La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales ratificó que continuará la estrategia gremial junto al Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina para exigir el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario y completar la recuperación del poder adquisitivo de docentes y nodocentes. La organización considera que el reciente entendimiento con el Gobierno constituye apenas un avance parcial dentro de una negociación todavía abierta.

El conflicto universitario ingresó en una nueva etapa. Con respaldo unánime de sus 56 sindicatos de base, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió profundizar la estrategia política, gremial y judicial destinada a garantizar la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y avanzar hacia la recuperación integral de los salarios, al considerar insuficientes las respuestas otorgadas hasta el momento por la administración nacional.

La definición fue adoptada durante la reunión del Consejo Directivo encabezada por el secretario general, Walter Merkis, donde la conducción evaluó el impacto institucional del reciente fallo favorable de la Corte Suprema que ordenó, mediante una medida cautelar, el cumplimiento de aspectos centrales de la norma sancionada por el Congreso. Para la Federación, la resolución judicial representa un respaldo de relevancia, aunque constituye únicamente un paso dentro de una controversia cuya resolución definitiva continúa pendiente.

Bajo esa premisa, la organización resolvió sostener el trabajo coordinado con el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), consolidando una estrategia común que combina negociación colectiva, acciones institucionales y respaldo judicial para lograr la aplicación íntegra de la legislación.

El reciente acuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo no modificó esa posición. Si bien permitió una recomposición salarial del 24,3% —21,3% liquidado en junio y el 3% restante previsto para octubre— junto con una actualización del 20% de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades y de las becas estudiantiles, la FATUN sostiene que esos avances apenas compensan una fracción del deterioro acumulado en los ingresos de docentes y nodocentes durante los últimos dos años y medio, período en el que la pérdida del poder adquisitivo ronda el 52%.

Con ese diagnóstico, la Federación trasladará el próximo tramo de la negociación a la Comisión Paritaria de Nivel General, ámbito donde buscará acordar el porcentaje restante necesario para restablecer plenamente los salarios. La organización considera que la recuperación de los ingresos constituye una obligación derivada de la propia Ley de Financiamiento Universitario y no una concesión sujeta a decisiones discrecionales del Ejecutivo.

El reclamo se apoya especialmente en los artículos 5 y 6 de la norma. El primero dispone la actualización mensual de las remuneraciones docentes y nodocentes conforme a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, mientras que el segundo establece que ese mecanismo sólo puede ser reemplazado mediante acuerdos paritarios generales suscriptos entre el Estado nacional y las federaciones representativas del sistema universitario.

Dentro de esa agenda también ocupa un lugar prioritario la incorporación definitiva de la garantía salarial a las asignaciones básicas de los haberes nodocentes, uno de los objetivos que la representación paritaria de FATUN llevará a la próxima negociación. El Consejo Directivo facultó a sus negociadores para alcanzar el mejor acuerdo posible que permita consolidar ese componente dentro de la estructura permanente de las remuneraciones.

La resolución aprobada por unanimidad también expresó un fuerte respaldo a la estrategia desarrollada por la Mesa Ejecutiva Nacional y por la representación paritaria de la Federación, tanto en las negociaciones con el Gobierno como en las acciones judiciales que derivaron en la cautelar favorable obtenida ante la Corte Suprema.

El documento incorporó, además, una definición política de alcance más amplio. La FATUN ratificó su pertenencia al movimiento obrero organizado y manifestó su decisión de acompañar las iniciativas que impulsen la Confederación General del Trabajo (CGT), las organizaciones sindicales y los distintos espacios sociales en defensa de la universidad pública, el empleo, la salud, la industria nacional, las empresas estatales y las economías regionales.

La posición adoptada por la Federación confirma que el entendimiento alcanzado con el Gobierno no clausuró la disputa por el financiamiento universitario. Por el contrario, abrió una nueva instancia en la que el sindicalismo universitario buscará transformar una recomposición parcial en una recuperación definitiva de los salarios y asegurar el cumplimiento integral de una ley que considera indispensable para garantizar la estabilidad presupuestaria y el funcionamiento del sistema universitario público.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanza con una nueva etapa de reducción de personal en las próximas semanas. La estrategia impulsada por Federico Sturzenegger concentra ahora el recorte sobre organismos descentralizados y forma parte de un plan para disminuir en casi un 10% la dotación de la administración pública nacional durante 2026.

La administración de Javier Milei prepara una nueva ofensiva sobre el empleo público. De acuerdo con fuentes oficiales, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanza en un esquema de reducción de personal que contempla el desplazamiento de aproximadamente 6.000 trabajadores en el corto plazo, una resolución que inaugura un ciclo de reforma administrativa profunda.

El programa diseñado por Federico Sturzenegger tiene una meta definida: concluir 2026 con alrededor de 27.000 puestos eliminados entre la administración pública nacional, las empresas estatales y las sociedades con participación del Estado. La cifra equivale a una disminución cercana al diez por ciento de la plantilla existente al comienzo del año y constituye uno de los puntos centrales de la estrategia oficial para consolidar el equilibrio de las cuentas públicas.

