contrataciones excepcionales y maniobras vinculadas al uso político de su estructura.

El deterioro más visible aparece en el acceso a los medicamentos. Aunque los tratamientos destinados a enfermedades crónicas mantienen cobertura total, numerosos fármacos de uso frecuente pasaron a registrar reintegros parciales del 50%, 60% u 80%, e incluso algunos remedios que anteriormente eran gratuitos hoy apenas cuentan con descuentos mínimos.

Con haberes jubilatorios cada vez más deteriorados frente al costo de vida, miles de adultos mayores comenzaron a restringir tratamientos, priorizando únicamente los medicamentos considerados imprescindibles y postergando otros por falta de recursos.

La situación también expone la fragilidad financiera del sistema de prestaciones. Farmacias de distintas provincias denuncian atrasos de hasta dos meses en los pagos por parte del organismo, una dinámica que genera fuertes problemas de liquidez y obliga a muchos establecimientos a reducir stock, limitar entregas o directamente dejar de atender afiliados del PAMI.

El mecanismo provoca un severo desgaste operativo: las farmacias deben comprar medicamentos y sostener la atención inmediata, mientras los reintegros llegan con demoras crecientes en un escenario de inflación todavía elevada y costos financieros en ascenso.

Con este cuadro, el organismo quedó nuevamente bajo sospecha por presuntas maniobras irregulares en contrataciones y compras directas. Exfuncionarios denunciaron un esquema sistemático de adquisiciones realizadas mediante “vías de excepción”, una herramienta prevista únicamente para situaciones extraordinarias pero que, según las acusaciones, habría sido utilizada de forma recurrente para evitar procesos licitatorios formales.

Las denuncias hablan de sobreprecios millonarios en medicamentos, prótesis, marcapasos y servicios médicos, con diferencias que, según distintos testimonios incorporados a expedientes judiciales, habrían alcanzado porcentajes extremadamente elevados.

Una de las acusaciones más resonantes fue presentada por la excoordinadora contable Viviana Aguirre, quien sostuvo que las irregularidades se administraban desde áreas centrales del organismo y que existían mecanismos de retornos vinculados a designaciones políticas y contrataciones.

La sitación se complejiza además por la disputa interna dentro del oficialismo por el control del PAMI, uno de los organismos con mayor volumen presupuestario del Estado nacional. Las tensiones entre distintos sectores libertarios derivaron en desplazamientos de funcionarios, cruces internos y filtraciones de informes vinculados a presuntas irregularidades administrativas.

En este contexto, la crisis deja expuesta una contradicción cada vez más visible: mientras el ajuste recae sobre jubilados, prestadores y farmacias, el organismo continúa atravesado por disputas de poder, denuncias judiciales y sospechas de manejo discrecional de fondos públicos.

El impacto social ya resulta inocultable. Jubilados que resignan tratamientos, farmacias financieramente asfixiadas y prestadores con pagos demorados configuran una postal cada vez más crítica de un sistema que debería garantizar atención sanitaria a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Un relevamiento privado detectó que, por primera vez en varios meses, las remuneraciones pretendidas por quienes buscan empleo quedaron por debajo de la inflación. El fenómeno expone el deterioro del mercado laboral y el retroceso del poder de negociación de los trabajadores frente a una economía cada vez más restrictiva.

La crisis económica comenzó a modificar de manera silenciosa uno de los comportamientos más sensibles del mercado laboral argentino: las expectativas de ingresos de quienes intentan acceder a un empleo. La combinación entre desaceleración de la actividad, menor dinamismo en las contrataciones y pérdida de poder adquisitivo empuja a miles de postulantes a reducir sus aspiraciones salariales para mantenerse competitivos frente a un escenario cada vez más exigente.

El último relevamiento elaborado por Bumeran confirmó esa tendencia. Durante abril, la remuneración promedio solicitada por los candidatos registró una retracción intermensual del 0,09% y se ubicó en 1.784.840 pesos mensuales. El dato adquiere mayor relevancia al compararse con la inflación del mismo período, que alcanzó el 2,6%, ampliando así la pérdida frente al avance del costo de vida.

La merma no constituye un episodio aislado. El estudio revela que el retroceso comenzó a consolidarse desde octubre del año pasado y encontró su punto más pronunciado en diciembre, cuando las pretensiones económicas exhibieron una caída del 3,71%.

Detrás de esa evolución aparece un cambio profundo en la relación entre oferta y demanda laboral. Con menor generación de puestos de trabajo y una competencia creciente por cada vacante disponible, numerosos trabajadores comenzaron a flexibilizar sus exigencias económicas como estrategia para conservar posibilidades de inserción.

En términos acumulados, las remuneraciones requeridas crecieron apenas 3,07% en el primer tramo del año, muy lejos del 12,3% de inflación acumulada. La diferencia refleja una pérdida sostenida en la capacidad de los ingresos para acompañar el incremento general de precios.

El comportamiento varía según niveles de experiencia y áreas de actividad. En posiciones jerárquicas de supervisión y jefatura, los ingresos pretendidos promediaron 2.407.033 pesos mensuales, aunque con una baja significativa del 7,30% respecto de marzo.

En los segmentos semi senior y senior, el promedio alcanzó 1.814.084 pesos, mientras que en las categorías junior las aspiraciones económicas rondaron 1.354.695 pesos mensuales.

El informe también muestra transformaciones llamativas en sectores que hasta hace poco lideraban la recomposición salarial. Tecnología y Sistemas, históricamente asociado a mejores remuneraciones y fuerte demanda de personal calificado, registró una de las mayores bajas en las pretensiones de perfiles junior, con una reducción del 4,85%.

En contrapartida, áreas vinculadas a Recursos Humanos y Administración y Finanzas mantuvieron niveles salariales relativamente más elevados, especialmente entre perfiles con mayor experiencia.

Más allá de los números, el fenómeno deja al descubierto una señal de época: el deterioro económico ya no sólo afecta a quienes perdieron ingresos o empleo, sino también a quienes comienzan a adaptar sus expectativas a un mercado cada vez más condicionado por la incertidumbre.

Consultoras laborales advierten que este tipo de comportamientos suelen aparecer cuando las empresas recuperan margen de presión frente a trabajadores que priorizan estabilidad o reinserción laboral por encima de mejoras salariales significativas.

La consecuencia inmediata es un mercado más competitivo, donde las condiciones de negociación se vuelven menos favorables para los asalariados y donde la necesidad de sostener empleo empieza a prevalecer sobre las aspiraciones de recuperación del ingreso.

La caída de las remuneraciones pretendidas funciona como un indicador silencioso pero contundente del deterioro social que atraviesa el mercado laboral argentino. Allí donde antes predominaban expectativas de mejora salarial, hoy comienza a imponerse una lógica de resignación marcada por la incertidumbre y la necesidad de sostener estabilidad.

El fenómeno refleja mucho más que una variación estadística. Expone cómo la debilidad económica empieza a redefinir vínculos laborales, capacidad de negociación y perspectivas de millones de trabajadores que, frente a un horizonte cada vez más ajustado, reducen aspiraciones para no quedar fuera del sistema.