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En medio de la discusión por el anunciado veto del presidente Javier Milei a la Ley votada recientemente por el Congreso de la Nación que le aumenta un promedio de casi 20 mil pesos a cada jubilado y jubilada, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) anunció la modificación del esquema de cobertura de medicamentos, por lo que gran parte de los remedios que contaban con un beneficio total ahora sólo tendrán una cobertura del 40% al 70%.

Ahora, solo quedarán con descuentos del 100% aquellos remedios de enfermedades crónicas o tratamientos especiales, como los oncológicos, hipoglucemiantes, insulina, tiras reactivas y antirretrovirales.

Por su parte, los afiliados en vulnerabilidad que no puedan abonar medicamentos ambulatorios podrán acceder a un subsidio social para obtener los remedios correspondientes, del cual no dieron más especificaciones.

Actualmente son 5 medicamentos con gratuidad total por afiliado, en medicamentos que estén en el vademécum. De acuerdo con lo informado, hay un 40% de descuento para medicamentos de uso ocasional o temporal para tratamientos cortos; 50% a 60% para remedios de enfermedades agudas que tienen un final de tratamiento establecido; 50% a 80% para medicamentos para patologías crónicas sin final establecido.

La palabra de PAMI

Desde la entidad pública comentaron a Tiempo Argentino que «los programas de PAMI incluyen descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantizan la cobertura total de tratamientos oncológicos y de tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes, así como también en tratamientos especiales que requieren atención sostenida, como son los cardiovasculares, oncológicos, diabetes, HIV, hemofilia, trasplantes y hepatitis».

«En esta oportunidad lo que se ha modificado (de hecho se ha ampliado) es el requisito para solicitar el subsidio social, que cubre el 100% de los medicamentos para un pequeño grupo de personas que no puede costearse su tratamiento, y que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Es decir, para aquellas personas que tienen que pagar un copago y aún así no puede afrontar ese costo», acotaron.

Y completaron: «La mayoría de los afiliados utiliza el programa de medicamentos que ofrece 5 medicamentos con cobertura total y el resto con copagos que oscilan entre el 40% y el 80%. Además, los medicamentos ofrecidos por PAMI tienen un precio promedio un 30% más bajo que el precio de venta al público».

PAMI, sin medicamentos y sin límites

La Resolución 2431/24, con la firma del director ejecutivo Esteban Leguízamo, modificó la disposición original del programa «Vivir Mejor», lanzado al inicio de la gestión de Alberto Fernández (incluso antes de la pandemia), que abarcaba 170 monodrogas.

La medida se tomó con el objetivo de lograr un «manejo eficiente y planificado de los recursos en la que se priorice la sustentabilidad presupuestaria para salvaguardar la salud de los afiliados».

Así lo resaltaron a Tiempo: «las modificaciones están orientadas a mejorar la eficiencia del PAMI. Durante años, los subsidios han sido asignados a afiliados que no correspondían, y con estas nuevas medidas, buscamos asegurar que el instituto no solo funcione de manera más eficiente, sino que también sea sostenible a largo plazo.»

Ahora el beneficio quedó limitado a los fármacos para tratar la diabetes -pastillas, insulina y tiras reactivas-, el cáncer, el VIH, y otros tratamientos para enfermedades como la hemofilia, la hepatitis B y C y los que utilizan las personas trasplantadas.

Uno de los primeros en criticar la medida fue el diputado nacional y ex ministro de Salud, Daniel Gollán (UxP): «PAMI deja a millones de jubilados y jubiladas sin cobertura al 100 % en sus medicamentos. La perversidad de este gobierno no tiene límites».

También habló el abogado previsional, Magíster y docente, Christian Gonzalez D’Alessandro: «¿Se acuerdan diciembre los jubilados tenían los remedios gratis? Bueno, salúdenlos que se van. Lo que viene es la versión Macri pero peor».

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Vania Ilchuk, dijo que «obviamente el abuelito empieza a preguntar qué es lo que prioriza, qué es lo que no le cubre». Si es una medicación que sí o sí debe tomar, el afiliado la paga y opta por no comprar las que no son tan prioritarias. En ese sentido Vania Ilchuk señaló que el omeprazol, que es un protector gástrico, es algo que el abuelo polimedicado sí o sí debe tomar y por ende lo paga.

«El problema que también se da es que por ahí el coseguro de estos medicamentos es alto entonces con la jubilación que cobra el abuelo, decirle que tiene que pagar 21 mil, 28 mil o 40 mil es un importe muy, muy grande para lo que es su salario».

«Anulamos muchas recetas porque los jubilados no llegan con el dinero. Ahora únicamente compran medicamentos crónicos y en menor medida los eventuales», acotaron desde el Colegio de Farmacéuticos de San Juan.

