CONÉCTATE CON NOSOTROS

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Qué dice la presentación judicial de ATE

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

Fuente: Mundo Gremial

Continúe Leyendo

destacada

La CGT, las CTA y la UTEP marcharán juntas por San Cayetano en medio de una escalada de protestas

La Confederación General del Trabajo confirmó que participará de la movilización de San Cayetano junto a las dos CTA y la UTEP. La convocatoria, que conmemora una década de la primera marcha realizada en 2016, marcará un nuevo capítulo del cronograma de protestas impulsado por el movimiento sindical y las organizaciones sociales frente a las políticas del Gobierno nacional.

La Confederación General del Trabajo (CGT) oficializó su participación en la tradicional marcha de San Cayetano, que el próximo 7 de agosto volverá a reunir a la central obrera con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. La convocatoria tendrá este año una carga simbólica especial al cumplirse diez años de la primera movilización masiva organizada en 2016 bajo la consigna de defender el trabajo, los ingresos y los derechos sociales.

Bajo el lema «A diez años de San Cayetano, seguimos caminando por paz, pan, tierra, techo y trabajo», las organizaciones buscarán exhibir una nueva muestra de unidad entre el sindicalismo tradicional, la economía popular y distintos espacios sociales. La adhesión de la CGT, conducida por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, ratifica la coordinación alcanzada con las CTA y la UTEP para sostener un calendario de acciones que se extenderá durante las próximas semanas.

La congregación comenzará en el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, con la tradicional bendición de herramientas de trabajo. Desde allí, las columnas recorrerán el trayecto hasta Plaza de Mayo, donde confluirán gremios, organizaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos, feministas y entidades profesionales. Algunas agrupaciones realizarán el recorrido completo, mientras que otras se incorporarán en distintos puntos del trayecto.

La marcha se desarrollará después de varias semanas de creciente conflictividad. En los últimos días, movimientos sociales protagonizaron protestas en accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, entre ellos Mar del Plata y Rosario. Las manifestaciones coincidieron con la movilización semanal de jubilados frente al Congreso y derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el Puente Pueyrredón. Uno de los principales reclamos apuntó contra la eliminación del programa Volver al Trabajo, reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación dispuesto por el Ministerio de Capital Humano.

La convocatoria de San Cayetano también forma parte de una secuencia de acciones iniciada el 22 de julio, cuando la CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones de jubilados marcharon al Congreso para reclamar una recomposición de los haberes previsionales y defender el sistema jubilatorio. Aquella protesta significó el relanzamiento de la agenda sindical tras la pausa impuesta por el Mundial de Fútbol.

El cronograma continuará el 3 de agosto con el acompañamiento a la protesta convocada por CTERA contra la Ley de Libertad Educativa impulsada por el Gobierno nacional, jornada que coincidirá con el paro nacional de ATE y una movilización hacia el Ministerio de Economía. Tres días más tarde, diversas organizaciones volverán al Congreso para rechazar el proyecto que habilita la extranjerización de tierras.

Las centrales sindicales ya proyectan nuevas acciones para el resto del trimestre. Entre las iniciativas previstas figuran una manifestación frente a la Secretaría de Trabajo cuando sea convocado el Consejo del Salario, otra protesta frente al Ministerio de Economía para denunciar el creciente endeudamiento de los hogares y un acto por el Día de la Industria junto a representantes de pequeñas y medianas empresas. Además, entre el 4 y el 6 de septiembre participarán de la Semana Social organizada por la Iglesia en Córdoba bajo el lema «Puentes hacia el bien común».

En este sentido, dentro del movimiento obrero comienza a instalarse la posibilidad de una nueva huelga general. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, sostuvo públicamente que el sindicalismo avanza hacia esa medida, mientras que desde la CGT admiten que la convocatoria podría concretarse entre septiembre y octubre si no hay respuestas a los reclamos vinculados con el empleo, los salarios, las jubilaciones y la producción.

