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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Qué dice la presentación judicial de ATE

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

Fuente: Mundo Gremial

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La docencia sanjuanina acompaña a Patricia Quiroga tras la pérdida de su hija

La comunidad docente de San Juan recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Nancy Mayra Alaniz Quiroga, hija de Patricia Quiroga, referente de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP).

El deceso fue comunicado este martes por la organización sindical, que expresó públicamente sus condolencias a la dirigente y a sus familiares ante la irreparable pérdida.

A través de un mensaje difundido tras conocerse la noticia, UDAP manifestó su acompañamiento a Patricia Quiroga y a sus seres queridos, transmitiendo un mensaje de fortaleza para afrontar las horas de dolor provocadas por la muerte de su hija.

La noticia generó numerosas muestras de pesar entre integrantes de la comunidad educativa, dirigentes sindicales, docentes y allegados a la familia, que hicieron llegar su acompañamiento a Patricia Quiroga en este momento particularmente doloroso.

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Paro universitario: ADICUS y SiDUNSJ paralizan las aulas de San Juan

Los gremios docentes y nodocentes confirmaron una huelga nacional para este jueves 27 y viernes 28 de agosto. En San Juan, ADICUS y SiDUNSJ adherirán a la medida, que también cuenta con el respaldo de autoridades de la UNSJ, estudiantes y trabajadores. Reclaman la aplicación de la Ley 27.795, recomposición salarial, actualización de becas y mayores partidas para gastos de funcionamiento. La protesta alcanzará el dictado de clases en las facultades y los colegios preuniversitarios.

La huelga profundiza un conflicto que ya lleva más de 300 días y que tiene como reclamo principal la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento de las Universidades Nacionales. La norma, sancionada por el Congreso y posteriormente ratificada frente al veto presidencial, establece mecanismos de actualización para salarios, becas y partidas destinadas al funcionamiento de las instituciones.

El reclamo universitario también incorporó el cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Justicia. Autoridades de la UNSJ, representantes de ADICUS, SiDUNSJ, UDAP y APUNSJ, junto con la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ), habían advertido en una conferencia de prensa que el Gobierno nacional mantiene sin ejecutar disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario.

Entre los puntos exigidos figura la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El primero dispone la convocatoria a negociaciones salariales y la actualización de los ingresos de docentes y nodocentes de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor desde diciembre de 2023. El segundo establece mecanismos de recomposición para las becas estudiantiles.

Los gremios sostienen que los salarios acumulan un deterioro cercano al 40% al incorporar las últimas variaciones de precios y cuestionan, además, la ausencia de una negociación paritaria que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, afirmó que ya transcurrieron más de 10 meses sin aplicación de la ley y cuestionó que el Ejecutivo tampoco haya cumplido resoluciones judiciales vinculadas con el financiamiento.

El deterioro no se limita a las remuneraciones. Las universidades advierten sobre el aumento de los costos de servicios e insumos, que según las autoridades sanjuaninas llegó a incrementarse alrededor de un 600% sin una actualización equivalente de las partidas destinadas al funcionamiento. El problema alcanza también a los hospitales universitarios y a la continuidad de programas de investigación y formación.

La situación salarial genera, además, preocupación por la permanencia de profesionales especializados dentro del sistema público. Docentes con formación de posgrado y dedicación exclusiva enfrentan ingresos que, según estimaciones difundidas por autoridades universitarias, requieren recomposiciones superiores al 50% para recuperar el poder adquisitivo de diciembre de 2023.

A esto se suma la reducción denunciada en el universo de beneficiarios de becas estudiantiles. De acuerdo con los datos expuestos por representantes universitarios, la cantidad de beneficiarios habría descendido de aproximadamente 1,8 millones a 600.000 a nivel nacional, un recorte que las organizaciones vinculan directamente con el deterioro de las condiciones de permanencia y cursado.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, calificó de “inaudito” el incumplimiento de una norma sancionada por el Congreso y cuestionó que el Poder Ejecutivo no avance con las disposiciones reclamadas por la comunidad universitaria. Desde las organizaciones sindicales, en tanto, señalaron la gravedad institucional que atribuyen al incumplimiento de decisiones de la Corte Suprema.

La huelga fue ratificada por la FEDUN, CONADU y FATUN luego de una nueva instancia judicial de conciliación que no permitió destrabar el conflicto. El Frente Sindical Universitario resolvió avanzar con la medida junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), mientras las organizaciones preparan nuevas acciones de visibilización, movilizaciones y clases públicas.

