La Unión Docentes Argentinos y la CTERA declararon el estado de alerta frente al borrador de la llamada “Ley de Libertad Educativa”. Denuncian que la iniciativa desregula el sistema, debilita la educación pública, elimina la estabilidad docente y quita al Estado su rol de garante. También cuestionan la habilitación del home schooling, la enseñanza religiosa y la declaración de «esencialidad» que impediría los paros.

El Gobierno nacional abrió un nuevo frente de conflicto con los sindicatos docentes al poner en circulación un borrador de la denominada “Ley de Libertad Educativa”, una iniciativa que busca derogar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 —vigente desde 2006— y reemplazarla por un marco legal orientado a la desregulación del sistema educativo.

La Unión Docentes Argentinos (UDA), liderada por Sergio Romero, declaró el estado de alerta y anticipó su “rechazo absoluto” al texto conocido en las últimas horas. Para el dirigente, la propuesta no solo carece de diálogo previo sino que “serrucha el sistema educativo”, lo desmantela y lo reemplaza por un esquema privatista, con pérdida de derechos laborales y con un retiro explícito del Estado del rol de conducción y financiamiento.

“El proyecto derriba el sistema actual para sustituirlo por otro con tintes de privatización, confesionalidad, destrucción de la carrera docente, pérdida de estabilidad y una quita total del financiamiento”, expresó Romero.

El gremio adelantó que presentará su disidencia en el Consejo de Mayo, el espacio institucional donde el Gobierno llevó el borrador para su análisis.

Las claves de la reforma: desregulación, home schooling y potestad provincial

El texto habilita como “formas alternativas de enseñanza” el home schooling, la educación híbrida y la educación a distancia, sin fijar una edad mínima. En el caso de la educación en el hogar, se prevé que los estudiantes acrediten aprendizajes mediante exámenes periódicos.

Otro punto que generó fuerte rechazo es la apertura a que las provincias ofrezcan enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas, bajo modalidad optativa y fuera del horario escolar. Además, la norma permite que cada institución diseñe planes de estudio propios, coexistiendo con los diseños curriculares oficiales.

La iniciativa incorpora también la declaración de “esencialidad” para la educación básica, una figura que ya intentó impulsar el Gobierno mediante otras vías y que busca limitar de hecho la posibilidad de realizar paros docentes, al exigir la “continuidad mínima del servicio educativo”.

Romero anticipó que reclamará una reunión con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para corroborar si el Ejecutivo avanzará en esa dirección. “Voy a intentar dialogar. Pero si ese diálogo no prospera, vamos a presentar formalmente nuestra disconformidad y evaluaremos medidas de fuerza”, afirmó.

Financiamiento y derechos laborales, en el centro del conflicto

Para UDA, uno de los aspectos más alarmantes es que el proyecto deroga íntegramente la Ley 26.206 y buena parte de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, además de eliminar la obligación del Estado de invertir al menos el 6% del PBI en educación.

“La inversión educativa es un pilar de desarrollo para cualquier Nación. Este borrador desvincula al Estado de la conducción política, administrativa y pedagógica del sistema, cuando debería hacerse todo lo contrario”, sostuvo Romero.

En el plano laboral, la propuesta avanza sobre la estabilidad docente, no hace referencia a paritarias y omite mecanismos de negociación colectiva. Para los gremios, esto representa un retroceso histórico que afecta derechos básicos reconocidos en cualquier actividad.

Otro punto señalado como crítico es el refuerzo del financiamiento a la gestión privada, lo que, según advierten, ocurre en detrimento de la educación pública y de los sectores más vulnerables que dependen de ella.

La postura de CTERA: “Un ataque a la escuela pública y al sistema democrático”

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) también repudió enérgicamente el proyecto. La organización encabezada por Sonia Alesso lo calificó como “un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto”, al considerar que elimina el papel del Estado como garante del derecho a la educación y reduce su responsabilidad al plano subsidiario.

Desde CTERA denuncian que, bajo la idea de “libertad”, el Gobierno pretende desarmar la escuela pública, debilitar a las organizaciones sindicales y avanzar sobre derechos sociales y laborales conquistados a lo largo de décadas.

