La Superintendencia de Servicios de Salud retiró del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a 18 empresas, mutuales y cooperativas. Las auditorías detectaron falta de actividad efectiva, ausencia de afiliados y documentación incompleta. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las exclusiones ya superan las 180.

La medida alcanza a empresas de medicina prepaga, mutuales y cooperativas de distintas provincias. Entre las entidades excluidas figuran Plan Odontológico Integral S.A., Cámara de Tabaco de Misiones, Armiento S.A., Instituto Materno Infantil S.A. y Sociedad Médica Universitaria S.A., además de Asociación Mutual Intercooperativa, AMI S.R.L., Huinca Salud S.A. y Cooperativa Cuenca del Salado Ltda.

También quedaron fuera del registro Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay, EMPY S.R.L., Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. y Timely Medical, entre otras organizaciones alcanzadas por el proceso de fiscalización.

Según explicó el organismo, las inspecciones permitieron establecer que varias de estas entidades no registraban actividad efectiva, no contaban con beneficiarios activos o no habían presentado la información requerida por la normativa vigente. Antes de disponer las bajas, la Superintendencia las intimó a regularizar su situación.

La falta de respuesta suficiente derivó finalmente en la exclusión del registro. El procedimiento forma parte de una revisión más amplia impulsada por el Gobierno para depurar el padrón de entidades que formalmente figuran como prestadoras de medicina prepaga, pero que no acreditan una operatoria efectiva.

Con esta nueva resolución, más de 180 entidades fueron excluidas desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, en un proceso que la Superintendencia anticipó que continuará mediante nuevas auditorías.

El organismo sostuvo además que las bajas no deberían generar perjuicios para los usuarios, debido a que las entidades alcanzadas no registraban afiliados activos ni prestaciones en curso al momento de las verificaciones.

La depuración apunta a que el registro oficial quede integrado por organizaciones que acrediten existencia operativa, beneficiarios y cumplimiento de las obligaciones exigidas. La Superintendencia mantendrá las fiscalizaciones y podrá disponer nuevas exclusiones cuando se detecten incumplimientos similares.

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó por 27 votos contra 9 el convenio entre el Gobierno provincial y Vicuña. El acuerdo contempla un aporte de hasta US$250 millones para infraestructura, con un fideicomiso administrado por el Banco San Juan y controles del Tribunal de Cuentas.

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este miércoles el acuerdo entre el Gobierno provincial y Vicuña, en una sesión especial que terminó con 27 votos afirmativos y nueve negativos. La iniciativa habilita un aporte de hasta US$250 millones para financiar obras de infraestructura, incluso antes de que el proyecto minero alcance su etapa productiva.

El convenio ratifica el Acta Compromiso suscripta entre la Provincia y la compañía y establece un esquema de aportes definido. Según lo expuesto durante el debate, los recursos estarán disponibles desde el 20 de diciembre de 2026, tendrán carácter fijo y no podrán compensarse con futuras regalías ni serán considerados un adelanto sujeto a devolución.

El dinero será administrado mediante un fideicomiso en el Banco San Juan, bajo control provincial, con auditorías externas anuales y la intervención del Tribunal de Cuentas. Entre las obras mencionadas figura la intervención sobre la Ruta Nacional 40 Norte, uno de los principales puntos de interés durante el tratamiento legislativo.

El oficialismo defendió el entendimiento como una herramienta para anticipar infraestructura y generar previsibilidad para las inversiones vinculadas con Vicuña. El diputado Andrés Castro sostuvo que se trata de un aporte “claro, previsible” y afirmó que representa “previsibilidad política para el San Juan del futuro”.

Cruces por controles y facultades provinciales

El debate estuvo marcado por cuestionamientos de legisladores opositores, que plantearon dudas sobre las facultades provinciales, los controles ambientales, el uso del agua y las condiciones del convenio.

Desde el oficialismo, la diputada radical Alejandra Leonardo rechazó que San Juan haya resignado atribuciones. “San Juan no está renunciando a nada”, sostuvo, y afirmó que las exigencias ambientales continuarán sujetas a la Declaración de Impacto Ambiental y a los controles correspondientes.

