El Consejo Directivo de la CGT resolvió convocar a un paro general de 24 horas el día que la Cámara de Diputados debata la reforma laboral. La medida sería sin movilización y con fuerte impacto en el transporte. El cambio en el régimen de licencias por enfermedad terminó de quebrar el frágil diálogo con el Gobierno.

La Confederación General del Trabajo decidió escalar el conflicto con el Gobierno nacional y convocar a un paro general de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. Será la cuarta huelga nacional contra la administración de Javier Milei y, a diferencia de otras jornadas de protesta, no incluirá movilización callejera. La apuesta es otra: mostrar “las ciudades vacías” y medir fuerzas en términos de acatamiento.

La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo de la central obrera, tras una reunión virtual encabezada por los cotitulares Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). Si bien resta la formalización pública y la confirmación definitiva de los gremios del transporte, en la cúpula sindical descuentan una adhesión clave que podría paralizar servicios estratégicos.

“Están dados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, había anticipado Jerónimo en declaraciones radiales. El clima interno venía cargado desde la media sanción en el Senado, pero un episodio puntual terminó de inclinar la balanza hacia la confrontación abierta.

El artículo que rompió el equilibrio

La modificación del régimen de licencias por enfermedad o accidente no laboral —incorporada durante la madrugada en el debate senatorial— fue leída por el sindicalismo como una ruptura de los acuerdos informales que sostenían el diálogo. El nuevo esquema establece que, si la imposibilidad de trabajar deriva de una actividad voluntaria y consciente que implicó riesgo, el trabajador percibirá el 50% del salario durante tres o seis meses según tenga o no personas a cargo. Si la enfermedad no responde a esa conducta, la remuneración será del 75%.

La justificación pública del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger —quien ejemplificó el cambio con la hipótesis de una lesión jugando al fútbol— amplificó el malestar.

Aunque desde el oficialismo argumentan que la medida apunta a limitar abusos y reducir litigiosidad, en la CGT interpretaron la incorporación del artículo como un avance directo sobre un derecho sensible y una señal de endurecimiento unilateral.

El abogado laboralista Julián de Diego, cercano históricamente a sectores empresariales, reconoció que el artículo “salió como un fantasma” y advirtió que podría generar mayor judicialización, en aparente contradicción con el objetivo central del proyecto. También especialistas señalaron posibles conflictos con convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por la Argentina.

Una huelga sin calles

La modalidad elegida no es casual. Sin transporte y con fecha sujeta a los tiempos parlamentarios —todo indica que el debate podría darse el jueves 19—, la CGT prioriza una medida de fuerza sin movilización masiva. Puertas adentro reconocen dos razones: la dificultad logística de organizar una marcha sin colectivos ni trenes y la intención de evitar escenas de confrontación con el protocolo de seguridad impulsado por el Ministerio de Seguridad.

“Tenemos que volver a mostrar la imagen de las ciudades vacías”, deslizó uno de los dirigentes que impulsa la estrategia. La consigna apunta a exhibir contundencia sin exponer a la central a un escenario represivo que el oficialismo podría capitalizar políticamente.

La convocatoria fue precedida por llamados de sectores combativos, como la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso. Su titular, Daniel Yofra, sostuvo que “a este Gobierno hay que enfrentarlo con huelgas” y no solo con manifestaciones. Ese posicionamiento aceleró el debate interno y consolidó la idea de que el conflicto ingresó en una etapa de mayor dureza.

El escenario político

En este sentido, el oficialismo busca acelerar la aprobación en Diputados tras la media sanción obtenida en el Senado. El proyecto introduce cambios estructurales en indemnizaciones, jornada laboral, negociación colectiva y derecho de huelga. La oposición peronista anticipa que intentará modificar artículos clave; si eso ocurriera, la iniciativa debería regresar a la Cámara alta, un escenario que la Casa Rosada procura evitar.

Desde el bloque de la oposición, el senador José Mayans calificó la reforma como “regresiva” e “inconstitucional” y cuestionó el tratamiento exprés del texto. El oficialismo, en cambio, sostiene que la norma es indispensable para promover empleo formal y reducir litigiosidad.

En este aspecto, la determinación de la CGT agrega un nuevo factor de presión sobre un debate que ya desborda el plano técnico y se inscribe en una disputa más amplia sobre el modelo económico y social.

