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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Qué dice la presentación judicial de ATE

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

Fuente: Mundo Gremial

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Diego Martín consiguió su tercer mandato consecutivo en el Sindicato de Obras Sanitarias

La lista Azul se impuso sobre la Tricolor, encabezada por Norberto “Noly” Gómez, en los comicios realizados este viernes. La diferencia fue de apenas 12 votos, sobre un padrón de casi 330 afiliados, con una participación cercana al 95%.

Diego Martín continuará al frente del Sindicato de Obras Sanitarias (Si.O.Sa.) tras imponerse por apenas 12 votos en las elecciones gremiales realizadas este viernes 7 de agosto. El dirigente de la lista Azul derrotó a la nómina Tricolor, encabezada por Norberto “Noly” Gómez, y obtuvo así un nuevo mandato que extenderá a tres períodos consecutivos su permanencia en la conducción del sindicato que representa a los trabajadores de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).

La elección tuvo una participación cercana al 95% de un padrón de casi 330 afiliados, una concurrencia elevada para un comicio gremial. Además del resultado entre las dos listas, se registró un voto en blanco y otro nulo.

Martín asumió por primera vez la conducción de Si.O.Sa. en 2018 y fue reelegido en 2022. La victoria de este viernes le permitirá iniciar un tercer período consecutivo al frente de la organización.

La lista Azul llevó a Alfredo Garay como candidato a secretario Adjunto y a Juan Sánchez para la Secretaría Gremial. La nómina opositora, en tanto, postuló a Facundo Zárate como Adjunto y a Mariana Godoy para ocupar la Secretaría Gremial.

Los afiliados votaron durante toda la jornada en distintos puntos vinculados con OSSE. Se habilitaron mesas en la Casa Central, el Obrador y Marquesado, además de otros puntos distribuidos en departamentos del interior provincial.

La organización de los comicios contempló también la participación de trabajadores que cumplen funciones en zonas alejadas. Para ello se utilizaron urnas móviles, que permitieron acercar la votación a afiliados de departamentos como Calingasta e Iglesia.

Una disputa entre continuidad y renovación

La elección enfrentó dos propuestas con perfiles diferentes. Martín buscó preservar la conducción que encabeza desde 2018 y presentó la lista Azul como una alternativa de continuidad. Gómez, por su parte, encabezó la Tricolor con un discurso centrado en la renovación y cuestionamientos a la conducción del sindicato.

La diferencia final muestra la paridad que atravesó el comicio: con un padrón cercano a los 330 trabajadores y una asistencia de aproximadamente 95%, 12 votos fueron suficientes para definir la conducción del gremio durante los próximos cuatro años.

La contienda también estuvo acompañada por lecturas políticas externas al ámbito estrictamente sindical. Durante las semanas previas circularon referencias sobre los vínculos de cada espacio con distintos dirigentes políticos y gremiales de la provincia.

Martín, integrante del ámbito de la CGT, mantiene vínculos con dirigentes del justicialismo. Una de las expresiones públicas de esos acercamientos se produjo durante la celebración del Día del Sanitarista, realizada en mayo, que contó con la presencia del diputado nacional Cristian Andino y del secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias de Argentina (Fentos), Carlos Adamo.

La lista Tricolor, en tanto, mantuvo conversaciones con referentes vinculados al oficialismo provincial. Entre los nombres mencionados durante la previa apareció el gerente general de OSSE, Carlos Orrego, aunque los contactos no derivaron en una lista unificada y Gómez terminó encabezando la alternativa opositora.

Esas vinculaciones funcionaron como parte de las interpretaciones que rodearon la elección, pero la definición quedó finalmente circunscripta al voto de los afiliados. El resultado fue una victoria estrecha para la conducción vigente.

Un tercer período con una señal electoral

El resultado le permite a Martín conservar la conducción de Si.O.Sa. después de una elección en la que la oposición consiguió disputar el resultado hasta el último voto.

La elevada participación y la escasa diferencia entre las dos listas constituyen los principales datos políticos del comicio interno. El nuevo mandato comenzará con una conducción ratificada por los afiliados, pero frente a una oposición que quedó a solo 12 votos de distancia.

Para Martín, la victoria representa la continuidad de un ciclo iniciado en 2018. Para el gremio, el resultado deja además una conducción legitimada por una elección de alta concurrencia y una disputa particularmente cerrada.

