El Gobierno de San Juan confirmó un aumento del 17,69% en el boleto del transporte público. La tarifa de primera sección pasará de $1.300 a $1.530, una suba de $230 que también estará acompañada por modificaciones en los valores de los recorridos hacia los departamentos del interior provincial.

La actualización fue comunicada este sábado por la Secretaría de Tránsito y Transporte, aunque todavía no tiene fecha de aplicación. El nuevo cuadro comenzará a regir una vez que el sistema SUBE complete la adecuación de sus registros. Hasta entonces, los pasajeros continuarán abonando los importes vigentes.

El nuevo cuadro tarifario para los trayectos interdepartamentales quedó definido de la siguiente manera: los viajes hacia Albardón, Pocito y 9 de Julio pasarán a costar $2.562,77, mientras que a San Martín y Angaco el boleto saldrá $2.894,27. Por su parte, trasladarse a Caucete y 25 de Mayo tendrá un valor de $4.182,02; a Zonda, $4.195,67; a Ullum, $5.826,79; y el tramo más costoso será hacia Sarmiento, con una tarifa de $6.171,04.

Las distancias más extensas tendrán los importes más elevados: llegar a Jáchal costará $25.691,41; a Valle Fértil, $38.530,73; y a Iglesia y Calingasta, $42.814,75. En cambio, se mantendrán sin cargo los boletos escolar y docente, además de los trasbordos.

La decisión llega después de varias semanas de discusiones sobre el financiamiento del transporte. Durante octubre, la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) había cuestionado la suficiencia de los recursos disponibles para sostener el servicio, afrontar los salarios, cubrir el combustible y mantener las unidades.

Aunque había trascendido que las empresas pretendían una tarifa de primera sección cercana a los $1.550, la entidad negó haber solicitado formalmente ese importe y sostuvo que el problema excedía el valor del boleto. Su propuesta se centraba en la necesidad de obtener más recursos, ya sea a través de un ajuste de tarifas, subsidios estatales o una combinación de ambos.

Según el comunicado oficial de la Secretaría de Tránsito y Transporte, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

• Primera sección: $1.530,00
• Escolar: gratuito
• Docente: gratuito
• Trasbordo: gratuito
• Albardón: $2.562,77
• Pocito: $2.562,77
• 9 de Julio: $2.562,77
• San Martín: $2.894,27
• Angaco: $2.894,27
• Caucete: $4.182,02
• 25 de Mayo: $4.182,02
• Zonda: $4.195,67
• Ullum: $5.826,79
• Sarmiento: $6.171,04
• Jáchal: $25.691,41
• Valle Fértil: $38.530,73
• Iglesia: $42.814,75
• Calingasta: $42.814,75

El titular del Sindicato Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones (Soeesit), Marcelo Trujillo, analizó el último acuerdo salarial, advirtió sobre la inquietud que generan las reestructuraciones empresariales y valoró la incorporación del gremio al programa provincial de viviendas. También respaldó la recorrida de la CGT Regional por los sindicatos.

La reconfiguración del mercado de las telecomunicaciones, con la fusión de Telecom y Telefónica y la reorganización de las operaciones, comenzó a generar inquietud entre los trabajadores sanjuaninos. Marcelo Trujillo, titular del Sooesit, advirtió que los rumores sobre posibles retiros y cambios en las estructuras empresariales alimentan la incertidumbre laboral, en un momento en que el gremio busca sostener el poder adquisitivo y garantizar mejores condiciones para sus afiliados.

Durante una entrevista con Mundo Laboral San Juan, el dirigente señaló que la reforma corporativa aún genera dudas respecto a la estructura operativa y el destino de ciertos canales de atención. En ese proceso también apareció Metrotel como nuevo operador, con parte de las prestaciones que pasarán a funcionar en la región de Cuyo.

Aunque San Juan no fue alcanzada directamente por algunos de esos traspasos, Trujillo señaló que existen líneas vinculadas con la provincia y que la falta de definiciones alimenta los temores. “El compañero empieza a sentir rumores de todos lados”, describió. La preocupación, remite a experiencias anteriores de privatización y reconversión, cuando los cambios tuvieron consecuencias sobre las plantillas laborales.

El gremialista también puso en valor la reciente visita de referentes de la CGT Regional San Juan a la sede del sindicato, en el marco de una recorrida impulsada por la Secretaría de Relaciones Institucionales. Eduardo Cabello y Alfredo Collado participaron del encuentro con la comisión directiva y delegados, en una reunión que se extendió durante más de dos horas.

Para Trujillo, la presencia de la central obrera en las organizaciones afiliadas responde a una necesidad concreta: fortalecer los vínculos entre los gremios y evitar que cada sindicato afronte sus dificultades de manera aislada. Consideró que los trabajadores necesitan sentirse acompañados tanto por sus propias conducciones como por la institución que los representa en el ámbito regional y nacional.

