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En medio de la discusión por el anunciado veto del presidente Javier Milei a la Ley votada recientemente por el Congreso de la Nación que le aumenta un promedio de casi 20 mil pesos a cada jubilado y jubilada, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) anunció la modificación del esquema de cobertura de medicamentos, por lo que gran parte de los remedios que contaban con un beneficio total ahora sólo tendrán una cobertura del 40% al 70%.

Ahora, solo quedarán con descuentos del 100% aquellos remedios de enfermedades crónicas o tratamientos especiales, como los oncológicos, hipoglucemiantes, insulina, tiras reactivas y antirretrovirales.

Por su parte, los afiliados en vulnerabilidad que no puedan abonar medicamentos ambulatorios podrán acceder a un subsidio social para obtener los remedios correspondientes, del cual no dieron más especificaciones.

Actualmente son 5 medicamentos con gratuidad total por afiliado, en medicamentos que estén en el vademécum. De acuerdo con lo informado, hay un 40% de descuento para medicamentos de uso ocasional o temporal para tratamientos cortos; 50% a 60% para remedios de enfermedades agudas que tienen un final de tratamiento establecido; 50% a 80% para medicamentos para patologías crónicas sin final establecido.

La palabra de PAMI

Desde la entidad pública comentaron a Tiempo Argentino que «los programas de PAMI incluyen descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantizan la cobertura total de tratamientos oncológicos y de tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes, así como también en tratamientos especiales que requieren atención sostenida, como son los cardiovasculares, oncológicos, diabetes, HIV, hemofilia, trasplantes y hepatitis».

«En esta oportunidad lo que se ha modificado (de hecho se ha ampliado) es el requisito para solicitar el subsidio social, que cubre el 100% de los medicamentos para un pequeño grupo de personas que no puede costearse su tratamiento, y que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Es decir, para aquellas personas que tienen que pagar un copago y aún así no puede afrontar ese costo», acotaron.

Y completaron: «La mayoría de los afiliados utiliza el programa de medicamentos que ofrece 5 medicamentos con cobertura total y el resto con copagos que oscilan entre el 40% y el 80%. Además, los medicamentos ofrecidos por PAMI tienen un precio promedio un 30% más bajo que el precio de venta al público».

PAMI, sin medicamentos y sin límites

La Resolución 2431/24, con la firma del director ejecutivo Esteban Leguízamo, modificó la disposición original del programa «Vivir Mejor», lanzado al inicio de la gestión de Alberto Fernández (incluso antes de la pandemia), que abarcaba 170 monodrogas.

La medida se tomó con el objetivo de lograr un «manejo eficiente y planificado de los recursos en la que se priorice la sustentabilidad presupuestaria para salvaguardar la salud de los afiliados».

Así lo resaltaron a Tiempo: «las modificaciones están orientadas a mejorar la eficiencia del PAMI. Durante años, los subsidios han sido asignados a afiliados que no correspondían, y con estas nuevas medidas, buscamos asegurar que el instituto no solo funcione de manera más eficiente, sino que también sea sostenible a largo plazo.»

Ahora el beneficio quedó limitado a los fármacos para tratar la diabetes -pastillas, insulina y tiras reactivas-, el cáncer, el VIH, y otros tratamientos para enfermedades como la hemofilia, la hepatitis B y C y los que utilizan las personas trasplantadas.

Uno de los primeros en criticar la medida fue el diputado nacional y ex ministro de Salud, Daniel Gollán (UxP): «PAMI deja a millones de jubilados y jubiladas sin cobertura al 100 % en sus medicamentos. La perversidad de este gobierno no tiene límites».

También habló el abogado previsional, Magíster y docente, Christian Gonzalez D’Alessandro: «¿Se acuerdan diciembre los jubilados tenían los remedios gratis? Bueno, salúdenlos que se van. Lo que viene es la versión Macri pero peor».

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Vania Ilchuk, dijo que «obviamente el abuelito empieza a preguntar qué es lo que prioriza, qué es lo que no le cubre». Si es una medicación que sí o sí debe tomar, el afiliado la paga y opta por no comprar las que no son tan prioritarias. En ese sentido Vania Ilchuk señaló que el omeprazol, que es un protector gástrico, es algo que el abuelo polimedicado sí o sí debe tomar y por ende lo paga.

«El problema que también se da es que por ahí el coseguro de estos medicamentos es alto entonces con la jubilación que cobra el abuelo, decirle que tiene que pagar 21 mil, 28 mil o 40 mil es un importe muy, muy grande para lo que es su salario».

«Anulamos muchas recetas porque los jubilados no llegan con el dinero. Ahora únicamente compran medicamentos crónicos y en menor medida los eventuales», acotaron desde el Colegio de Farmacéuticos de San Juan.

