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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Qué dice la presentación judicial de ATE

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

Fuente: Mundo Gremial

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Minería y empleo: el acuerdo de Vicuña con UOCRA mejora los salarios en la cordillera

Los trabajadores de la construcción que participen en las obras del proyecto Vicuña, en la alta cordillera de San Juan, tendrán una remuneración superior a la prevista para una obra convencional. Según fuentes gremiales consultadas tras el acuerdo firmado entre la compañía y la UOCRA, los adicionales establecidos para las condiciones particulares de la montaña llevarán el ingreso aproximadamente un 40% por encima del esquema habitual.

La cifra no figura en el comunicado oficial difundido por Vicuña, que sí confirma la incorporación de adicionales vinculados con las tareas en altura y compensaciones asociadas a los sistemas de trabajo o rosters que se implementarán durante la construcción. El entendimiento fue suscripto en Buenos Aires por el CEO de Vicuña, Ron Hochstein; el Country Director de la compañía en Argentina, José Morea; y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez.

Un régimen específico para la alta cordillera

El convenio establece criterios comunes para las empresas contratistas y subcontratistas que participen en las distintas etapas de construcción de Josemaría y Filo del Sol, los dos grandes depósitos que integran Vicuña. Las tareas se desarrollarán en zonas ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, con exigencias operativas y climáticas diferentes a las de una obra convencional.

El pacto complementa las condiciones previstas en el convenio colectivo de la construcción y busca evitar que las condiciones laborales queden sujetas a acuerdos diferentes con cada contratista. El plus por altura y las compensaciones relacionadas con los rosters constituyen, en ese sentido, los principales componentes diferenciales del esquema acordado.

La referencia salarial del 40% debe interpretarse dentro de esas condiciones específicas. No significa que todos los trabajadores vinculados al proyecto perciban automáticamente el mismo porcentaje adicional en cualquier circunstancia: la remuneración dependerá de la tarea, categoría y modalidad de contratación, mientras que los beneficios particulares estarán asociados a las características del trabajo en la cordillera.

Un antecedente para las futuras obras mineras

El consenso adquiere especial relevancia para San Juan porque puede convertirse en un punto de referencia para las negociaciones que la UOCRA mantenga con otras compañías mineras. Fuentes gremiales señalan que el acuerdo constituye un antecedente para discutir condiciones laborales en nuevos emprendimientos de cobre, aunque los porcentajes y adicionales no necesariamente serán idénticos en otros yacimientos.

La construcción minera comienza así a incorporar reglas específicas en una provincia que concentra varios de los principales proyectos cupríferos del país. En el caso de Vicuña, la iniciativa contempla una inversión inicial estimada en US$9.700 millones, con el inicio de la construcción previsto para 2027 y una demanda de aproximadamente 12.000 empleos directos durante el pico de las obras, según información difundida sobre el proyecto.

La preparación de mano de obra ya forma parte de esa etapa previa. Vicuña y la Fundación UOCRA acordaron en septiembre capacitaciones en oficios, soldadura, electricidad, montaje y operación de maquinaria pesada, con el propósito de ampliar la disponibilidad de trabajadores formados para las futuras necesidades de construcción.

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Jorge Sola alertó por el “mal humor social” y cuestionó los personalismos del peronismo

El integrante del triunvirato de la CGT advirtió sobre un creciente descontento social y expresó su preocupación por el descreimiento en la política. De cara a 2027, cuestionó los personalismos dentro del peronismo, reclamó una convocatoria más amplia y sostuvo que la dirigencia debe recuperar capacidad de representación.

Sola distinguió tres comportamientos dentro del electorado: quienes mantienen un respaldo firme al Gobierno, quienes se oponen de manera igualmente definida y un tercer grupo al que denominó “ningunismo”. Para el dirigente del Sindicato del Seguro, esa última franja constituye uno de los principales desafíos para la representación política porque no se limita a definir una preferencia electoral, sino que puede derivar en desinterés por participar de los comicios.