Otro problema en puerta

En diálogo con la radio Primera Edición, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones indicó otro inconveniente que están teniendo: hay farmacias que tienen convenio con PAMI que sufren problemas de pago.

«La parte que nos tienen que abonar en efectivo por la prestación de los servicios no está saliendo, se está demorando. Nosotros estamos muy ajustados y dependientes de que el pago de PAMI salga porque eso nos oxigena la droguería . Al no tener ese oxígeno que nos da ese efectivo que entra de PAMI, se le va complicando a la farmacia y eso también va a complicar lamentablemente la prestación del servicio».

«Estamos hablando de remedios, no de ropa»

El presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Mario Valestra, consideró que es muy alto el impacto para los afiliados a PAMI de estas decisiones y muchos de ellos ya tienen que elegir qué remedios comprar y cuáles no.

Sostiene que el impacto es y será muy grande para la salud de los jubilados y jubiladas. «Estamos hablando de remedios, no de ropa que no se pueden comprar», sostuvo el referente de los farmacéuticos de Mendoza.

Además, explicó que PAMI tiene a esta altura un atraso de un mes en sus pagos, y a esto se le suma la reducción de la cobertura.

La secretaria general de la Confederación Farmacéutica Argentina, Claudia Martino, agregó el hecho de que en las últimas semanas quitó la ANMAT a medicamentos recetados que ahora pasaron a venta libre, pendiente el descuento de obras sociales, como los prazoles o el Hipoglós: «Muchas moléculas que antes solamente eran bajo receta, como son los prazoles, pasaron a ser de venta libre, pero sin embargo, algunas se conservan bajo receta. En PAMI, en el plan Vivir Mejor, se sacó los prazoles, los omeprazoles y de cubrir el 100% hoy se cubre un 40 o 50%».

Y remarcó: «pero aquel que necesite realmente y sea de uso crónico, hace un trámite por la resolución y todavía se lo siguen entregando». Eso sí: demanda que sea el jubilado o jubilada quien tenga que moverse hasta PAMI para reclamar y realizar el trámite. De lo contrario, pierde el beneficio.

«Es llamativo», lo definió el farmacéutico Valestra al referirse a que PAMI ya no cubre más al 100% los antibióticos, los antihipertensivos, la pregabalina (un medicamento que se utiliza para la epilepsia, pero también para la fibromialgia); y las drogas antipsicóticas, como la olanzapina o la quetiapina, que se utilizan comúnmente para los pacientes con demencia senil y que tienen altísimos costos. Quien tome 4 o 5 de ellas puede llegar a requerir abonar unos 100 mil pesos más por mes, que hasta hoy no los pagaba. Es más del triple de lo que el Congreso votó días atrás como refuerzo para los jubilados, y más de un tercio de la jubilación mínima actual.

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Bancarios: el salario inicial llegó a $2,53 millones con la nueva actualización

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales una actualización correspondiente a julio. El ingreso inicial, incluida la participación en las ganancias, quedó en $2.534.977,22 y la recomposición acumulada desde diciembre alcanza el 19,3%.

Los trabajadores bancarios recibieron una nueva actualización salarial del 2,1% correspondiente a julio, en el marco del mecanismo acordado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales. Con este incremento, el salario inicial de la actividad quedó por encima de los $2,5 millones cuando se incorpora el concepto de participación en las ganancias.

El sueldo básico inicial para julio fue establecido en $2.463.354,74, mientras que a ese monto se sumaron $71.219,54 correspondientes a la participación en las ganancias. De esta manera, el ingreso inicial total alcanzó los $2.534.977,22.

La actualización se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También alcanza los adicionales convencionales y no convencionales contemplados en el convenio bancario.

Con el nuevo ajuste, la organización conducida por Sergio Palazzo informó que los salarios acumularon una recomposición del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026, tomando como referencia los valores vigentes en diciembre de 2025.

El esquema continuará durante agosto bajo las mismas condiciones acordadas hasta ahora. La discusión paritaria formal se retomará en la segunda quincena de septiembre, cuando las partes volverán a evaluar la evolución de los salarios y los precios.

Desde La Bancaria destacaron que el mecanismo de actualización busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la evolución de la inflación. “Garantizamos que los trabajadores y las trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señaló el gremio al comunicar el nuevo acuerdo.

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El acuerdo con Vicuña quedó listo para ser votado este miércoles

El acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Vicuña obtuvo despacho favorable en las comisiones y quedó habilitado para ser tratado este miércoles. El Bloque Justicialista no acompañó el dictamen, aunque algunos de sus integrantes podrían votar a favor en el recinto.

Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Minería y Obras y Servicios de la Cámara de Diputados otorgaron este martes despacho favorable al proyecto, que será tratado este miércoles en la sesión especial convocada por la Legislatura.

