La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales definió cuatro paros para el 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre. Reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial y mayor participación de la comunidad educativa en el debate presupuestario.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió profundizar las medidas de fuerza con cuatro jornadas de paro hasta el 16 de noviembre, en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial para el personal nodocente.

La decisión fue adoptada durante una reunión del Consejo Directivo, que congregó a representantes de 54 organizaciones de base y se extendió durante casi cuatro horas. El encuentro también permitió evaluar la Quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre y definir nuevas acciones junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

El cronograma aprobado contempla huelgas los miércoles 28 de octubre, martes 3 de noviembre, jueves 12 y lunes 16 de noviembre. En cada jornada se organizarán actividades de visibilización para exponer la situación de las universidades públicas y el impacto del deterioro presupuestario sobre el funcionamiento institucional, la investigación científica, la extensión y las condiciones de cursada.

La conducción gremial también propondrá una concentración conjunta con las demás organizaciones universitarias el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de Presupuesto Nacional 2027. La iniciativa busca trasladar el reclamo al debate legislativo y mantener la presión sobre el Poder Ejecutivo.

Un año de incumplimiento y salarios deteriorados

La resolución se conoció al cumplirse un año de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación efectiva continúa siendo el principal reclamo del movimiento universitario. Para la FATUN, la falta de cumplimiento compromete tanto los ingresos de los trabajadores como las condiciones necesarias para sostener las funciones de las casas de altos estudios.

Durante la reunión, además, la federación repudió que representantes gremiales y de otros espacios universitarios no pudieran participar de la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en la que se debatió el financiamiento de la educación superior para 2027.

La nueva etapa de protestas busca sostener la coordinación entre nodocentes, docentes, estudiantes y autoridades universitarias. La apuesta sindical es que la continuidad de las huelgas y las acciones públicas mantenga la cuestión universitaria en la agenda política, mientras se discuten los recursos destinados al sistema público de educación superior.

Un relevamiento de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, realizado a fines de 2025 sobre 3.365 docentes, identificó problemas vinculados con la intensificación del trabajo, la pérdida salarial y el impacto sobre la salud física y mental. El sindicato reclamó políticas de prevención y cambios en las condiciones laborales.

La extensión de la jornada más allá del horario escolar, la multiplicación de tareas y el deterioro de los ingresos quedaron entre las principales preocupaciones expuestas por una encuesta nacional presentada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). El relevamiento, realizado a fines de 2025 y respondido por 3.365 docentes de distintas partes del país, examinó las condiciones laborales y sus consecuencias sobre la salud de quienes enseñan.

Los resultados fueron presentados el miércoles 21 de octubre, en una actividad encabezada por referentes sindicales, entre ellas Sonia Alesso, Rosana Gugliara, Adriana Monteverde, Marisa Barromeres y Lilian Capone. El informe puso el acento en la intensificación del trabajo docente y en las exigencias que exceden el tiempo frente al aula.

Según CTERA, la preparación de clases, las tareas administrativas y otras obligaciones que continúan fuera de las escuelas amplían la jornada efectiva de trabajo. A esa carga se suman las dificultades para compatibilizar el empleo remunerado con las responsabilidades familiares y de cuidado, una combinación que, advierte la organización, repercute en el bienestar físico y mental.

La entidad sindical vinculó estas condiciones con el deterioro salarial y la necesidad de reconocer el tiempo real que demanda la labor educativa. Sin embargo, la información difundida sobre la encuesta no incluye porcentajes específicos para cada problema, por lo que no permite establecer su prevalencia estadística entre los participantes.

Salarios y salud laboral, en el centro del reclamo

A partir de los resultados, CTERA reclamó políticas públicas de prevención y promoción de la salud laboral, condiciones dignas para enseñar y aprender, y una mayor participación de los sindicatos en las decisiones que afectan el trabajo cotidiano en las escuelas.

