El exministro de Trabajo Carlos Tomada cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, denunció presiones sobre los gobernadores para garantizar su aprobación y llamó a una movilización anticipada y federal para frenar una iniciativa que, según afirmó, implica un retroceso histórico en materia de derechos laborales.

El debate por la reforma laboral volvió a tensarse tras las declaraciones del exministro de Trabajo Carlos Tomada, quien lanzó una severa advertencia sobre el método político que —según sostuvo— el Gobierno nacional estaría utilizando para garantizar la aprobación del proyecto en el Congreso. “Estamos cada vez más cerca de tener una segunda Banelco”, afirmó, en alusión directa al escándalo de sobornos que marcó la aprobación de la reforma laboral del año 2000.

En diálogo con Futurock, Tomada sostuvo que la iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei no solo carece de beneficios para los trabajadores, sino que se apoya en diagnósticos falsos sobre el mercado laboral argentino. A su entender, el debate público aún no refleja la magnitud del retroceso que implicaría la reforma y reclamó una mayor tarea de información y concientización social sobre el contenido real del proyecto.

“No hay un solo artículo que beneficie a los trabajadores”, afirmó el exfuncionario, y agregó que el paquete de medidas propuesto retrotrae a la Argentina a principios del siglo XX, desandando décadas de conquistas laborales. En ese sentido, rechazó de plano el argumento oficial que vincula la flexibilización de derechos con la modernización productiva o la incorporación de tecnología.

Críticas al discurso antisindical y respaldo empresario incipiente

Tomada también cuestionó el discurso instalado desde hace décadas contra el sindicalismo y los convenios colectivos, al que definió como una construcción ideológica del neoliberalismo. “Durante años se le lavó la cabeza a la gente y hoy llegamos al absurdo de escuchar que el pan aumenta porque no se hizo la reforma laboral”, ironizó.

A la vez, valoró que algunos sectores del empresariado hayan comenzado a expresar reparos frente al proyecto, en referencia a la postura reciente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Si bien consideró que esas críticas “se quedan cortas”, señaló que representan un dato político relevante y podrían abrir el camino para que otras cámaras empresariales expongan los riesgos económicos y sociales de la iniciativa oficial.

Presión a los gobernadores y llamado a una movilización federal

Uno de los ejes centrales de la advertencia de Tomada estuvo puesto en el plano político. Según afirmó, el Gobierno estaría presionando a los gobernadores mediante condicionamientos fiscales y acuerdos discrecionales para que ordenen a sus legisladores votar a favor de la reforma.

“La extorsión forma parte del método de construcción de poder de este Gobierno”, sostuvo, y propuso reorientar las protestas hacia las provincias. “Tenemos que volver a movilizarnos, pero dejemos tranquilas a la Plaza de Mayo y la del Congreso. Hay que ir a las provincias para que los gobernadores dejen de presionar a sus legisladores a cambio de beneficios del Gobierno nacional”, planteó.

Finalmente, llamó a retomar la movilización social de manera inmediata y sostenida, con el objetivo de advertir a la sociedad sobre las consecuencias de la reforma. “Tenemos que tomar la calle desde ahora para informar que esto es un retroceso del que va a costar mucho salir”, alertó.

La referencia histórica: qué fue la Ley Banelco

La mención a la “Ley Banelco” remite a la reforma laboral aprobada en abril de 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que quedó marcada por denuncias de sobornos a senadores para garantizar su sanción. El nombre surgió tras las declaraciones de Hugo Moyano, quien aseguró que el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le habría dicho: “Para los senadores tengo la Banelco”.

Aquella ley amplió el período de prueba, debilitó la ultraactividad de los convenios colectivos, habilitó convenios por empresa y modificó mecanismos de negociación laboral. El escándalo político derivó en la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez y marcó el principio del fin del gobierno de la Alianza. La norma fue derogada en 2004, aunque algunos de sus efectos nunca se revirtieron por completo.

La temporada turística en curso dejó un dato elocuente para el sector: el turismo sanjuanino hacia los destinos de la costa atlántica cayó un 40% respecto de años anteriores, una retracción significativa que refleja no solo el impacto del contexto económico, sino también un cambio estructural en los hábitos de viaje.

El diagnóstico fue planteado por Ariel Bacur, representante del sector de agencias de turismo en la provincia, quien definió el actual ciclo vacacional como “una temporada atípica”, atravesada por múltiples factores que alteraron la dinámica habitual del mercado. Entre ellos, se destacó el inicio tardío de las reservas, vinculado a la espera de definiciones políticas tras el proceso electoral, que demoró decisiones y afectó la planificación tanto de los viajeros como de las empresas del rubro.

En tal sentido, se consolidó una tendencia que viene creciendo en los últimos años: la migración hacia destinos alternativos. Países como Chile y Brasil ganaron protagonismo frente a la costa argentina, impulsados por ofertas competitivas, diferencias cambiarias favorables y nuevas preferencias de los turistas, especialmente entre los viajeros jóvenes y los grupos familiares con mayor capacidad de organización.

Otro de los factores clave que explica la caída en las ventas tradicionales es el avance del turismo independiente. Según Giménez Bacur, cada vez más personas optan por organizar sus viajes por cuenta propia, prescindiendo de intermediarios y recurriendo a plataformas digitales para reservas de transporte y alojamiento.

