La reciente promoción por parte del presidente Javier Milei de la criptomoneda $Libra ha desencadenado una serie de reacciones y cuestionamientos, especialmente de la CGT, que denunció una «grave irresponsabilidad institucional». En un contexto donde el fenómeno de las criptomonedas sigue siendo un terreno incierto para muchos, la implicancia de este episodio podría ir más allá de un simple error de comunicación.

En la última semana, el mandatario argentino Javier Milei se vio envuelto en una controversia tras la promoción de una criptomoneda, $Libra, en sus redes sociales. Un activo digital que fue inicialmente presentado como una herramienta prometedora para incentivar el crecimiento económico de la Argentina.

Sin embargo, la realidad de este supuesto «instrumento de desarrollo» pronto se reveló como una de las estafas más sonadas en el ámbito de las criptomonedas. Especialistas del sector, tanto locales como internacionales, no tardaron en calificar a $Libra como una «shitcoin», un término despectivo utilizado para describir criptomonedas sin valor o sustancia alguna, diseñadas solo para el enriquecimiento de unos pocos. Los informes iniciales revelaron que el activo digital no contaba con el respaldo adecuado, y resultó ser una maniobra financiera que dejó a miles de inversores en la ruina.

La CGT no tardó en manifestarse, acusando al presidente de «grave irresponsabilidad institucional», al considerar que el respaldo de Milei a una criptomoneda que rápidamente se transformó en una estafa pone en riesgo la confianza de los ciudadanos, especialmente en un país que atraviesa una crisis económica constante.

El comunicado de la central sindical enfatizó que, aunque el presidente pidió disculpas públicamente tras el escándalo, estas disculpas no son suficientes para el nivel de impacto económico y político que este incidente podría acarrear. El respaldo de una figura de su jerarquía a una inversión tan cuestionable pone en evidencia una falta de rigor y responsabilidad institucional, más aún en un contexto donde la economía argentina se encuentra en una encrucijada peligrosa. La crítica de la CGT va más allá de la simple gestión del error, buscando un análisis exhaustivo sobre los motivos que llevaron a Milei a difundir y apoyar la criptomoneda en primer lugar.

La CGT exige, por tanto, un «esclarecimiento total» sobre los hechos, considerando que la acción de promover una criptomoneda sin un sustento real, especialmente por parte del presidente, podría generar efectos económicos nocivos a largo plazo, minando la confianza tanto de los inversores nacionales como internacionales. La reacción sindical no solo hace hincapié en la implicancia ética de respaldar una moneda sin valor, sino también en los posibles efectos sobre la política económica de un gobierno que ya se enfrenta a una situación compleja.

Este episodio no puede ser analizado únicamente como un tropiezo en la comunicación de un mandatario. La involucración de una figura de tan alto perfil en la promoción de una criptomoneda, que rápidamente pasó de ser una promesa de crecimiento económico a una estafa multimillonaria, refleja una serie de falencias dentro de la gestión política del presidente Javier Milei. En primer lugar, la falta de asesoramiento adecuado o de un filtro riguroso que verifique la viabilidad y legalidad de los proyectos que se promueven desde el Ejecutivo es alarmante. Por otro lado, el impacto que este episodio podría tener en la credibilidad del presidente y, por extensión, en la confianza del mercado en su capacidad para gestionar políticas económicas serias y coherentes, es un riesgo considerable.

La promoción de la criptomoneda Libra por parte del presidente Javier Milei provocó un escándalo sin precedentes en la política argentina. La moneda, que se lanzó sin liquidez y sin transparencia, fue acusada de ser una estafa que ha dejado a miles de inversores con pérdidas significativas. ¿Qué hay detrás de este escándalo y qué implicaciones podría tener para el presidente y su gobierno?»

La criptomoneda Libra, que se lanzó recientemente, fue promocionada por el presidente Javier Milei como una oportunidad de inversión para los argentinos. Sin embargo, la moneda fue señalada como una estafa que ha dejado a miles de inversores con pérdidas significativas.

El hecho de que el sitio web de $LIBRA se hubiera creado apenas un día antes de la publicación del tuit presidencial generó sospechas y críticas por parte de diversos sectores políticos y económicos. Muchos señalaron que la rápida subida y posterior caída del token evidencian un patrón típico de esquemas especulativos o «pump and dump», en los que unos pocos inversores se benefician a costa de la mayoría.

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados anunció este sábado su intención de solicitar un juicio político contra el presidente Javier Milei, luego de que el mandatario promocionara en sus redes sociales un token digital llamado $LIBRA. La decisión se tomó en respuesta a la polémica generada tras la publicación, que luego fue eliminada, en la que Milei alentó a sus seguidores a invertir en dicha criptomoneda.

Los diputados opositores calificaron la participación del presidente en este hecho como «un escándalo sin precedentes» y señalaron que su actuación podría estar vinculada a un delito de estafa. «La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Nuestro bloque decidió avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el Presidente de la Nación», afirmaron en un comunicado.

En paralelo, el dirigente social Juan Grabois anunció que impulsará una acción judicial colectiva contra el presidente, acusándolo de ser «partícipe necesario de una enorme estafa contra decenas de miles de argentinos». Grabois, junto al economista Itai Hagman, presentará una denuncia penal contra los responsables de la promoción de $LIBRA, incluyendo al presidente, por presunta violación del artículo 249 del Código Penal, que tipifica el delito de estafa.

En un contexto económico marcado por la incertidumbre y la volatilidad, el sector bancario logró un acuerdo salarial que busca garantizar la estabilidad económica de los trabajadores. Este pacto, fruto de las negociaciones entre el gremio bancario y las cámaras empresarias, establece un aumento salarial del 2,2% para enero, en línea con el IPC difundido por el INDEC.

Este incremento, que se reflejará en los sueldos de febrero, se aplica a todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Con esta suba, el salario mínimo para trabajadores bancarios asciende a 1.605.028,28 pesos, sumado 79.744,94 por Participación Ganancias (ROE), lo cual determina un monto total de 1.684.773,23 pesos. La actualización correspondiente a enero se pagará junto a los salarios de febrero.

Además, se confirmó que las negociaciones continuarán en el mes de marzo, cuando las partes se reúnan nuevamente para evaluar otras actualizaciones salariales y decidir si mantienen este esquema de ajustes vinculados a la inflación. Este mecanismo de actualización, acordado en octubre pasado, ha estado vigente desde entonces, con aumentos mensuales que se ajustan a los índices de inflación registrados.