La resolución del Ministerio de Desregulación limita contratos y obliga a jubilarse a trabajadores que no reúnen los años de aportes. El fin de la moratoria previsional agrava el impacto social y deja a miles sin empleo ni jubilación plena.

La política de ajuste sobre el Estado nacional sumó un nuevo capítulo de alto impacto social. Una resolución firmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dispuso la desvinculación forzada de trabajadores estatales que alcanzaron la edad jubilatoria —65 años los hombres y 60 las mujeres— incluso cuando no cuenten con los aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva.

La medida establece que los contratos de trabajadores en edad jubilatoria solo podrán prorrogarse por un plazo máximo de seis meses. Cumplido ese período, deberán cesar, quedando los empleados obligados a iniciar trámites previsionales aun cuando no reúnan los requisitos mínimos. En los hechos, esto implica que miles de personas quedarán sin trabajo y sin jubilación.

Intimación sin distinción y sin alternativas

La resolución ordena a los organismos del Estado presentar constancias de intimación a jubilarse de todo el personal que haya alcanzado la edad establecida por ley. Esta exigencia se convierte en condición para que el Gobierno habilite la renovación de otras contrataciones no permanentes, generando un fuerte mecanismo de presión administrativa.

El punto más crítico es que la intimación no distingue entre quienes cuentan con los 30 años de aportes requeridos y quienes no. Para este último grupo, la consecuencia es directa: pérdida del empleo y ausencia total de herramientas para completar los aportes faltantes, ya que el Gobierno decidió no prorrogar la moratoria previsional prevista en la ley 27.705.

Durante 2024, seis de cada diez jubilaciones se otorgaron gracias a ese mecanismo. Su eliminación anticipa un escenario de exclusión previsional que ahora se profundiza con la desvinculación laboral forzosa.

La PUAM como única salida

Para quienes no logren jubilarse, la única alternativa será la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo haber equivale al 80% de la jubilación mínima y asciende actualmente a $279.443. Se trata de una prestación asistencial que no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni los beneficios completos de una jubilación contributiva, y que solo garantiza el acceso a la cobertura de PAMI.

En un contexto de caída sostenida del empleo privado —especialmente para mayores de 60 años— la posibilidad de reinsertarse laboralmente aparece como una opción casi inexistente.

Ajuste incluso en áreas críticas

La resolución se aplicará incluso en dependencias donde el trabajador intimado a jubilarse es el único técnico con experiencia específica o en áreas que ya funcionan con dotaciones por debajo del mínimo operativo, producto de los sucesivos recortes. El impacto no solo será social, sino también funcional, afectando la capacidad operativa del Estado en áreas sensibles.

No es un hecho aislado. En octubre de 2024, la resolución 3/2024 de Sturzenegger ya había intimado a jubilarse a unos 10.000 trabajadores estatales que sí reunían los requisitos, más de 6.800 de ellos pertenecientes a la planta permanente. La nueva medida apunta, ahora, directamente a quienes no pueden jubilarse.

Casi 80 despidos por día

Las cifras dimensionan la magnitud del ajuste. La Administración Pública Nacional cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, un 7,2% menos que en 2024, año que ya había registrado una caída superior al 10%.

Desde diciembre de 2023 se eliminaron aproximadamente 63.000 puestos de trabajo, lo que representa una reducción del 18,4% de la planta estatal. En términos concretos, son casi 80 despidos por día, según datos del Centro CEPA.

Rechazo sindical y alerta social

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión como “cruel e inhumana”. “Esta medida condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y sin la posibilidad real de jubilarse. Hoy el Gobierno presiona a quienes tienen 29 años de aportes para que elijan entre una PUAM o la calle”, denunció.

La resolución se inscribe en una situación donde casi un millón de jubilados cobran la mínima y muchos se ven obligados a seguir trabajando para sobrevivir. La combinación de despidos, eliminación de la moratoria y retiro forzoso configura un ámbito de fuerte regresión en materia de derechos laborales y previsionales.

