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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Qué dice la presentación judicial de ATE

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

Fuente: Mundo Gremial

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La provincia amplía el acceso digital con nuevas entregas de equipos escolares

El Gobierno de San Juan distribuyó 1.392 notebooks entre estudiantes de Chimbas, Zonda y Ullum, en una nueva etapa del programa provincial “Maestro de América, Cultivando el Futuro”, destinado a ampliar el acceso a herramientas digitales en las escuelas públicas.
La entrega se realizó en el estadio Aldo Cantoni y estuvo encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y otras autoridades provinciales.

Del total de equipos, 1.131 fueron asignados a alumnos de quinto grado de escuelas primarias de Chimbas, mientras que otros 151 correspondieron a estudiantes de segundo año de establecimientos secundarios de Zonda y 110 a jóvenes del mismo nivel educativo de Ullum.

Con esta nueva etapa, el programa llegó a aproximadamente 15.400 beneficiarios en lo que va de 2026. El despliegue ya comprendió a estudiantes de Rawson, Capital, Albardón, Jáchal, San Martín, Angaco, 9 de Julio, Pocito, Caucete y Sarmiento, además de escuelas de Vallecito y Bermejo.

La iniciativa también contempla al personal educativo. Durante este año se distribuyeron 3.000 computadoras para docentes de especialidades, celadores, equipos móviles y profesionales de las Unidades Educativas de Primaria para Adultos (UEPA).

El cronograma continuará este viernes con alumnos secundarios de Chimbas y Pocito, y el lunes con estudiantes de los niveles primario y secundario de Santa Lucía.

La política de equipamiento se complementa con propuestas pedagógicas como el programa de alfabetización “Comprendo y Aprendo”, EDUGE, “Transformar la Secundaria” y “Modo Matemática”, además de acciones de formación digital para docentes. La adquisición de los dispositivos contó con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) durante los procesos de compra.

La continuidad de las entregas busca extender el acceso a recursos tecnológicos en las aulas. El desafío educativo será convertir esa disponibilidad de equipos en mejores oportunidades de aprendizaje, mediante su integración efectiva a la enseñanza y el acompañamiento pedagógico.

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ASIJEMIN llevó a Santa Cruz el reclamo por mejores condiciones laborales para las mujeres mineras

La Coordinación de Género de ASIJEMIN recorrió yacimientos entre el 6 y el 14 de octubre, organizó talleres con trabajadoras y se reunió con responsables empresariales para discutir condiciones laborales y avanzar en la implementación del convenio de licencias por cuidados.

La mejora de las condiciones laborales de las mujeres mineras y la aplicación efectiva de sus derechos quedaron en el centro de una recorrida sindical por yacimientos de Santa Cruz, donde el sindicato de jerarquicos mineros promovió espacios de diálogo con trabajadoras y representantes de las empresas.

Las visitas se desarrollaron entre el 6 y el 14 de octubre y estuvieron encabezadas por la secretaria adjunta del gremio, Carla Costabile, junto con Julieta Baesa, secretaria general de la Comisión Interna de Cerro Negro, y Eliana Funes, politóloga y asesora sindical.

Durante las jornadas se organizaron talleres para relevar las principales necesidades de las trabajadoras en cada establecimiento y analizar el papel de la organización gremial en la defensa de sus condiciones de empleo. El objetivo fue recoger inquietudes concretas y trasladarlas a una agenda de trabajo sindical.

La delegación también mantuvo encuentros con las gerencias de Recursos Humanos, ante las cuales planteó la necesidad de establecer mesas de diálogo para abordar mejoras laborales y de vida. Uno de los puntos centrales fue la aplicación del convenio de licencias por cuidados suscripto entre ASIJEMIN y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), cuya implementación, según informó el sindicato, permanece frenada por el Gobierno nacional.

La solicitud enfatiza la importancia de consolidar los consensos alcanzados en garantías laborales efectivas, mediante mecanismos de consulta continua que aseguren la atención de las necesidades del sector.

Desde la organización agradecieron especialmente la recepción y el compromiso de los delegados de Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Minera Santa Cruz, además del acompañamiento de la Delegación Regional Sur.

La recorrida refuerza la presencia de ASIJEMIN y la representación de las mujeres en la minería. El próximo paso será concretar respuestas a sus necesidades, en particular sobre licencias de cuidado y ambiente laboral.

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La Legislatura dio luz verde para la obra vial más esperada del sur sanjuanino

La transformación de la Ruta Nacional 40 Sur en autopista superó una instancia decisiva: la Cámara de Diputados de San Juan autorizó por unanimidad el crédito de hasta US$160 millones solicitado a la Corporación Andina de Fomento (CAF). La votación reunió 35 adhesiones y registró una sola ausencia, la del diputado Gabriel Sánchez Barón, quien no concurrió por razones de salud.

El resultado tuvo un componente político relevante: el bloque justicialista acompañó el financiamiento, aunque condicionó su respaldo a que el convenio completo regrese a la Legislatura para una nueva aprobación. Juan Carlos Quiroga Moyano, presidente del bloque, sostuvo que la obra es necesaria para la conectividad provincial y regional, especialmente por su incidencia en el transporte de cargas, la minería, el turismo y los vínculos comerciales con Chile.

Un préstamo a 15 años para dos tramos

El crédito financiará las secciones I y III del proyecto, que suman aproximadamente 48 kilómetros. El primer tramo se extiende desde el límite con Mendoza hasta Tres Esquinas, en Sarmiento; el tercero comprende el recorrido desde Cochagual hasta la intersección de la Ruta 40 con calle 8, en Pocito.

La sección intermedia, de unos 26 kilómetros entre Tres Esquinas y Cochagual, quedará a cargo del Gobierno nacional. De esta manera, la ejecución de los tres tramos dependerá de dos fuentes de financiamiento: el préstamo internacional gestionado por la Provincia y los fondos comprometidos por la Nación.

El acuerdo con la CAF contempla un plazo de devolución de 15 años y un período de gracia de 66 meses para la amortización del capital. Los intereses se calcularán sobre la tasa SOFR a seis meses, más un adicional anual de 1,75 puntos porcentuales, y se abonarán semestralmente. Los desembolsos se realizarán conforme avance la obra y se certifiquen los trabajos ejecutados.

Durante la presentación previa al debate, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, explicó que, con una SOFR del 4,20%, el costo financiero estimado rondaría el 5,95% anual. La operación tendrá garantía del Estado nacional y contempla la posibilidad de afectar recursos de la coparticipación federal para respaldar las obligaciones.

El próximo paso: las licitaciones

Con la autorización legislativa, el Ejecutivo provincial podrá avanzar en los procedimientos administrativos para licitar las dos secciones financiadas por la CAF. La intención oficial es contratar los tres tramos por separado, pero ejecutar los trabajos en simultáneo, con un plazo estimado de 36 meses.

Durante la sesión también se modificó el artículo 8 del proyecto aprobado. El acompañamiento opositor permitió reunir un respaldo político amplio para el financiamiento, aunque el pedido justicialista de revisar nuevamente el convenio completo introduce una instancia adicional en su instrumentación.

La obra apunta a mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de circulación y fortalecer uno de los principales corredores de conexión entre San Juan y Mendoza. Su concreción, sin embargo, dependerá de que los procedimientos de contratación avancen y de que los fondos nacionales para el tramo central se materialicen en los plazos previstos.

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