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En medio de la discusión por el anunciado veto del presidente Javier Milei a la Ley votada recientemente por el Congreso de la Nación que le aumenta un promedio de casi 20 mil pesos a cada jubilado y jubilada, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) anunció la modificación del esquema de cobertura de medicamentos, por lo que gran parte de los remedios que contaban con un beneficio total ahora sólo tendrán una cobertura del 40% al 70%.

Ahora, solo quedarán con descuentos del 100% aquellos remedios de enfermedades crónicas o tratamientos especiales, como los oncológicos, hipoglucemiantes, insulina, tiras reactivas y antirretrovirales.

Por su parte, los afiliados en vulnerabilidad que no puedan abonar medicamentos ambulatorios podrán acceder a un subsidio social para obtener los remedios correspondientes, del cual no dieron más especificaciones.

Actualmente son 5 medicamentos con gratuidad total por afiliado, en medicamentos que estén en el vademécum. De acuerdo con lo informado, hay un 40% de descuento para medicamentos de uso ocasional o temporal para tratamientos cortos; 50% a 60% para remedios de enfermedades agudas que tienen un final de tratamiento establecido; 50% a 80% para medicamentos para patologías crónicas sin final establecido.

La palabra de PAMI

Desde la entidad pública comentaron a Tiempo Argentino que «los programas de PAMI incluyen descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantizan la cobertura total de tratamientos oncológicos y de tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes, así como también en tratamientos especiales que requieren atención sostenida, como son los cardiovasculares, oncológicos, diabetes, HIV, hemofilia, trasplantes y hepatitis».

«En esta oportunidad lo que se ha modificado (de hecho se ha ampliado) es el requisito para solicitar el subsidio social, que cubre el 100% de los medicamentos para un pequeño grupo de personas que no puede costearse su tratamiento, y que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Es decir, para aquellas personas que tienen que pagar un copago y aún así no puede afrontar ese costo», acotaron.

Y completaron: «La mayoría de los afiliados utiliza el programa de medicamentos que ofrece 5 medicamentos con cobertura total y el resto con copagos que oscilan entre el 40% y el 80%. Además, los medicamentos ofrecidos por PAMI tienen un precio promedio un 30% más bajo que el precio de venta al público».

PAMI, sin medicamentos y sin límites

La Resolución 2431/24, con la firma del director ejecutivo Esteban Leguízamo, modificó la disposición original del programa «Vivir Mejor», lanzado al inicio de la gestión de Alberto Fernández (incluso antes de la pandemia), que abarcaba 170 monodrogas.

La medida se tomó con el objetivo de lograr un «manejo eficiente y planificado de los recursos en la que se priorice la sustentabilidad presupuestaria para salvaguardar la salud de los afiliados».

Así lo resaltaron a Tiempo: «las modificaciones están orientadas a mejorar la eficiencia del PAMI. Durante años, los subsidios han sido asignados a afiliados que no correspondían, y con estas nuevas medidas, buscamos asegurar que el instituto no solo funcione de manera más eficiente, sino que también sea sostenible a largo plazo.»

Ahora el beneficio quedó limitado a los fármacos para tratar la diabetes -pastillas, insulina y tiras reactivas-, el cáncer, el VIH, y otros tratamientos para enfermedades como la hemofilia, la hepatitis B y C y los que utilizan las personas trasplantadas.

Uno de los primeros en criticar la medida fue el diputado nacional y ex ministro de Salud, Daniel Gollán (UxP): «PAMI deja a millones de jubilados y jubiladas sin cobertura al 100 % en sus medicamentos. La perversidad de este gobierno no tiene límites».

También habló el abogado previsional, Magíster y docente, Christian Gonzalez D’Alessandro: «¿Se acuerdan diciembre los jubilados tenían los remedios gratis? Bueno, salúdenlos que se van. Lo que viene es la versión Macri pero peor».

