El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, advirtió que La Libertad Avanza no tendría hoy los votos necesarios para eliminar las PASO y defendió su continuidad. Mientras negocia una eventual alianza con el oficialismo, el partido de Mauricio Macri ratificó que pretende competir con una candidatura propia en 2027.

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza atraviesa una etapa de negociación en la que el respaldo parlamentario al Gobierno no implica, por ahora, un acuerdo electoral. El macrismo comenzó a marcar sus propias condiciones de cara a 2027 y anticipó dos posiciones centrales: preservar las PASO y presentar una candidatura presidencial propia.

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, consideró que el oficialismo tendrá dificultades para reunir los votos necesarios para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. “En el Senado no hay mayorías para eliminarlas”, sostuvo, al anticipar que la reforma política requerirá una negociación amplia cuando llegue al debate en comisión.

La postura fue ratificada dentro de la conducción partidaria. Goerling defendió la continuidad de las primarias y cuestionó que el sistema electoral sea modificado cada dos años. Para el dirigente, cualquier reforma de ese alcance debería surgir de un acuerdo político y no de una decisión coyuntural.

El planteo adquiere relevancia porque la eliminación de las PASO forma parte de las iniciativas que el oficialismo pretende impulsar dentro de su reforma política. Sin embargo, el Gobierno necesitará construir consensos en ambas cámaras para modificar las reglas electorales.

Con este cuadro, el PRO busca evitar que las conversaciones con La Libertad Avanza terminen diluyendo su identidad. Goerling afirmó que el partido debe reconstruirse y llegar a las elecciones presidenciales con un candidato propio, aunque reconoció que todavía no existe una definición sobre quién encabezaría esa boleta.

En esa discusión, Mauricio Macri conserva un lugar central. El senador lo definió como “el mejor candidato” que podría presentar el PRO, aunque dejó abierta la posibilidad de que, si el expresidente decide no competir, la fuerza deba encontrar otra alternativa.

La eventual alianza con el oficialismo tampoco aparece cerrada. Goerling relativizó la importancia de las recientes reuniones entre dirigentes de ambos espacios y consideró prematuro hablar de un acuerdo electoral cuando todavía falta más de un año para los comicios y ni siquiera está definido el sistema que regirá la elección.

El PRO mantiene, mientras tanto, su respaldo parlamentario al Gobierno. La posición expresada por Goerling combina apoyo a las iniciativas que considera necesarias con diferencias frente a determinadas propuestas de La Libertad Avanza.

La discusión sobre las PASO funciona así como una primera señal de autonomía política. Mientras el oficialismo busca consolidar una estructura electoral propia para 2027, el PRO procura preservar capacidad de negociación, identidad partidaria y una candidatura competitiva antes de resolver si habrá una alianza.

El dato político de fondo es que la relación entre ambos espacios todavía transita por dos carriles diferentes: cooperación legislativa en el presente y competencia por el liderazgo opositor y oficialista de cara a la próxima elección presidencial.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se prepara para ingresar en una línea de investigación que todavía cuenta con pocos desarrollos a nivel mundial: el estudio del ADN presente en el aire para reconstruir información sobre las personas y organismos que estuvieron en un determinado lugar. Los primeros ensayos están previstos para comienzos de 2027.

El nuevo laboratorio de Biología Molecular contará con equipamiento obtenido a través de un proyecto de la Unión Europea, en el que participan la UNSJ y otras 13 universidades europeas. La institución sanjuanina es, además, la representante argentina de la iniciativa.

La investigación estará encabezada por el biólogo e investigador del CONICET Leonardo Díaz Nieto, quien explicó que el aire contiene pequeñas partículas biológicas que pueden ser recuperadas y analizadas. Escamas de piel, pelos, células y pequeñas gotas de saliva liberadas al hablar, respirar o estornudar pueden permanecer suspendidas y convertirse en material de estudio.

El objetivo es extraer ese material genético, obtener fragmentos, secuenciarlos y determinar su procedencia. En una investigación forense, la metodología podría aportar información para establecer cuántas personas estuvieron en un lugar o identificar características biológicas de quienes pasaron por allí.

La propuesta incorpora una dimensión todavía más novedosa: no limitarse al ADN humano. El equipo buscará analizar también microorganismos y otros rastros biológicos presentes en el ambiente. Cada persona transporta una microbiota asociada con los lugares que frecuenta, por lo que esa combinación podría aportar una suerte de huella biológica ambiental.

Para interpretar las muestras será fundamental la bioinformática. El proyecto cuenta con especialistas extranjeros en secuenciación masiva y análisis de genomas, además de una investigadora que llegó a la Argentina mediante una beca María Curie.

