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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Qué dice la presentación judicial de ATE

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

Fuente: Mundo Gremial

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Gremios universitarios: sin cumplimiento del fallo, habrá más medidas

La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la medida cautelar que ordena al Estado nacional actualizar los salarios docentes y no docentes y recomponer las becas estudiantiles, en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, representa uno de los reveses judiciales más significativos para la política universitaria del Gobierno. El pronunciamiento no sólo ratifica la vigencia de los artículos centrales de la norma, sino que también coloca a la administración nacional frente a la obligación de ejecutar medidas concretas para revertir el deterioro presupuestario que afecta al sistema público de educación superior.

En San Juan, el fallo fue recibido como una reivindicación de un prolongado proceso de movilización sindical y social. Desde la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS), su secretario general, Jaime Barcelona, sostuvo que la resolución judicial constituye «un acto de justicia» después de más de dos años marcados por el ajuste presupuestario, el congelamiento de becas y una sostenida pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.

Barcelona recordó que los incrementos salariales otorgados durante ese período resultaron insuficientes frente a la inflación, con actualizaciones mensuales que en numerosos casos apenas alcanzaron el uno por ciento. Esa política, afirmó, derivó en una caída superior al 50% del salario real, mientras el deterioro del financiamiento alcanzó también al funcionamiento de las universidades y a programas de asistencia estudiantil, como las becas.

Para el dirigente sindical, la masiva movilización universitaria realizada este año marcó un punto de inflexión político. Según su interpretación, la contundencia de aquella protesta precipitó la reapertura de la negociación salarial y permitió alcanzar un incremento inicial del 21%, además del compromiso oficial de convocar nuevamente a la mesa paritaria antes del 10 de septiembre para continuar la discusión sobre la recomposición salarial.

Sin embargo, advirtió que el fallo judicial, por sí solo, no resuelve el deterioro acumulado. Explicó que la actualización ordenada por la Justicia representa un avance, aunque todavía resta recuperar la diferencia generada por la inflación durante los últimos años. En ese sentido, consideró que la próxima convocatoria paritaria será determinante para evaluar si el Ejecutivo cumple efectivamente con las obligaciones establecidas por la ley.

Desde ADICUS evitaron anticipar medidas de fuerza mientras permanezca vigente el compromiso asumido por el Gobierno. Barcelona sostuvo que el objetivo del gremio no es profundizar el conflicto, sino alcanzar una recuperación real de los salarios y garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas. «Si existe una propuesta seria que permita recomponer los ingresos, deberá ser analizada», planteó.

No obstante, el dirigente dejó en claro que el escenario podría modificarse si el Ejecutivo incumple los plazos acordados o posterga nuevamente la negociación. En ese caso, explicó, las federaciones universitarias evaluarán nuevas acciones gremiales y judiciales, ahora fortalecidas por una decisión de la Corte Suprema que obliga al Estado a respetar la legislación vigente.

Barcelona sostuvo además que una eventual desobediencia al fallo podría derivar en responsabilidades legales para los funcionarios encargados de ejecutar la política universitaria, al considerar que el incumplimiento de una resolución del máximo tribunal generaría configurar una violación de los deberes propios de la función pública.

La determinación judicial modifica el tablero político de la problemática universitaria. A partir de ahora, la discusión ya no gira exclusivamente en torno a reclamos gremiales o presupuestarios, sino también sobre el alcance institucional de una decisión de la Corte Suprema cuyo cumplimiento será observado de cerca por las universidades, los sindicatos y amplios sectores de la sociedad que, durante los últimos dos años, hicieron de la defensa de la universidad pública una de las expresiones de movilización más relevantes del país.

Con el plazo del 10 de septiembre como próxima fecha decisiva, el conflicto ingresa en una nueva etapa. El foco ya no estará puesto en la legitimidad del reclamo —respaldada ahora por la Justicia— sino en la voluntad política del Gobierno para cumplir una sentencia que redefine las condiciones de financiamiento del sistema universitario argentino y pone a prueba su relación con uno de los sectores más movilizados del ámbito educativo.

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San Juan apuesta al turismo invernal con descuentos en hoteles y gastronomía para dinamizar la actividad

Con el objetivo de fortalecer el movimiento turístico durante las vacaciones de invierno, el Gobierno provicnial puso en marcha una estrategia promocional que combina descuentos en alojamiento y beneficios gastronómicos para quienes elijan San Juan como destino. La iniciativa, denominada Promo Mundial, es impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en articulación con el San Juan Bureau y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA), como parte de una política orientada a potenciar la llegada de visitantes desde los principales mercados emisores del país.

La propuesta se apoya en una alianza entre el Estado y el sector privado para incrementar la competitividad de la oferta turística frente a una demanda más selectiva y una feroz disputa por captar viajeros. En ese marco, los establecimientos adheridos ofrecerán promociones especiales destinadas a extender la permanencia de los viajeros y favorecer un mayor nivel de gasto durante su estadía.

El programa contempla dos alternativas para el alojamiento: siete noches al precio de cinco y cuatro noches al valor de tres, beneficios disponibles en los hoteles participantes. A ello se suma un incentivo para el sector gastronómico, ya que los huéspedes que acrediten su estadía mediante el voucher emitido por alguno de los establecimientos adheridos accederán a un 15% de descuento en restaurantes y locales gastronómicos que integran la campaña.

