ATE solicitó a la Justicia que declare inconstitucional el capítulo de empleo público de la Ley Bases
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.
El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.
“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.
El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.
“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.
En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.
El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.
Qué dice la presentación judicial de ATE
El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.
Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.
Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.
Fuente: Mundo Gremial
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Marcelo Trujillo: “La CGT tiene fuerza porque cada sindicato hace su trabajo”
El secretario general del sindicato que representa a los trabajadores telefónicos en San Juan, Marcelo Trujillo, analizó en Mundo Laboral SJ el nuevo acuerdo salarial alcanzado con las grandes compañías de telecomunicaciones, los efectos de los cambios normativos sobre los convenios y el futuro de los empleos frente a la expansión de la fibra óptica, la digitalización y la automatización. También respaldó la nueva conducción de la CGT San Juan y reclamó unidad sindical para afrontar una etapa de profundas transformaciones.
Una paritaria condicionada por la inflación
Los trabajadores telefónicos atraviesan una nueva negociación salarial con Claro, Movistar y Personal, en un escenario marcado por aumentos que buscan recomponer parcialmente el poder adquisitivo frente a la inflación y por modificaciones en las reglas que alcanzan a los convenios colectivos.
Trujillo explicó que el acuerdo contempla incrementos para los próximos meses, además de sumas fijas y componentes vinculados con las condiciones convencionales. Sin embargo, advirtió que la discusión salarial continúa condicionada por la referencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una dinámica que obliga a las organizaciones sindicales a negociar sobre valores que muchas veces llegan con posterioridad al aumento de los precios.
“Tenemos que jugar con el IPC”, señaló el dirigente, al remarcar que las negociaciones se realizan sobre una inflación ya ocurrida. Para los trabajadores, el desafío continúa siendo evitar que la actualización nominal de los salarios vuelva a quedar por debajo del costo de vida.
Pero la discusión no se limita al porcentaje de aumento. Trujillo puso el foco también sobre las modificaciones introducidas por la normativa laboral en materia de descuentos y conceptos convencionales, cuestiones que obligan a revisar mecanismos que durante años formaron parte de los acuerdos entre empresas y sindicatos.
Uno de los puntos que mencionó es el tratamiento de determinadas sumas convencionales y su eventual consideración como conceptos mensuales y habituales. Allí aparece una cuestión particularmente sensible: el aguinaldo, que por definición se abona dos veces al año.
El dirigente sostuvo que los sindicatos deberán encontrar junto con las empresas mecanismos que permitan preservar esos derechos y evitar que las nuevas disposiciones terminen afectando ingresos que los trabajadores ya tenían incorporados.
La discusión se extiende además a los convenios colectivos. Según explicó Trujillo, mientras algunos continúan vigentes, en distintas ramas comenzaron a plantearse modificaciones o renegociaciones a partir del vencimiento de acuerdos anteriores.
De la telefonía fija a un mundo conectado
Más allá de la paritaria, el cambio más profundo que atraviesa a los trabajadores telefónicos está relacionado con la propia transformación de las telecomunicaciones.
El represntante gremial sostuvo que la reconversión comenzó mucho antes de la actual expansión de la inteligencia artificial y la automatización. Para los trabajadores telefónicos, el proceso se inició con las privatizaciones y continuó con la incorporación progresiva de nuevas tecnologías.
La comparación permite dimensionar la magnitud del cambio. Décadas atrás, el trabajo estaba asociado fundamentalmente al teléfono fijo y las redes de cobre. Luego llegó el ADSL, más tarde la fibra óptica y, con ella, una infraestructura capaz de transportar internet, aplicaciones y una multiplicidad de servicios digitales.
“El módem puede terminar manejando todo”, explicó Trujillo, al describir una realidad que ya dejó de pertenecer al terreno de la ciencia ficción: cámaras de seguridad, televisores, electrodomésticos y otros dispositivos conectados a una misma red.
A ese proceso se suma ahora la expansión de nuevas tecnologías, automatización y sistemas cada vez más sofisticados. Para el dirigente, esa evolución obliga a los trabajadores a capacitarse y modificar sus conocimientos de manera permanente.