Un conflicto en escalada

El paro general marcará un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero organizado. Hasta ahora, pese a las tensiones, existían canales informales de diálogo.

La incorporación del artículo sobre licencias fue interpretada como una señal de que esos puentes quedaron debilitados.

La discusión en Diputados no solo definirá el destino de la reforma, sino también el alcance de la respuesta sindical. Si el oficialismo logra sostener el núcleo del proyecto, el conflicto podría profundizarse. Si, en cambio, prosperan modificaciones sustantivas, la negociación volverá a reconfigurarse.

Por ahora, la CGT eligió su herramienta histórica. Sin movilización, pero con la expectativa de alto acatamiento, apuesta a que el silencio de las fábricas, oficinas y estaciones de transporte sea más elocuente que cualquier discurso.

La Unión Tranviarios Automotor confirmó que acompañará cualquier medida de fuerza que defina la CGT contra la reforma laboral. El respaldo del gremio que nuclea a los choferes garantiza un alto impacto durante el paro nacional de 24 horas que la central obrera confirmó para cuando se trate el proyecto en Diputados.

El sábado, uno de los referentes de la conducción cegetista se comunicó con las autoridades del gremio de choferes, encabezado por Roberto Fernández, para sondear su postura frente a un posible paro nacional. La respuesta fue categórica: el sindicato acompañará la decisión que adopte la central obrera.

“Somos un gremio confederado y, si la CGT define una medida de fuerza, la vamos a acompañar”, señalaron desde la organización sindical, dejando en claro que esta vez el sector del transporte se alineará con el resto de los gremios.

El dato no es menor. En la última huelga general convocada por la CGT, el 10 de abril, la UTA no se había sumado, argumentando que se encontraba bajo conciliación obligatoria. Aquella ausencia debilitó el alcance de la protesta, dado que el funcionamiento parcial del transporte redujo el impacto esperado en los principales centros urbanos.

En el actual escenario, en cambio, la confirmación anticipada del gremio fortalece la posición de la central obrera en un momento de máxima tensión política. El oficialismo logró avanzar con la aprobación de la reforma laboral en el Senado y el proyecto se encamina a su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese escenario, la CGT decidió adelantar una reunión urgente de su Consejo Directivo para evaluar la convocatoria a un paro nacional de 24 horas que podría coincidir con el debate parlamentario.

La central sindical enfrenta una situación compleja. Si bien logró preservar durante la negociación legislativa las cuotas solidarias y mantener sin modificaciones las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales —recursos estratégicos para el financiamiento gremial y el sistema de salud sindical—, considera que el núcleo de la reforma implica un retroceso en derechos laborales y una alteración sustantiva del esquema de protección vigente.

La adhesión de la UTA introduce un elemento de presión adicional. El transporte público es un factor determinante para el funcionamiento cotidiano de la economía y la vida urbana. Sin colectivos en circulación, la actividad laboral, comercial e industrial se ve severamente limitada, aun en aquellos sectores que no adhieran formalmente al paro.

En términos políticos, el respaldo del gremio de choferes también representa un gesto de cohesión interna dentro del movimiento obrero. Roberto Fernández no integra la conducción actual de la CGT, pero la decisión de acompañar la medida refuerza la idea de un frente sindical más compacto frente a la iniciativa oficial.

Tras la masiva movilización en la Plaza 25 de Mayo de San Juan, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica provincial, Martín Solazzo, cuestionó con dureza el avance de la reforma laboral y reclamó un paro nacional para frenar su tratamiento en la Cámara de Diputados. En diálogo con Mundo Laboral SJ, el dirigente advirtió sobre las consecuencias jurídicas, sociales y productivas del proyecto.

La movilización del miércoles 11 de febrero en la Plaza 25 de Mayo llevada a cabo en San Juan dejó una señal inequívoca del clima sindical que atraviesa la provincia. Bajo el llamado de la CGT y otras centrales sindicales, cientos de trabajadores marcharon en rechazo a la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado.

Martín Solazzo, titular de la UOM en San Juan, calificó la jornada como “multitudinaria” y destacó la amplitud de la movilización, que incluyó a organizaciones gremiales, sectores universitarios e incluso espacios políticos. “Fue una gran convocatoria para todos los sectores. El mensaje fue claro y concreto”, afirmó.

