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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Qué dice la presentación judicial de ATE

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

Fuente: Mundo Gremial

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PyMEs y CGT sellan un frente común contra la reforma laboral ante el avance oficial

En un encuentro calificado como “picante”, la CGT recibió a representantes de CGERA y CAME y acordó una hoja de ruta conjunta para enfrentar el proyecto de reforma laboral que el Gobierno planea enviar al Congreso el 9 de diciembre. Con diagnósticos compartidos y preocupación por la caída del empleo y la falta de diálogo institucional, gremios y pymes anunciaron reuniones quincenales y el diseño de propuestas propias.

La sede de la CGT fue escenario de una reunión que, aunque inicialmente discreta, terminó mostrando el nacimiento de una alianza que pocos imaginaban en tiempos de polarización: gremios y empresarios pyme, sentados en la misma mesa, coordinando posiciones frente a un Gobierno que —según ambos sectores— avanza sin consulta sobre reformas estructurales.

El encuentro reunió a la conducción renovada de la central obrera —integrada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— con referentes de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Fue esta última la que, a último momento, confirmó su presencia y sumó un condimento inesperado a la discusión.

“Fue una reunión picante contra el Gobierno”, resumió uno de los presentes, graficando el clima de coincidencias críticas que atravesó toda la conversación, centrada en la inminente reforma laboral que el Ejecutivo presentará el 9 de diciembre.

Reuniones periódicas y una agenda común

Tras el encuentro, desde el entorno gremial anticiparon que el espacio llegó para quedarse:

“Nos vamos a juntar cada 15 días; este es el camino”.

La apuesta es construir una agenda conjunta que trascienda la mera oposición a las medidas del Gobierno. En la CGT aseguran que no quieren “solo mostrar críticas”, sino elaborar propuestas que contemplen las necesidades de trabajadores y empresas frente a un escenario económico restrictivo.

CGT: señal de alarma por la caída del empleo

Uno de los puntos centrales del análisis de la central obrera fue la destrucción de puestos de trabajo en los últimos meses. Según plantearon los dirigentes, la coyuntura exige fortalecer el vínculo entre inversión productiva y empleo, un eje que consideran ausente en la estrategia del Gobierno.

“No hay tiempo que perder”, señalaron, subrayando que cualquier reforma laboral debería discutirse con las partes involucradas, y no definirse por decreto o sin participación real, como —advirtieron— está ocurriendo en el Consejo del Salario.

Las PyMEs ampliaron el diagnóstico: costos, presión fiscal y burocracia

Del lado empresario, CGERA y CAME reclamaron abordar con urgencia los temas que condicionan su competitividad: costos logísticos, presión impositiva, estabilidad monetaria, burocracia administrativa, tarifas energéticas y acceso al crédito.

Coincidieron en que, sin resolver esos nudos estructurales, cualquier reforma laboral tendrá un impacto marginal.

En particular, señalaron que la falta de diálogo oficial les preocupa tanto como a la CGT. Ejemplo de ello —afirmaron— es el funcionamiento del Consejo del Salario, donde el Gobierno define el salario mínimo por decreto desde diciembre de 2023.

“Propuestas propias”, no reactivas

El presidente de CGERA, Marcelo Fernández, calificó el encuentro como “muy positivo” y remarcó que la articulación gremio–pyme debe traducirse en iniciativas concretas:

“Es fundamental acercar propuestas al Congreso y al Gobierno elaboradas por quienes conocen la realidad productiva y laboral. No pueden legislar quienes desconocen lo que ocurre en las empresas y en los puestos de trabajo”.

Además, adelantó la creación de mesas de trabajo temáticas para ordenar esos proyectos.

La foto conjunta entre la CGT y las principales entidades pyme representa más que una coincidencia coyuntural. Implica la conformación de un frente socio-productivo que podría convertirse en un actor relevante a la hora de discutir la reforma laboral y otras políticas estructurales impulsadas por el Gobierno.

En un escenario de tensiones crecientes, gremios y pymes parecen haber encontrado un punto de encuentro claro: la defensa de la producción nacional, el empleo y la necesidad de políticas consensuadas. Si la articulación quincenal se sostiene, podría convertirse en una de las oposiciones más consistentes a las reformas libertarias.

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Ingresos debilitados y cambios de hábitos: los argentinos consumen menos incluso en un contexto de precios estables

Aunque la inflación mensual lleva medio año orbitando el 2% y el tipo de cambio oficial permanece estable, el consumo interno se achica. Los indicadores de autoservicios mayoristas y supermercados muestran caídas reales en ventas, impulsadas por la pérdida del poder adquisitivo y por un cambio acelerado hacia canales digitales. La estabilidad macro no logra revertir un deterioro silencioso del ingreso de los hogares.

La economía argentina atraviesa un fenómeno que desconcierta incluso a los analistas más experimentados: inflación controlada, dólar estable… y consumo en caída libre. Los datos de septiembre publicados por el Indec confirman que el bolsillo de los argentinos sigue retrocediendo aun cuando los principales indicadores macroeconómicos parecen calmados.

En los autoservicios mayoristas —un termómetro sensible del abastecimiento de comercios y familias— el panorama fue contundente: las ventas a precios constantes se desplomaron 13,1% interanual, una caída que se profundiza al observar la serie desestacionalizada, con un retroceso mensual del 5,2%, reflejando un deterioro persistente a lo largo de 2025. En los primeros nueve meses del año, el sector acumuló una contracción del 7,4%.