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Otro fallo judicial limita el alcance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 77 hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y suspendió, para el Convenio Colectivo 704/14, la aplicación de disposiciones de la Ley 27.802 y de los decretos 407/2026 y 612/2026. La resolución es provisoria y mantendrá vigentes las cláusulas del convenio mientras continúa el juicio.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno sumó una nueva disputa judicial. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 77 hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) y suspendió la aplicación de determinadas disposiciones de la nueva legislación y sus decretos reglamentarios sobre el Convenio Colectivo de Trabajo 704/14.

La resolución fue dictada por el juez Mariano Candal y alcanza exclusivamente al convenio que rige para los trabajadores representados por SUTEP. El magistrado dispuso mantener vigentes sus cláusulas normativas y obligacionales mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El alcance de la decisión es relevante, aunque no equivale a una declaración definitiva de inconstitucionalidad. Se trata de una medida cautelar, por lo que las disposiciones cuestionadas quedan suspendidas respecto del CCT 704/14 hasta que avance el proceso judicial y exista una resolución sobre el fondo de la demanda.

La presentación original de SUTEP cuestionó artículos de la Ley 27.802 y de los Decretos 407/2026, vinculados con la continuidad de los convenios colectivos una vez vencido su plazo y con el régimen de aportes y contribuciones destinados a las organizaciones sindicales y a entidades vinculadas con ellas.

El sindicato sostuvo que esas modificaciones afectaban derechos establecidos en su convenio colectivo y promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantallas (CAEM), en relación con el CCT 704/14.

La controversia se amplió posteriormente a partir de la entrada en vigencia del Decreto 612/2026. SUTEP incorporó a su demanda el artículo 1 de esa norma, al cuestionar modificaciones sobre la base utilizada para determinar los conceptos salariales alcanzados por aportes y contribuciones.

Entre los puntos objetados aparece la exclusión de determinados conceptos de la remuneración, entre ellos el Sueldo Anual Complementario (SAC) y las horas extras.

Qué resolvió el juzgado

La decisión judicial suspendió la aplicación de esas disposiciones únicamente respecto del CCT 704/14. De esta manera, las condiciones establecidas en el convenio mantienen su vigencia y pueden ser exigidas mientras continúa el trámite de la demanda.

El fallo adquiere relevancia porque la discusión no se limita al contenido económico de un convenio. La demanda también plantea interrogantes sobre el alcance de la ultraactividad, es decir, la continuidad de las cláusulas de un convenio colectivo una vez vencido formalmente hasta que sea reemplazado por otro.

SUTEP sostuvo que las modificaciones cuestionadas podían afectar tanto la capacidad de negociación colectiva como los recursos destinados al funcionamiento de la organización sindical y de la Asociación Mutual AMERA.

En los fundamentos destacados por la organización gremial y la CGT, el juzgado habría considerado que algunas de las restricciones introducidas por las nuevas normas no encuentran antecedentes equivalentes en el sistema argentino de relaciones colectivas y deben ser examinadas a la luz de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El análisis judicial también incorporó el posible impacto económico de las modificaciones sobre las organizaciones sindicales y sobre las prestaciones sociales, asistenciales, mutuales y de capacitación que brindan a sus afiliados.

El respaldo de la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró la resolución y ubicó el expediente dentro de la ofensiva judicial que distintas organizaciones gremiales llevan adelante contra aspectos de la reforma laboral.

La central obrera sostuvo que la disputa excede el caso particular de SUTEP porque involucra cuestiones vinculadas con la continuidad de los convenios colectivos y con las fuentes de financiamiento de las organizaciones sindicales.

“Lo que estuvo en juego en este expediente excede a un sindicato en particular”, expresó la CGT al respaldar el fallo, y sostuvo que una modificación sobre la ultraactividad o sobre los recursos gremiales puede repercutir sobre la capacidad de las organizaciones para sostener prestaciones y derechos colectivos.

Desde SUTEP, en tanto, interpretaron la resolución como un respaldo a la vía judicial elegida para preservar las condiciones establecidas en el convenio y cuestionar aquellas disposiciones que, según su planteo, perjudican a los trabajadores y a su representación sindical.

Una disputa que continúa en los tribunales

El fallo no clausura la discusión. La causa continuará su trámite y deberá resolver si los cuestionamientos formulados por SUTEP tienen sustento suficiente para una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas.

Por ahora, el efecto concreto es que las disposiciones cuestionadas quedan suspendidas respecto del Convenio Colectivo 704/14, mientras sus cláusulas permanecen vigentes y exigibles.

