El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos cuestionó las iniciativas que comenzaron a debatirse en el Congreso después de la crisis provocada por el fentanilo adulterado. Marcelo Peretta sostuvo que la trazabilidad y la farmacovigilancia ya están contempladas por la legislación argentina y reclamó que se garantice su cumplimiento efectivo.

La tragedia provocada por el fentanilo adulterado volvió a instalar en el Congreso la discusión sobre los controles que deben atravesar los medicamentos antes de llegar a los pacientes. Sin embargo, desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) cuestionaron que la respuesta parlamentaria vuelva a concentrarse en crear o modificar normas cuando, según advierten, los principales mecanismos de vigilancia ya están contemplados por la legislación vigente.

El titular del gremio, Marcelo Peretta, calificó de oportunista el impulso de nuevas iniciativas después de la crisis sanitaria y sostuvo que el problema central radica en la falta de aplicación efectiva de los controles. “La trazabilidad es una ley, la farmacovigilancia es una ley en la Argentina, pero no se cumple”, afirmó.

La discusión parlamentaria cobró fuerza después de la investigación por los lotes de fentanilo adulterado vinculados con HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. El expediente judicial avanzó sobre las responsabilidades de funcionarios y responsables de los controles regulatorios, mientras familiares de las víctimas y especialistas reclamaron revisar el sistema de fiscalización.

En ese marco comenzaron a circular cuatro proyectos destinados a establecer o reforzar mecanismos de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo y sus ingredientes farmacéuticos activos. Dos habían sido presentados en 2025, por Silvana Giudici y Pablo Juliano, y otros dos durante este año, impulsados por Marcela Pagano y Victoria Tolosa Paz.

Las iniciativas fueron incorporadas al debate de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados. El objetivo declarado es fortalecer la capacidad de seguimiento de medicamentos considerados críticos, desde su elaboración hasta su utilización.

Para Peretta, esa discusión debería comenzar por otra pregunta: por qué los instrumentos existentes no funcionaron. Explicó que la trazabilidad debería permitir reconstruir todo el recorrido del producto, desde la elaboración y sus componentes hasta los distintos eslabones de distribución y la entrega al paciente.

A esa herramienta se suma la farmacovigilancia, destinada a detectar y comunicar reacciones adversas, efectos inesperados y otros problemas que puedan aparecer después del consumo. El dirigente sostuvo que ambos mecanismos requieren aplicación cotidiana y no solamente respuestas excepcionales frente a una tragedia.

“La farmacovigilancia tampoco se cumple”, cuestionó Peretta, quien consideró que una detección temprana de síntomas o reacciones vinculadas con el producto podría haber permitido advertir antes sobre la existencia de un problema.

La causa por el fentanilo adulterado convirtió esa discusión en una cuestión de máxima gravedad. La investigación judicial atribuyó responsabilidad, en esta etapa, a exfuncionarias vinculadas con los organismos regulatorios, mientras el Congreso elaboró un informe con recomendaciones surgidas de la investigación parlamentaria y de los testimonios de familiares, especialistas y entidades involucradas.

Peretta reclamó además una revisión profunda del funcionamiento de la ANMAT y sostuvo que la fiscalización de los establecimientos productores y de toda la cadena de comercialización debe ser permanente. En su diagnóstico, agregar disposiciones sin garantizar los controles existentes puede generar una apariencia de respuesta institucional sin resolver las fallas que permitieron que el producto contaminado llegara a los pacientes.

Desde nuestra organización sindical, nos dirigimos a cada uno de los compañeros y compañeras, a sus familias y a la comunidad de Perito Moreno, con el firme propósito de llevar absoluta tranquilidad en este momento mientras las autoridades de aplicación laboral, ambiental y fuerzas de seguridad llevan adelante un operativo en el Proyecto Cerro Negro.

Como representantes de los trabajadores, reafirmamos que nuestra prioridad absoluta es, y será siempre, velar por la seguridad, la salud y la dignidad laboral de quienes hacen grande a la minería. En este camino, hacemos un llamado genuino a la paz social y a la urgente reconstrucción del diálogo social.

Nuestra provincia cuenta con un liderazgo y una trayectoria minera indiscutibles. Ese estatus histórico y productivo no es casualidad; se ha consolidado gracias al esfuerzo diario y la alta calificación de cada trabajador, proveedor minero y de las Comunidades anfitrionas que confiaron en esta industria. Ese prestigio es el que hoy debe primar. Cuidar y sostener la actividad de forma responsable, es cuidar el sustento de miles de familias santacruceñas, y para lograrlo debemos actuar con la seriedad, responsabilidad y la firmeza que el contexto social y económico actual nos demanda.

La historia de Santa Cruz nos ha enseñado que, cuando los canales entre el Estado y el sector empresarial se desarticulan, se generan tensiones donde los trabajadores y las comunidades anfitrionas terminan quedando como rehenes de la incertidumbre, por ello no podemos permitir que las descoordinaciones institucionales afecten a quienes día a día sostienen la producción.

