La ministra de Seguridad denunció penalmente al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, por declaraciones que calificó como “amenaza contra el orden constitucional”. El dirigente respondió con dureza y apuntó a un intento del Gobierno de “disciplinar la protesta” en el marco del inminente paro contra la reforma laboral. Organismos, sindicatos y referentes sociales expresaron su solidaridad y cuestionaron el accionar oficial.

La tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos estatales sumaron un nuevo capítulo, luego de que el Ministerio de Seguridad —a través del director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Soto— presentara una denuncia penal contra el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. El escrito acusa al dirigente de “amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática” por haber declarado que su rol es “provocar la crisis de este Gobierno”.

La presentación sostiene que Aguiar habría incurrido en una “amenaza pública” en el contexto del inminente envío al Congreso de un proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo. El Gobierno argumenta que las afirmaciones del gremialista buscan “afectar el ejercicio del mandato popular” del Presidente y obstaculizar su capacidad constitucional para impulsar cambios legislativos.

La acusación llega en un momento político particularmente sensible: a solo dos días del primer paro nacional convocado por ATE contra lo que consideran una reforma laboral regresiva y persecutoria de la organización sindical.

La respuesta de Aguiar: “El que atenta contra la Constitución es este Gobierno”

Minutos después de conocida la denuncia, ATE difundió un contundente comunicado firmado por Aguiar, quien calificó la acción como “temeraria” y denunció una estrategia oficial para acallar la protesta social.

“El que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es este Gobierno”, afirmó el dirigente, señalando como prueba el uso del “protocolo anti movilización” y la “represión de todos los miércoles”, en referencia al operativo de Seguridad que se despliega frente al Congreso cuando se tratan proyectos oficiales.

Aguiar también destacó lo que llamó una “doble vara” del Gobierno, recordando declaraciones del propio Presidente en las que aseguró que “va a destruir el Estado”. “¿Qué frase más golpista que esa puede existir?”, cuestionó.

Para el dirigente estatal, la denuncia forma parte de un intento de disciplinamiento sindical:
“Lo de Bullrich es enfermizo y temerario. No es casual que llegue dos días antes del paro. Si alguien cree que el Gobierno se desestabiliza por declaraciones televisivas, está aceptando lo endeble de una gestión que vive pendiendo del hilo de la timba financiera y del dólar.”

Solidaridad creciente del movimiento obrero y organismos sociales

La reacción del campo gremial fue inmediata. En las primeras horas posteriores a la denuncia se multiplicaron los pronunciamientos de apoyo a Aguiar, especialmente desde sectores que perciben en el avance judicial del Ministerio de Seguridad un nuevo capítulo en la confrontación del Gobierno con los movimientos sindicales.

La CTA Autónoma manifestó su “repudio absoluto” a la denuncia y defendió el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de los dirigentes gremiales. También lo hizo la Federación Judicial Argentina, que alertó sobre una “tendencia preocupante a criminalizar la actividad sindical”.

Se sumaron además la Seccional Gran Buenos Aires Oeste de la Unión Ferroviaria, el Directorio Obrero del Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén, la Junta Interna de ATE en el EPAS, la Seccional ATE San Pedro (Misiones) y diversas agrupaciones sociales, políticas y de derechos humanos, que advirtieron sobre el riesgo de “judicializar el conflicto social”.

Con el correr de las horas, referentes académicos, dirigentes políticos opositores y especialistas en derecho laboral también se expresaron públicamente, aportando un marco más amplio a la discusión sobre los límites institucionales y la libertad sindical en momentos de reformas estructurales.

Una pulseada que anticipa un escenario de mayor confrontación

La denuncia contra Aguiar no solo agudiza la tensión entre el Gobierno y los trabajadores estatales, sino que funciona como un anticipo del clima que acompañará la discusión de la reforma laboral, un proyecto que promete reconfigurar las relaciones de trabajo y que ha sido duramente cuestionado por la mayoría de las centrales gremiales.

Para los sindicatos, el avance judicial representa un mensaje político: la advertencia de que el Gobierno está dispuesto a llevar la disputa más allá del terreno discursivo y que no dudará en recurrir al sistema penal para contener la protesta.

Para el Gobierno, en cambio, se trata de marcar un límite a lo que considera “discursos desestabilizadores” y de sostener su narrativa de orden en un contexto económico frágil y con creciente conflictividad social.

El enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Rodolfo Aguiar se inscribe en una coyuntura de alta sensibilidad política, marcada por la inminente reforma laboral y la reactivación de los mecanismos de protesta sindical. La denuncia no solo profundiza la disputa entre el Ejecutivo y ATE, sino que abre interrogantes sobre el papel de la Justicia en los conflictos sociales, la vigencia del derecho a la protesta y los límites de la confrontación política en un país que atraviesa una crisis económica persistente.

El escenario, lejos de apaciguarse, anuncia semanas de mayor tensión, con un movimiento sindical que promete redoblar la presión y un Gobierno que apuesta a mantener el control a través de la judicialización y el endurecimiento discursivo.

La conducción renovada de la Confederación General del Trabajo inicia una semana decisiva, con una reunión exclusiva para analizar la reforma laboral que impulsa la Casa Rosada. Tras un encuentro informal con el ministro del Interior, Diego Santilli, la central obrera evalúa su estrategia política y sindical, y no descarta presionar a gobernadores para bloquear un proyecto que consideran regresivo.

El encuentro se da apenas días después de una conversación informal entre el triunvirato y el ministro del Interior, Diego Santilli. Allí, según deslizaron fuentes gremiales, el funcionario garantizó que el proyecto oficial “no incluirá los puntos más extremos” que circularon en borradores atribuidos al Ejecutivo y que generaron alarma en la CGT. Para la central obrera, esa señal fue recibida con cautela: celebran el gesto, pero sospechan que la Casa Rosada busca desactivar resistencias para avanzar con un texto que consideran riesgoso para la estructura sindical.

Un sindicalismo que busca anticiparse al Congreso

La reunión de hoy tiene un objetivo concreto: fijar una estrategia común antes de que el Gobierno formalice la convocatoria a negociación, algo que Santilli sugirió que ocurrirá antes de la presentación legislativa de la reforma. La CGT quiere llegar a esa mesa con una postura sólida y con propuestas propias, evitando quedar encorsetada en un diálogo que pueda ser usado como legitimación política del proyecto oficial.

Cristian Jerónimo, una de las nuevas caras del triunvirato, lo sintetizó con claridad: “Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa. Nosotros también tenemos propuestas”. Sin embargo, advirtió que la conducción no permitirá que el Gobierno marque los tiempos sin abrir la discusión real: “No vamos a negociar a ciegas”.

La preocupación cegetista se concentra en dos ejes que consideran estructurales:

1. Ultractividad de los convenios colectivos

El Gobierno evaluaría limitar la vigencia automática de los convenios una vez vencidos. Para la CGT, esto implicaría poner en riesgo décadas de protección normativa y obligaría a renegociaciones permanentes, usualmente en escenarios desfavorables para los trabajadores.

2. Jerarquía entre convenios empresariales y sectoriales

Otro de los artículos en estudio favorecería acuerdos empresa por empresa por encima de los convenios sectoriales. La central obrera advierte que esto fragmentaría la negociación colectiva, debilitaría el poder de representación de los gremios y abriría la puerta a mayor precarización.

Ambos puntos son considerados “líneas rojas” por la conducción renovada.

Presión política: gobernadores en la mira

La estrategia no se agota en el diálogo con el Ejecutivo. Dirigentes de peso dentro de la CGT ya impulsan abrir conversaciones con gobernadores provinciales para evitar que sus legisladores acompañen una reforma que consideran “antisindical”. El mapa político del Congreso será clave, y la central entiende que cada voto podría definirse fuera de las fronteras del recinto.

Un clima de tensión en medio de una transición interna

La CGT encara esta discusión mientras todavía ordena su propia renovación. El nuevo triunvirato asume el desafío de sostener unidad interna en un escenario donde conviven expectativas de diálogo y un creciente malestar por la posibilidad de que el Gobierno mantenga artículos restrictivos sobre derechos laborales e institucionales.

Aunque la Casa Rosada busca mostrar voluntad de consenso al convocar a la central antes de presentar el proyecto, la dirigencia sindical sospecha que el Gobierno pretende avanzar con cambios estructurales que podrían alterar el equilibrio histórico de fuerzas entre el Estado, los empleadores y el movimiento obrero.

La CGT llega a esta etapa con un equilibrio delicado: abierta al diálogo, pero determinada a resistir modificaciones que afecten la negociación colectiva y la arquitectura sindical. El Gobierno, por su parte, necesita construir legitimidad política para una reforma que sabe conflictiva. La reunión de hoy será el primer test de cohesión interna para la nueva conducción cegetista y, al mismo tiempo, el punto de partida de una negociación que marcará el rumbo de las relaciones laborales en la Argentina de los próximos años.

