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En medio de la discusión por el anunciado veto del presidente Javier Milei a la Ley votada recientemente por el Congreso de la Nación que le aumenta un promedio de casi 20 mil pesos a cada jubilado y jubilada, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) anunció la modificación del esquema de cobertura de medicamentos, por lo que gran parte de los remedios que contaban con un beneficio total ahora sólo tendrán una cobertura del 40% al 70%.

Ahora, solo quedarán con descuentos del 100% aquellos remedios de enfermedades crónicas o tratamientos especiales, como los oncológicos, hipoglucemiantes, insulina, tiras reactivas y antirretrovirales.

Por su parte, los afiliados en vulnerabilidad que no puedan abonar medicamentos ambulatorios podrán acceder a un subsidio social para obtener los remedios correspondientes, del cual no dieron más especificaciones.

Actualmente son 5 medicamentos con gratuidad total por afiliado, en medicamentos que estén en el vademécum. De acuerdo con lo informado, hay un 40% de descuento para medicamentos de uso ocasional o temporal para tratamientos cortos; 50% a 60% para remedios de enfermedades agudas que tienen un final de tratamiento establecido; 50% a 80% para medicamentos para patologías crónicas sin final establecido.

La palabra de PAMI

Desde la entidad pública comentaron a Tiempo Argentino que «los programas de PAMI incluyen descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantizan la cobertura total de tratamientos oncológicos y de tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes, así como también en tratamientos especiales que requieren atención sostenida, como son los cardiovasculares, oncológicos, diabetes, HIV, hemofilia, trasplantes y hepatitis».

«En esta oportunidad lo que se ha modificado (de hecho se ha ampliado) es el requisito para solicitar el subsidio social, que cubre el 100% de los medicamentos para un pequeño grupo de personas que no puede costearse su tratamiento, y que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Es decir, para aquellas personas que tienen que pagar un copago y aún así no puede afrontar ese costo», acotaron.

Y completaron: «La mayoría de los afiliados utiliza el programa de medicamentos que ofrece 5 medicamentos con cobertura total y el resto con copagos que oscilan entre el 40% y el 80%. Además, los medicamentos ofrecidos por PAMI tienen un precio promedio un 30% más bajo que el precio de venta al público».

PAMI, sin medicamentos y sin límites

La Resolución 2431/24, con la firma del director ejecutivo Esteban Leguízamo, modificó la disposición original del programa «Vivir Mejor», lanzado al inicio de la gestión de Alberto Fernández (incluso antes de la pandemia), que abarcaba 170 monodrogas.

La medida se tomó con el objetivo de lograr un «manejo eficiente y planificado de los recursos en la que se priorice la sustentabilidad presupuestaria para salvaguardar la salud de los afiliados».

Así lo resaltaron a Tiempo: «las modificaciones están orientadas a mejorar la eficiencia del PAMI. Durante años, los subsidios han sido asignados a afiliados que no correspondían, y con estas nuevas medidas, buscamos asegurar que el instituto no solo funcione de manera más eficiente, sino que también sea sostenible a largo plazo.»

Ahora el beneficio quedó limitado a los fármacos para tratar la diabetes -pastillas, insulina y tiras reactivas-, el cáncer, el VIH, y otros tratamientos para enfermedades como la hemofilia, la hepatitis B y C y los que utilizan las personas trasplantadas.

Uno de los primeros en criticar la medida fue el diputado nacional y ex ministro de Salud, Daniel Gollán (UxP): «PAMI deja a millones de jubilados y jubiladas sin cobertura al 100 % en sus medicamentos. La perversidad de este gobierno no tiene límites».

También habló el abogado previsional, Magíster y docente, Christian Gonzalez D’Alessandro: «¿Se acuerdan diciembre los jubilados tenían los remedios gratis? Bueno, salúdenlos que se van. Lo que viene es la versión Macri pero peor».

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Vania Ilchuk, dijo que «obviamente el abuelito empieza a preguntar qué es lo que prioriza, qué es lo que no le cubre». Si es una medicación que sí o sí debe tomar, el afiliado la paga y opta por no comprar las que no son tan prioritarias. En ese sentido Vania Ilchuk señaló que el omeprazol, que es un protector gástrico, es algo que el abuelo polimedicado sí o sí debe tomar y por ende lo paga.

«El problema que también se da es que por ahí el coseguro de estos medicamentos es alto entonces con la jubilación que cobra el abuelo, decirle que tiene que pagar 21 mil, 28 mil o 40 mil es un importe muy, muy grande para lo que es su salario».

«Anulamos muchas recetas porque los jubilados no llegan con el dinero. Ahora únicamente compran medicamentos crónicos y en menor medida los eventuales», acotaron desde el Colegio de Farmacéuticos de San Juan.