Un ajuste que redefine el rol del Estado

La ofensiva del Ministerio de Desregulación no solo busca reducir el gasto público, sino redefinir el vínculo del Estado con sus trabajadores, trasladando el costo del ajuste a los sectores más vulnerables. La desvinculación de empleados mayores sin aportes suficientes marca un punto de inflexión: por primera vez, el ajuste no solo recorta empleo, sino que clausura el acceso a la jubilación plena.

El impacto social de esta decisión recién comienza a desplegarse, pero sus consecuencias ya anticipan un aumento de la precariedad, la desigualdad y la exclusión previsional en la Argentina.

La Confederación General del Trabajo (CGT) reunirá este viernes 6 de febrero, a las 11 de la mañana, a su Consejo Directivo en la sede histórica de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires, con un único punto en agenda: el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La convocatoria, de carácter urgente, refleja el estado de alerta del movimiento obrero frente a una iniciativa que amenaza con alterar pilares centrales del régimen laboral argentino.

Según la comunicación oficial, el encuentro congregará a todos los miembros de la conducción cegetista con el objetivo de consensuar una postura común ante una reforma que genera creciente preocupación en los gremios por su impacto potencial sobre la estabilidad del empleo y las condiciones de trabajo.

Alerta sindical y líneas rojas claras

En la previa del cónclave, distintos sindicatos advirtieron que el proyecto oficial apunta a profundizar la flexibilización laboral y a debilitar los mecanismos de protección que rigen en el mercado de trabajo. Desde la CGT remarcan que existen límites infranqueables y que cualquier intento de avanzar sobre derechos adquiridos encontrará una respuesta unificada.

“Cualquier reforma que afecte la estabilidad laboral, la negociación colectiva o el régimen de indemnizaciones va a tener a la CGT en la vereda de enfrente”, señalaron dirigentes sindicales, marcando con claridad el posicionamiento que sobrevuela la reunión de este viernes.

La central obrera considera que el debate no puede reducirse a una discusión técnica ni imponerse de manera unilateral. Por el contrario, reclama un ámbito de diálogo real y advierte que no avalará modificaciones que impliquen un retroceso en las condiciones laborales.

Un clima social cada vez más tenso

La discusión sobre la reforma laboral se da en un marco de fuerte deterioro del poder adquisitivo, aumento de la conflictividad y una relación cada vez más áspera entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. La combinación de ajuste fiscal, caída del empleo y reformas estructurales configura un escenario de alta sensibilidad social.

En ese sentido, la CGT sostiene que el costo del reordenamiento económico no puede recaer nuevamente sobre los trabajadores. “No se puede ajustar siempre sobre el mismo sector”, repiten desde distintos gremios, al tiempo que reclaman ser parte activa de cualquier discusión que implique cambios en el régimen laboral.

Posibilidades de acciónes contundentes

La reunión del Consejo Directivo aparece como un punto de inflexión. Si bien aún no hay definiciones formales, dentro de la central obrera no descartan avanzar con medidas de fuerza si el proyecto continúa su tratamiento en el Congreso sin incorporar los planteos del movimiento sindical.

La posibilidad de un plan de acción vuelve a instalarse en la agenda cegetista, en un momento donde la negociación política convive con la presión de las bases y la necesidad de mostrar cohesión frente a un Gobierno decidido a avanzar con reformas profundas.

Un debate de fondo sobre el modelo laboral

Más allá de la coyuntura, la discusión en torno a la reforma laboral expone un debate estructural sobre el modelo de relaciones laborales que se pretende para la Argentina. Para la CGT, el límite es inequívoco: modernizar no puede ser sinónimo de precarizar ni de erosionar derechos conquistados.

La definición que surja del encuentro de este viernes no solo marcará la estrategia sindical inmediata, sino que también delineará el rumbo de la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero organizado en una etapa signada por la tensión y la incertidumbre.

Los docentes universitarios rechazaron el aumento unilateral del 2% dispuesto por el Gobierno nacional y el bono extraordinario de $50.000, al que calificaron como insuficiente y ofensivo. Desde ADICUS advierten que la pérdida salarial ya ronda el 50%, denuncian incumplimientos en el financiamiento universitario y anticipan un plan de lucha con medidas duras a partir de mediados de marzo.

