La privatización de rutas en Argentina ha generado un gran revuelo, especialmente después de que los diputados aprobaran esta medida. Ahora, los legisladores están exigiendo explicaciones al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el destino de los fondos de Vialidad.

La Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) respaldó este pedido, enfatizando que el abandono de las rutas y la privatización son medidas que atentan contra la población.

El grupo de legisladores encabezados por el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, solicitó la presencia en la Cámara Baja del ministro de Economía, Luis Caputo, al secretario de Transporte, Franco Mogetta, y al administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy.

Los diputados de Unión por la Patria pidieron información sobre varios temas relevantes, incluyendo:

• Monto de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono: Los diputados quieren saber cuánto dinero se recaudó en 2024 a través de este impuesto y cómo se utilizó.
• Destino de los fondos del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte: Los legisladores buscan transparencia sobre cómo se utilizaron los fondos del Fideicomiso en 2024.
• Monto recibido por la Dirección Nacional de Vialidad: Los diputados quieren saber cuánto dinero recibió la Dirección Nacional de Vialidad en 2024 y cómo se utilizó.
• Razones de la subejecución de programas: Los legisladores buscan entender por qué no se ejecutaron algunos programas de la Dirección Nacional de Vialidad en 2024.
• Avance y ejecución de obras: Los diputados quieren saber cuál es el estado actual de las obras a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad y qué se proyecta para 2025.

La FEPEVINA enfatizó que es primordial que los recursos asignados a Vialidad Nacional lleguen a donde corresponden, y no se desperdicien o se utilicen ineficientemente. La transparencia y la rendición de cuentas son si para garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera efectiva y eficiente.

El gobierno planea implementar un plan de «paritarias cero» a partir de marzo, con el objetivo de reducir al mínimo los ajustes salariales y controlar la inflación. Esto implica que no se autorizarán incrementos salariales que superen la expectativa inflacionaria del gobierno, y que las negociaciones se realizarán únicamente en áreas geográficas o unidades productivas que puedan absorberlos sin impacto sobre precios.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, será el encargado de transmitir esta línea oficial a los gremios, y se espera que la mayoría de ellos rechacen el plan. Sin embargo, el gobierno cree que algunos gremialistas podrían estar dispuestos a aceptar paritarias a la baja o congeladas a cambio de compromisos de mantenimiento de los puestos de trabajo.

El plan también implica la negativa a otorgar la homologación de Trabajo, lo que podría generar conflictos y tensiones con los gremios. La CGT no fue consultada sobre el plan, y se espera que se oponga firmemente a él.

Es importante destacar que las negociaciones por región o por empresa son contrarias al espíritu constitutivo del modelo sindical argentino, y que un quiebre en esta dinámica podría representar un golpe letal para el poderío de los gremios.

La Confederación General del Trabajo (CGT) logró un hito en la normalización de delegaciones regionales en todo el país. Según un informe presentado por la Secretaría del Interior, encabezada por Abel Furlán, se alcanzó la formalización legal de 75 de las 82 delegaciones que componen la central obrera.

Este logro representa un avance significativo en la unificación de las delegaciones regionales del movimiento obrero nacional, respetando las decisiones internas de cada región y aplicando los estatutos y reglamentos de la CGT para los procesos electivos.

A pesar de las dificultades enfrentadas durante este proceso, como divisiones naturales del movimiento obrero, tensiones entre sectores de transporte, servicios e industria, y resistencias de dirigentes que mantenían el control de las delegaciones de manera autoproclamada, se ha logrado normalizar el 93,7% de las delegaciones regionales.

El informe destaca que las formas de conducción varían, con 30 unicatos (40%), 14 binomios (18,2%) y 31 triunviratos (41,8%), reflejando la diversidad en la estructura organizativa de las delegaciones.

Mujeres al frente

Un aspecto destacado del informe es el incremento de mujeres en roles de conducción. Por primera vez, el 32,8% de las delegaciones están lideradas por delegadas regionales, rompiendo con patrones históricos de representación masculina.

Próximos pasos

La Secretaría del Interior adelantó que presentará próximamente una propuesta para la creación de nuevas delegaciones en provincias con alta densidad demográfica y política, al tiempo que se evalúa cerrar aquellas delegaciones que han perdido representatividad o no han mantenido contacto con la central en los últimos tres años.