Los primeros experimentos están previstos para comienzos de 2027. Antes, el equipo deberá completar la revisión bibliográfica, diseñar protocolos y realizar ensayos en ambientes controlados. La investigación requerirá distintas etapas de prueba y validación antes de determinar si la metodología puede trasladarse a una investigación judicial real.

En ese punto será importante el vínculo que la UNSJ mantiene con la Corte de Justicia de San Juan. La universidad ya trabaja con el Poder Judicial en entomología forense, mediante estudios de insectos asociados con cuerpos para aportar información en investigaciones sobre fallecimientos. Ese convenio podría facilitar, en una etapa posterior, el acceso a casos reales para evaluar la eficacia del análisis de ADN ambiental.

La particularidad del nuevo laboratorio no reside solamente en su equipamiento. San Juan ya dispone de tecnología de Biología Molecular, como equipos de PCR en tiempo real utilizados en el sistema sanitario. La diferencia estará en disponer de infraestructura propia para desarrollar investigaciones de secuenciación y nuevas aplicaciones.

El espacio tampoco quedará reservado exclusivamente al proyecto de ADN del aire. Podrá ser utilizado por investigadores, estudiantes de grado y posgrado y otros grupos de la universidad. También permitirá ampliar trabajos vinculados con microorganismos, control biológico de plagas y otras investigaciones de interés provincial, además de ofrecer eventualmente servicios de secuenciación.

Para la UNSJ, la incorporación representa además una oportunidad para profundizar la cooperación científica internacional. En un momento de fuertes restricciones para la investigación y de dificultades para incorporar nuevos científicos al sistema público, los proyectos con universidades extranjeras adquieren un peso creciente para sostener líneas de trabajo y acceder a equipamiento de alta complejidad.

Si los primeros ensayos avanzan según lo previsto, San Juan podría convertirse en uno de los primeros puntos de la región en desarrollar una metodología capaz de transformar partículas invisibles del aire en información útil para la ciencia y, eventualmente, para la Justicia.

La mediación judicial para destrabar el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales terminó sin acuerdo y dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza. La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaron nuevamente al Gobierno que cumpla con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Frente Sindical Universitario prepara una reunión para definir cómo continuará la protesta.

La audiencia fue convocada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, en el expediente iniciado por el incumplimiento de la norma aprobada por el Congreso. La discusión incluye la actualización de los recursos universitarios y la recomposición de los salarios docentes y nodocentes.

La Corte Suprema había avalado una medida cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo girar los fondos previstos por la legislación y atender la pérdida salarial acumulada desde 2024. Las universidades sostienen que esa resolución todavía no se tradujo en los recursos necesarios para sostener sus presupuestos.

Durante el encuentro, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió sobre la situación financiera de los hospitales universitarios y reclamó la asignación de los créditos contemplados en el Presupuesto 2026. La universidad ya había advertido que la falta de recursos podía comprometer seriamente el funcionamiento de sus centros médicos.

El CIN acompañó el planteo y pidió una respuesta para garantizar la continuidad de las prestaciones, mientras que el Gobierno estuvo representado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el subprocurador Julio Comadira; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Los funcionarios manifestaron que analizarán los reclamos, pero también solicitaron que se deje sin efecto la medida cautelar vigente. El Gobierno sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario entra en contradicción con las restricciones establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal y cuestiona la disponibilidad presupuestaria para afrontar las erogaciones reclamadas.

La falta de acuerdo trasladó nuevamente el conflicto al terreno gremial. El Frente Sindical Universitario, integrado por las organizaciones que representan a docentes y nodocentes, se reunirá el lunes para analizar nuevas medidas de fuerza. Participan CONADU, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, CEA, UDA, FAGDUT y FATUN, junto con representantes de rectores y estudiantes.

Los sindicatos ya realizaron paros durante agosto para exigir la recomposición salarial y la aplicación de la ley. Ahora deberán definir si profundizan las medidas ante la falta de avances en la Justicia y la ausencia de una respuesta oficial que satisfaga sus reclamos.

La próxima instancia de negociación salarial quedó fijada para el 1 de septiembre, aunque el conflicto podría sumar nuevas jornadas de protesta antes de esa fecha. En consecuencia, el litigio conjuga una discrepancia presupuestaria, un conflicto paritario y un proceso judicial en curso.

Sin avances en la negociación y con las calles nuevamente activas por el reclamo universitario, el Gobierno y las universidades se enfrentan otra vez por la efectiva aplicación de la ley de financiamiento.