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Vania Ilchuk, dijo que «obviamente el abuelito empieza a preguntar qué es lo que prioriza, qué es lo que no le cubre». Si es una medicación que sí o sí debe tomar, el afiliado la paga y opta por no comprar las que no son tan prioritarias. En ese sentido Vania Ilchuk señaló que el omeprazol, que es un protector gástrico, es algo que el abuelo polimedicado sí o sí debe tomar y por ende lo paga.

«El problema que también se da es que por ahí el coseguro de estos medicamentos es alto entonces con la jubilación que cobra el abuelo, decirle que tiene que pagar 21 mil, 28 mil o 40 mil es un importe muy, muy grande para lo que es su salario».

«Anulamos muchas recetas porque los jubilados no llegan con el dinero. Ahora únicamente compran medicamentos crónicos y en menor medida los eventuales», acotaron desde el Colegio de Farmacéuticos de San Juan.

Otro problema en puerta

En diálogo con la radio Primera Edición, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones indicó otro inconveniente que están teniendo: hay farmacias que tienen convenio con PAMI que sufren problemas de pago.

«La parte que nos tienen que abonar en efectivo por la prestación de los servicios no está saliendo, se está demorando. Nosotros estamos muy ajustados y dependientes de que el pago de PAMI salga porque eso nos oxigena la droguería . Al no tener ese oxígeno que nos da ese efectivo que entra de PAMI, se le va complicando a la farmacia y eso también va a complicar lamentablemente la prestación del servicio».

«Estamos hablando de remedios, no de ropa»

El presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Mario Valestra, consideró que es muy alto el impacto para los afiliados a PAMI de estas decisiones y muchos de ellos ya tienen que elegir qué remedios comprar y cuáles no.

Sostiene que el impacto es y será muy grande para la salud de los jubilados y jubiladas. «Estamos hablando de remedios, no de ropa que no se pueden comprar», sostuvo el referente de los farmacéuticos de Mendoza.

Además, explicó que PAMI tiene a esta altura un atraso de un mes en sus pagos, y a esto se le suma la reducción de la cobertura.

La secretaria general de la Confederación Farmacéutica Argentina, Claudia Martino, agregó el hecho de que en las últimas semanas quitó la ANMAT a medicamentos recetados que ahora pasaron a venta libre, pendiente el descuento de obras sociales, como los prazoles o el Hipoglós: «Muchas moléculas que antes solamente eran bajo receta, como son los prazoles, pasaron a ser de venta libre, pero sin embargo, algunas se conservan bajo receta. En PAMI, en el plan Vivir Mejor, se sacó los prazoles, los omeprazoles y de cubrir el 100% hoy se cubre un 40 o 50%».

Y remarcó: «pero aquel que necesite realmente y sea de uso crónico, hace un trámite por la resolución y todavía se lo siguen entregando». Eso sí: demanda que sea el jubilado o jubilada quien tenga que moverse hasta PAMI para reclamar y realizar el trámite. De lo contrario, pierde el beneficio.

«Es llamativo», lo definió el farmacéutico Valestra al referirse a que PAMI ya no cubre más al 100% los antibióticos, los antihipertensivos, la pregabalina (un medicamento que se utiliza para la epilepsia, pero también para la fibromialgia); y las drogas antipsicóticas, como la olanzapina o la quetiapina, que se utilizan comúnmente para los pacientes con demencia senil y que tienen altísimos costos. Quien tome 4 o 5 de ellas puede llegar a requerir abonar unos 100 mil pesos más por mes, que hasta hoy no los pagaba. Es más del triple de lo que el Congreso votó días atrás como refuerzo para los jubilados, y más de un tercio de la jubilación mínima actual.

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Diputados tratará el acuerdo con Vicuña y rutas nacionales en una sesión especial

La legislatura provincial confirmó una sesión especial para el próximo miércoles, con un temario exclusivo: el convenio con Vicuña Argentina por un aporte anticipado de hasta US$250 millones y el proyecto vinculado con las rutas nacionales.