“Estamos frente a salarios de pobreza”, advirtió Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, al señalar que la evolución de los ingresos quedó muy por detrás del aumento general de precios, que acumuló más del 90% en el último período, mientras las recomposiciones salariales fueron mínimas y fragmentadas.

El bono extraordinario de $50.000, lejos de aliviar la situación, fue interpretado como un gesto provocador. Desde el sector docente remarcan que resulta insignificante frente a los bonos otorgados en provincias y en el sector privado, e incapaz de compensar el impacto del ajuste sobre los ingresos.

Sueldos congelados y docentes por debajo de la canasta básica

La crisis salarial tiene un correlato concreto en los recibos de sueldo. Según ADICUS, gran parte de los docentes universitarios percibe ingresos que oscilan entre los $250.000 y $300.000 mensuales, valores que se mantienen prácticamente congelados desde hace más de un año.

Los cargos más frecuentes, como los Jefes de Trabajos Prácticos con dedicación simple, quedan muy por debajo del costo de la canasta básica, que ronda los $900.000. Incluso cargos de mayor dedicación no alcanzan niveles que permitan cubrir gastos elementales como alquiler, servicios y transporte.

La contradicción se profundiza, subrayan desde el gremio, cuando el Gobierno autoriza fuertes aumentos en tarifas de luz y gas —con subas promedio del 17%— mientras mantiene incrementos salariales marginales para el sector universitario.

Éxodo docente y vaciamiento silencioso

El deterioro de las condiciones laborales comienza a tener efectos estructurales. Cada vez más docentes reducen su carga horaria o directamente abandonan la universidad para buscar ingresos en el sector privado o en otras actividades.

Este fenómeno, advierten desde ADICUS, compromete la calidad académica y el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas, que dependen de planteles docentes altamente calificados pero cada vez más precarizados.

Incumplimiento del financiamiento universitario y conflicto político

Desde el gremio también denuncian el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de resoluciones judiciales que ordenan la recomposición salarial. Para Barcelona, no se trata sólo de un ajuste presupuestario, sino de una “voluntad política deliberada de estigmatizar y empobrecer” a los trabajadores docentes y no docentes.

El conflicto se inscribe así en un marco más amplio de tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, que ya fue blanco de cuestionamientos discursivos y recortes presupuestarios desde el inicio de la actual gestión.

Medidas de fuerza en camino y posible impacto en el ciclo lectivo

El malestar comienza a traducirse en organización. ADICUS y los gremios nucleados en la CONADU Histórica iniciaron una ronda de reuniones internas que derivará en consultas a las bases y un congreso nacional para definir los próximos pasos.

Si bien las medidas no se activarían de inmediato para no afectar las mesas de exámenes de febrero y comienzos de marzo, el gremio anticipa un endurecimiento del plan de lucha a partir de la segunda quincena de marzo, con interrupciones prolongadas de actividades académicas.
Aunque el inicio de clases podría darse de manera dispar según cada universidad, desde el sector advierten que la continuidad del dictado está seriamente comprometida si no hay una respuesta salarial concreta.

Universitarios se suman al rechazo a la reforma laboral

El conflicto docente también se entrelaza con el debate nacional por la reforma laboral impulsada por el Gobierno. ADICUS confirmó su adhesión al paro y a las movilizaciones que convoquen las centrales sindicales, en rechazo a un proyecto que consideran regresivo y perjudicial tanto para trabajadores del sector público como privado.

“La reforma impone condiciones de subordinación extrema y elimina derechos básicos”, señalan desde el gremio, que cuestiona el debilitamiento de la negociación colectiva, las restricciones al derecho de huelga y la flexibilización de los despidos.

El rechazo al aumento del 2% expuso algo más profundo que una disputa salarial coyuntural: reveló el deterioro sostenido de los ingresos docentes, el incumplimiento de compromisos legales y el riesgo de un vaciamiento progresivo de la universidad pública. Con salarios por debajo de la línea de pobreza y un clima de creciente conflictividad, los gremios universitarios se preparan para un escenario de confrontación que amenaza con impactar de lleno en el normal desarrollo del ciclo lectivo y en el futuro del sistema universitario nacional.