La organización también reiteró sus demandas por salarios dignos, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y la eliminación del presentismo. Estos reclamos forman parte de su agenda frente al deterioro de los ingresos y las condiciones de empleo.

El relevamiento busca incorporar la salud laboral a la discusión educativa, más allá de los salarios y los recursos disponibles en las aulas. Para CTERA, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar condiciones de trabajo adecuadas y prevenir los riesgos asociados con la sobrecarga.

La privatización de Belgrano Cargas podría tener una nueva fecha límite para recibir ofertas, una decisión que el Gobierno nacional todavía no tomó y que adquiere especial relevancia para San Juan por el futuro del ramal Albardón-Jáchal, una infraestructura considerada clave para la logística de los grandes proyectos cupríferos de la provincia.

Según informó TN, distintas empresas solicitaron más tiempo para preparar sus propuestas, cuya presentación está prevista para el 11 de noviembre. Fuentes oficiales citadas por ese medio minimizaron las consecuencias de la salida de Grupo México Transportes (GMXT) y sostuvieron que el retiro no modifica el desarrollo de la licitación.

La compañía mexicana había proyectado inversiones por US$3.000 millones para operar las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Sin embargo, decidió abandonar la competencia al cuestionar el modelo de acceso abierto, que permite a distintos operadores utilizar las mismas vías mediante el pago de un peaje. Para GMXT, ese esquema reduce la competitividad y eleva los costos del sistema ferroviario.

Aunque el Gobierno busca sostener el cronograma, una eventual prórroga postergaría la definición sobre quiénes asumirán la operación y qué compromisos de inversión se establecerán para modernizar la red.

El ramal que puede conectar las minas sanjuaninas con Rosario

Para San Juan, el punto central es la recuperación del tramo Albardón-Jáchal, de aproximadamente 175 kilómetros, incorporado al paquete de la línea San Martín mediante la Resolución 1350/2026 del Ministerio de Economía.

La conexión, fuera de servicio desde hace décadas, apunta a integrar los futuros emprendimientos cupríferos con la red ferroviaria nacional y facilitar el traslado de concentrado mineral hacia los puertos de Rosario, desde donde podría salir al mercado internacional.

El secretario de Industria, Comercio y Servicios de San Juan, Alejandro Martín, había explicado que la inclusión de proyectos ferroviarios en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) contribuyó a despertar interés por las obras. También advirtió sobre la magnitud de la adaptación necesaria: las vías tienen entre 70 y 80 años de antigüedad y requieren trabajos para adecuar la infraestructura a las exigencias del transporte de cargas.

La planificación logística contempla que la estación Jáchal reciba producción vinculada al distrito Vicuña mediante la Ruta Nacional 150, mientras que Cañada Honda concentre minerales de proyectos como Los Azules y El Pachón. Desde allí, las cargas podrían incorporarse a la línea San Martín rumbo a Rosario. El corredor tiene un antecedente exportador: el concentrado de cobre de Bajo de la Alumbrera utilizó esa conexión ferroviaria.

Otros interesados y una definición pendiente

Tras la salida de GMXT, entre los posibles participantes mencionados figuran el Grupo Roggio, Techint y un conjunto de empresas vinculadas a la agroindustria: AGD, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y ACA. También se ha señalado la posibilidad de incorporar compañías mineras como Rio Tinto, Glencore, Ganfeng y Vicuña como eventuales socios inversores, aunque su participación deberá confirmarse.

La definición de la licitación será relevante para determinar las inversiones, las condiciones de operación y los plazos de recuperación de los ramales. Para San Juan, contar con una conexión ferroviaria competitiva podría reducir la dependencia del transporte exclusivamente carretero y mejorar la salida de grandes volúmenes de mineral.

Más allá de la concesión, el desafío central es asegurar la logística y la capacidad de carga que demanda el auge minero. Hasta que se definan las inversiones y el futuro de Belgrano Cargas por parte de la Nación, el corredor Albardón-Jáchal seguirá en la incertidumbre.