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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Qué dice la presentación judicial de ATE

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

Fuente: Mundo Gremial

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Prepagas: los aumentos de septiembre volverán a superar la inflación

Las principales empresas de medicina prepaga aplicarán subas de entre 1,9% y 3,1% desde septiembre. En lo que va del año, las cuotas acumulan una suba de hasta 21%, por encima del 19,3% registrado por la inflación.

Las principales empresas de medicina prepaga ya comunicaron los incrementos que aplicarán a sus cuotas durante septiembre, con ajustes que llegarán hasta el 3,11% y volverán a ubicarse por encima del índice de precios acumulado durante 2026.

Swiss Medical encabezará la lista con una actualización del 3,11%, seguida por Omint, con 2,9%. En OSDE, el incremento oscilará entre 1,9% y 2,3%, mientras que Galeno aplicará subas de entre 2,3% y 2,8%. El Hospital Alemán elevará sus cuotas 2,36% y el Hospital Italiano, 2,1%.

El nuevo ajuste se suma a una evolución que ya supera el ritmo general de los precios. Las cuotas acumulan desde enero un incremento promedio de entre 20% y 21%, frente al 19,3% de inflación registrado durante los primeros siete meses del año. La diferencia alcanza aproximadamente 1,7 puntos porcentuales.

La distancia se amplió especialmente durante el segundo trimestre. En abril, las prepagas aumentaron 2,9%, frente a una inflación mensual de 2,6%; en mayo, 3,4% contra 2,1%; y en junio, 2,6% frente a 1,9%.

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Garrafa Hogar amplía los operativos y llegará a seis departamentos

El programa provincial recorrerá Santa Lucía, 9 de Julio, Chimbas, Rawson, Calingasta y 25 de Mayo entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre. Ya se comercializaron más de 16.000 unidades, frente a las 10.000 de todo 2025.

La próxima semana, los puntos de comercialización estarán distribuidos en Santa Lucía, 9 de Julio, Chimbas, Rawson, Calingasta y 25 de Mayo, con precios de $20.000 para la garrafa de 10 kilos y $30.000 para la de 15 kilos.

La continuidad de la iniciativa responde a la elevada demanda registrada durante los últimos meses. Según datos de la Dirección de Defensa al Consumidor, ya fueron comercializadas más de 16.000 garrafas, mientras que durante todo 2025 se habían vendido unas 10.000 unidades.

El recorrido comenzará el lunes 31 de agosto en Santa Lucía, con atención de 9 a 11 en la Unión Vecinal Villa Balcarce y de 11.30 a 13.30 en el SUM de Villa Alba.

El martes 1 de septiembre será el turno de 9 de Julio, con puestos en la Plaza Chacritas, de 10 a 11, y en la Plaza Independencia de Villa Cabecera, de 11.30 a 12.30.

El miércoles 2, el operativo llegará a Chimbas, con paradas en la Plaza San Cayetano y la Unión Vecinal Villa El Salvador.

Rawson concentrará cuatro puntos de venta el jueves 3 de septiembre: Unión Vecinal Villa San Miguel, calle Florida 174 del barrio Güemes, Plaza Serranías del Sur y Plaza Villa San Damián.

El viernes 4, la propuesta se trasladará a Calingasta, donde habrá cinco puntos de atención entre Villa Calingasta, Tamberías, Sorocayense y Barreal. Ese mismo día, dentro del operativo San Juan Cerca, se venderán garrafas de 11 a 12 en la Escuela Florencia Nightingale de La Chimbera, en 25 de Mayo.

Con la ampliación del cronograma, el Gobierno provincial busca sostener una alternativa de acceso al gas envasado a valores inferiores a los habituales de mercado, mientras la demanda mantiene un ritmo superior al registrado durante el año pasado.

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El paro nacional universitario tuvo un acatamiento casi total

La Federación de Docentes de las Universidades señaló que la medida iniciada durante el jueves tuvo una adhesión casi total y continuará este viernes. El gremio reclama la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial y mayores recursos para las casas de altos estudios.

La medida incluye cese de tareas, clases públicas, movilizaciones y acciones de visibilización en distintas instituciones. Según FEDUN, el reclamo se produce después de más de 300 días desde la entrada en vigencia de la ley, sin que se hayan concretado sus disposiciones centrales.

El secretario general de la federación, Daniel Ricci, sostuvo que la adhesión demuestra la magnitud de la demanda dentro de la comunidad universitaria y advirtió que el incumplimiento de la normativa profundiza el deterioro de los ingresos, las becas y los recursos destinados al funcionamiento de las universidades.

Uno de los principales reclamos está vinculado con el poder adquisitivo. Un informe elaborado por FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación, Ciencia y Tecnología (CIICTI) estima que los salarios universitarios acumulan una pérdida real del 23,8% desde noviembre de 2023. Para recuperar el nivel de compra de entonces, según ese estudio, sería necesario un incremento del 31,2%.

La federación también solicita financiamiento para becas, funcionamiento universitario, ciencia y tecnología. Para sus autoridades, la discusión excede la actualización de haberes y alcanza las condiciones necesarias para sostener la enseñanza, la investigación y la permanencia de los estudiantes.

El paro concluirá este viernes con nuevas acciones en las universidades nacionales. Desde FEDUN ratificaron la continuidad de sus demandas hasta recibir una contestación del Ejecutivo, señalando que la plena vigencia del marco legal actual se mantiene como el eje central del conflicto.

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