“Somos la profesión que más se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías”, afirmó.
La transformación también tiene un costo laboral. El gremialista reconoció que las empresas ya no tienen las mismas dotaciones de personal que tenían antes de las privatizaciones y que la reducción de puestos se ha producido de manera sostenida.
Frente a ese proceso, la organización sindical busca combinar la defensa de los puestos existentes con la reconversión de trabajadores hacia nuevas funciones.
“No somos la misma cantidad desde las privatizaciones”, admitió. Al mismo tiempo, señaló que la tarea sindical consiste en procurar recuperar parte del empleo perdido, capacitar a quienes permanecen y encontrar nuevas funciones vinculadas con la evolución tecnológica.
El desafío de la CGT después de la reelección de Cabello
La entrevista también tuvo como protagonista a la CGT Regional San Juan, que acaba de renovar su conducción con Eduardo Cabello al frente y con un fuerte respaldo de las organizaciones sindicales que participaron de la elección.
Trujillo destacó que la conducción no debe entenderse exclusivamente a partir de quien ocupa la Secretaría General. Para el dirigente telefónico, la central obrera representa al conjunto de sindicatos que la integran y su fortaleza depende de la capacidad de cada organización para defender a sus trabajadores.
Según precisó, de los 64 gremios que integran la estructura, 54 estuvieron en condiciones de participar de la votación y respaldar la nueva conducción.
“La CGT es la conjunción de todos los gremios”, sostuvo, y remarcó que la representación colectiva adquiere mayor fuerza cuando cada sindicato cumple con su propia responsabilidad.
Definir esto es fundamental hoy, cuando se discuten los salarios, cambian las relaciones de trabajo y se reforman los derechos de los convenios.
Unidad sindical y diálogo interno
Trujillo también respaldó el llamado de Cabello a mantener abierta la puerta al diálogo con otros espacios sindicales.
Para el dirigente telefónico, las diferencias internas forman parte de cualquier estructura gremial, pero no deberían impedir la construcción de acuerdos cuando existe voluntad de diálogo y respeto.
“Las ropitas se lavan en casa”, graficó al referirse a las discusiones internas, y sostuvo que la unidad sindical no implica ausencia de diferencias, sino capacidad para procesarlas dentro de las propias organizaciones.
El objetivo común, planteó, debe estar por encima de las diferencias personales: defender el empleo, preservar los derechos laborales y evitar que las modificaciones impulsadas en materia normativa terminen debilitando las conquistas obtenidas durante décadas, concluyó.
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Las universidades paran el 8 de septiembre por salarios y financiamiento
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a una huelga de 24 horas para el martes 8 de septiembre. La medida reunirá a docentes y nodocentes y responde al reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las universidades nacionales volverán a parar el martes 8 de septiembre, luego de que los gremios docentes y nodocentes rechazaran la última propuesta salarial del Gobierno y resolvieran profundizar las medidas de fuerza.
La convocatoria fue realizada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y reúne a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN. La participación de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales incorpora al personal nodocente, por lo que la huelga alcanzará tanto las tareas académicas como administrativas, técnicas y de servicios.
La nueva huelga de 24 horas se suma a la realizada el pasado miércoles 2 de septiembre. Los dos ejes del reclamo son la recuperación del poder de compra de los salarios y el respeto a la Ley de Financiamiento Universitario
La decisión sindical llegó posterior a la reunión mantenida el 1 de septiembre con representantes del Gobierno. El Ministerio de Capital Humano ofreció un 3% de aumento para septiembre y ratificó otro 3% para octubre. Sin embargo, las organizaciones cuestionaron que el segundo tramo ya había sido acordado en junio y consideraron insuficiente la propuesta frente al deterioro acumulado de los ingresos.
Desde CONADU, conducida por Clara Chevalier, plantearon una recomposición del 31,2%, además de la incorporación de la inflación de agosto y el pago de salarios adeudados. La agenda gremial incluye también reclamos vinculados con el FONID, las escuelas preuniversitarias y la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo.