La difusión del borrador de la llamada “Ley de Libertad Educativa” encendió de inmediato las alarmas en todo el arco gremial docente. La crítica central coincide en que el proyecto desregula el sistema, disminuye la responsabilidad estatal, promueve la privatización y recorta derechos laborales.

Con UDA y CTERA ya en estado de alerta, y ante la inminencia de presentaciones formales en el Consejo de Mayo, el escenario educativo se empantana en un clima de alta conflictividad. Si el Gobierno decide avanzar, los gremios anticipan un camino de resistencia que podría derivar en un nuevo ciclo de medidas de fuerza.

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, advirtió que la reforma laboral que impulsa el oficialismo “nacería viciada” y confirmó que las centrales sindicales elaboran una propuesta alternativa. Señaló que el Gobierno carece de diálogo, prioriza el ajuste y omite un debate clave: el presupuesto que definirá el rumbo en áreas sensibles como jubilaciones, educación y discapacidad.

En un clima de conflictividad creciente entre el movimiento obrero y el Gobierno nacional, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, confirmó que su central trabaja junto a la CGT en la elaboración de una propuesta alternativa de reforma laboral, en contraste con el proyecto que impulsa la administración de Javier Milei.

El dirigente se refirió a la advertencia que la CGT transmitió al Ejecutivo acerca de que cualquier reforma laboral podría “nacer viciada” si se avanza sin consenso y sin respetar principios constitucionales. El escenario se vio agravado por las tensiones con los trabajadores estatales y el anuncio de que se descontará el día a quienes adhieran al paro convocado por ATE.

“Hay temas para reformar, pero no en la dirección que busca el Gobierno”

Yasky sostuvo que, aunque el oficialismo dejó trascender que las reformas tributaria y laboral son prioridad, “aún no existe un proyecto formal”. Y remarcó que, antes de discutir cambios en las leyes del trabajo, debe debatirse el presupuesto nacional, que marcará la orientación del Gobierno en áreas cruciales como jubilaciones, universidades públicas y asistencia a personas con discapacidad.

Recordó además que el primer intento oficial de modificar el régimen laboral —incluido en el capítulo del DNU declarado inconstitucional— fracasó por violar garantías básicas.
“Tenemos que ponernos en guardia, porque está claro que el Gobierno intenta aplicar una política de ajuste y para eso necesita disciplinar a los sindicatos”, sostuvo.

Ante esa situación, explicó que la CGT ya trabaja en líneas de reforma alternativas, que incluyen:

. regulaciones para plataformas digitales,

. reducción o adecuación de la jornada laboral,

. ampliación de licencias parentales,
entre otros puntos que buscan modernizar la legislación sin precarizar derechos.

Falta de diálogo y alerta por un retroceso histórico

Yasky también cuestionó la ausencia de diálogo con el movimiento obrero.
“El Gobierno no convocó ni a la CGT ni a la CTA. Está buscando los votos que le faltan entre los gobernadores”, planteó.

Consultado sobre los riesgos de la reforma, advirtió que un modelo que retroceda hacia formas de prepensionismo derivaría en una “carencia total de derechos laborales”, y alertó que podría existir intención de desarticular convenios colectivos nacionales, un pilar histórico de la negociación entre gremios y empleadores.

En ese sentido, Yasky consideró imprescindible definir una reforma laboral moderna, que parta de un nuevo contrato social en el cual los salarios acompañen la canasta de consumo familiar y ningún trabajador quede por debajo de la canasta básica.
“Lo que parece una utopía se puede convertir en realidad si uno fija prioridades”, afirmó.

Críticas al esquema de subsidios y el rol de las grandes corporaciones

En su análisis económico, Yasky cuestionó la continuidad de subsidios estatales a conglomerados como Mercado Libre, a los que calificó como “grupos muy poderosos” que reciben beneficios fiscales mientras millones de trabajadores no alcanzan un ingreso digno.