Por eso, en esta coyuntura, desde ASIJEMIN consideramos que la atención inmediata debe centrarse de manera urgente en dos focos prioritarios:

En primer lugar, la situación de los compañeros que hoy se encuentran trabajando y conviviendo en el campamento. Estamos y seguiremos estando en el territorio, acompañando de cerca las inspecciones y exigiendo de forma irrestricta como siempre se lo ha hecho que las condiciones laborales, de habitabilidad y de salud cumplan estrictamente con lo que dictan nuestros convenios colectivos. No daremos nunca un solo paso atrás en el cuidado de la integridad de nuestra gente en los yacimientos.

En segundo lugar, manifestamos nuestro profundo respeto y acompañamiento a la comunidad de Perito Moreno. Somos plenamente conscientes de que es la comunidad la que, con una enorme madurez, brinda la licencia social indispensable para operar, otorgando su voto de confianza tanto al Estado como a las empresas. Esa licencia social debe respetarse y reverse a través de acciones responsables: garantizando el desarrollo local, el cuidado ambiental y una convivencia armónica donde el progreso de la mina se traduzca de forma real en el progreso del pueblo.

El futuro de la minería se defiende con trabajo, seguridad y propuestas claras. Invitamos a las autoridades de la provincia y a los sectores inversores y empresariales a consolidar un espacio de diálogo abierto y constructivo, manteniendo la paz social que nos permita seguir proyectando una actividad minera modelo y con justicia social.

Oscar Romillo
Director Regional Sur – Delegación Regional Sur
ASIJEMIN (Asociación Sindical de Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina)

Cristian Jerónimo y Gerardo Martínez representaron a la CGT en una audiencia con León XIV en el Vaticano, donde expusieron su diagnóstico sobre la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro del empleo y el endeudamiento de los hogares. El encuentro también abordó el impacto de la inteligencia artificial sobre el trabajo y se produjo antes de la visita del Papa a la Argentina, prevista para noviembre.

La crisis social argentina llegó al Vaticano. El cosecretario de la CGT Cristian Jerónimo y el secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera y titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, fueron recibidos por el papa León XIV y aprovecharon la audiencia para transmitirle su preocupación por el deterioro de las condiciones laborales y sociales durante la gestión de Javier Milei.

El encuentro se desarrolló en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur, una instancia que reunió a representantes de distintos ámbitos y permitió incorporar a la discusión las transformaciones económicas y tecnológicas que atraviesan al mundo del trabajo.

La delegación argentina describió ante el pontífice un cuadro caracterizado, según su diagnóstico, por la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, el crecimiento de la precarización, el endeudamiento de las familias y las dificultades para generar puestos de trabajo estables y protegidos por derechos laborales.

Martínez había anticipado el tono del planteo al advertir que León XIV encontrará una Argentina atravesada por “mucha tristeza”, que atribuyó a la magnitud del ajuste aplicado por el Gobierno nacional. La expresión sintetizó la preocupación sindical por el impacto de las políticas económicas sobre los ingresos y las condiciones de vida.

La conversación no quedó circunscripta a la coyuntura argentina. Uno de los asuntos centrales fue el avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, cuyo impacto sobre el empleo comienza a ocupar un lugar cada vez mayor en las discusiones sindicales y empresariales.

Desde la CGT sostuvieron que la transformación tecnológica no debería quedar exclusivamente bajo decisiones empresariales y reclamaron participación de los trabajadores y sus organizaciones en los procesos que puedan modificar puestos, competencias y formas de contratación. El planteo incorpora así una discusión de largo alcance sobre productividad, capacitación y protección laboral.

Junto con los dirigentes de la central obrera participaron de la delegación argentina Alejandro Gramajo, titular de la UTEP, y Daniel Funes de Rioja, expresidente de la Unión Industrial Argentina, entre otros representantes. La composición del grupo permitió reunir distintas perspectivas del mundo del trabajo y la producción.

El papa León XIV, por su parte, llamó a avanzar hacia modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios” y puso especial énfasis en la protección de quienes enfrentan mayores riesgos de exclusión. Su mensaje se vinculó con uno de los principales reclamos planteados por los representantes argentinos: que la transformación económica no recaiga de manera desproporcionada sobre los trabajadores y los grupos más vulnerables.

La audiencia adquiere además una dimensión política y simbólica por la proximidad de la primera visita de León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. El viaje formará parte de una gira regional que también incluirá Uruguay y Perú.

El encuentro en Roma permitió, de ese modo, anticipar ante el pontífice algunos de los principales reclamos que atraviesan hoy al movimiento obrero argentino. Salarios, empleo, deuda familiar y transformación tecnológica quedaron vinculados en una misma discusión: cómo sostener el trabajo y la cohesión social frente a una economía que atraviesa profundas modificaciones.

Para la CGT, el diálogo con León XIV representó además una oportunidad para instalar fuera de las fronteras nacionales su diagnóstico sobre las consecuencias sociales del programa económico de Milei. Para el Papa, el intercambio ofreció una aproximación directa a las demandas de una parte central del movimiento sindical argentino antes de su llegada al país.