En San Juan, el paro constituye el primer tramo de un esquema de protesta que las organizaciones universitarias anticipan como progresivo. La definición busca elevar la presión sobre el Gobierno nacional antes de la discusión presupuestaria de 2027 y reclamar una respuesta que permita recomponer los salarios y garantizar el funcionamiento de la UNSJ.

Con las aulas nuevamente vacías durante dos jornadas, la comunidad universitaria volverá a colocar el financiamiento de la educación superior entre las principales demandas sindicales y educativas. En San Juan, la adhesión de docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades refleja que el reclamo excede la discusión salarial y alcanza el sostenimiento cotidiano de la universidad pública.

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Con respaldo de 54 sindicatos, Cabello inicia otro mandato en la CGT San Juan

Eduardo Cabello continuará durante otros cuatro años al frente de la CGT Regional San Juan. El titular de la UOCRA fue reelegido este martes por aclamación durante el plenario realizado en la sede del SUOES, donde participaron 54 de los 64 sindicatos habilitados para votar.

La lista encabezada por Cabello recibió el respaldo de todos los gremios presentes y fue proclamada por Héctor Daer, secretario del Interior de la CGT nacional, quien viajó a San Juan para participar de la renovación de autoridades. La definición le permitirá al dirigente completar un nuevo período y alcanzar, al finalizarlo, 22 años como secretario General de la central obrera provincial.

La elección, sin embargo, estuvo precedida por una disputa que modificó la composición de la conducción. Siete sindicatos vinculados a la Mesa Intersindical resolvieron retirarse del plenario luego de que no prosperaran las negociaciones para conformar una lista de unidad. Al no integrar la nómina finalmente proclamada, quedaron fuera de los cargos de la nueva estructura.

Daer buscó relativizar el alcance de la ruptura y sostuvo que la central no quedó dividida formalmente. “No hay una CGT partida, se van a integrar después”, afirmó el dirigente nacional, quien también convocó a los gremios que se retiraron a regresar a la conducción y participar del debate interno.

Durante el plenario, Daer reivindicó además el peso institucional de la CGT y planteó que su objetivo era garantizar la renovación de autoridades de la central sanjuanina. “Puedo respetar a la Intersindical, pero vengo a organizar a la CGT San Juan”, sostuvo.

Cabello, por su parte, defendió la legitimidad del proceso y atribuyó la salida de los opositores a una decisión propia. “Hoy ganó el sindicalismo; quien haya ido por otro lado e intentó hacer una interna, perdió”, afirmó después de la elección.

El dirigente de la UOCRA remarcó que las autoridades debían ser elegidas de acuerdo con los estatutos y sostuvo que mantener la estructura administrativa en regla resulta indispensable para respaldar futuras acciones gremiales. “Primero hay que estar en regla, dentro de lo que el estatuto dice”, señaló.

La nueva conducción estará integrada, entre otros dirigentes, por Ricardo Cardozo, de STOTAC; Iván Malla, de AOMA; y Lilia Martín, de Luz y Fuerza. La renovación también introdujo modificaciones en varios cargos respecto de 2022.

Víctor Menéndez, del SUOES, pasó de la Subdelegación Regional a la Secretaría de Vivienda. En Luz y Fuerza, Carlos Zabaleta dejó la Subsecretaría Gremial para asumir la Secretaría de Asuntos Energéticos.

También hubo continuidad con cambios de denominación o representación. Héctor Marcelo Maldonado, de UTA, conservará la Secretaría de Transporte, AJEPROC SAN JUAN ocupará la Susecretaría de prensa y comunicación, mientras que Oscar Saffe continuará por ATSA en el área de Salud Laboral. STOTAC mantendrá su peso en la conducción a través de Cardozo y APOPS seguirá representado, aunque ahora por Montaño en reemplazo de Claudio Velázquez.

La nueva etapa comienza así con una conducción formalmente definida y una composición diferente a la de 2022. Cabello conserva el máximo cargo con el respaldo de los sindicatos que participaron del plenario, mientras la convocatoria de Daer a reincorporar a los gremios disidentes deja abierta la posibilidad de una futura recomposición de la estructura sindical sanjuanina.

El desafío inmediato para la nueva conducción será sostener la cohesión interna y preservar la capacidad de representación de la CGT frente a los reclamos laborales. Cabello resumió esa orientación al señalar que la central continuará trabajando para “tender puentes” y favorecer la generación de empleo.

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