Otro problema en puerta

En diálogo con la radio Primera Edición, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones indicó otro inconveniente que están teniendo: hay farmacias que tienen convenio con PAMI que sufren problemas de pago.

«La parte que nos tienen que abonar en efectivo por la prestación de los servicios no está saliendo, se está demorando. Nosotros estamos muy ajustados y dependientes de que el pago de PAMI salga porque eso nos oxigena la droguería . Al no tener ese oxígeno que nos da ese efectivo que entra de PAMI, se le va complicando a la farmacia y eso también va a complicar lamentablemente la prestación del servicio».

«Estamos hablando de remedios, no de ropa»

El presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Mario Valestra, consideró que es muy alto el impacto para los afiliados a PAMI de estas decisiones y muchos de ellos ya tienen que elegir qué remedios comprar y cuáles no.

Sostiene que el impacto es y será muy grande para la salud de los jubilados y jubiladas. «Estamos hablando de remedios, no de ropa que no se pueden comprar», sostuvo el referente de los farmacéuticos de Mendoza.

Además, explicó que PAMI tiene a esta altura un atraso de un mes en sus pagos, y a esto se le suma la reducción de la cobertura.

La secretaria general de la Confederación Farmacéutica Argentina, Claudia Martino, agregó el hecho de que en las últimas semanas quitó la ANMAT a medicamentos recetados que ahora pasaron a venta libre, pendiente el descuento de obras sociales, como los prazoles o el Hipoglós: «Muchas moléculas que antes solamente eran bajo receta, como son los prazoles, pasaron a ser de venta libre, pero sin embargo, algunas se conservan bajo receta. En PAMI, en el plan Vivir Mejor, se sacó los prazoles, los omeprazoles y de cubrir el 100% hoy se cubre un 40 o 50%».

Y remarcó: «pero aquel que necesite realmente y sea de uso crónico, hace un trámite por la resolución y todavía se lo siguen entregando». Eso sí: demanda que sea el jubilado o jubilada quien tenga que moverse hasta PAMI para reclamar y realizar el trámite. De lo contrario, pierde el beneficio.

«Es llamativo», lo definió el farmacéutico Valestra al referirse a que PAMI ya no cubre más al 100% los antibióticos, los antihipertensivos, la pregabalina (un medicamento que se utiliza para la epilepsia, pero también para la fibromialgia); y las drogas antipsicóticas, como la olanzapina o la quetiapina, que se utilizan comúnmente para los pacientes con demencia senil y que tienen altísimos costos. Quien tome 4 o 5 de ellas puede llegar a requerir abonar unos 100 mil pesos más por mes, que hasta hoy no los pagaba. Es más del triple de lo que el Congreso votó días atrás como refuerzo para los jubilados, y más de un tercio de la jubilación mínima actual.

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Paro sorpresivo en San Juan: El gobierno cuestionó a la UTA y sancionará a las empresas

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, cuestionó la retención de servicios de la UTA y afirmó que la Provincia no fue notificada previamente. Anticipó sanciones económicas a las empresas cuyos servicios hayan sido afectados y ordenó controlar la restitución de los recorridos habituales.

Las sanciones económicas desde la Secretaría de Transporte son para las empresas”, afirmó el funcionario, al precisar que la eventual penalización recaerá sobre las compañías responsables de la prestación.

Las inspecciones realizadas durante las primeras horas permitieron constatar, según informó Molina, que la mayoría de las unidades permaneció en los galpones, mientras que solo se registró la circulación ocasional de colectivos en algunas líneas. La interrupción afectó tanto recorridos urbanos como interurbanos y complicó el traslado de pasajeros hacia sus lugares de trabajo y establecimientos educativos.

El sindicato promovió la acción gremial debido al retraso en la liquidación del ajuste salarial reclamado por el personal. Ante lo que consideran un incumplimiento de los compromisos de pago por parte de las patronales, los conductores iniciaron un cese temporal de tareas hasta que se oficialice una solución.

La Provincia, sin embargo, separó el reclamo salarial de las obligaciones vinculadas con la prestación del transporte público. Molina sostuvo que el Gobierno auditará el cumplimiento de los recorridos y verificará la restitución progresiva de los diagramas habituales.

El funcionario también reconoció el malestar generado entre los usuarios por la interrupción del servicio. “La gente con toda razón está molesta, fue una medida intempestiva sin comunicación oficial”, precisó.


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Judiciales profundizan la protesta y convocan a un nuevo paro nacional el Próximo viernes

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) profundizó su plan de lucha y convocó a un paro nacional de 24 horas para este viernes 9 de octubre, luego de las jornadas de protesta realizadas en tribunales de todo el país y de la movilización del Fuero Nacional del Trabajo frente a la Cámara de Apelaciones. El gremio reclama una recomposición del 10% desde septiembre, la incorporación de representantes sindicales a la Obra Social del Poder Judicial y rechaza modificaciones sobre la estructura de la Justicia Nacional.

