Organizaciones sociales, gremios y referentes de la economía popular marcharon por el microcentro sanjuanino para exigir la continuidad del programa Volver al Trabajo, cuya finalización está prevista para agosto. Los manifestantes advirtieron que la medida afectará a unas 20.000 personas en la provincia y a más de 900.000 beneficiarios en todo el país.

San Juan fue una de las provincias que se incorporó a la jornada nacional de protesta impulsada por organizaciones sociales y trabajadores de la economía popular en rechazo a la decisión del Gobierno nacional de discontinuar el programa Volver al Trabajo. La movilización recorrió el microcentro de la capital provincial, provocó demoras en la circulación vehicular y concluyó con la entrega de un petitorio en la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

De la convocatoria participaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Polo Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), SATSAID y otras organizaciones sindicales y sociales que coincidieron en reclamar la restitución del beneficio económico y una revisión de la política oficial hacia la economía popular.

La protesta se produjo luego de que la Cámara Federal de San Martín dejara sin efecto una medida cautelar que ordenaba mantener el pago mensual del programa. Esa resolución despejó el camino para que el Poder Ejecutivo avance con la finalización del beneficio y la implementación de un nuevo esquema de asistencia.

«No reclamamos un subsidio, reclamamos trabajo»

Durante la manifestación, la referente del MTE Ivana Saavedra sostuvo que la decisión dejará sin ingresos a miles de trabajadores que desarrollan tareas comunitarias en barrios populares.
«Lo que estamos reclamando es un derecho que se nos quita desde agosto. Los 78.000 pesos permitían sostener espacios comunitarios, comedores, merenderos y ollas populares. Lo que buscamos es acceder a un trabajo digno; las capacitaciones ya las realizamos», expresó.
Según indicó, la eliminación del programa alcanzará a aproximadamente 20.000 personas en San Juan, muchas de las cuales complementaban esos recursos con actividades de la economía popular.

Saavedra explicó además que únicamente continuará vigente el programa Acompañamiento Social para los grupos comprendidos por la Resolución 90/2026, principalmente personas mayores de 50 años, mientras que el resto de los beneficiarios dejará de percibir la prestación a partir de agosto.

Un reclamo dirigido a la Nación

El petitorio fue recibido por autoridades de la Agencia Territorial local, aunque los propios manifestantes reconocieron que la decisión depende exclusivamente del Gobierno nacional.

El dirigente de la UTEP Fidel Maric señaló que el documento busca que el planteo llegue a las autoridades nacionales y permita revisar la medida.
«La delegación fue recibida con respeto, pero sabemos que la definición no está en la oficina local. El objetivo es que nuestro reclamo llegue a quienes tienen la responsabilidad de resolver la continuidad del programa», sostuvo.

Qué es Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo fue creado en 2024 tras la disolución de Potenciar Trabajo, con el propósito de favorecer la inserción laboral de trabajadores de la economía popular mediante capacitación, formación profesional, prácticas laborales y el fortalecimiento de emprendimientos productivos.

Como complemento de esas acciones, contemplaba una prestación mensual de 78.000 pesos, destinada a acompañar los procesos de incorporación al mercado laboral. Hasta su eliminación, alcanzaba a cerca de 900.000 beneficiarios en todo el país.

Una protesta con alcance nacional

La importante movilización desarrollada en San Juan formó parte de una jornada coordinada en distintas provincias, donde organizaciones sociales y gremiales cuestionaron el rediseño de las políticas de asistencia impulsado por la administración de Javier Milei.

Los convocantes sostienen que la eliminación de Volver al Trabajo reducirá los recursos disponibles para miles de familias vinculadas a la economía popular y afectará el funcionamiento de comedores, merenderos y otros espacios comunitarios. Frente a ese panorama, anticiparon que continuarán impulsando gestiones y nuevas acciones para reclamar la restitución del programa o la implementación de un mecanismo que garantice la continuidad del acompañamiento económico y la generación de empleo genuino.

El mercado laboral argentino continúa mostrando una marcada pérdida del poder adquisitivo. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, correspondiente al primer trimestre de 2026, 10,5 millones de personas ocupadas en los 31 principales conglomerados urbanos del país perciben ingresos inferiores a $1.500.000 mensuales, un nivel que quedó por debajo de la Canasta Básica Total (CBT), indicador que en junio se ubicó en $1.531.473 para una familia tipo y determina la línea de pobreza.

Las cifras reflejan que ocho de cada diez trabajadores no generan ingresos suficientes para cubrir el costo de esa canasta. El fenómeno deja en evidencia que la pérdida del poder de compra ya no afecta exclusivamente a los segmentos más vulnerables, sino que alcanza de manera creciente a quienes cuentan con empleo registrado.

Sobre un universo de 13,1 millones de personas ocupadas con ingresos, el organismo estadístico informó que 7,4 millones (56,5%) desempeñan tareas formales, mientras que 5,7 millones (43,5%) trabajan sin registración. La participación del empleo informal volvió a incrementarse respecto del mismo período del año anterior, cuando representaba el 42,5%, confirmando una tendencia de expansión del trabajo precario.

Uno de los datos más relevantes del informe es que la insuficiencia de ingresos también atraviesa al empleo formal. Una parte importante de quienes perciben menos de $1,5 millones mensuales pertenece al universo de asalariados registrados, lo que pone de manifiesto que la erosión salarial dejó de ser una característica exclusiva de la economía informal.

El ingreso individual promedio per cápita de la población relevada, integrada por 30,1 millones de habitantes de los principales centros urbanos, alcanzó los $1.153.457 durante el primer trimestre. Sin embargo, el estudio vuelve a exhibir una amplia diferencia entre hombres y mujeres. Mientras el ingreso medio masculino llegó a $1.352.247, el femenino se ubicó en $959.030, una brecha cercana al 30% que continúa reflejando las desigualdades estructurales del mercado laboral argentino.