La idea apunta a generar un efecto multiplicador sobre toda la cadena turística. El incremento del flujo de visitantes no sólo favorece la ocupación hotelera y el consumo gastronómico, sino que también impacta en agencias de viajes, prestadores de turismo activo, comercios, transporte y múltiples servicios asociados a una actividad que constituye uno de los principales motores de las economías regionales durante el receso invernal.

La estrategia promocional se complementa con una agenda distribuida en los distintos departamentos de la provincia, que incluye actividades culturales, recreativas, deportivas y experiencias vinculadas con el patrimonio natural y la identidad sanjuanina. De esta manera, el objetivo oficial trasciende la captación de turistas y busca consolidar una oferta integral que incentive estadías más prolongadas y fortalezca el posicionamiento de San Juan dentro del calendario turístico nacional.

El cronograma completo de actividades para las vacaciones de invierno puede consultarse en el sitio oficial de turismo de la provincia, mientras que el listado actualizado de hoteles y establecimientos gastronómicos adheridos a la campaña se encuentra disponible a través de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan.

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Las 62 Organizaciones vuelven a escena y reclaman un lugar central en el armado electoral del peronismo

Con roles protagónicos de Moyano y Ledesma, las 62 Organizaciones exigen recuperar protagonismo en el armado electoral del peronismo Dirigentes de las “62 Organizaciones“ advirtieron que buscan dejar de ser ”convidados de piedra“ y demandaron ocupar el espacio legado por Perón y Evita en el armado de las listas del 2027. Asistieron Hugo Moyano, Julio Ledesma y Octavio Arguello. Reafirmaron la conducción de José Ibarra.

En una marcada impronta por la unidad y un reclamo claro de protagonismo político, se llevó a cabo un masivo encuentro nacional y regional de representantes gremiales nucleados en las 62 Organizaciones Peronistas, en la sede del barrio porteño de Caballito.

En el marco del proceso de normalización de sus regionales que atraviesa el brazo político del movimiento obrero, el plenario funcionó como una demostración de fuerza sindical orientada al armado político para las próximas elecciones.

Por intermedio del nucleamiento, los gremios buscan consolidar su estructura territorial y programática para influir de manera directa en las listas del peronismo o en un armado propio de cara a las próximas elecciones. De hecho, fue sintomática la presencia de Julio Rubén Ledesma, secretario general del SEOCA Zona Oeste y líder de la estructura partidaria CoPeBo. El encuentro contó con una fuerte presencia de la primera línea de Camioneros, encabezada por Hugo Moyano, Jerónimo Moyano y Octavio Argüello, dirigente integrante de la conducción de la CGT. La participación de Argüello significó un guiño importante por parte de la Confederación General del Trabajo al proceso de reorganización de “las 62”.

«La conducción de Ibarra es la única representación histórica y legal de las 62, con legitimidad jurídica e institucional para actuar como el brazo político del movimiento obrero organizado y convocar a todos los sectores a construir la propuesta de país que los trabajadores necesitan», señalaron.

«El objetivo es llegar a un punto de encuentro respecto a la participación del movimiento obrero a través de las 62 Organizaciones Peronistas», afirmó Ledesma en declaraciones vertidas en el plenario.

Estuvieron presentes Juan Carlos Murgo (Caucho), Rubén Grimaldi (UTERA), Marcelo Dávila (Guincheros), Julio Estévez (UPSAFIP), Adolfo Villafañe (Chacinados), Dante Camaño (gastronómicos), Cacho García (Estaciones de Servicio), Guillermo Lugones (Personal Jerárquico Banco Provincia), Julio Schiantarelli (SUPEH), Marcelo Barrios (Remiseros), Guillermo Mangone (Gas), Gonzalo Salum (Judiciales), Roberto Villalba (Madera), José Ibarra (Taxistas) y Fabián García (SOECRA). Guillermo Lugones (Personal Jerárquico Banco Provincia), Marcelo Barrios (SURYA), Roberto Villalva (Madera), Karina Álvarez (Comercio), Ángel García (Seguridad), Walter Vázquez (SECASFPI), Jorge Mancini (AGOEC), Luis Pandolfi (Tintoreros), Alejandro Poli (FAREM), Gustavo González ( Locutores), Ezequiel Tosco (AGC), Facundo Moyano (Peajes), Gonzalo Castaño (Caddies), Joaquín Santucho (62 Morón-Ituzaingó-Hurlingham), Jorge Fernández (Regional Tuyú), Luis Orbelli (62 Mendoza), Marcela Ludueña (62 Esteban Echeveria – Ezeiza Cañuelas), Marco Orellana (Puerto Deseado – Chubut), Mariana de Alba (62 rama femenina), Nico Ferro (Turf), Paris Barrera (Cantantes), Ricardo Prado (USAFIP), Ricardo Serafini (Jerárquicos del Gas), Sergio Gelman (Locutores), Julio Carrizo (62 Almirante Brown), Claudio Toledo (62 Avellaneda-Lanús), Marcelo Ibarra (Juventud 62), Julio Rodríguez (62 Tucumán) y Camilo Gómez (Vareadores), entre otros.

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