Continúe Leyendo

destacada

El gobernador vuelve de Londres tras la tragedia que enluta a San Juan

El gobernador Marcelo Orrego suspendió la agenda oficial que cumplía en Londres y Estados Unidos y emprendió el regreso inmediato a San Juan tras conocerse la tragedia aérea ocurrida este miércoles 29 de julio en Valle Fértil, donde murieron los siete ocupantes de un helicóptero que participaba de una misión vinculada al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

La determinación fue adoptada apenas se confirmó la magnitud del siniestro, que provocó una profunda conmoción en la provincia al cobrar la vida de cuatro funcionarios de la estructura de Seguridad, además del piloto de la aeronave y dos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Desde el Gobierno provincial informaron que el mandatario encabezará personalmente el acompañamiento a los familiares de las víctimas y a los equipos que compartían funciones con los fallecidos. También seguirá de cerca las actuaciones administrativas y judiciales que buscan establecer las causas del accidente.

Mientras se concreta su retorno, la delegación oficial que acompaña al gobernador continuará con la agenda prevista en el exterior. Según se indicó, las reuniones técnicas y los encuentros institucionales programados en el marco de la misión internacional seguirán desarrollándose bajo la representación del resto de la comitiva.

El accidente se produjo cuando el helicóptero se dirigía a una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y cayó en una zona de difícil acceso del departamento Valle Fértil. Tras un amplio operativo de búsqueda y rescate, las autoridades confirmaron el fallecimiento de todos sus ocupantes.

La tragedia motivó además el decreto de tres días de duelo provincial, con banderas a media asta en los edificios públicos y la suspensión de los actos festivos oficiales. En paralelo, los organismos competentes avanzan con las pericias para determinar qué originó la caída de la aeronave, mientras la Provincia concentra sus esfuerzos en el acompañamiento a las familias y en el esclarecimiento de uno de los accidentes más dolorosos registrados en la historia reciente de la administración sanjuanina.

Continúe Leyendo

destacada

En agosto las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 1,89 por ciento

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó un incremento del 1,89% en las asignaciones familiares a partir de agosto. La actualización alcanza a trabajadores registrados, jubilados, pensionados, monotributistas, beneficiarios de la AUH y de la Asignación por Embarazo, mientras que quienes superen un ingreso individual de $3.092.203 quedarán excluidos del beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un aumento del 1,89% en los montos, escalas y límites de ingresos de las asignaciones familiares que regirán desde agosto. La medida fue establecida mediante la Resolución 233/2026, publicada en el Boletín Oficial, en cumplimiento del mecanismo de movilidad mensual previsto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que ajusta las prestaciones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

La actualización alcanza a las prestaciones contempladas en la Ley 24.714 y comprende a trabajadores en relación de dependencia del ámbito público y privado, titulares de la Prestación por Desempleo, beneficiarios del sistema de Riesgos del Trabajo, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), además de quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

La resolución también confirma que el incremento se aplica sobre la totalidad de la escala general de asignaciones familiares, con excepción de las prestaciones por Nacimiento y Adopción, que poseen un mecanismo de actualización específico. En el caso de la Ayuda Escolar Anual, el organismo recordó que su movilidad se realiza una sola vez al año, coincidiendo con el período de pago.

Entre los aspectos ratificados figura la continuidad del criterio que garantiza a los trabajadores temporarios, permanentes discontinuos y al personal rural alcanzado por las Leyes 26.727 y 20.744 que el valor de las asignaciones por Hijo, Hijo con Discapacidad y Prenatal no sea inferior al monto equivalente de la Asignación Universal por Hijo.

Uno de los puntos centrales de la normativa es la actualización de los límites de ingresos que determinan el acceso al beneficio. ANSES estableció que, si cualquiera de los integrantes del grupo familiar registra una remuneración bruta superior a $3.092.203, el hogar quedará automáticamente excluido del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando el ingreso conjunto permanezca por debajo del tope máximo previsto para el grupo.

Ese criterio continúa siendo uno de los principales requisitos de elegibilidad del sistema, ya que el análisis no solo contempla el ingreso total del hogar, sino también la remuneración individual de cada integrante. De esa manera, un salario que supere el límite fijado por la resolución invalida el acceso a la prestación para todo el grupo familiar.

La disposición también establece que, cuando la aplicación de los coeficientes de actualización genere valores con decimales, el organismo realizará el redondeo al número entero inmediato superior para la determinación de los montos correspondientes.

Continúe Leyendo

Tendencias