Esto sucede pese a que la facturación nominal creció 7,9%, un alza explicada exclusivamente por los precios: el índice de precios implícitos trepó 24,2%, desnudando que no hay más ventas, sino menos productos a mayor precio. Incluso rubros esenciales, como limpieza y perfumería, mostraron caídas nominales, con un retroceso del 0,4%.

Comercio tradicional vs. comercio digital: una migración acelerada

La explicación no se agota en la pérdida de ingresos. Armando Farina, vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), detalló el impacto del cambio de hábitos:

“Todos los productos de valor agregado se comercializan cada vez más por la web y por aplicaciones como Mercado Libre. Y más ahora, con importaciones abiertas y compras directas desde el exterior”.

El fenómeno no es local, advierte:

“Es una tendencia mundial. En Estados Unidos, los shopping del interior se están vaciando y Amazon compra esos espacios para montar centros logísticos. En Europa, muchos locales comerciales se transforman en departamentos destinados al turismo”.

Farina sintetiza el desfasaje entre producción y ventas minoristas:

“Si el consumo cae pero la industria crece 4,5%, es porque el comercio sigue activo, pero por otros canales”.

Supermercados: cae el volumen pese al ticket más alto

En los supermercados el panorama es menos dramático, pero igualmente preocupante. Las ventas reales cayeron 0,8% interanual, y la serie desestacionalizada retrocedió 0,2%. La tendencia-ciclo, que resume la trayectoria, también fue negativa (-0,4%).

Aunque el acumulado enero–septiembre aún muestra un crecimiento del 2,7%, la dinámica indica una desaceleración fuerte desde mayo (4,6%). Es decir, el impulso se diluye y el consumo vuelve a estancarse.

El aumento nominal del 23,8% en ventas es un simple reflejo de la inflación: el índice de precios implícitos subió 24,8%. El “carrito” sigue más caro, pero con menos productos.

El factor decisivo: salarios que no alcanzan

El corazón de la paradoja está en los ingresos. El Índice de Salarios mostró una suba del 33,6% interanual en el sector registrado, apenas por encima del 31,8% de inflación. Desde diciembre de 2024, la película es peor: salarios +21,5% vs. inflación +22%. Los ingresos reales siguen perdiendo terreno.

La situación es más crítica entre los trabajadores no registrados: aunque su aumento nominal fue del 120,2%, parten de una base tan baja que el poder adquisitivo permanece muy deteriorado. El sector privado registrado, con un aumento del 32,9%, tampoco logra recomponer la pérdida acumulada en años anteriores.

Resultado: la estabilidad de precios no se traduce en bienestar.

Estrategias de supervivencia: menos efectivo, más billeteras digitales

En este escenario, los consumidores adoptan nuevas tácticas:

Autoservicios mayoristas

Efectivo: –6,8%

Tarjetas de débito: –21,2%

Otros medios de pago (QR, billeteras, vales): +62,5%

Supermercados

Todos los medios crecen nominalmente, pero los “otros medios” suben 53,2%, impulsados por promociones y financiamiento alternativo.

La forma de pagar está cambiando tan rápido como la forma de comprar. Al mismo tiempo, crecen rubros no tradicionales en supermercados —indumentaria, calzado, textiles— que reflejan una derivación de compras hacia canales percibidos como más económicos.

La aparente calma del dólar y de los precios oculta una verdad incómoda: el motor del consumo interno está apagándose. Sin una recomposición del ingreso real, la estabilidad macro puede transformarse en un espejismo incapaz de sostener el crecimiento.

La economía argentina entra así en un círculo riesgoso:
salarios estancados → consumo deprimido → menor dinamismo económico → riesgo de nueva desaceleración.

La paradoja no solo describe un momento, sino una advertencia: sin poder adquisitivo, no habrá estabilidad que alcance para sostener la recuperación.

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Los trabajadores de la carne logran una mejora salarial superior al 8%

La Federación de Sindicatos de la Carne (FESITCARA) acordó con las cámaras empresarias un incremento salarial que supera el 8% para el período noviembre 2025–febrero 2026, junto con una suma fija mensual de $20.000 por presentismo. El aumento se aplicará de manera escalonada y se suma a las mejoras pactadas en los meses anteriores, en un contexto de fuerte tensión entre ingresos y precios.

El esquema escalonado quedó definido de la siguiente manera:

Noviembre: 2,5%

Diciembre: 2%

Enero: 1,8%

Febrero: 1,7%

A esto se suma la continuidad de la suma fija de $20.000 por presentismo, que se extenderá durante diciembre y enero.

Una suba que supera la pauta oficial

El dato político-económico más relevante del acuerdo es que el incremento del 8% se ubica muy por encima de la pauta oficial del 1% mensual, un límite que el Gobierno busca sostener en las paritarias para anclar expectativas y consolidar la desaceleración inflacionaria.

En ese contexto, el acuerdo de la carne se destaca como un caso donde la negociación sectorial se impone a la directriz oficial, apoyada en la presión del gremio y en la dinámica particular de una industria estratégicamente sensible para el mercado interno y las exportaciones.

Un sendero de ajustes consecutivos

Este entendimiento se suma a una serie de incrementos ya otorgados durante el segundo semestre. Entre julio y septiembre, los frigoríficos aplicaron subas del 1,9% mensual, mientras que en octubre se pactó un aumento del 1%, siempre acompañado por sumas fijas de $20.000.

La persistencia de estos ajustes evidencia que la recomposición salarial viene siendo gradual, fragmentada y muy por debajo del ritmo de los precios, pero representa un esfuerzo por evitar un mayor rezago en un sector donde los salarios de base quedaron extremadamente deteriorados

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