La central obrera confirmó la medida de fuerza para este jueves, en coincidencia con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación. Se prevé paralización del transporte, administración pública, bancos, industrias y posibles suspensiones en el calendario deportivo.

La conducción de la Confederación General del Trabajo ratificó la realización de un paro general de 24 horas que se desarrollará este jueves en todo el país, en abierta señal de rechazo al proyecto de reforma laboral que será debatido en la Cámara de Diputados. La decisión fue formalizada tras una reunión del Consejo Directivo y difundida a través de los canales oficiales de la central.

a huelga se llevará adelante sin movilización centralizada, aunque cada organización sindical podrá instrumentar acciones propias en su ámbito de representación. La estrategia apunta a generar un impacto directo sobre la actividad económica y administrativa, con el objetivo explícito de enviar un mensaje político al Congreso en pleno tratamiento parlamentario.

Alcance e impacto

El efecto más visible se dará en el transporte público. De confirmarse la adhesión de los gremios del sector, la circulación de colectivos, trenes y subtes será nula o severamente reducida durante toda la jornada, afectando especialmente a los grandes centros urbanos.

En este sentido, la administración pública —nacional, provincial y municipal— operará con servicios mínimos o directamente sin atención. El sistema educativo también podría resentirse, con suspensión de clases en escuelas y universidades. La actividad bancaria y financiera aparece igualmente comprometida, al igual que buena parte del entramado industrial y comercial, donde la adhesión sindical suele traducirse en cierre de plantas y persianas bajas.

El alcance real dependerá del nivel de acatamiento en cada sector, pero todo indica que se tratará de una de las medidas de fuerza de mayor envergadura en lo que va del año.

El fútbol, en jaque

El paro no solo tendrá consecuencias económicas y administrativas. También impactará en el calendario deportivo. Al menos cinco partidos de la Liga Profesional programados para el jueves podrían quedar suspendidos ante la falta de personal operativo en estadios, seguridad privada, logística y servicios auxiliares.

La organización de los encuentros depende del funcionamiento coordinado de múltiples actores: transporte para planteles y público, operativos policiales, trabajadores de entidades deportivas y sistemas de control. Sin esos engranajes, la realización de los espectáculos se vuelve inviable.

La definición final quedará en manos de la Asociación del Fútbol Argentino, que evaluará en las próximas horas si reprograma los partidos o aguarda hasta último momento para medir el alcance efectivo de la medida.

Clima político y pulseada legislativa

El paro se inscribe en un fuerte contexto de tensión social y política. Desde la CGT sostienen que la reforma laboral implica retrocesos en derechos adquiridos y altera el equilibrio de protección histórica del trabajador argentino. La central enmarcó la huelga como una defensa “del trabajo y de las conquistas del movimiento obrero”, subrayando que la discusión excede lo técnico y se proyecta como una disputa de modelo.

En el oficialismo, en cambio, argumentan que la reforma busca modernizar el régimen laboral y fomentar la generación de empleo formal, en un momento de gran recesión y caída de la actividad.

Con transporte paralizado, servicios reducidos y el fútbol en suspenso, la jornada de este jueves se perfila como un momento decisivo, en la relación entre el movimiento sindical y el Gobierno. Más que una medida sectorial, el paro general adquiere dimensión política en el momento exacto en que el Congreso debate uno de los proyectos más sensibles del año.

La regional San Juan de la Confederación General del Trabajo (CGT), confirmó su adhesión al paro nacional de 24 horas que se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados de la Nación trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Su titular, Eduardo Cabello, advirtió que los cambios en estudio “no alcanzan” y que, de avanzar el proyecto, acudirán a la Justicia.

La reforma laboral ingresó en una etapa de máxima tensión política y social. Mientras el oficialismo ajusta números en el Congreso y evalúa modificaciones de último momento —especialmente en el capítulo vinculado a licencias—, el movimiento obrero decidió endurecer su postura y fijar una fecha concreta para la huelga general. La medida se activará exactamente el día en que el proyecto sea debatido en el recinto.

En San Juan, la adhesión será total. Así lo confirmó Eduardo Cabello, referente de la CGT provincial, horas después de participar de la movilización del 11 de frerero que calificó como “multitudinaria”. El dirigente agradeció la participación de trabajadores, jóvenes y familias, y sostuvo que la convocatoria dejó una señal clara: “La gente empieza a darse cuenta de que no se trata solo de una discusión sindical, sino de derechos concretos que impactan en su vida cotidiana”.

Presión en el Congreso y estrategia sindical

El esquema definido por la central obrera combina presión política y preparación jurídica. No habrá movilización al Congreso, pero sí una paralización completa de actividades durante 24 horas. La decisión, adoptada por unanimidad en la conducción nacional, apunta a colocar el debate legislativo bajo el foco público y advertir sobre las consecuencias de la norma.