En la reunión también se abordaron el endeudamiento de los trabajadores y las dificultades económicas que atraviesan los hogares. El titular del gremio de las telecomunicaciones en San juan calificó el encuentro como positivo y valoró que los afiliados pudieran plantear directamente sus inquietudes ante los representantes de la central.

En materia salarial, Trujillo informó que el último entendimiento paritario contempla una suma fija equivalente al 3,6% mensual para noviembre y diciembre. Según precisó, el acuerdo tiene una aplicación diferenciada: representa el 60% para uno de los convenios y el 100% para el correspondiente a las empresas de telefonía móvil.

El represntate gremial defendió el pago mensual de esos importes frente a las modalidades que distribuyen las sumas en cuotas, porque considera que así los trabajadores disponen del dinero en el momento en que deben afrontar sus gastos. Aunque reconoció que la mejora no alcanza para compensar plenamente el aumento del costo de vida, sostuvo que constituye un alivio frente a los gastos de alquiler, alimentos y transporte. “Podemos haber bajado en la macro la inflación, pero en el bolsillo del trabajador el gasto sigue aumentando”, planteó.

Otro de los anuncios valorados por el gremio fue su incorporación al programa provincial de construcción de barrios destinados a organizaciones sindicales. Trujillo definió la noticia como la concreción de una aspiración que el sindicato sostenía desde hacía tiempo y que permitirá avanzar hacia una solución habitacional para sus afiliados.

La inclusión en la operatoria del Instituto Provincial de la Vivienda constituye el primer paso. Según explicó, ahora deberán iniciar los trámites administrativos ante el organismo y aguardar las definiciones sobre la ejecución de las obras y los plazos de entrega, que dependerán de la programación correspondiente.

Al cerrar la entrevista, Trujillo advirtió que la agenda del Soeesit combina así tres prioridades inmediatas: defender los ingresos, despejar las dudas sobre el futuro laboral en una industria en transformación y avanzar en el acceso a la vivienda propia.

La pérdida salarial, la violencia en las escuelas y la falta de condiciones adecuadas para enseñar confluyeron en una protesta nacional que tuvo como detonante el asesinato de Nancy Estela Godoy, directora suplente de una escuela rural de Corrientes. El paro de 24 horas convocado por CTERA expuso una crisis que excede el reclamo de justicia por el crimen y alcanza las condiciones laborales y el deterioro de los ingresos docentes.

Un cálculo elaborado mediante la plataforma DatoPuro estimó que, entre fines de 2024 y agosto de 2026, el poder adquisitivo de los salarios docentes cayó un 23,7%. La pérdida acumulada llegó a $4.810.568,16, una cifra equivalente a 4,1 salarios de referencia. El dato refleja el impacto de la inflación sobre los ingresos y la distancia entre las remuneraciones y el costo efectivo de vida.

El reclamo adquirió mayor gravedad tras conocerse las condiciones en las que trabajaba Godoy. La docente había advertido en agosto a las autoridades correntinas sobre el deterioro de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal: bancos rotos, paredes descascaradas, sanitarios obstruidos y residuos acumulados. Debido a las condiciones del establecimiento, no podía permanecer allí durante la noche y debía trasladarse a caballo durante unas tres horas hasta la vivienda de una vecina.

La conmoción por el crimen se sumó a otro episodio de violencia ocurrido en San Nicolás de los Arroyos, donde una profesora terminó hospitalizada después de ser golpeada y arrastrada por una alumna, tras pedirle que dejara de utilizar el teléfono celular durante la clase. Ambos hechos reforzaron la advertencia gremial sobre la desprotección que enfrentan quienes trabajan en las aulas.

Durante la movilización en el Obelisco y frente a la Casa de Corrientes, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, reclamó justicia y cuestionó el debilitamiento de las políticas públicas destinadas a la educación. «No hay presupuesto para la educación», afirmó, al señalar que el debate presupuestario se desarrolla sin paritaria nacional docente ni fondos específicos para el área.

Alesso también mencionó los 129 femicidios registrados en lo que va del año, según las cifras citadas durante la protesta, y vinculó la situación con la reducción de políticas estatales de protección. La conducción sindical reclamó garantías para el ejercicio de la docencia, especialmente en establecimientos rurales, donde las distancias, la infraestructura deficiente y la escasez de recursos agravan la exposición de los trabajadores.

Desde Junín, la secretaria general de UDOCBA, Cecilia Paolizzi, describió un deterioro que, a su juicio, también alcanza el reconocimiento social de la profesión. Advirtió sobre las agresiones de alumnos y familiares, además de las decisiones gubernamentales que afectan al magisterio. «El docente tiene que ser cuidado, con buenos salarios y con medidas que lo protejan», sostuvo.

La protesta dejó expuesta una convergencia de reclamos que compromete tanto las condiciones materiales de las escuelas como la autoridad y la integridad de quienes enseñan. La recomposición de los ingresos, la prevención de la violencia y la garantía de establecimientos seguros quedaron planteadas como obligaciones centrales para el Estado.