ATE solicitó a la Justicia que declare inconstitucional el capítulo de empleo público de la Ley Bases
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.
El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.
“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.
El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.
“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.
En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.
El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.
Qué dice la presentación judicial de ATE
El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.
Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.
Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.
Fuente: Mundo Gremial
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La inflación volvió a subir, llegó al 2,1% en julio y acumuló 19,3% en siete meses
La inflación volvió a acelerarse en julio y alcanzó el 2,1%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El registro superó en 0,2 puntos porcentuales al de junio, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había avanzado 1,9%.
Con el nuevo dato, los precios acumularon una suba del 19,3% en los primeros siete meses del año y del 33,8% en los últimos doce meses. La evolución vuelve a poner el comportamiento de los precios bajo atención, después de varios meses en los que el índice había mostrado una moderación.
Entre las divisiones que más aumentaron se ubicó Recreación y cultura, con un incremento del 5%, impulsado principalmente por paquetes turísticos y servicios culturales. Le siguió Restaurantes y hoteles, con una variación del 2,8%.
Los precios estacionales avanzaron 4,5%, mientras que los regulados aumentaron 2,1%. En el IPC núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, la suba fue del 1,8%.
En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado registró una caída del 1,3%, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 1,5%.
Un factor adicional que pudo haber incidido fue la evolución del dólar. Según la consultora C&T, la cotización de la moneda estadounidense aumentó alrededor de $100 entre fines de junio y comienzos de julio, movimiento que habría comenzado a trasladarse parcialmente a determinados precios.
Diferencias regionales
El comportamiento no fue uniforme en todo el país. En el Gran Buenos Aires, el Noreste, el Noroeste, la región Pampeana y la Patagonia, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia sobre el índice mensual, principalmente por aumentos en verduras, productos lácteos, pan y cereales.
El dato adquiere especial relevancia para San Juan y el resto de la región cuyana, donde la evolución de los servicios de transporte tiene una incidencia directa sobre los gastos cotidianos de los hogares.
La medición de la Ciudad de Buenos Aires mostró, además, una variación superior al promedio nacional. El IPC porteño aumentó 2,9% en julio, acumuló 19,4% desde enero y registró una suba interanual del 33,2%.
El nuevo informe del INDEC confirma así que la inflación todavía se mantiene lejos de una trayectoria completamente estable: julio marcó un leve repunte mensual y dejó el acumulado anual cerca del 20%, mientras el comportamiento de los próximos meses será determinante para establecer si se trata de una fluctuación puntual o del comienzo de una nueva aceleración.
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La UTA suspendió el paro y abrió una última instancia de negociación
La Unión Tranviarios Automotor aceptó suspender el paro de 24 horas previsto para este viernes 14 de agosto luego del pedido de la Secretaría de Trabajo. El gremio y FATAP retomarán las negociaciones la próxima semana, aunque la falta de acuerdo mantiene latente un nuevo conflicto.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro de colectivos de corta y media distancia previsto para este viernes 14 de agosto en todo el interior del país, luego de que la Secretaría de Trabajo solicitara al sindicato y a las empresas retomar las conversaciones salariales durante la próxima semana.
La decisión evita, por ahora, una jornada de interrupción total del transporte urbano e interurbano en las provincias. Sin embargo, la tregua será limitada: la conducción sindical dejó abierta la posibilidad de volver a las medidas de fuerza si no aparece una propuesta que permita cerrar la negociación.
El conflicto lleva más de tres meses sin una resolución y tiene como principal reclamo la equiparación de los salarios de los choferes del interior con la escala acordada para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, explicó que la falta de entendimiento con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) llevó al gremio a trasladar el reclamo al ámbito nacional. Según señaló, la audiencia terminó con un pedido de la cartera laboral para abrir una nueva instancia de diálogo.
“Suspendemos la medida para la solución a nuestro reclamo, que es el sueldo para el sostén de nuestra familia. La semana que viene debemos terminar con nuestro reclamo”, sostuvo Fernández.