La definición tuvo una particularidad política: el Bloque Justicialista no suscribió el dictamen. Sin embargo, esa decisión no anticipa necesariamente una votación unificada en contra. Algunos legisladores peronistas podrían acompañar el convenio durante el debate, entre ellos Eduardo Cabello, Jorge Castañeda y Leopoldo Soler. También firmó en conformidad Franco Aranda, del Frente Renovador.

La resolución de las comisiones se produjo después del cuarto intermedio dispuesto el viernes, cuando los diputados habían solicitado ampliar el análisis de la documentación. En aquella reunión participaron el vicegobernador Fabián Martín, el ministro de Minería Juan Pablo Perea, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación Gustavo Fernández y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, quienes respondieron las consultas formuladas por los legisladores.

Uno de los puntos centrales del convenio es el aporte único y no reembolsable de US$250 millones que Vicuña realizará a favor de San Juan. El acuerdo forma parte de las negociaciones vinculadas al desarrollo del proyecto minero y establece compromisos con impacto directo sobre las finanzas y las obras que la Provincia deberá ejecutar.

La discusión legislativa estará marcada, por lo tanto, no solo por el contenido técnico del convenio sino también por la composición de los apoyos en el recinto. El despacho favorable garantiza que el proyecto pueda ser debatido, pero será la votación de este miércoles la que determine su aprobación definitiva.

En la misma jornada, las comisiones dieron despacho favorable al convenio suscripto entre San Juan y Vialidad Nacional. El acuerdo contempla que la Provincia financie y ejecute tareas de conservación, mantenimiento y mejoramiento sobre las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de obras en el Nudo Vial de las rutas 40 y A014.

Ambos expedientes quedaron así incorporados al tramo decisivo de su recorrido legislativo. La sesión especial de este miércoles permitirá conocer el respaldo efectivo que reúnen los convenios y, en el caso de Vicuña, si la división de posiciones dentro de la oposición resulta determinante para su aprobación.

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La Justicia reúne al Gobierno y a los rectores por la Ley de Financiamiento Universitario

La puja por el financiamiento de las universidades nacionales tendrá este viernes una nueva instancia judicial, en simultaneo con una semana marcada por paros y movilizaciones. El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó para el 21 de agosto al Gobierno nacional, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La audiencia se produce luego de que la Justicia ordenara al Estado cumplir con la actualización de salarios y becas prevista por la Ley de Financiamiento Universitario. La medida cautelar promovida por el CIN quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los planteos oficiales para dejarla sin efecto.

El Ejecutivo nacional promulgó la ley, pero sostiene que su aplicación requiere identificar los recursos presupuestarios para financiarla. La disputa derivó en cuatro marchas federales universitarias y en distintas demandas judiciales, que posteriormente fueron unificadas.

La UBA pidió además ampliar el alcance de la discusión. Su reclamo incorpora recursos para hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas destinadas a ciencia y tecnología, conceptos que no quedaron incluidos en la sentencia judicial. El CIN, por su parte, insiste en que la cautelar debe cumplirse de inmediato.

El reclamo gremial suma otro componente. Según fuentes universitarias, el Ejecutivo abonó una recomposición salarial del 21,33% correspondiente a junio y prevé otro incremento del 3% en octubre, además de actualizar las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, no habría ejecutado el aumento del 20% para gastos de funcionamiento ni los $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios incluidos en el acta firmada con los rectores el 10 de junio.

Las federaciones docentes sostienen que todavía existe una recomposición salarial pendiente cercana al 29%, mientras que otros cálculos gremiales ubican el desfase en 31,2%, sin contemplar el retroactivo desde la entrada en vigencia de la ley.

A raíz de la situación, el problema volvió a las aulas esta semana. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a un paro desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto, con adhesión sujeta a cada cátedra. Las autoridades de la Universidad informaron que las facultades permanecerán abiertas.

A nivel nacional, la FATUN informó un acatamiento del 98% entre los trabajadores nodocentes y anunció abrazos simbólicos a universidades y una movilización al Palacio Sarmiento para este miércoles. Si no obtiene respuestas del Ejecutivo, el gremio prevé un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, medida que también fue ratificada por CONADU.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo que la protesta expresa el reclamo por una ley vigente, una cautelar judicial y un acuerdo con los rectores que, según afirmó, todavía no fueron cumplidos en su totalidad. Desde el Gobierno, en cambio, calificaron el paro como “ilegítimo” y negaron que exista incumplimiento, mientras convocaron a una nueva reunión paritaria para el 1 de septiembre.

La audiencia del viernes reunirá así a las partes en uno de los momentos más delicados de la pugna por el financiamiento universitario. Mientras los gremios preparan nuevas medidas de fuerza, la Justicia deberá escuchar las posiciones del Estado, los rectores y la UBA sobre el alcance efectivo de las obligaciones que quedaron fijadas por la normativa y las resoluciones judiciales.

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