ATE solicitó a la Justicia que declare inconstitucional el capítulo de empleo público de la Ley Bases
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.
El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.
“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.
El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.
“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.
En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.
El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.
Qué dice la presentación judicial de ATE
El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.
Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.
Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.
Fuente: Mundo Gremial
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El Aldo Cantoni será sede de la mayor feria educativa de la provincia
La Semana de la Educación Superior comenzará este 18 de agosto con una feria académica en el estadio Aldo Cantoni, donde instituciones de toda la provincia presentarán sus carreras y propuestas formativas. Las actividades se extenderán hasta el viernes e incluirán talleres, conversatorios y encuentros destinados a estudiantes, docentes y directivos.
San Juan pondrá en marcha este martes 18 de agosto la Semana de la Educación Superior, una iniciativa organizada por el Ministerio de Educación que reunirá durante cuatro jornadas a instituciones formadoras, docentes, estudiantes y equipos directivos con el propósito de difundir la oferta académica y fortalecer los vínculos entre los distintos espacios educativos.
La apertura tendrá lugar en el estadio cubierto Aldo Cantoni, donde se desarrollará la mayor feria educativa de la provincia bajo el lema “La educación superior abre caminos: formarse hoy, transformar mañana”. Entre las 11 y las 17.30, institutos y universidades presentarán sus carreras y alternativas de formación para quienes proyectan continuar sus estudios luego de finalizar la escuela secundaria. El acto oficial está previsto para el mediodía.
La exposición continuará también el miércoles 19 de agosto, convirtiendo al Cantoni en un punto de encuentro para estudiantes y familias interesadas en conocer, en un solo espacio, las distintas opciones educativas disponibles en San Juan.
El programa incluye además actividades específicas vinculadas con orientación vocacional, formación técnica y actualización pedagógica. Este martes se realizarán talleres de Exploración Vocacional Inicial y Proyecto de Vida en el Instituto Margarita Ferrá de Bartol, mientras que el miércoles el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación será sede del primer Conversatorio de Institutos Superiores de Formación Técnica.
Las jornadas continuarán el jueves y viernes en el Instituto Santa María de la Universidad Católica de Cuyo, donde se desarrollarán el quinto Encuentro de Directores de Educación Superior, la presentación de una publicación especializada, el primer Encuentro de Desarrollo Curricular y la segunda Jornada de Desarrollo Profesional Docente.
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Las universidades enfrentan otra semana de huelga por salarios y presupuesto
Los docentes de las universidades nacionales volverán a parar desde este martes 18 hasta el sábado 22 de agosto para reclamar al Gobierno de Javier Milei la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso pero todavía incumplida, según denuncian las organizaciones gremiales.
La medida tendrá su principal expresión en la Universidad de Buenos Aires, donde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a cinco jornadas de huelga. El alcance efectivo de la protesta dependerá de las decisiones adoptadas por cada cátedra y de las asambleas de trabajadores.
Aunque las facultades permanecerán abiertas y conservarán la atención administrativa, el dictado de clases y otras tareas académicas quedarán condicionados por el nivel de adhesión.
La protesta también cuenta con el respaldo de federaciones docentes que resolvieron mantener el conflicto hasta obtener respuestas concretas del Poder Ejecutivo.
La demanda central está vinculada con la recomposición de los ingresos. Los gremios sostienen que, al cobrar los salarios correspondientes a julio durante agosto, volvieron a comprobar que no fueron incorporados los incrementos que, según su interpretación, establece la Ley de Financiamiento Universitario. La deuda salarial calculada por las organizaciones asciende al 31,2%, a lo que agregan los montos retroactivos acumulados desde la entrada en vigencia de la norma.
La discusión no se limita a los haberes. Las entidades universitarias también reclaman una actualización de los recursos destinados a hospitales universitarios y becas, dos componentes que consideran determinantes para sostener prestaciones, investigación y permanencia de estudiantes con menores ingresos.