En materia salarial, la UEJN presentó una nota al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en la que solicitó un incremento del 10% retroactivo al 1° de septiembre. La UEJN sostiene que los haberes acumulan una pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y reclama una actualización que permita comenzar a recuperar esa diferencia.

La conducción sindical recordó además que durante reuniones mantenidas a comienzos de año la Presidencia de la Corte había planteado la posibilidad de avanzar con una recomposición durante el segundo semestre. Por eso, reclamó que se instrumenten las partidas necesarias para concretar el incremento.

El conflicto también alcanza a la obra social. La UEJN cuestiona que, transcurridos casi diez meses, todavía no se haya resuelto la designación de sus representantes en el directorio de la OSPJN. El gremio reclama que la Corte defina la terna presentada y garantice la representación de los trabajadores en el organismo encargado de administrar su cobertura de salud.

El tercer punto está relacionado con la estructura de la Justicia Nacional. El sindicato rechazó cualquier modificación que implique el traspaso de competencias o el desplazamiento de fueros nacionales y reivindicó el carácter federal de la administración de justicia. En ese sentido, consideró que recientes decisiones judiciales constituyen antecedentes para preservar las competencias actualmente vigentes.

La UEJN sostuvo que las jornadas de protesta realizadas en los últimos días expresaron un alto nivel de adhesión y ratificó la continuidad de sus medidas. El paro del viernes será, de esta manera, una nueva instancia de presión sobre la Corte y el Gobierno en una disputa que combina recomposición salarial, representación institucional y defensa de la estructura judicial nacional.

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El Gobierno pone en marcha la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas

El Gobierno nacional confirmó el inicio de las obras correspondientes a la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que comprende más de 3.900 kilómetros y atraviesa 11 provincias. Sumadas las tres etapas del programa, las rutas concesionadas superan los 9.000 kilómetros y conectan centros productivos, puertos y pasos fronterizos.

La finalización de la firma y el traspaso de esta etapa completa una nueva instancia del programa de concesiones viales impulsado por el Ejecutivo. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipó que el proceso continuará con nuevos corredores.

La tercera etapa abarca rutas ubicadas en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. Se trata de corredores que cumplen un papel central en el traslado de producción, el acceso a puertos y la conexión con pasos internacionales.

Dentro de esta etapa quedaron incluidos ocho corredores. El Tramo Centro comprende 681 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34 entre Santa Fe y Córdoba. El Mesopotámico suma 276 kilómetros de las RN 12 y 18 en Entre Ríos, mientras que el Centro-Norte incorpora 536 kilómetros de la RN 34 entre Santa Fe y Santiago del Estero.

El Tramo Noroeste, con 596 kilómetros, alcanza las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 y conecta Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. El Litoral comprende 547 kilómetros de las RN 12 y 16 en Corrientes y Chaco, mientras que el Noreste suma 456 kilómetros de las RN 12 y 105 en Corrientes y Misiones.

Completan la etapa el Tramo Chaco-Santa Fe, con 497 kilómetros de la RN 11, y el Tramo Cuyo, que incorpora 329 kilómetros de la RN 7 en Mendoza. En conjunto, esta fase extiende el modelo de concesiones hacia algunos de los principales corredores de circulación del país.

La RFC ya había incorporado en sus dos primeras etapas otros corredores de importancia. La Etapa I incluyó el Tramo Oriental, integrado por las RN 12, 14, 135, A015 y 117, además del puente Rosario-Victoria, correspondiente a la RN 174.

La Etapa II, en tanto, comprendió el Tramo Pampa, con las RN 5 y 35, y el corredor Sur-Atlántico-Acceso Sur, integrado por las RN 3, 205 y 226 y las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

Entre las tres etapas, el programa alcanza más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo concesión. El Gobierno sostiene que el esquema permitirá trasladar al capital privado parte de las inversiones necesarias para conservar, rehabilitar y modernizar una red fundamental para el transporte de cargas y la integración territorial.

Caputo planteó que la política continuará con nuevas concesiones y una mayor participación privada en infraestructura. La definición abre ahora una nueva etapa para los corredores transferidos, con obras cuya ejecución quedará vinculada al cumplimiento de las obligaciones asumidas por los concesionarios.

La magnitud del programa convierte a la Red Federal de Concesiones en una de las principales transformaciones de la administración nacional sobre la red vial: más de 9.000 kilómetros pasan a administrarse mediante contratos con privados, con impacto directo sobre las rutas utilizadas para la producción, el comercio y la logística interprovincial.

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