Para los gremios, la diferencia entre la oferta oficial y sus pretensiones impide cerrar la negociación paritaria. El conflicto salarial se entrelaza, además, con una disputa más amplia por los recursos destinados al sistema universitario y por la implementación de la legislación aprobada para garantizar su financiamiento.
La nueva jornada de lucha trasladará nuevamente el reclamo a las universidades de todo el país y pondrá a docentes y nodocentes bajo una misma medida de fuerza. La continuidad de las huelgas refleja la falta de acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones gremiales sobre salarios y financiamiento, mientras la negociación permanece abierta y sin una fecha cierta de resolución.
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Más de 12.000 personas se anotaron para ingresar al Poder Judicial de San Juan
El concurso de ingreso al Poder Judicial de San Juan cerró este viernes con con una cifra récord de 12.293 inscriptos. Del total, 11.518 corresponden a la Primera Circunscripción y 775 a Jáchal e Iglesia. El proceso tendrá cinco instancias eliminatorias antes de la entrevista final.
El registro finalizó este viernes 4 de septiembre a las 12 y dejó una marcada diferencia entre las dos circunscripciones. 11.518 postulantes corresponden a la Primera Circunscripción Judicial, mientras que 775 se inscribieron para la Segunda, que comprende los departamentos Jáchal e Iglesia.
Concluida la etapa de inscripción, la atención estará puesta ahora en la organización de las evaluaciones. La Escuela Judicial y la Dirección de Recursos Humanos deberán definir el cronograma, los turnos y la distribución de los miles de aspirantes que participarán de las distintas pruebas.
El concurso contempla cinco instancias eliminatorias. La primera será una prueba de dactilografía: cada postulante deberá transcribir correctamente un texto de 100 palabras en un máximo de cuatro minutos. La evaluación exigirá precisión en la reproducción.
La segunda instancia será de ortografía. Los participantes recibirán un texto con errores y dispondrán de cinco minutos para corregirlos. Para continuar deberán resolver correctamente al menos el 70% de las equivocaciones.
Superadas esas pruebas llegará una capacitación obligatoria, organizada como un curso académico asincrónico de nueve módulos sobre estructura y funcionamiento del Poder Judicial, normativa y contenidos jurídicos. Cada módulo tendrá unos 50 minutos de material audiovisual y preguntas de entrenamiento. Será necesario alcanzar un 70% de respuestas correctas en cada uno para completar la capacitación y obtener el certificado habilitante.
La cuarta instancia será el examen de conocimientos, compuesto por 100 preguntas que deberán responderse en 75 minutos. El requisito para aprobar será alcanzar al menos 71 respuestas correctas. Los contenidos estarán incluidos en el manual elaborado por el Poder Judicial y disponible en el micrositio oficial del concurso.
Finalmente, quienes superen todas las evaluaciones accederán a una entrevista personal con el Gabinete Técnico, destinada a completar el proceso de selección mediante la elaboración de un perfil de cada postulante.
Las pruebas se desarrollarán en la sede académica del Poder Judicial ubicada en el edificio del Sirio Libanés, sobre calle Entre Ríos, antes de avenida Libertador. El establecimiento dispone de 40 computadoras conectadas en red, configuradas exclusivamente con el sistema operativo y la plataforma del concurso.
La elevada cantidad de inscriptos obligará a organizar evaluaciones sucesivas en grupos de 40 personas, con turnos durante la mañana y la tarde. Cada postulante recibirá por correo electrónico la fecha y el horario asignados para rendir.
El Poder Judicial también informó que se implementarán adecuaciones para las personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar su participación en igualdad de condiciones durante las distintas instancias.
Con los aspirantes registrados, el concurso se convirtió en una de las convocatorias de mayor magnitud de los últimos años dentro de la Justicia sanjuanina. El próximo paso será establecer el cronograma que pondrá en marcha un proceso de selección diseñado para evaluar conocimientos, capacidades técnicas y aptitudes personales antes de definir los nuevos ingresos.
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