Un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) revela que el salario mínimo argentino cayó a 225 dólares, el valor más bajo de la región y por debajo del nivel previo al estallido de la convertibilidad. Entre 2023 y 2025, el SMVM perdió 34% en términos reales en un contexto de ajuste fiscal, contención salarial y aceleración inflacionaria. La caída arrastra también a los salarios formales, que no logran empatar la evolución de precios.

Mientras Costa Rica encabeza la lista con un piso salarial de 729 dólares, seguida por Uruguay (593), Chile (567) y Ecuador (470), la Argentina se hunde en el extremo inferior con un monto que se asemeja más a niveles de emergencia social que a un estándar regional. Incluso Paraguay (411) y Bolivia (395) —dos países con estructuras productivas y mercados laborales más reducidos— exhiben ingresos mínimos considerablemente superiores.

Un deterioro que atraviesa dos años y varias administraciones

La debilidad del SMVM no se explica únicamente por las políticas de ingresos del actual gobierno. En realidad, refleja una trayectoria de erosión persistente acelerada desde 2023 por la combinación de inflación elevada, devaluación abrupta y ausencia de actualizaciones que compensen la pérdida del poder adquisitivo.

Según datos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el salario mínimo registró en septiembre una caída del 2%, encadenando tres meses consecutivos de retrocesos luego de los descensos de julio (-0,5%) y agosto.

Pero los golpes más severos se concentraron en el inicio del ciclo inflacionario de la actual administración:

Diciembre 2023: desplome del 15% del salario real.

Enero 2024: caída del 17%, la más profunda desde 2002.

A pesar de algunos incrementos nominales posteriores, la inflación los neutralizó de inmediato. Como resultado, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el SMVM perdió 34% de su valor real, y solo en 2025 acumula una merma del 5,6%.

Uno de los datos más alarmantes es que el salario mínimo actual es inferior al de 2001, el año previo al colapso de la convertibilidad. Además, se ubica 63% por debajo del máximo histórico de la serie, registrado en septiembre de 2011, un indicador del deterioro acumulado en más de una década.

Un mercado laboral bajo presión: los salarios formales tampoco resisten

El derrumbe del salario mínimo no es un fenómeno aislado: acompaña una dinámica generalizada de atraso salarial en el mercado laboral argentino.

En septiembre, el INDEC informó subas salariales que volvieron a quedar rezagadas frente a la inflación del 2,1%:

Sector privado registrado: +1,4%

Sector público: +1,1%

Promedio general: 2,2%, sostenido exclusivamente por un salto del 5,7% en los trabajadores no registrados, un grupo con alta volatilidad y escasa protección laboral.

La comparación interanual es todavía más preocupante:

Total general: 46%

Privado registrado: 32,9%

Público: 35%

No registrado: 120,2% (rebote por recomposiciones parciales tras fuertes rezagos)

Desde diciembre de 2024, los salarios acumulan avances heterogéneos, pero todos con pérdida real:

Total: 30,4%

Privado registrado: 20,4%

Público: 23,9%

No registrado: 77%

En el sector público, las disparidades internas también son significativas:

En septiembre, el subsector nacional ajustó 1,3%, mientras que el provincial solo 1,1%.

La comparación interanual arroja incrementos del 21,8% y 39,6%, respectivamente.

Desde diciembre, las subas acumuladas son del 16% (nacional) y 27,1% (provincial).

Un salario mínimo que ya perdió su razón de ser

El SMVM nació como instrumento para asegurar un piso de ingresos capaz de garantizar necesidades básicas y operar como referencia para sectores sin negociación colectiva robusta. Pero su deterioro actual lo dejó muy lejos de cumplir esa función.

Hoy, el salario mínimo argentino no cubre ni una fracción de la canasta básica total y ha dejado de ser un parámetro útil para buena parte del mercado laboral. Esta caída estructural reabre un debate de fondo: su rol dentro del modelo económico, la periodicidad de sus actualizaciones y su capacidad para incidir en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

El derrumbe del salario mínimo argentino a niveles inéditos —el más bajo de Latinoamérica y por debajo incluso de 2001— se ha convertido en uno de los indicadores más nítidos de la crisis del ingreso que atraviesa el país. La combinación de inflación persistente, políticas de contención salarial y ausencia de actualizaciones significativas configuró un panorama crítico que abarca tanto a trabajadores registrados como informales. En un mercado laboral cada vez más fragmentado y asimétrico, la discusión sobre el salario mínimo vuelve a ocupar un lugar central: no solo como medida económica, sino como señal política sobre el rumbo social del país.