El Indec informó que la inflación de diciembre fue del 2,8% y que el 2025 cerró con un alza acumulada del 31,5%, el registro anual más bajo desde 2017. Aunque el dato consolida la desaceleración, persisten tensiones en rubros clave como transporte, energía y servicios.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió este martes 12 de enero los datos oficiales de inflación correspondientes a diciembre de 2025. Según el informe, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba mensual del 2,8%, lo que llevó la inflación acumulada del año al 31,5%. Se trata del nivel anual más bajo de los últimos ocho años, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

El dato de diciembre confirmó la tendencia de desaceleración que se venía observando durante el segundo semestre, aunque sin lograr aún perforar el umbral del 2% mensual. El cierre del año se dio en un contexto marcado por factores estacionales y por la continuidad del proceso de recomposición de precios relativos, especialmente en sectores regulados.

Los rubros que más subieron

De acuerdo con el Indec, la división que registró el mayor aumento mensual fue Transporte, con una suba del 4,0%, impulsada por ajustes en tarifas y combustibles. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó un 3,4%, reflejando el impacto de los incrementos en servicios públicos.

En términos de incidencia sobre el índice general, Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser el rubro con mayor peso en la variación mensual en varias regiones del país, una señal que mantiene la presión sobre el costo de vida de los hogares, especialmente de los sectores de menores ingresos.

En contraste, las divisiones que mostraron menores incrementos en diciembre fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%), esta última con una variación contenida tras los fuertes ajustes registrados durante el ciclo lectivo.

Regulados al frente y núcleo resistente

Al observar las categorías del índice, los precios Regulados encabezaron los aumentos del mes con una suba del 3,3%, seguidos por el IPC núcleo, que avanzó un 3,0%, y los precios Estacionales, que registraron un incremento más moderado del 0,6%.

El comportamiento del IPC núcleo —que excluye precios estacionales y regulados— muestra que, pese a la desaceleración general, la inercia inflacionaria sigue presente en la economía y dificulta una baja más pronunciada y sostenida del índice mensual.

Comparaciones y perspectivas

El cierre inflacionario de 2025 marca una fuerte desaceleración respecto de los años previos. En 2024, el IPC había alcanzado el 117,8%, mientras que en 2023 —último año del gobierno de Alberto Fernández— la inflación trepó al 211,4%. La comparación interanual refuerza el cambio de régimen inflacionario, aunque con costos visibles en actividad, consumo y poder adquisitivo.

De cara a 2026, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta una inflación anual del 20,5%. Para enero, sin embargo, las consultoras privadas anticipan que el índice volvería a ubicarse por encima del 2% mensual. Según esas estimaciones, para alcanzar una inflación de un solo dígito anual todavía habría que esperar, al menos, hasta 2028.

La inflación de 2025 cerró en su nivel más bajo en ocho años y consolidó una clara desaceleración respecto de los picos recientes. Sin embargo, el dato de diciembre deja en evidencia que el proceso aún enfrenta límites estructurales: los precios regulados, los servicios y el núcleo inflacionario continúan presionando y retrasan una baja más profunda.

Mientras el Gobierno celebra el sendero descendente del IPC, el desafío pendiente sigue siendo trasladar esa desaceleración a una mejora tangible en el poder adquisitivo y en el consumo. La inflación cede, pero el alivio en el bolsillo todavía no llega con la misma intensidad.

En espejo a la ofensiva del Gobierno nacional, la CGT anunció una gira federal para reunirse con gobernadores y bloquear la reforma laboral impulsada por el oficialismo. La central sindical busca capitalizar el malestar provincial y consolidar un frente político que frene los cambios en el Congreso.

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió salir al territorio para disputar el respaldo político de los gobernadores frente al avance del proyecto de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo nacional. Casi como una réplica directa a la gira que encabeza el ministro del Interior, Diego Santilli, la central obrera anunció que iniciará una serie de reuniones con mandatarios provinciales con el objetivo de reunir los votos necesarios para bloquear la iniciativa en el Congreso.

La gira sindical estará encabezada por el triunvirato que conduce la CGT, integrado por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello. El objetivo, según señalaron desde la conducción cegetista, es “fortalecer las demandas de los trabajadores” y construir un frente común con los gobernadores para frenar un proyecto que, advierten, implica un retroceso en derechos laborales históricos.

