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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.

El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.

“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.

El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.

“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.

El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.

Qué dice la presentación judicial de ATE

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.

Fuente: Mundo Gremial

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Unidad sindical en San Juan: la CGT y la CTA se movilizan contra la reforma laboral

La CGT y la CTA se movilizarán este miércoles 11 de febrero desde las 18 horas en el microcentro sanjuanino, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, que comenzará a debatirse ese mismo día en el Senado.

Las centrales obreras con representación en San Juan —la Confederación General del Trabajo (CGT), y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)— confirmaron una movilización conjunta para este miércoles en rechazo al proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno de Javier Milei, que ingresará formalmente al debate en el Senado.

La decisión fue ratificada tras una reunión plenaria entre las centrales sindicales y confirmada por el secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, y por el secretario general del gremio de Jerárquicos Mineros, Marcelo Mena. Ambos coincidieron en la necesidad de mostrar unidad y volumen político frente a una iniciativa que, según sostienen, afecta derechos laborales básicos y debilita la organización sindical.

La movilización comenzará a las 18 horas, con concentración en la sede de la CGT San Juan, ubicada sobre calle España, entre Mitre y Santa Fe. Desde allí, las columnas marcharán por el centro de la ciudad hasta la Plaza 25 de Mayo, donde se realizará un acto central.
Jornada federal, paro y señal política.

La protesta se enmarca en una jornada federal de lucha, con movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria principal tendrá lugar frente al Congreso Nacional, mientras que en varias provincias se replicarán marchas y actos en rechazo al proyecto oficial.

Desde las centrales obreras advirtieron que la reforma laboral implica un retroceso en materia de estabilidad, negociación colectiva y derechos conquistados, y señalaron que la respuesta sindical busca incidir tanto en el debate legislativo como en la agenda política.

Documento y reclamos sociales

Durante el acto previsto en la Plaza 25 de Mayo, las centrales obreras darán lectura a un documento conjunto, que también será entregado al gobernador Orrego, con el objetivo de expresar formalmente el rechazo al proyecto y solicitar una posición clara frente al debate nacional.

A la marcha se sumarán además organizaciones sociales y colectivos que llevarán reclamos vinculados a la defensa del agua, los derechos de jubilados y jubiladas, la protección de los glaciares, la denuncia por los incendios forestales y el rechazo a la criminalización de infancias y adolescencias, además de expresiones contra el racismo y el genocidio.

Con la participación de la CGT y la CTA, la movilización de este miércoles se perfila como una de las expresiones sindicales más amplias de los últimos meses en la provincia. En un momento de fuerte debate legislativo y cuestionamientos al rol del movimiento obrero, la protesta buscará exhibir unidad, capacidad de movilización y una postura firme frente a una reforma que las centrales consideran regresiva.

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San Juan: Docentes universitarios se suman a la jornada nacional de protesta conta la reforma laboral

La medida de fuerza será por 24 horas e incluirá una movilización por el centro sanjuanino. El reclamo fue definido por CONADU y CONADU Histórica y se replicará en todas las universidades públicas del país, en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso Nacional.

Aún antes del inicio formal del ciclo lectivo, el conflicto universitario vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional. Este miércoles 11 de febrero, las y los docentes universitarios llevarán adelante un paro total de actividades por 24 horas, acompañado por una movilización en distintas provincias, entre ellas San Juan.

La decisión fue tomada en el plenario de secretarios generales de CONADU y CONADU Histórica, donde ambas federaciones acordaron unificar el reclamo a nivel nacional frente al tratamiento legislativo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El paro alcanzará a todas las universidades públicas del país y se enmarca en una jornada federal de protesta.

Convocatoria en San Juan

En el ámbito local, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SiDUNSJ) convocó a sus afiliados y a la comunidad universitaria a sumarse a la protesta. La concentración está prevista para la tarde del miércoles en la sede de la CGT San Juan, desde donde se marchará en unidad hacia la Plaza 25 de Mayo.

La participación del sector universitario se integrará así a la movilización convocada por las centrales sindicales, reforzando el carácter multisectorial de la jornada de protesta.

Reclamo y contexto

Desde los gremios docentes advirtieron que la reforma laboral en debate representa un retroceso en materia de derechos, al promover condiciones de mayor inestabilidad, flexibilización del empleo y pérdida de garantías laborales. En ese sentido, señalaron que el impacto del proyecto no se limita al sector privado, sino que también afecta al conjunto del sistema educativo y científico.