El Cuerpo legislativo de San Juan tratará el próximo miércoles, en una sesión especial, dos iniciativas prioritarias para el Gobierno de Marcelo Orrego: el acuerdo firmado con Vicuña Argentina y el proyecto relacionado con las rutas nacionales. La convocatoria tendrá un temario exclusivo y concentrará el debate en ambos expedientes.

La definición se produjo luego de la presentación realizada este viernes por funcionarios del Ejecutivo ante los legisladores. El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; y el ministro de Producción, Gustavo Fernández expusieron sobre los expedientes 1904 y 1955 y respondieron consultas vinculadas con sus aspectos técnicos, financieros y legales.

El convenio con Vicuña contempla una contribución anticipada de hasta US$250 millones para financiar obras de infraestructura en San Juan. El acuerdo fue firmado el 5 de agosto y establece un plazo de 60 días corridos para obtener la aprobación legislativa.

Durante la reunión, los diputados plantearon dudas sobre los honorarios bancarios, la afectación específica de los fondos, las zonas de influencia de las obras y, especialmente, los alcances de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El ministro Perea defendió el entendimiento y sostuvo que se trata de un acuerdo favorable para la provincia. Según explicó, no existen flexibilizaciones para la empresa y destacó que algunas obligaciones, como el mecanismo de forestación, quedarán bajo definición provincial mientras que el aporte corresponderá a Vicuña.

El expediente continuará su recorrido en las comisiones de Legislación, Hacienda y Minería antes de llegar al recinto. El oficialismo busca reunir el respaldo necesario y ampliar el consenso legislativo, aunque el bloque Justicialista mantiene una postura contraria al convenio y al proyecto referido a las rutas nacionales.

Con los votos propios y el acompañamiento previsto de otros espacios y legisladores, el oficialismo tendría asegurada la aprobación. Entre quienes anticiparon su respaldo aparecen Eduardo Cabello, Jorge Castañeda, Omar Ortiz, Leopoldo Soler, Pedro Albagli y Franco Aranda.

La sesión del miércoles representará así el próximo paso decisivo para dos iniciativas con impacto directo sobre la infraestructura provincial: una vinculada al financiamiento anticipado derivado del acuerdo minero y otra orientada a la intervención de San Juan sobre rutas nacionales.

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Cerraron más de 30.000 empresas y se perdieron 411.000 empleos registrados

Un informe del Centro de Economía Política Argentina, elaborado sobre datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, contabilizó 30.633 empleadores menos entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. En el mismo período desaparecieron 411.613 puestos de trabajo registrados.

La cantidad de empresas registradas en la Argentina se redujo en 30.633 empleadores entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). La cifra implica una caída del 6%, al pasar de 512.357 a 481.724 empleadores.

El retroceso se profundizó durante mayo. En ese mes se registraron 2.371 empleadores menos, frente a los 1.814 que habían desaparecido en abril. La pérdida mensual aumentó así un 30,7% en apenas un mes.

El comercio encabezó la caída, con 841 empresas menos, seguido por la industria manufacturera, que perdió 403. También retrocedieron alojamiento y gastronomía (-341), transporte y almacenamiento (-210), agro (-156), servicios inmobiliarios (-113) y construcción (-42).

La contracción empresarial tuvo su correlato directo sobre el empleo. Desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026 se perdieron 411.613 puestos registrados, un 4,2% menos, mientras que la cantidad de trabajadores relevados por la SRT pasó de 9.857.173 a 9.445.560.

Solo en mayo desaparecieron 70.217 empleos registrados. La industria manufacturera concentró la mayor pérdida, con 15.139 puestos menos, seguida por comercio mayorista y minorista (-13.488), servicios administrativos y de apoyo (-11.050), transporte y almacenamiento (-6.653) y alojamiento y gastronomía (-5.712).