Otro problema en puerta

En diálogo con la radio Primera Edición, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones indicó otro inconveniente que están teniendo: hay farmacias que tienen convenio con PAMI que sufren problemas de pago.

«La parte que nos tienen que abonar en efectivo por la prestación de los servicios no está saliendo, se está demorando. Nosotros estamos muy ajustados y dependientes de que el pago de PAMI salga porque eso nos oxigena la droguería . Al no tener ese oxígeno que nos da ese efectivo que entra de PAMI, se le va complicando a la farmacia y eso también va a complicar lamentablemente la prestación del servicio».

«Estamos hablando de remedios, no de ropa»

El presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Mario Valestra, consideró que es muy alto el impacto para los afiliados a PAMI de estas decisiones y muchos de ellos ya tienen que elegir qué remedios comprar y cuáles no.

Sostiene que el impacto es y será muy grande para la salud de los jubilados y jubiladas. «Estamos hablando de remedios, no de ropa que no se pueden comprar», sostuvo el referente de los farmacéuticos de Mendoza.

Además, explicó que PAMI tiene a esta altura un atraso de un mes en sus pagos, y a esto se le suma la reducción de la cobertura.

La secretaria general de la Confederación Farmacéutica Argentina, Claudia Martino, agregó el hecho de que en las últimas semanas quitó la ANMAT a medicamentos recetados que ahora pasaron a venta libre, pendiente el descuento de obras sociales, como los prazoles o el Hipoglós: «Muchas moléculas que antes solamente eran bajo receta, como son los prazoles, pasaron a ser de venta libre, pero sin embargo, algunas se conservan bajo receta. En PAMI, en el plan Vivir Mejor, se sacó los prazoles, los omeprazoles y de cubrir el 100% hoy se cubre un 40 o 50%».

Y remarcó: «pero aquel que necesite realmente y sea de uso crónico, hace un trámite por la resolución y todavía se lo siguen entregando». Eso sí: demanda que sea el jubilado o jubilada quien tenga que moverse hasta PAMI para reclamar y realizar el trámite. De lo contrario, pierde el beneficio.

«Es llamativo», lo definió el farmacéutico Valestra al referirse a que PAMI ya no cubre más al 100% los antibióticos, los antihipertensivos, la pregabalina (un medicamento que se utiliza para la epilepsia, pero también para la fibromialgia); y las drogas antipsicóticas, como la olanzapina o la quetiapina, que se utilizan comúnmente para los pacientes con demencia senil y que tienen altísimos costos. Quien tome 4 o 5 de ellas puede llegar a requerir abonar unos 100 mil pesos más por mes, que hasta hoy no los pagaba. Es más del triple de lo que el Congreso votó días atrás como refuerzo para los jubilados, y más de un tercio de la jubilación mínima actual.

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El EPRE atribuyó el corte de energía eléctrica a una falla en la interconexión con Mendoza

Un corte de electricidad afectó este miércoles a distintos puntos de San Juan como consecuencia de una contingencia en las líneas que vinculan a la provincia con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El EPRE informó que la interrupción involucró los enlaces de 220 kV y 500 kV provenientes de Mendoza.

La normalización del servicio eléctrico provincial se ejecutó de forma escalonada. Inicialmente, se reactivó el sistema de 220 kV para iniciar la recuperación gradual de la carga afectada; posteriormente, la restitución del vínculo de 500 kV completó la estabilización total del suministro.

Las instalaciones de transporte involucradas son operadas y mantenidas por DISTROCUYO S.A. y TRANSENER S.A., responsables de los respectivos vínculos de alta tensión que conectan San Juan con el SADI.

El organismo regulador aclaró que todavía no existe una determinación definitiva sobre la causa de la contingencia. El EPRE aguarda los informes técnicos de ambas empresas para establecer qué ocurrió, en qué punto se originó la falla y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la interrupción.

El EPRE continuará monitoreando la red y anticipó que difundirá nueva información cuando disponga de los informes técnicos correspondientes. Hasta entonces, el organismo mantiene abierta la investigación sobre el origen de la contingencia.

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La Justicia frenó las elecciones de la UTA y fijó una nueva fecha para diciembre

Las elecciones nacionales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), previstas para el 7 y 8 de octubre, fueron suspendidas por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ordenó retrotraer el proceso hasta la etapa de presentación de listas y avales y fijó una nueva fecha de votación para el 17 y 18 de diciembre.

La resolución, firmada por los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez, cuestionó distintos aspectos del proceso electoral. Entre ellos aparecen inconsistencias en el padrón, la distribución de los electores en las mesas y la oficialización de candidaturas. El tribunal concluyó que, bajo esas condiciones, los comicios no podían celebrarse válidamente en las fechas originalmente previstas.