La diferencia salarial entre los trabajadores metropolitanos y los del resto del país constituye uno de los puntos centrales del pugna. La UTA pretende extender a las provincias la grilla vigente en el AMBA, cuyos salarios básicos para los choferes avanzan hacia los $1,74 millones, además de viáticos y adicionales.
FATAP, en cambio, sostiene que las empresas del interior no cuentan con recursos suficientes para afrontar esa pauta. La entidad empresarial atribuye la brecha a la distribución de subsidios: mientras en el AMBA la asistencia estatal cubriría alrededor del 60% de los costos operativos, en las provincias no superaría el 10%.
Para las empresas, cualquier mejora salarial de esa magnitud requeriría mayores aportes nacionales y provinciales o un aumento de las tarifas para compensar la diferencia de financiamiento.
Con el paro suspendido, las negociaciones continuarán la próxima semana bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo. La UTA espera una propuesta concreta y advirtió que, si no se alcanza un entendimiento, el conflicto podría volver a traducirse en medidas de fuerza en el transporte público del interior.La definición tendrá impacto directo en las provincias, donde el servicio de colectivos constituye uno de los principales medios de movilidad cotidiana y donde las diferencias de financiamiento con el sistema metropolitano siguen condicionando la discusión salarial.
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El conflicto universitario se extiende y ADICUS prepara nuevas jornadas de paro
El conflicto universitario volverá a ocupar las aulas y dependencias de la Universidad Nacional de San Juan durante la próxima semana. Desde ADICUS confirmaron nuevas medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial y mayores recursos para las universidades públicas.
La resolución fue adoptada en el Congreso de CONADU Histórica, donde se definió desarrollar una semana completa de lucha. La propuesta impulsada desde San Juan contemplaba comenzar con un paro de 48 horas y avanzar progresivamente, pero la mayoría de los congresales optó por extender la protesta durante toda la semana, combinando jornadas de huelga con acciones de visibilización.
La secretaria gremial del gremio universitario, Edith Liquitay, explicó que no habrá necesariamente paro todos los días. Las jornadas sin actividad serán determinadas en coordinación con los trabajadores no docentes, siguiendo la modalidad implementada el miércoles 12 de agosto.
Durante esa medida conjunta, la adhesión alcanzó niveles elevados en distintas dependencias de la UNSJ. Según los datos proporcionados por Liquitay, en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento llegó aproximadamente al 90% durante el turno mañana y al 95% por la tarde, mientras que en otras unidades académicas se ubicó alrededor del 70%.
El reclamo salarial constituye uno de los principales motivos de la protesta. ADICUS sostiene que los incrementos acumulados para los trabajadores universitarios alcanzaron el 21,3%, mientras que la inflación del período habría generado una pérdida del 29,5%. Para el gremio, esa diferencia explica la decisión de profundizar las medidas.
El conflicto también alcanza al financiamiento de las universidades. la referente gremial cuestionó el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional en el acta firmada el 10 de junio y señaló que permanecería pendiente un 20% adicional destinado al funcionamiento de las casas de estudios, además de recursos para hospitales escuela y un aumento de las becas.
El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que realizó las transferencias correspondientes a gastos de personal y actualizaciones salariales y defiende el cumplimiento de las partidas previstas.
Mientras continúa la disputa, el Ejecutivo convocó a una nueva paritaria nacional para el 1 de septiembre. ADICUS considera insuficiente ese horizonte y apuesta a sostener la presión gremial para obtener respuestas antes de esa fecha.
La discusión excede las universidades y también llegó a la Justicia, donde los rectores reclaman el cumplimiento de los compromisos asumidos y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El próximo 4 de septiembre, además, está prevista una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional en Bariloche.
La continuidad de las medidas en San Juan dependerá de la coordinación entre docentes y no docentes, pero ADICUS ya anticipó que la próxima semana volverá a llevar la protesta universitaria al ámbito público.
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