En el peronismo también hubo posiciones diferenciadas. El diputado Miguel Vega acompañó la aprobación, aunque dejó asentado que uno de los motivos de su respaldo estaba vinculado con las obras previstas para la Ruta 40. En cambio, el titular de la bancada justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, cuestionó el tiempo disponible para analizar la documentación y planteó reparos sobre las facultades provinciales en un radio de 75 kilómetros del emprendimiento.

La sesión tuvo además un cuarto intermedio de unos 40 minutos solicitado por el diputado oficialista Gustavo Usín, antes de retomar el debate y avanzar hacia la votación definitiva.
Orrego celebró la aprobación

Tras conocerse el resultado, el gobernador Marcelo Orrego destacó la sanción del convenio y remarcó que los recursos podrán utilizarse antes de que Vicuña comience a producir.

“Esto se traducirá en recursos para las obras que San Juan necesita, antes de que el proyecto comience a producir”, afirmó el mandatario. Luego cuestionó a quienes rechazaron la iniciativa y sostuvo que “la mayoría eligió acompañar este paso histórico”.

Con la aprobación legislativa, el Gobierno provincial obtuvo el aval necesario para avanzar en uno de los acuerdos económicos de mayor relevancia de su gestión. El próximo paso será la instrumentación del fideicomiso y la definición de las obras que recibirán los fondos comprometidos.

Los gremios docentes iniciaron una nueva semana de paro y movilizaciones para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta se extenderá hasta el sábado y combina huelgas, carpas y marchas en distintas universidades del país.

Los docentes de las universidades nacionales volvieron esta semana a las medidas de fuerza para reclamar al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025 y todavía pendiente de implementación, según denuncian las organizaciones gremiales.

La nueva protesta comenzó ayer martes 18 de agosto y se extenderá, en principio, hasta el sábado 22, luego del paro nacional realizado el pasado 12 de agosto. Los sindicatos aseguran que la adhesión volvió a ser elevada en las distintas casas de estudio y anticiparon la continuidad de las acciones mientras persistan los incumplimientos que atribuyen al Gobierno.

Una de las principales expresiones de la protesta se instaló frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación. La Conadu montó allí una carpa que permanecerá hasta el viernes 21 y organizó actividades bajo la consigna “Carpas por la universidad y la soberanía”.

La iniciativa también se replicará en distintos puntos del país, junto con una movilización convocada para este miércoles al mediodía. Las federaciones buscan mantener visible el conflicto y reclamar una recomposición salarial que, según sostienen, continúa pendiente.

El reclamo salarial

Los gremios afirman que los haberes correspondientes a julio, percibidos en agosto, volvieron a evidenciar el incumplimiento de la norma. Reclaman una recomposición del 31,2%, además del pago retroactivo correspondiente al período transcurrido desde la entrada en vigencia de la ley.

A esa demanda se suman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), recursos para capacitación y actualización y la recuperación de la garantía salarial para los trabajadores universitarios.

La Conadu Histórica resolvió el 5 de agosto mantener las medidas de fuerza y planteó incluso la posibilidad de avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado hasta obtener el cumplimiento integral de la legislación.

Desde Feduba, su secretario general, Pablo Perazzi, sostuvo que el conflicto difícilmente pueda resolverse mediante una negociación salarial aislada. “No habrá solución para las universidades en la negociación sectorial con este gobierno”, afirmó, y planteó que será necesario modificar el rumbo económico y construir una alternativa política.

Una disputa que excede los salarios

Las organizaciones universitarias sostienen que la discusión abarca tanto los ingresos de docentes y no docentes como el financiamiento general de las instituciones públicas.
El conflicto se mantiene abierto pese a que la Corte Suprema de Justicia intervino en la disputa por la aplicación de la ley, un antecedente que los gremios utilizan para reforzar su reclamo ante el Poder Ejecutivo.

Con paros, movilizaciones y carpas instaladas en universidades de distintas provincias, la comunidad académica busca sostener la presión sobre el Gobierno. La continuidad de las medidas dependerá ahora de la respuesta oficial y de la posibilidad de alcanzar una salida que permita recomponer los salarios y garantizar los recursos previstos por la legislación vigente.