Uno de los principales puntos observados fue el padrón. La Justicia identificó 2.870 exclusiones realizadas entre junio y agosto bajo la causal genérica de “cese laboral”, sin consignar la fecha concreta de finalización de la relación. También dispuso controles adicionales sobre altas y bajas de afiliados y ordenó verificar documentación antes de resolver futuras impugnaciones.

La Cámara también revisó la distribución de los 61.664 electores en 494 mesas. Para la nueva elección estableció un máximo de 600 votantes por mesa, además de contemplar una urna complementaria para determinados votos observados y mecanismos de verificación de información ante organismos como RENAPER y ARCA.

El nuevo proceso tendrá, además, fiscalización judicial permanente. El abogado laboralista Matías Cremonte fue designado veedor y podrá acceder a registros, bases de datos y documentación vinculada con la organización de los comicios. La Junta Electoral Central y las juntas locales continuarán en funciones, aunque bajo ese control.

La causa se inició a partir de una presentación de la Lista Negra, encabezada por Maximiliano Escriba, contra la UTA y su Junta Electoral. El fallo también permitirá revisar la situación de listas opositoras que habían quedado excluidas en distintas seccionales.

La postergación modifica el calendario de una elección atravesada por una fuerte disputa interna. El oficialismo, representado por la Lista Celeste y Blanca, impulsa nuevamente a Roberto Fernández, mientras que entre los espacios opositores aparecen la Lista Negra de Escriba, la Lista Marrón de Alberto Patiño y la Lista Bordó de Claudio Gómez.

Desde la conducción de la UTA manifestaron su respeto por la resolución judicial, aunque cuestionaron su contenido y atribuyeron la postergación a una estrategia de judicialización de la disputa interna. Esas acusaciones forman parte de la posición del oficialismo y no constituyen una conclusión establecida por el tribunal.

Según el nuevo cronograma, las listas definitivas deberán oficializarse antes del 30 de octubre y las mesas quedarán definidas el 1° de diciembre. En tanto, el escrutinio definitivo y la proclamación de autoridades tendrán que completarse antes del 29 de diciembre.

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ADICUS profundiza el reclamo universitario y pone bajo análisis el ciclo lectivo 2027

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS) ratificó el paro de 72 horas que comienzó este miércoles 30 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, en adhesión a la medida nacional convocada por CONADU y CONADU Histórica. La huelga alcanzará el dictado de clases en las facultades y en los colegios preuniversitarios de la UNSJ.

El reclamo combina dos puntos centrales: la recuperación de los salarios docentes y el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. La norma establece mecanismos de actualización para los haberes docentes y nodocentes y dispone la recomposición de programas destinados a estudiantes.

En medio de la escalada judicial, el juez Martín Cormick —titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11— ratificó este miércoles la intimación al Gobierno nacional para que acate la cautelar universitaria en un lapso de cinco días. El magistrado consideró insuficientes los argumentos del Ejecutivo y advirtió que mantendrá las multas diarias en caso de persistir el incumplimiento.

La resolución se produjo después de que el Gobierno apelara la primera intimación y sostuviera ante la Justicia que ya había cumplido con las obligaciones alcanzadas por la cautelar. La controversia judicial se concentra en la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a salarios universitarios y programas de becas.

En San Juan, además, ADICUS cuestionó la presentación judicial impulsada por familias de estudiantes de los colegios preuniversitarios que procuran evitar nuevas interrupciones de clases. La secretaria gremial Edith Liquitay sostuvo que ni el sindicato ni la UNSJ habían recibido una notificación formal del planteo y defendió la continuidad de las medidas mientras persista el reclamo salarial.

La dirigente también anticipó que dentro del gremio se analizan alternativas de mayor alcance para el próximo ciclo académico. Entre ellas aparecen la suspensión de las mesas de exámenes finales y la posibilidad de no iniciar las clases de 2027, aunque ADICUS aclaró que ninguna de esas medidas constituye por ahora una decisión adoptada.

El conflicto sumará una nueva convocatoria el 15 de octubre con la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria, promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional y respaldada por agrupaciones de docentes, nodocentes y estudiantes. La protesta exigirá el acatamiento de la normativa vigente, una actualización de los salarios y un mayor presupuesto para las casas de altos estudios públicas

La huelga de esta semana y el nuevo requerimiento judicial al Ejecutivo nacional trasladan la crisis universitaria a tres dimensiones simultaneamente: la puja salarial, la ejecución de la ley sancionada y el litigio en tribunales. En la órbita local, ADICUS continúa con la protesta en la UNSJ y analiza nuevas medidas que dependerán estrictamente de la evolución del escenario general.

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