Desde la Conadu Histórica resolvieron mantener la convocatoria nacional y anticiparon que, si el Gobierno no modifica su posición, podrían avanzar hacia una huelga por tiempo indeterminado y una nueva marcha federal universitaria. De esta manera, el conflicto podría pasar de jornadas aisladas de protesta a una medida de mayor duración durante las próximas semanas.
AGD-UBA, por su parte, cuestionó la propuesta salarial formulada durante las negociaciones paritarias. La organización sostiene que el ofrecimiento representa menos de la mitad de la recomposición que reclama en función de la legislación vigente y advierte que aceptarlo permitiría postergar nuevamente el cumplimiento de la norma.
El reclamo gremial también se apoya en una medida cautelar dictada por la Justicia en favor de la actualización de los salarios universitarios. Para las organizaciones, ese pronunciamiento todavía no se tradujo en una recomposición efectiva de los ingresos, por lo que cuestionaron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a algunas federaciones por valorar positivamente las decisiones judiciales sin que, según afirman, exista una aplicación concreta de sus efectos.
El enfrentamiento combina así tres demandas: recuperación del poder adquisitivo perdido, actualización de los recursos destinados al funcionamiento universitario y cumplimiento efectivo de las disposiciones aprobadas por el Congreso. La respuesta oficial será determinante para definir si las medidas se mantienen como paros sucesivos o avanzan hacia una protesta de mayor duración.
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Sueldos que no alcanzan: seis de cada diez hogares agotan sus ingresos antes del 20
El deterioro del poder adquisitivo comienza a medirse también en una variable cotidiana: cuánto dura el salario. Un relevamiento de la consultora Zentrix mostró que el 61% de los argentinos agota sus ingresos destinados a gastos corrientes antes del día 20 de cada mes, una señal del reducido margen que tienen los hogares para afrontar las últimas semanas.
La situación alcanza una dimensión mayor si se incorpora al 24,3% que consigue llegar al final del mes, pero sin capacidad de ahorro. Apenas el 13% de los consultados asegura cubrir sus obligaciones y conservar algún excedente.
La percepción sobre los ingresos acompaña ese resultado. El 86,1% considera que sus salarios evolucionan por debajo de los precios, una diferencia que limita el consumo y obliga a una administración cada vez más ajustada de los recursos familiares.
Los datos sobre remuneraciones permiten observar la evolución de esa pérdida. En mayo, frente a una inflación mensual del 2,1%, los salarios del sector privado registrado aumentaron 2%, los haberes de los empleados públicos nacionales 1,9% y los provinciales 1,4%. La diferencia de unas décimas adquiere mayor dimensión cuando se acumula durante varios meses.
Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, los trabajadores privados registrados sufrieron una caída real del 2,9%, mientras que los empleados públicos provinciales perdieron 3,2% y los estatales nacionales resignaron 7,3% de poder de compra.
La comparación con noviembre de 2023 profundiza la brecha. Desde entonces, los salarios de los empleados públicos nacionales acumulan una pérdida real del 36,5%; en los estatales provinciales alcanza el 9,8% y entre los trabajadores privados formales llega al 3,6%.
El deterioro tampoco comenzó con la actual administración. Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado por Nadin Argañaraz sobre información del INDEC, calculó la pérdida acumulada desde 2017 hasta comienzos de 2026. Según ese estudio, los trabajadores privados formales resignaron un poder de compra equivalente a 16,2 salarios mensuales, mientras que entre los empleados públicos la pérdida llegó a 21,8 sueldos en 98 meses.
La contracción del ingreso real se combina, además, con una reducción del empleo público nacional. De acuerdo con datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se eliminaron 71.661 puestos, equivalente a una baja del 21% en la dotación de trabajadores de la administración pública nacional.
La consecuencia económica más visible aparece en la capacidad de consumo. Cuando el ingreso se agota antes de terminar el mes, los hogares reducen compras, postergan gastos, recurren al crédito o utilizan ahorros para completar sus necesidades básicas.
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