A diferencia de las primeras etapas del proceso, cuando la reducción de personal se concentró principalmente en ministerios y dependencias de la administración central, la próxima fase focalizará sobre organismos descentralizados con funciones técnicas, científicas, regulatorias y de seguridad social.

Entre las instituciones alcanzadas por el análisis oficial aparecen el INDEC, el CONICET, la CONEAU, la ANSES, el INTA, el INTI, el SENASA, además de los entes reguladores Enargas, ENRE y el Enacom. Aunque el Gobierno evita confirmar el alcance definitivo de las medidas, distintas fuentes coinciden en que esas estructuras integran el universo bajo evaluación.

Desde la Casa Rosada sostienen que la reducción del gasto responde al deterioro de los ingresos fiscales y a la decisión de preservar el superávit financiero, convertido por el Ejecutivo en el principal ordenador de la política económica. En ese marco, la disminución de la planta estatal aparece como una herramienta permanente y no como una medida transitoria.

La perspectiva genera una fuerte reacción sindical. Tanto la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionan la continuidad del ajuste y advierten que una nueva reducción de personal comprometería funciones esenciales vinculadas con la producción, la investigación científica, el control sanitario, las estadísticas oficiales, la regulación de servicios públicos y la administración de las prestaciones sociales.

Las cifras ilustran la dimensión de la iniciativa. Con una dotación superior a los 278.000 trabajadores al inicio de 2026, el cumplimiento del objetivo oficial implicaría una de las mayores reestructuraciones de la administración pública nacional de las últimas décadas, profundizando un proceso que trasciende la reducción del gasto y redefine el alcance operativo del Estado argentino.

El Grupo Dass confirmó el cierre definitivo de su establecimiento de Eldorado, Misiones, la última planta que mantenía operativa en Argentina. La decisión supone el despido de 150 trabajadores, pone fin a la fabricación nacional de calzado para Nike y Adidas y consolida un proceso de reconversión empresarial orientado a sustituir la producción local por importaciones provenientes de Brasil.

La empresa comunicó al gremio que las operaciones concluirán entre el 17 y el 25 de julio y que los 150 trabajadores que permanecen en la fábrica serán desvinculados. Asimismo, informó que abonará la totalidad de las indemnizaciones previstas por la legislación laboral.

La resolución representa el desenlace de una transformación iniciada durante 2025. En una primera etapa, Dass cerró su establecimiento de Coronel Suárez, donde confeccionaba calzado para Adidas, y desvinculó a unos 360 trabajadores. Aquella reestructuración concentró toda la producción nacional en Misiones, aunque la reducción de pedidos y el cambio de estrategia comercial terminaron por volver inviable la continuidad de esa operación.

Fuentes vinculadas a la compañía sostienen que la decisión responde a la redefinición de su esquema de abastecimiento. Con un mercado más abierto a las importaciones y menores costos de fabricación en Brasil, la firma optó por centralizar la producción en las ocho plantas que posee en ese país y abastecer desde allí al mercado argentino. La ausencia de nuevos encargos para fabricar calzado de Nike y Adidas terminó de precipitar el cierre de la planta misionera.

Aunque abandona definitivamente la producción industrial, Dass mantendrá presencia en Argentina mediante la comercialización y distribución de las marcas Fila, Umbro y Asics, cuyas licencias administra en el mercado local. Las operaciones logísticas continuarán desarrollándose desde los centros de distribución ubicados en Coronel Suárez y Cañuelas.

La decisión no sorprendió al personal. Durante los primeros meses de 2026 la empresa ya había reducido su plantilla con el despido de 43 trabajadores y los representantes gremiales advertían que el volumen de producción asegurado alcanzaba únicamente hasta mediados de año. La confirmación del cierre puso fin a meses de incertidumbre para los operarios y sus familias.

Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) atribuyen el retroceso de la producción a la convergencia de varios factores: la apertura de las importaciones, la contracción del consumo interno y la ausencia de políticas orientadas a preservar la competitividad de la industria nacional frente al ingreso de mercadería fabricada en el exterior.

El caso de Dass se suma a una secuencia de cierres que modificó el mapa del calzado argentino. En los últimos meses, John Foos resolvió discontinuar la producción en su planta de Beccar para abastecerse con fabricación asiática, mientras que Gomas Gaspar, histórica firma cordobesa especializada en suelas, cesó sus operaciones y dejó sin empleo a 40 trabajadores.

Los indicadores oficiales reflejan la magnitud del deterioro. De acuerdo con el INDEC, la fabricación de calzado y sus partes registró una caída interanual del 30,9% en noviembre de 2025, uno de los retrocesos más pronunciados de la industria manufacturera. En este esquema, el cierre de Dass trasciende el impacto sobre una empresa en particular y refuerza el debate sobre el futuro de la producción nacional, la preservación del empleo industrial y las consecuencias de la avalancha de productos extranjeros sobre las cadenas manufactureras argentinas.