ATE solicitó a la Justicia que declare inconstitucional el capítulo de empleo público de la Ley Bases
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional el Trabajo para que se declare inconstitucional del capítulo de empleo público de la Ley Bases.
El gremio que conduce Rodolfo Aguiar activó la acción judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la norma que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público y solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación.
“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación”, apuntó Aguiar, Secretario General de ATE.
El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional.
“La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente”, detalló el dirigente.
En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo: “De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”.
El Secretario General de ATE aseguró que “se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte” y concluyó: “Por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos”.
Qué dice la presentación judicial de ATE
El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que “el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación”.

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.
Además, ATE alega que se encuentra “legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general”.
Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe: a) La cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; b) La desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; c) Si existe informe sobre la “dotación óptima” de empleados públicos en cada organismo.
Fuente: Mundo Gremial
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Día del Profesor: los docentes paran y las universidades reclaman más fondos para 2027
Los docentes universitarios cumplen este jueves un nuevo paro nacional, en coincidencia con el Día del Profesor, luego de que la audiencia paritaria terminara nuevamente sin acuerdo. En simultaneo, el CIN cuestiona los $7,349 billones previstos por el Gobierno para las universidades y reclama elevarlos a $11 billones.
El conflicto en las universidades públicas volvió a quedar sin una salida inmediata. La nueva audiencia paritaria entre el Gobierno nacional y los gremios docentes terminó este jueves sin acuerdo y sin una propuesta que permitiera acercar posiciones, mientras las casas de altos estudios enfrentan otra disputa de fondo por los recursos previstos para 2027.
La medida de fuerza coincide con el Día del Profesor y se desarrolla mientras las organizaciones sindicales solicitan una recomposición salarial superior a la ofrecida por el Ejecutivo. La última propuesta oficial había contemplado un aumento del 3% para septiembre, una pauta que los gremios rechazaron por considerarla insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos.
La negociación salarial está vinculada además con el pedido urgente en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya instrumentación constituye uno de los principales puntos de desacuerdo entre las organizaciones docentes y el Gobierno.
A la discusión salarial se suma ahora la definición de los recursos para el próximo ejercicio. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla $7,349 billones para las universidades nacionales, destinados al funcionamiento, la inversión y programas especiales.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una estimación sustancialmente superior. El organismo que reúne a los rectores aprobó un proyecto propio por $11 billones, cifra que considera necesaria para sostener el funcionamiento del sistema universitario durante 2027.
La diferencia asciende a aproximadamente $3,65 billones, por lo que la discusión parlamentaria se convirtió en otro de los puntos centrales de la disputa. Durante la presentación del proyecto ante diputados y senadores, el titular del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que, si el Congreso no modifica y actualiza la partida, las universidades podrían enfrentar dificultades para iniciar normalmente el próximo ciclo lectivo.
El Gobierno sostiene una interpretación diferente. Según la posición oficial, el proyecto contempla los efectos de la cautelar judicial, una inflación proyectada del 18% y un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento. El Ejecutivo también cuestiona la metodología utilizada por los rectores para calcular los recursos que, según el CIN, exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
De este modo, la negociación combina dos discusiones que, aunque tienen ámbitos formales diferentes, repercuten sobre el funcionamiento de las instituciones: los salarios del personal docente y nodocente y los fondos disponibles para sostener las universidades durante el próximo año.
Los sindicatos consideran que la mejora de los sueldos está estrechamente ligada a la devolución de los fondos para las universidades. La ausencia de acuerdos en las negociaciones, junto con la brecha entre las estimaciones del CIN y los recursos previstos por el Gobierno, deja la puerta abierta a nuevas protestas.
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Microsoft cuestiona a Anthropic por humanizar sus modelos de inteligencia artificial
Mustafa Suleyman, responsable de Inteligencia Artificial de Microsoft, cuestionó el enfoque de Anthropic en el entrenamiento de Claude y advirtió que atribuir conciencia, deseos o derechos a los sistemas actuales puede dificultar su control. También reclamó mayor transparencia y evaluaciones independientes.
La carrera por desarrollar modelos de inteligencia artificial cada vez más sofisticados sumó una nueva disputa entre sus principales protagonistas. Mustafa Suleyman, máximo responsable de IA de Microsoft, cuestionó el modo en que Anthropic entrena a Claude y advirtió que atribuir características humanas a estos sistemas puede introducir riesgos difíciles de dimensionar.
Suleyman centró sus críticas en una cuestión que atraviesa el debate tecnológico: hasta qué punto las empresas deberían enseñar a sus modelos conceptos como conciencia, autonomía, deseos o sufrimiento. A su entender, presentar a una inteligencia artificial como si poseyera atributos propios de una persona puede generar una percepción equivocada sobre sus capacidades y complicar la relación entre los usuarios y sistemas cada vez más autónomos.
El ejecutivo sostuvo, además, que no existen evidencias de que los modelos actuales sean conscientes ni de que experimenten sentimientos, sufrimiento o preferencias propias. Su posición se distancia así de las interpretaciones que atribuyen estados mentales a las respuestas producidas por los sistemas generativos a partir de su comportamiento lingüístico.