Además, señaló que otros sectores, como el petrolero, mantienen regímenes de promoción, mientras las pymes enfrentan una competencia desigual por la apertura importadora, lo que profundiza la asimetría productiva.

Un foro para reconstruir una agenda social

El referente gremial participó esta semana del Foro para la Defensa del Trabajo y la Justicia Social, un espacio que reunió a jueces laborales, dirigentes sindicales y legisladores para debatir una agenda de reformas destinada a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

En la mesa “La justicia social no es una aberración”, los participantes analizaron el retroceso de derechos en el contexto actual y defendieron el fortalecimiento de las organizaciones sindicales como herramienta para resistir iniciativas como la reforma laboral que el Gobierno buscará aprobar.

Mientras el Gobierno prepara su proyecto laboral, las centrales sindicales avanzan en una contraofensiva técnica y política que busca instalar un debate diferente: uno centrado en modernizar la legislación sin resignar derechos, garantizando salarios dignos y protegiendo el empleo. Con el presupuesto como telón de fondo y una negociación aún no iniciada, el escenario anticipa un nuevo capítulo de tensión entre el oficialismo y el movimiento obrero, en un momento clave para el futuro del trabajo en la Argentina.

Un concejal bonaerense presentó un nuevo amparo colectivo para impedir la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. El planteo, que se suma a otro presentado en Córdoba, cuestiona la constitucionalidad del Decreto 695/2025 y advierte que la privatización de una empresa rentable y estratégica pone en riesgo la soberanía y la seguridad energética del país.

La ofensiva judicial contra el plan de privatización de empresas públicas impulsado por el gobierno de Javier Milei sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Fernando Martínez, concejal del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana para frenar la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la compañía estatal responsable de operar las tres centrales nucleares del país.

El recurso constituye el segundo amparo presentado desde que se conoció la intención oficial de avanzar con la privatización, y plantea la inconstitucionalidad del Decreto 695/2025, norma que habilita el proceso de enajenación parcial de la empresa. El texto también advierte sobre los riesgos que implicaría una privatización en un sector altamente sensible para la planificación nacional.

NA-SA opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, pilares del sistema nuclear argentino y activos estratégicos construidos a lo largo de décadas. A contramano de la justificación esgrimida por el Ejecutivo —que sostiene que deben venderse las empresas públicas deficitarias—, la firma no solo no registra pérdidas, sino que es rentable: en el primer trimestre del año obtuvo 17 millones de dólares de superávit.

En su presentación, Martínez fue contundente:
“Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica. Es una decisión política que pone en riesgo obras estratégicas y la estabilidad del sistema. La energía nuclear no puede quedar en manos de intereses privados.”

El amparo solicita, además, una medida cautelar inmediata para suspender cualquier instancia de «licitación, oferta o transferencia de acciones», de manera tal de preservar la situación actual mientras la Justicia analiza los planteos en curso.

El concejal también advierte sobre los riesgos de una privatización parcial, al considerar que podría derivar en aumentos tarifarios, reducción de inversiones y un progresivo desfinanciamiento del sector nuclear. “Los usuarios pierden protección frente a intereses que priorizan rentabilidad sobre el servicio”, sostiene el escrito.

Este nuevo amparo se suma al presentado semanas atrás por la diputada de Unión por la Patria (UxP) Gabriela Estévez, quien reclamó la nulidad del mismo decreto y de la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía, expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja.

Martínez cerró su presentación con un planteo central:
“Nucleoeléctrica es un bien público construido con décadas de inversión, conocimiento y compromiso argentino. No se puede vender lo que no se puede justificar. Mucho menos sin consulta pública ni control legislativo.”

La posible privatización de NA-SA se encamina a convertirse en uno de los debates más complejos del ciclo político actual: involucra soberanía energética, seguridad estratégica, tarifas, inversiones y el rol del Estado en sectores críticos. Con dos amparos en curso y nuevos cuestionamientos de especialistas, legisladores y organizaciones sociales, el Gobierno enfrenta un creciente frente judicial y político que podría frenar, demorar o incluso bloquear su avance sobre una de las empresas más sensibles del entramado energético nacional.