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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Qué dice la presentación judicial de ATE

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

Fuente: Mundo Gremial

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El dolor unió a San Juan en la despedida a los héroes de la tragedia aérea

Una multitud acompañó la misa en la Catedral, el recorrido por las instituciones donde prestaron servicio y el sepelio en el Cementerio de Capital. El homenaje estuvo marcado por el dolor, los honores oficiales y el reconocimiento a quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones vinculadas a la protección de la comunidad.

San Juan vivió este sábado una de las jornadas más conmovedoras de su historia reciente al despedir a Carlos Heredia, director de Protección Civil; Marcelo Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe del Cuerpo de Bomberos; y Jorge Carbajal, segundo jefe de esa división, quienes murieron el miércoles en el accidente del helicóptero que se precipitó en Valle Fértil cuando se dirigía hacia La Rioja para intervenir en un incendio forestal.

Desde las primeras horas de la mañana, familiares, compañeros de trabajo, integrantes de las fuerzas de seguridad, autoridades provinciales y cientos de sanjuaninos colmaron la Catedral San Juan Bautista para participar de la misa de exequias, luego de la capilla ardiente que durante el viernes permitió a la comunidad brindar un último saludo a las víctimas.

El siniestro también provocó la muerte del piloto Matías Valenzuela y de los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Todos integraban el operativo destinado a fortalecer la respuesta frente a incendios forestales y otras emergencias.

Concluida la ceremonia religiosa, los féretros fueron retirados entre un prolongado aplauso de los presentes mientras repicaban las campanas de la Catedral y la Banda de Música de la Policía interpretaba la Marcha Fúnebre. Primero fue despedido Heredia, seguido por Videla, Castro y Carbajal, en un clima de profundo recogimiento.

El cortejo recorrió luego algunos de los lugares que marcaron la trayectoria profesional de las víctimas. La primera parada fue la Central de Policía, donde efectivos de distintas dependencias tributaron un último homenaje a Marcelo Germán Videla. Más tarde, el convoy pasó por la sede de Protección Civil para despedir a Carlos Heredia y continuó hacia el Cuartel de Bomberos de la Policía, donde colegas, personal retirado y miembros de distintos cuerpos de bomberos rindieron honores a Rubén Castro y Jorge Carbajal.

La última etapa del recorrido culminó en el Cementerio de Capital. Allí, una multitud esperaba el ingreso del cortejo para participar de la ceremonia final antes del traslado de los féretros al Panteón Provincial.

Durante el acto se escucharon palabras cargadas de emoción. Un integrante de la fuerza recordó a sus compañeros con un mensaje que conmovió a todos los presentes al evocar las vivencias compartidas y el vacío que deja su partida. Su despedida concluyó con una frase que sintetizó el sentimiento colectivo: «Despedimos hermanos. Descansen en paz».

El momento de mayor solemnidad llegó con la interpretación de El Toque del Silencio, ejecutada por la Banda de Música de la Policía de San Juan como homenaje fúnebre, mientras familiares, compañeros y vecinos acompañaban en silencio los últimos instantes de la ceremonia.

La despedida puso fin a tres días de duelo que movilizaron a toda la provincia. El accidente aéreo no solo enluta a las familias de las siete víctimas fatales, sino también a las instituciones encargadas de la protección civil, la seguridad y el combate de incendios, que perdieron a profesionales de extensa trayectoria y reconocida vocación de servicio.

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Crece el rechazo a la ley de extranjerización de tierras y anuncian nuevas protestas

La CGT, las dos CTA y la UTEP confirmaron movilizaciones para el 6 y 7 de agosto. El primer reclamo será frente al Senado, donde se debatirá la reforma de la Ley de Tierras Rurales, mientras que al día siguiente participarán de la tradicional marcha de San Cayetano hacia Plaza de Mayo.

La CGT, las CTA y la UTEP convocan a dos marchas contra la ley de tierras del Gobierno
La conflictividad entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical sumará un nuevo capítulo la próxima semana. La CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunciaron una doble jornada de movilización para rechazar el proyecto oficial que modifica la Ley de Tierras Rurales y para volver a reclamar cambios en la política económica impulsada por la administración de Javier Milei.

La primera convocatoria será el jueves 6 de agosto frente al Congreso, en coincidencia con la reanudación del debate en el Senado sobre la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Un día después, el viernes 7, las organizaciones volverán a las calles en el marco de la tradicional peregrinación de San Cayetano, con una concentración que culminará en Plaza de Mayo.