También se verificaron fuertes retrocesos en el agro, la construcción y los servicios vinculados al entretenimiento y las actividades profesionales. En sentido contrario, la administración pública incorporó 4.550 trabajadores, la enseñanza sumó 1.266 y la minería registró 55 nuevos puestos.

Los datos muestran que la reducción del entramado empresarial se concentró especialmente en ramas estrechamente vinculadas con el consumo interno. El deterioro de las ventas, la menor demanda y la pérdida de poder adquisitivo aparecen así asociados a una retracción simultánea de empresas y puestos de trabajo formales.

El relevamiento de CEPA expone una de las principales consecuencias laborales de la contracción registrada desde el inicio de la actual gestión: mientras algunos rubros vinculados a la producción primaria y extractiva muestran crecimiento, buena parte de las actividades orientadas al mercado interno continúa reduciendo empleadores y trabajadores registrados.

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La Justicia de San Juan reconocerá un nuevo adicional por conectividad

La Unión Judicial San Juan acordó con la Corte de Justicia la incorporación de un ítem de conectividad con una base inicial de $50.000. El adicional alcanzará a trabajadores de distintos escalafones y comenzaría a liquidarse con los haberes de septiembre, que se perciben en octubre. También avanzaron planteos vinculados con la carrera judicial y la ampliación del adicional Zona.

Los trabajadores del Poder Judicial de San Juan tendrán un nuevo concepto en sus recibos de sueldo. La Unión Judicial San Juan, adherida a la Federación Judicial Argentina (FJA), logró que la Corte de Justicia provincial reconozca el ítem Conectividad, una incorporación que tendrá una base inicial de $50.000 y alcanzará a personal de los escalafones Obrero y Maestranza, Ordenanza y Administrativo.

El acuerdo surgió de la mesa de diálogo que la organización gremial mantiene con las autoridades judiciales. Según lo informado por la FJA, el nuevo adicional ya fue acordado y su incorporación está prevista con los haberes correspondientes a septiembre, que se cobrarán en octubre, aunque resta completar las gestiones administrativas necesarias para efectivizar la liquidación.

La conquista se suma a otros avances obtenidos por la organización sindical durante los últimos dos años. El secretario general de la Unión Judicial San Juan, Sebastián López, destacó que se trata de un nuevo resultado de las conversaciones sostenidas con la Corte y recordó que en 2024 se había conseguido el reconocimiento de la bonificación por título secundario, además del reconocimiento de títulos no inherentes y posgrados, beneficios que fueron mejorados durante 2025.

López remarcó que el nuevo adicional tendrá alcance sobre una parte importante del personal administrativo, técnico, de Maestranza y de Ordenanzas. También vinculó el resultado con el respaldo de los afiliados a la conducción sindical y puso de relieve la importancia de la mejora salarial en un período de fuerte pérdida del poder adquisitivo.

La discusión con la Corte no quedó limitada al nuevo concepto salarial. Durante la reunión, la organización planteó además la creación de un escalafón técnico destinado a incluir profesiones que cumplen funciones especiales dentro del Poder Judicial. La propuesta apunta a adecuar el reconocimiento laboral a las tareas efectivamente desempeñadas y, al mismo tiempo, favorecer una mayor movilidad dentro de los demás escalafones.

Otro de los asuntos abordados fue el ítem Zona, cuya modificación todavía no fue definida. La FJA señaló que la propuesta continúa bajo análisis de la Corte de Justicia y del Fiscal General, con la posibilidad de ampliar el monto para extender su alcance a un universo mayor de trabajadores del Poder Judicial sanjuanino.

El reconocimiento de la conectividad había sido analizado previamente por las autoridades del máximo tribunal provincial. El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, había señalado que el planteo requería una evaluación técnica y financiera antes de determinar su viabilidad.

La incorporación responde también a una transformación concreta en la organización del trabajo judicial. La utilización cotidiana de sistemas digitales, plataformas de gestión y dispositivos informáticos convirtió al acceso permanente a internet en una herramienta indispensable para buena parte de las tareas administrativas y judiciales.

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