Durante la movilización se entregó un petitorio dirigido a los diputados nacionales por San Juan, con un pedido explícito: que rechacen el proyecto cuando llegue a la Cámara Baja. Según el dirigente, la responsabilidad política quedará marcada por el sentido del voto. “Van a ser responsables de lo que suceda de aquí en adelante”, advirtió.

Críticas a la negociación política y al contenido del proyecto

Solazzo cuestionó las negociaciones que precedieron la media sanción en el Senado y apuntó a lo que definió como “aprietes” del Ejecutivo nacional hacia gobernadores y sectores políticos. Si bien reconoció que algunos legisladores votaron en contra, consideró que el resultado final dejó en evidencia un escenario de presiones cruzadas.

En términos de fondo, el dirigente fue categórico: “Esta reforma está diseñada para hacerle daño al trabajador”. Sostuvo que ninguna modificación parcial cambiaría la esencia del proyecto y que, aun con retoques, seguiría implicando pérdida de derechos.

A su juicio, la iniciativa no aborda el problema estructural del país. “La Argentina atraviesa una crisis económica profunda, no una crisis generada por la legislación laboral”, señaló. En esa línea, planteó que la reforma no generará empleo ni mejorará la competitividad, sino que podría derivar en un incremento de litigiosidad debido a contradicciones normativas y posibles conflictos con garantías constitucionales y tratados internacionales.

Plan de lucha y presión sindical

La UOM ya había desplegado un esquema de protestas en distintas provincias. Solazzo enumeró movilizaciones en Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, además de las acciones locales impulsadas por cada central obrera.

Sin embargo, consideró que las manifestaciones no alcanzan para torcer el rumbo legislativo. “Necesitamos un paro nacional contundente”, subrayó, y apeló a que las centrales obreras —entre ellas la Confederación General del Trabajo (CGT) y las CTA— escuchen el reclamo de las bases.

En ese marco, defendió la creación de un frente sindical alternativo que impulse medidas más firmes. Aclaró que no se trata de disputar liderazgo, sino de “aumentar la presión” ante lo que consideran un punto de inflexión histórico. “Lo ideal es que estemos todos unidos. La unidad es lo único que puede hacer retroceder esta reforma”, sostuvo.

Impacto productivo y advertencia a gobernadores

El titular de la UOM sanjuanina amplió el análisis más allá del plano estrictamente gremial. Señaló que el eventual debilitamiento sindical afectaría el entramado productivo y la estabilidad social. “Esto no impacta solo en el trabajador individual, afecta a la producción, a la industria y a la comunidad en su conjunto”, aseveró.

También cuestionó el rol de algunos mandatarios provinciales en el proceso de negociación. Sin mencionarlos de manera directa, advirtió que “serán responsables” si la norma prospera y sus consecuencias se trasladan a la economía regional.

Para Solazzo, el debate excede la coyuntura y se inscribe en una discusión de fondo sobre el modelo laboral y productivo del país. “Se pueden discutir reformas, pero sentándonos todos en una mesa. De la forma en que está planteada, esta ley no es beneficiosa para ningún trabajador”, insistió.

Un escenario abierto y de alta tensión

A la espera del tratamiento en Diputados, el clima sindical se mantiene en estado de alerta. El reclamo por un paro nacional se fortalece y el frente gremial busca sumar adhesiones para amplificar la presión política.

La movilización en San Juan, según Solazzo, no fue un hecho aislado sino parte de una estrategia escalonada. “Mientras el espíritu de lucha esté activo, nada está perdido”, afirmó, convencido de que la disputa recién comienza.

El conflicto en torno a la reforma laboral expone tensiones profundas entre el Gobierno y el movimiento obrero. Más allá de los matices internos del sindicalismo, el mensaje que emergió desde San Juan es incuestionable: el rechazo no se limita a consignas retóricas, sino que se traduce en organización territorial y amenaza de medidas de fuerza de mayor alcance.

La votación en Diputados será el próximo punto crítico. Allí no solo se definirá el futuro de una norma, sino también el equilibrio entre poder político, representación sindical y derechos laborales en un contexto económico delicado. Para la UOM sanjuanina, la discusión no admite medias tintas: se trata, sostienen, de un debate estructural que marcará el rumbo del trabajo en la Argentina de los próximos años.