Esta transformación impacta de lleno en las agencias locales, que ven reducido su volumen de operaciones y se ven obligadas a reformular su oferta comercial, renegociando tarifas con proveedores, incorporando promociones específicas y ofreciendo financiamientos más flexibles para sostener la competitividad.

A su vez, se observa una fragmentación del período vacacional. En lugar de concentrar el descanso en un único viaje largo, muchos sanjuaninos eligen escapadas más cortas distribuidas a lo largo del año, una estrategia que permite administrar mejor el presupuesto y adaptarse a un contexto de ingresos más ajustados.

Pese a la marcada caída del 40%, la costa argentina no desaparece del mapa turístico sanjuanino, aunque pierde centralidad frente a nuevas alternativas y modalidades de viaje. El escenario actual confirma que no se trata de una baja coyuntural, sino de una reconfiguración profunda del comportamiento del turista, atravesada por variables económicas, políticas y culturales.

“El sanjuanino sigue eligiendo la costa, muchas veces por razones de tiempo, pero amplía su horizonte hacia otros destinos como Brasil”, sintetizó Giménez Bacur. Una definición que resume con claridad el momento del sector: menos viajes tradicionales, más diversidad y una industria obligada a reinventarse para acompañar una demanda cada vez más fragmentada y exigente.

La Asociación de Viñateros Independientes alertó sobre un escenario crítico para la próxima vendimia. La ausencia de precios, el exceso de oferta y la falta de intervención estatal colocan al productor en una situación de extrema fragilidad, en un contexto de caída del consumo y dificultades para exportar.

La vitivinicultura sanjuanina atraviesa un momento de profunda incertidumbre a pocas semanas del inicio de la vendimia. Desde la Asociación de Viñateros Independientes, su presidente Juan José Ramos describió un panorama marcado por la ausencia total de precios de referencia, la concentración del mercado comprador y un sobrestock que condiciona toda la cadena productiva.

Según explicó, no existen hasta el momento valores definidos para la uva ni acuerdos formales con bodegas o mosteras, una situación que deja a miles de productores sin herramientas para planificar la cosecha. “Son pocas las empresas que compran y muchos los que ofrecemos, por lo que no tenemos poder de negociación”, afirmó.

Ramos vinculó esta situación con la política económica de libre mercado, que excluye al Estado de cualquier rol regulador en la fijación de precios. En ese marco, el productor queda expuesto a un esquema de fuerte asimetría, donde la oferta atomizada enfrenta a un número reducido de compradores con alta capacidad de concentración.

El dirigente fue categórico al definir el presente como “el peor año de la historia de la vitivinicultura”, y apuntó directamente contra decisiones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que, lejos de aliviar el escenario, habrían profundizado el problema. Entre ellas, mencionó la anticipación de la fecha de liberación de vinos, que incrementó el excedente disponible en el mercado.

“Cuando la liberación era en junio ya había sobrestock; al adelantarla a marzo, el excedente es aún mayor”, explicó, subrayando que el exceso de vino presiona a la baja los precios y condiciona toda la cadena.

La crisis, advirtió, no se limita a los viñateros. También alcanza a bodegas y mosteras, con casos de empresas de relevancia nacional que han entrado en cesación de pagos. En San Juan, el impacto es similar al del resto del país, aunque con algunos matices: la producción de uva de mesa y uva para pasa, que cuenta con valores diferenciados, actúa como un amortiguador parcial.

Sin embargo, el núcleo del problema persiste. En la provincia, solo una cuarta parte de la uva se destina a vino y cerca del 50% a mosto, un segmento que también enfrenta severas dificultades. “Las mosteras dicen que no pueden pagar más por el atraso cambiario y porque hay excedente de mosto del año pasado. Son pocas empresas y los precios que ofrecen no superan los de hace dos años”, señaló Ramos.

Impacto económico

En este contexto, muchos productores se verán obligados a entregar la uva sin precio definido, bajo distintas modalidades contractuales. Con un valor del mosto por debajo de los $300 por litro, el precio estimado de la uva ronda los $150, un nivel inferior incluso al de dos años atrás, pese al aumento generalizado de costos.

Respecto a las líneas de crédito impulsadas por el Gobierno, Ramos reconoció que cuentan con tasas subsidiadas, pero advirtió que resultan poco viables si el producto no recupera valor. “Aunque haya meses de gracia, los intereses empiezan a correr a los 30 días y después se hace muy complicado cumplir”, explicó.

El presidente de la Asociación de Viñateros Independientes resumió la coyuntura como un “combo difícil”: un dólar atrasado que limita la competitividad exportadora, un mercado interno deprimido por la pérdida del poder adquisitivo y un sistema de liberación de vinos que amplifica los excedentes.

“Aunque la cosecha no será abundante, el productor apenas va a cubrir los costos de cosecha y acarreo. Así es muy difícil sobrevivir, pagar impuestos y seguir trabajando”, concluyó Ramos, poniendo en evidencia una crisis que amenaza no solo la rentabilidad, sino la continuidad misma de la vitivinicultura en San Juan y en el país.