La propuesta oficial introduce cambios sustanciales en la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Entre sus puntos más discutidos elimina el límite del 15% para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras y suprime las restricciones que impedían la adquisición de grandes extensiones en zonas productivas. El Gobierno sostiene que las modificaciones permitirán atraer inversiones y fortalecer la seguridad jurídica, mientras que sus detractores advierten que comprometen el control nacional sobre recursos considerados estratégicos.

La iniciativa también reforma el régimen de expropiaciones, estableciendo indemnizaciones calculadas sobre el valor de mercado, con un tope para el lucro cesante, y condiciona la transferencia del dominio al pago efectivo de la compensación. A ello se suma la incorporación de procedimientos judiciales más rápidos para los desalojos y la derogación de disposiciones de la Ley de Manejo del Fuego que impedían modificar el destino de tierras afectadas por incendios durante un plazo de treinta años.

El rechazo excedió el ámbito sindical. Diversas organizaciones sociales y rurales se integraron a la denominada Coalición Federal en Defensa de la Tierra y a la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda, que durante los últimos días impulsaron radios abiertas, campañas de recolección de firmas, encuentros públicos y un banderazo bajo la consigna «Argentina no se vende».
A ese pronunciamiento se sumaron entidades religiosas. La Pastoral Social, Cáritas, el Movimiento Nacional de Capellanes y el Llamamiento Argentino-Judío expresaron públicamente su preocupación por el contenido del proyecto y solicitaron a los legisladores un análisis profundo de las modificaciones propuestas antes de avanzar con su sanción.

En el plano parlamentario, el debate en el Senado acumula cuatro postergaciones debido a las dificultades del oficialismo para reunir los votos necesarios. La discusión volverá al recinto este jueves tras un cuarto intermedio solicitado durante la última sesión, en medio de intensas negociaciones entre el Gobierno y distintos bloques legislativos.

Para la CGT, las CTA y la UTEP, la movilización busca influir en esa definición parlamentaria y consolidar un frente común frente a las reformas impulsadas por la Casa Rosada. La convocatoria se suma a las recientes marchas junto a organizaciones de jubilados y anticipa un segundo semestre condicionado por la agitación gremial y las protestas comunitarias frente a la gestión oficial.

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Quiénes asumieron interinamente en Seguridad después del accidente aéreo

El accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil, y que provocó la muerte de siete personas, dejó además un fuerte impacto institucional al desarticular parte de la conducción de la Secretaría de Seguridad de San Juan. Entre las víctimas se encontraban el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe del Cuerpo de Bomberos, Rubén Castro; y el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal, cuatro funcionarios que ocupaban posiciones determinantes dentro del sistema provincial de emergencias.

Frente a esa pérdida, el Gobierno dispuso una reorganización inmediata para garantizar el funcionamiento de los organismos involucrados y preservar la cadena de mando hasta que se formalicen las nuevas designaciones.

En la Dirección de Protección Civil, la conducción quedó provisoriamente en manos del comisario mayor retirado Diego Morales, quien meses atrás se desempeñó como subjefe de la Policía de San Juan y cuenta con una extensa trayectoria dentro de la fuerza. Su designación apunta a asegurar la coordinación de las tareas de prevención, respuesta y asistencia ante emergencias mientras se define la conducción definitiva del organismo.

La estructura de la Policía de San Juan también debió reacomodarse. Tras el fallecimiento del subjefe Marcelo Videla, esa responsabilidad pasó de manera interina al comisario general Néstor Álvarez, integrante de la plana mayor y uno de los oficiales de mayor antigüedad dentro de la institución, respetando el orden jerárquico establecido por la fuerza.

En el Cuerpo de Bomberos, donde la tragedia provocó la pérdida simultánea de su jefe y su subjefe, la conducción quedó temporalmente a cargo del comisario inspector Sergio Rodríguez, quien asumió la responsabilidad operativa del cuerpo hasta que el Poder Ejecutivo oficialice la nueva estructura de mando.

Las designaciones permanentes deberán instrumentarse mediante decretos del Poder Ejecutivo. Fuentes oficiales señalaron que esa definición será adoptada por el gobernador Marcelo Orrego una vez que regrese a San Juan, luego de interrumpir la misión institucional que desarrollaba en Estados Unidos para retornar tras conocerse la tragedia.

Mientras se completan esos nombramientos, la Secretaría de Seguridad mantiene la totalidad de sus servicios operativos. La prioridad del Ejecutivo provincial es garantizar la continuidad de las tareas de prevención, patrullaje, emergencias y asistencia a la población, al tiempo que avanza la reorganización de una estructura que sufrió una de las pérdidas institucionales más importantes de su historia reciente.

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