“Tenés un doble problema. No solo tenés que convencer a alguien que te vote, sino que tenés que convencerla que vaya a votar”, sostuvo Sola en declaraciones periodísticas, al referirse a lo que considera una pérdida de confianza en las estructuras partidarias.

La crítica al peronismo y los personalismos

El dirigente sindical trasladó ese diagnóstico al funcionamiento del Partido Justicialista. Sola planteó que el peronismo conserva una tradición favorable a las coaliciones, pero cuestionó que esa capacidad de articulación haya quedado condicionada por liderazgos individuales.

“El espíritu de coalición y frentista es afín al peronismo”, señaló. A su entender, el problema comenzó cuando distintas conducciones buscaron interpretar al movimiento desde perspectivas cada vez más personalistas. Esa lógica, sostuvo, termina dificultando la incorporación de dirigentes y organizaciones que podrían participar de una construcción política más amplia.

La crítica incluye también al funcionamiento institucional del PJ. Sola afirmó que nunca fue convocado por las autoridades partidarias para aportar la mirada de los trabajadores y cuestionó que los partidos políticos hayan quedado reducidos, según su interpretación, a estructuras que recuperan protagonismo principalmente durante los procesos electorales.

“El peronismo tiene que ser generoso a la hora de convocar como lo hizo muchísimas veces, pero tiene que ser generoso a la hora de conducir”, planteó. La observación apunta a una diferencia que considera central: ampliar una coalición para ganar una elección no alcanza si luego las decisiones quedan concentradas dentro de una única estructura partidaria.

Una coalición más amplia

Sola también se pronunció a favor de una construcción que reúna a distintas fuerzas con coincidencias programáticas. La propuesta no se limita al PJ, sino que plantea la posibilidad de conformar un espacio capaz de incorporar dirigentes y organizaciones provenientes de otras tradiciones políticas.

El dirigente ya había planteado durante 2026 que el peronismo resulta necesario para cualquier alternativa opositora, pero que, a su entender, no alcanza por sí solo para construir una propuesta política amplia.

Su planteo se inscribe además en una etapa en la que la CGT procura preservar autonomía institucional mientras sus principales dirigentes intervienen cada vez con mayor frecuencia en discusiones sobre el rumbo económico, laboral y político del país. Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello integran desde noviembre de 2025 el triunvirato que conduce la central obrera.

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Universidades: los nodocentes harán 15 días de paro hasta la Marcha Federal

Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales profundizarán el conflicto con un esquema de 15 jornadas de paro de 24 horas, que se extenderá durante las próximas semanas y tendrá como fecha de referencia la Quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre.. El reclamo incluye salarios, presupuesto y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), encabezado por su secretario general, Walter Merkis, junto con la Mesa Ejecutiva y representantes de los sindicatos que integran la organización.

A diferencia de una huelga simultánea en todas las casas de estudios, el cronograma será distribuido entre las organizaciones de base de cada universidad. De ese modo, las jornadas de lucha se sucederán de manera escalonada hasta la movilización nacional prevista para octubre.

Salarios, presupuesto y Ley de Financiamiento

La resolución sindical se produce después del fracaso de las negociaciones salariales con el Gobierno nacional y en medio de un conflicto que combina la recomposición de los ingresos con el financiamiento de las universidades.

Entre las principales demandas de FATUN figura la aplicación plena de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y Nodocente. La norma establece mecanismos de actualización salarial y contempla disposiciones vinculadas con los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones.

Para la federación, el financiamiento resulta determinante para sostener las tareas universitarias y las condiciones laborales de quienes cumplen funciones administrativas, técnicas, profesionales, asistenciales y de mantenimiento dentro de las universidades públicas.

Hacia la quinta Marcha Federal

El calendario de huelgas desembocará en una nueva movilización nacional el 15 de octubre, que será la quinta Marcha Federal Universitaria. El llamamiento reunirá a organizaciones del ámbito docente y nodocente en defensa del financiamiento de las universidades nacionales.

FATUN citó a sus sindicatos a fortalecer la participación y a ampliar el debate público sobre el presupuesto universitario. La federación también planteó que la movilización debe expresar el reclamo por el cumplimiento de la legislación vigente y por recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

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