La primera escala del recorrido será Santiago del Estero, donde los dirigentes sindicales se reunirán con el gobernador Elías Suárez. Luego, la agenda incluye encuentros en Tucumán, Jujuy y Córdoba, para finalmente trasladarse a distintas provincias de la Patagonia. Si bien la fecha exacta de inicio aún no fue confirmada, la CGT ya avanza en la coordinación política y logística del periplo.

El cálculo político de la CGT

En la central obrera consideran que el escenario posterior a la aprobación del Presupuesto 2026 abre una ventana de oportunidad. La lectura sindical es que muchos gobernadores buscarán evitar nuevos focos de conflicto social y gremial en sus distritos, lo que podría traducirse en una mayor predisposición a rechazar o, al menos, dilatar la reforma laboral.

El proyecto del oficialismo está previsto para ser tratado en sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero, y el rol de los mandatarios provinciales aparece como decisivo. En ese marco, la relación histórica entre los sindicatos y los ejecutivos provinciales vuelve a adquirir centralidad en la dinámica legislativa.

Dificultades y señales desde el oficialismo

En el propio Gobierno reconocen las dificultades para reunir los votos necesarios que garanticen la aprobación de la reforma laboral. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, admitió en las últimas horas que el oficialismo está dispuesto a aceptar modificaciones en el texto del proyecto y dejó abierta la puerta a un eventual diálogo con la CGT.

Sin embargo, dentro del sindicalismo esas señales son recibidas con desconfianza. La trayectoria y el discurso marcadamente antisindical de Bullrich limitan cualquier expectativa de acercamiento real. Aunque la exministra de Seguridad sostiene que la reforma apunta a fomentar el emprendedurismo y facilitar la creación de empleo, en la CGT prevalece una mirada cautelosa y crítica.

El pedido de Bullrich de construir un respaldo parlamentario amplio fue interpretado en sectores gremiales como un repliegue táctico del oficialismo, condicionado por la resistencia política y social que genera la iniciativa.

Santilli, el interlocutor posible

Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su propia ofensiva territorial. Esta semana viajó a Chaco para reunirse con el gobernador Leandro Zdero, tras haber visitado Chubut y mantener un encuentro con Ignacio Torres en el contexto de los incendios que afectan a la Patagonia.

Este martes, Santilli recibirá en Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien, pese al gesto institucional, ya adelantó que no acompañará modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo y reiterará sus reclamos por los fondos adeudados por la Nación en concepto de cajas jubilatorias.

La agenda del ministro continuará el miércoles con un nuevo viaje a Chubut, donde recorrerá las zonas afectadas por el fuego junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jueves se trasladará a Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo, uno de los aliados clave del oficialismo.

Además, en la lista de gobernadores que el Gobierno busca sumar figuran Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan).

La Confederación General del Trabajo confirmó un paro nacional con movilización para el martes 10 de febrero, en coincidencia con el debate de la reforma laboral en el Senado. La central sindical denuncia un retroceso en derechos adquiridos y cuestiona la falta de diálogo del Gobierno con las organizaciones gremiales. La medida de fuerza tendrá alcance federal y prevé movilizaciones en las principales ciudades del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, donde las columnas sindicales confluirán frente al Congreso.

El anuncio se produjo luego de la masiva movilización del pasado 18 de diciembre en Plaza de Mayo y marca una nueva escalada en el conflicto entre el Ejecutivo y el movimiento obrero organizado. Desde la central sindical advirtieron que la iniciativa oficial representa un avance sobre derechos laborales históricos y una profundización de la precarización del empleo.

“Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización en todo el país”, afirmó el secretario gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, al ratificar la convocatoria. En la misma línea, el secretario general Jorge Sola sostuvo que el proyecto “constituye un ataque directo a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores” y reclamó la apertura de instancias de negociación reales con los gremios.

La huelga impactará de lleno en sectores clave de la actividad económica y social. Se verán afectados el transporte público, la administración pública, los bancos, la recolección de residuos, la construcción y buena parte de la actividad industrial, entre otros rubros. La medida anticipa una jornada de fuerte conflictividad social y alto nivel de adhesión sindical.

A la vez, el Gobierno nacional confirmó el corrimiento del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara alta para el 10 de febrero, con el argumento de buscar mayores consensos parlamentarios antes de su votación. Sin embargo, desde la CGT aseguran que no existe voluntad política de diálogo con el sindicalismo.

“El Gobierno impide una reforma laboral consensuada porque rechaza sentarse a negociar con las organizaciones de los trabajadores”, denunció el cosecretario general de la central, Cristian Jerónimo, quien remarcó que el proyecto oficialista debilita los mecanismos de negociación colectiva y altera el equilibrio entre capital y trabajo.