La resolución se suma así a la creciente judicialización de la reforma laboral. Mientras el Gobierno defiende las modificaciones como parte de su política de transformación del régimen de trabajo, distintas organizaciones sindicales recurren a los tribunales para preservar derechos establecidos en convenios colectivos.

El caso de SUTEP abre un nuevo episodio en esa disputa: la Justicia decidió preservar, de manera provisoria, las condiciones de un convenio colectivo frente a disposiciones de la reforma laboral. El alcance definitivo del fallo dependerá ahora de lo que ocurra en el proceso principal, pero la resolución vuelve a colocar en los tribunales una parte sustancial de la discusión sobre el futuro de la negociación colectiva y el financiamiento sindical.

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San Juan renovará la Ruta 40 Norte con fondos vinculados al proyecto Vicuña

La Ruta Nacional 40 Norte será sometida a una intervención integral que modificará distintos puntos del corredor entre Albardón y Jáchal. El proyecto contempla soluciones diferentes según las características de cada tramo y será ejecutado por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, con financiamiento proveniente del acuerdo alcanzado con el proyecto minero Vicuña.

La intervención fue dividida en tres segmentos: Albardón-Villicum, Villicum-Talacasto y Talacasto-San Roque. El diseño combina ampliaciones de calzada, repavimentación y obras hidráulicas destinadas a mejorar la circulación y reforzar la infraestructura frente a contingencias climáticas.

La modificación más importante se concentrará entre Albardón y Villicum. Allí está prevista la construcción de una doble calzada de 12 kilómetros, con dos carriles por sentido, divisor central de hormigón tipo New Jersey y banquinas pavimentadas.

La ampliación permitirá separar los sentidos de circulación y aumentar la capacidad del corredor en uno de los accesos de mayor tránsito hacia el norte provincial. La incorporación de banquinas pavimentadas también apunta a mejorar las condiciones de seguridad para quienes circulen por ese tramo.

Entre Villicum y Talacasto, en cambio, se mantendrá la calzada simple, aunque se incorporarán terceras trochas en distintos puntos. La obra permitirá generar espacios destinados al sobrepaso, una mejora especialmente relevante para la circulación conjunta de vehículos livianos y transporte pesado.

En ese mismo tramo se prevé la construcción de nuevas alcantarillas y defensas, con intervenciones destinadas a ordenar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de lluvias intensas y crecientes sobre la ruta.

El tercer segmento se extenderá desde Talacasto hasta San Roque, en Jáchal. Por tratarse del tramo más extenso, la intervención estará orientada principalmente al fortalecimiento de la infraestructura existente. Se ejecutarán alteos de calzada, alcantarillas y defensas, con el propósito de reducir los cortes provocados por el agua y mejorar la transitabilidad.

La obra adquiere relevancia por el papel que cumple la Ruta 40 como corredor de conexión entre el Gran San Juan, los departamentos del norte y distintos puntos vinculados con la producción, la minería y el turismo. La mejora de la infraestructura también apunta a facilitar el traslado de bienes y personas hacia Jáchal y las localidades ubicadas a lo largo del recorrido.

Asimismo, la iniciativa prioriza el fortalecimiento de la conexión con el Paso Internacional de Agua Negra. Dada su relevancia para la integración chilena y el comercio global, las rutas del norte sanjuanino adquieren un valor estratégico fundamental.

La intervención, además, tendrá impacto sobre servicios esenciales. Una ruta con mayor capacidad y mejores condiciones de circulación puede favorecer el acceso de los habitantes de las localidades del norte a hospitales, escuelas, organismos públicos y centros comerciales, al tiempo que mejora las condiciones para el transporte de cargas.

El financiamiento constituye otro de los elementos centrales del proyecto. La obra será afrontada con recursos derivados del acuerdo alcanzado por la provincia en relación con Vicuña, uno de los principales proyectos mineros en desarrollo en San Juan.

De esta manera, los fondos vinculados con la expansión minera serán destinados también a infraestructura de alcance provincial, en una obra que busca acompañar el crecimiento del tránsito y las necesidades de conectividad del corredor norte.

La transformación de la Ruta 40 entre Albardón y Jáchal combinará ampliaciones, nuevos carriles de sobrepaso y refuerzos estructurales en un recorrido con funciones viales, productivas y turísticas. La magnitud de la intervención quedará determinada por la ejecución de cada tramo, pero el proyecto ya plantea una modificación sustancial de uno de los principales corredores terrestres del norte sanjuanino.

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