El paro y la movilización se inscriben en un escenario de creciente preocupación por el futuro del sistema universitario público, atravesado por ajustes presupuestarios, salariales y laborales.

Con paro y movilización, la docencia universitaria se suma este miércoles a una jornada nacional de protesta que vuelve a poner en primer plano el rechazo sindical a la reforma laboral. En San Juan, la presencia del sector académico refuerza el alcance político de la convocatoria y amplía el frente de resistencia frente a un proyecto que genera un fuerte rechazo en amplios sectores del mundo del trabajo.

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Protesta sindical y conflicto policial en Rosario en una jornada de máxima tensión

La movilización contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional desarrollada en Rosario fue atravesada por un escenario de extrema tensión institucional, marcado por el reclamo salarial y el autoacuartelamiento de la policía provincial y del Servicio Penitenciario. La simultaneidad de los conflictos expone el impacto del ajuste sobre distintos sectores del Estado y del mundo del trabajo.

La ciudad de Rosario vivió este martes una de las jornadas más complejas de los últimos años. A la movilización convocada por el Frente de Sindicatos Unidos contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei se superpuso un conflicto de alto voltaje institucional: el reclamo salarial de efectivos de la policía provincial y del Servicio Penitenciario, que derivó en acuartelamientos, enfrentamientos internos y episodios de represión protagonizados por las propias fuerzas de seguridad.

Desde la noche de este lunes, efectivos en actividad, retirados y familiares se concentraron frente a la Jefatura de Policía de Rosario para exigir recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales. La protesta escaló con quema de cubiertas, disturbios y una situación inédita: un sector de uniformados reprimió a sus propios compañeros por orden de la superioridad.

Lejos de descomprimirse, el conflicto continuó durante la mañana de este martes con “sirenazos”, patrulleros cortando calles y un fuerte despliegue policial en torno a la jefatura, mientras los manifestantes advirtieron que no se retirarían sin respuestas concretas.

Un conflicto que se expande

Las protestas no se limitaron a Rosario. También se registraron concentraciones y acuartelamientos en la ciudad de Santa Fe, frente a la Casa de Gobierno, y en localidades como Reconquista, Rafaela, Vera, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda, configurando un escenario de tensión extendida en toda la provincia.

El reclamo central de los efectivos apunta a salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, luego de aumentos cercanos al 1% mensual, en un contexto de jornadas extenuantes y con apenas 24 horas semanales de descanso, lo que obliga a completar ingresos mediante adicionales.

Testimonios de policías dieron cuenta de una situación extrema. Una agente relató que, por orden de la jefatura, se avanzó con gas pimienta contra los manifestantes, incluso cuando en la primera línea había mujeres, y que algunos efectivos se negaron a cumplir la orden.

Respuesta oficial y advertencias

Tras los incidentes, el gobierno provincial anunció que al menos 20 agentes serían pasados a disponibilidad. Si bien reconoció la legitimidad del reclamo salarial, advirtió sobre el “abandono de servicio” y remarcó los límites legales de la protesta dentro de las fuerzas de seguridad.

La decisión estuvo lejos de cerrar el conflicto y sumó un nuevo foco de tensión en una provincia atravesada por problemas estructurales de seguridad, crisis económica y un marcado deterioro del poder adquisitivo.

La protesta sindical en un contexto explosivo

En ese marco, la movilización sindical contra la reforma laboral adquirió un significado político más amplio. Las columnas gremiales marchaban contra el proyecto que el oficialismo busca aprobar en el Senado mientras Rosario permanece virtualmente en estado de alerta, con sirenas encendidas, edificios públicos custodiados y una creciente sensación de incertidumbre.

Para los sindicatos, la simultaneidad de los conflictos no es casual. Sostienen que la misma política de ajuste que impulsa una reforma regresiva para los trabajadores formales impacta también sobre quienes cumplen funciones esenciales del Estado, precarizando salarios y deteriorando condiciones laborales.

Rosario se convirtió en un espejo nítido de la crisis social que atraviesan la provincia y el país. Mientras el Gobierno nacional avanza con una reforma laboral que promete mayor flexibilización y pérdida de derechos, y las administraciones provinciales trasladan el recorte de recursos a sus trabajadores, el malestar se expande y desborda los carriles tradicionales.

La protesta sindical y el conflicto policial, cada uno con su propia lógica y límites, confluyen en una misma señal de alarma: sin salarios que alcancen y sin derechos laborales garantizados, la conflictividad social no solo persiste, sino que tiende a profundizarse.

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