Cabello fue explícito en ese punto. Señaló que los diputados —en su carácter de representantes del pueblo— deberán explicar su voto si convalidan disposiciones que, según el sindicalismo, implican retrocesos en materia salarial y de protección laboral. “Tendrán que decirle a sus votantes por qué acompañaron un recorte de derechos”, resumió.

El dirigente también cuestionó las modificaciones sugeridas en las últimas horas, en particular sobre licencias por enfermedad. A su juicio, las correcciones anunciadas resultan insuficientes y no alteran el núcleo problemático del proyecto. “Si no hay cambios de fondo, la Justicia será la última instancia”, advirtió, anticipando un frente judicial en simultaneo al conflicto político.

Debate federal y advertencia a las provincias

En este escenario, distintas jurisdicciones provinciales impulsan la convocatoria al Consejo Federal del Trabajo para discutir el alcance de la reforma. Para la CGT sanjuanina, cualquier debate debe preservar un principio rector: ninguna provincia puede buscar ventajas sectoriales a costa de deteriorar las condiciones laborales.

Cabello planteó que el desarrollo productivo y el crecimiento regional se sostienen en el trabajo formal y protegido. “Las provincias crecen gracias al esfuerzo de cada trabajador”, afirmó, en un mensaje dirigido tanto a gobernadores como a legisladores nacionales.

Clima social y señal de alerta

Más allá del trámite parlamentario, el sindicalismo observa un cambio en el humor social. Según el titular de la CGT local, el respaldo inicial a la reforma —centrado en la crítica a las estructuras sindicales— comenzó a erosionarse cuando el debate se trasladó al impacto concreto sobre salarios, horas extras y estabilidad laboral. “Cuando se tocan los números y el bolsillo, la reacción es distinta”, sostuvo.

El mensaje, sin embargo, buscó transmitir mesura estratégica. Cabello habló de actuar con cautela, inteligencia y firmeza. La consigna que sintetiza la posición de la central —“Ni un paso atrás”— no implica, según explicó, una negativa al diálogo, sino la defensa de lo que consideran conquistas históricas.

La jornada en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral marcará un momento decisivo. Para el Gobierno, será una prueba de capacidad política para sostener su iniciativa en un Congreso fragmentado. Para la CGT, un límite simbólico frente a lo que interpreta como un avance sobre derechos consolidados.

Entre el recinto y la calle —y eventualmente los tribunales— se desplegará una disputa que excede el texto de la ley. En juego no solo está la arquitectura de las relaciones laborales, sino también la legitimidad social de un proyecto que promete modernización y encuentra, en respuesta, una resistencia sindical decidida a no retroceder.

La Unión Tranviarios Automotor confirmó que acompañará cualquier medida de fuerza que defina la CGT contra la reforma laboral. El respaldo del gremio que nuclea a los choferes garantiza un alto impacto durante el paro nacional de 24 horas que la central obrera confirmó para cuando se trate el proyecto en Diputados.

El sábado, uno de los referentes de la conducción cegetista se comunicó con las autoridades del gremio de choferes, encabezado por Roberto Fernández, para sondear su postura frente a un posible paro nacional. La respuesta fue categórica: el sindicato acompañará la decisión que adopte la central obrera.

“Somos un gremio confederado y, si la CGT define una medida de fuerza, la vamos a acompañar”, señalaron desde la organización sindical, dejando en claro que esta vez el sector del transporte se alineará con el resto de los gremios.

El dato no es menor. En la última huelga general convocada por la CGT, el 10 de abril, la UTA no se había sumado, argumentando que se encontraba bajo conciliación obligatoria. Aquella ausencia debilitó el alcance de la protesta, dado que el funcionamiento parcial del transporte redujo el impacto esperado en los principales centros urbanos.

En el actual escenario, en cambio, la confirmación anticipada del gremio fortalece la posición de la central obrera en un momento de máxima tensión política. El oficialismo logró avanzar con la aprobación de la reforma laboral en el Senado y el proyecto se encamina a su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese escenario, la CGT decidió adelantar una reunión urgente de su Consejo Directivo para evaluar la convocatoria a un paro nacional de 24 horas que podría coincidir con el debate parlamentario.

La central sindical enfrenta una situación compleja. Si bien logró preservar durante la negociación legislativa las cuotas solidarias y mantener sin modificaciones las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales —recursos estratégicos para el financiamiento gremial y el sistema de salud sindical—, considera que el núcleo de la reforma implica un retroceso en derechos laborales y una alteración sustantiva del esquema de protección vigente.

La adhesión de la UTA introduce un elemento de presión adicional. El transporte público es un factor determinante para el funcionamiento cotidiano de la economía y la vida urbana. Sin colectivos en circulación, la actividad laboral, comercial e industrial se ve severamente limitada, aun en aquellos sectores que no adhieran formalmente al paro.

En términos políticos, el respaldo del gremio de choferes también representa un gesto de cohesión interna dentro del movimiento obrero. Roberto Fernández no integra la conducción actual de la CGT, pero la decisión de acompañar la medida refuerza la idea de un frente sindical más compacto frente a la iniciativa oficial.