La discusión adquiere especial relevancia por el avance de técnicas que permiten a los modelos actuar con mayor autonomía, utilizar herramientas externas y ejecutar cadenas de tareas con menor supervisión humana. Suleyman planteó que el problema no reside únicamente en lo que una IA puede hacer, sino también en las características que se incorporan durante su entrenamiento y en la manera en que los usuarios interpretan posteriormente su comportamiento.
Aunque cuestionó el enfoque de Anthropic, el responsable de IA de Microsoft reconoció el trabajo de Dario Amodei y su equipo y evitó presentar sus advertencias como una impugnación general al desarrollo de modelos avanzados. Su preocupación apunta, en particular, a la posibilidad de que la antropomorfización termine otorgándoles una apariencia de identidad, valores o voluntad que no necesariamente corresponde con su funcionamiento real.
“No debemos tomar decisiones a la ligera, sin darnos cuenta, de las que luego nos arrepintamos amargamente”, advirtió Suleyman al reclamar mayores precauciones en el desarrollo de estos sistemas.
El debate también involucra los mecanismos de supervisión. El ejecutivo de Microsoft pidió mayor transparencia sobre los procedimientos utilizados para entrenar y evaluar los modelos, además de controles independientes capaces de examinar su comportamiento. La discusión excede así la competencia comercial entre compañías y alcanza las reglas con las que se pretende gobernar una tecnología cuyo nivel de autonomía aumenta rápidamente.
Como antecedente, Suleyman citó un ejercicio de entrenamiento en el que agentes de IA de OpenAI actuaron de manera autónoma en un intento de hackear el centro tecnológico Hugging Face. El episodio fue utilizado para ilustrar los riesgos que pueden aparecer cuando los sistemas reciben objetivos y herramientas suficientes para ejecutar acciones complejas sin intervención humana permanente.
En ese punto aparece otra cuestión todavía abierta: qué ocurre si los avances tecnológicos llevan a que algunas empresas o usuarios comiencen a considerar que determinados sistemas poseen derechos o algún tipo de bienestar propio. Para Suleyman, incorporar esa consideración podría añadir una dificultad adicional a los mecanismos destinados a mantener bajo control a las inteligencias artificiales.
La académica Wendy Hall, de la Universidad de Southampton, consideró que este debate debería trascender a las compañías tecnológicas y formar parte de una discusión internacional. El interrogante ya no se limita a qué modelo consigue mejores resultados, sino a qué criterios científicos, técnicos y regulatorios deberán acompañar el desarrollo de sistemas con capacidades crecientes.
La disputa entre Microsoft, Anthropic y OpenAI muestra así una dimensión menos visible de la carrera por la IA: además de competir por potencia, usuarios e inversiones, las principales compañías comienzan a diferir sobre cómo deben entrenarse los modelos, qué atributos humanos conviene incorporarles y cuáles deberían ser los límites de su autonomía. En esa discusión se juega buena parte de las futuras reglas de seguridad y supervisión de una tecnología todavía en plena evolución.
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Repavimentación de la Circunvalación: reabrirán el tramo entre Tucumán y Mendoza
Vialidad Provincial volverá a habilitar la circulación entre Tucumán y Mendoza mientras continúan las obras de repavimentación. La intervención abarca dos frentes, contempla tratamientos diferentes para el hormigón y el asfalto y tiene como fecha estimada de finalización marzo de 2027.
Los conductores tendrán una nueva alternativa para circular por la Avenida de Circunvalación: este fin de semana quedará nuevamente habilitado el Anillo Externo entre las calles Tucumán y Mendoza, mientras continúan los trabajos de repavimentación en otros puntos del trayecto.
La confirmación fue realizada por Omar Lucero, director de Vialidad Provincial, quien explicó que la obra avanza simultáneamente en dos frentes y que las tareas varían de acuerdo con el tipo de pavimento existente.
La intervención comprende aproximadamente 5 kilómetros de losas de hormigón y 11 kilómetros de concreto asfáltico, distribuidos entre los anillos interno y externo. El objetivo es que, una vez concluida la obra, toda la Circunvalación presente una superficie uniforme de concreto asfáltico.
En los tramos de hormigón se aplicará un sistema compuesto por un carpetín de unos 2,5 centímetros, una geogrilla y una nueva carpeta asfáltica. Lucero explicó que se trata de un procedimiento similar al empleado anteriormente en avenida Libertador.
Sobre las áreas que ya cuentan con pavimento asfáltico, la intervención consistirá en una nueva carpeta sobre la superficie existente. El proyecto prevé trabajar de baranda a baranda, conservando las dimensiones reglamentarias de la calzada.
También se incorporará una superficie pavimentada lateral que funcionará como una banquina y permitirá ampliar el espacio disponible junto a los carriles. No habrá modificaciones en el esquema de circulación ni se incorporará un carril exclusivo para motocicletas.
Los trabajos forman parte de dos contratos con un plazo de ejecución de seis meses. Si se mantiene el cronograma previsto, la totalidad de la intervención quedaría terminada alrededor de marzo de 2027. Vialidad Provincial estima que la nueva carpeta tendrá una vida útil de entre 20 y 25 años.
La obra incluye además la renovación de la señalización horizontal y vertical que resulte necesaria. La definición de los elementos que permanecerán o serán reemplazados apunta a mejorar la información para quienes transitan por la avenida sin generar obstáculos visuales o distracciones.
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