La distribución de los ingresos también muestra una fuerte relación entre bajos salarios e informalidad. En el escalón inferior, 1.314.000 personas perciben hasta $240.000 mensuales y el 90% de ellas desarrolla tareas sin registrar. En el extremo opuesto, dentro del segmento con remuneraciones que oscilan entre $2.250.000 y $40 millones, predominan ampliamente los trabajadores formales, con 1.140.000 ocupados, frente a 172.000 no registrados.

Otro indicador que explica el deterioro del ingreso real surge de la evolución de los salarios. Durante el primer trimestre de 2026 las remuneraciones aumentaron 8,3%, mientras que la inflación acumuló 9,4%, según el Índice de Salarios del propio INDEC. Esa diferencia consolidó una nueva pérdida del poder de compra, aun en un período en el que el empleo privado mostró una leve expansión interanual cercana al 1%.

No obstante, ese crecimiento no estuvo acompañado por una mayor formalización laboral. Por el contrario, el incremento del empleo respondió principalmente al avance del trabajo no registrado, elevando la tasa de informalidad al 43,5%. Entre las ramas con mayor precarización continúa sobresaliendo el servicio doméstico, donde el 72,8% de las personas ocupadas desarrolla su tarea sin registración.

Los datos difundidos por el INDEC consolidan un diagnóstico que preocupa tanto a economistas como a organizaciones sindicales: el crecimiento del empleo ya no garantiza una mejora en las condiciones de vida cuando los salarios evolucionan por debajo de la inflación y aumenta la precarización. En ese escenario, el desafío para la política económica no solo pasa por generar nuevos puestos de trabajo, sino también por recuperar el poder adquisitivo y revertir el avance de la informalidad que afecta a millones de argentinos.

El Frente de Gremios Estatales Nacionales confirmó su participación en la movilización convocada frente al Congreso junto a la CGT, las dos CTA, organizaciones sociales y jubilados. La protesta marca el inicio de una nueva etapa de confrontación con la administración de Javier Milei, en rechazo a los despidos, la reducción del empleo público y el deterioro de los ingresos.

El sindicalismo vuelve a movilizarse este miércoles con una amplia convocatoria que reúne a la CGT, las dos CTA, movimientos sociales, organizaciones de jubilados y el Frente de Gremios Estatales Nacionales. La concentración frente al Congreso buscará visibilizar el rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional y abrir una nueva etapa del plan de lucha impulsado por las principales centrales obreras.

La incorporación del espacio que nuclea a organizaciones de la administración pública amplía el alcance de la protesta y suma una agenda propia centrada en la reducción del aparato estatal, la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro salarial registrado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Desde ese ámbito sostienen que la política oficial avanza sobre funciones esenciales del Estado mediante despidos, cierre de organismos y recortes presupuestarios. A ello agregan que numerosas provincias comenzaron a replicar medidas de ajuste similares, lo que motivó la definición de una agenda federal de reclamos que también alcanzará a distintas administraciones provinciales.

El secretario general de la Federación Judicial Argentina, Matías Fachal, explicó que la presencia del Frente de Gremios Estatales responde tanto al respaldo del reclamo previsional como a la decisión de consolidar la unidad de acción entre la CGT y las dos CTA. El dirigente remarcó que la defensa del sistema jubilatorio también involucra a quienes hoy se encuentran en actividad, al advertir que los derechos previsionales forman parte de las conquistas laborales que consideran amenazadas por las reformas impulsadas desde la Casa Rosada.

La convocatoria tiene como eje la defensa de la seguridad social y la recuperación del poder adquisitivo de los haberes previsionales. Las organizaciones participantes sostienen que los jubilados constituyen uno de los grupos más afectados por el ajuste fiscal y reclaman una recomposición urgente de los ingresos, además de la restitución plena de la cobertura gratuita de medicamentos.

Fachal también anticipó que la protesta será el punto de partida de nuevas acciones coordinadas entre las distintas expresiones sindicales. En ese sentido, confirmó que el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la CTA Autónoma y otras organizaciones continuarán avanzando en mecanismos de coordinación para fortalecer la respuesta frente a las políticas oficiales.

El rechazo a la denominada «motosierra» encuentra respaldo en los últimos datos difundidos por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). De acuerdo con ese informe, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 la administración pública nacional perdió 69.992 puestos de trabajo, equivalente a una reducción del 20,4% de la planta de personal. El mayor impacto, en términos absolutos, se concentró en los organismos descentralizados, seguido por las empresas públicas y la administración central.

El estudio también concluye que la reducción alcanzó prácticamente a toda la estructura estatal, incluyendo organismos desconcentrados y otros entes públicos, reflejando un proceso sostenido de achicamiento administrativo que, según el centro de estudios, afectó la capacidad operativa de distintas áreas del Estado.

En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó su adhesión a la movilización. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la protesta inaugura una etapa de mayor conflictividad sindical y vinculó la convocatoria con la crisis que atraviesan los adultos mayores. El dirigente advirtió que la diferencia entre la jubilación mínima, actualmente ubicada en $411.989, y la Canasta Básica de los Jubilados, estimada por la Defensoría de la Tercera Edad en $1.824.682, refleja la magnitud del deterioro de los ingresos previsionales.

La movilización aparece así como el primer capítulo de una escalada de medidas que las centrales sindicales evalúan profundizar durante las próximas semanas. Sin avances en el diálogo con el Gobierno y frente a la continuidad del programa de ajuste, el movimiento obrero comienza a debatir nuevas acciones de alcance nacional, entre ellas la posibilidad de convocar a un nuevo paro general.