El proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo nacional prepara para enviar al Congreso reaviva viejos fantasmas: la posibilidad de pagar parte del salario con tickets canasta y el reemplazo de planes sociales por “vouchers laborales” en empresas privadas. La iniciativa, presentada como una medida para fomentar el empleo y reducir costos, genera rechazo en sindicatos y especialistas, que advierten sobre un retorno a la precarización de los años noventa.

Un proyecto que revive viejos mecanismos de flexibilización

El Gobierno de Javier Milei avanza en la redacción de una nueva reforma laboral que, según trascendió, incluiría la reintroducción de los denominados tickets canasta, una herramienta emblemática de la flexibilización laboral de los años 90. La propuesta se enmarca en un plan más amplio que busca desregular convenios colectivos, ampliar la jornada laboral y redefinir la relación entre empresas y trabajadores.

Los tickets canasta —también conocidos como Luncheon Tickets— permitían a las empresas pagar una parte del salario con vales de consumo, usualmente destinados a la compra de alimentos o comidas. Aquellos montos, al no ser considerados remunerativos, quedaban excluidos del cálculo de aportes jubilatorios, aguinaldos y cargas sociales. En otras palabras, implicaban una reducción directa en el costo laboral para las empresas y una merma indirecta para los trabajadores.

Antecedentes y marco legal

El sistema, implementado a fines de los años 80 en medio de la crisis inflacionaria, llegó a representar hasta un 20 % de los ingresos de más de 1,5 millón de trabajadores y movilizaba cerca de 4.000 millones de pesos anuales. En 2007, la Ley 26.341 derogó definitivamente este régimen, integrando esos montos al salario remunerativo. Dos años más tarde, la Corte Suprema, en el fallo Pérez Aníbal c/ Disco, ratificó su carácter salarial al considerar que los vales constituían una contraprestación laboral y no una asistencia social.

Hoy, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) se promueve ampliar el alcance del artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo —que regula los llamados “beneficios sociales”— para incluir nuevamente este tipo de compensaciones. El objetivo declarado sería “estimular el consumo y aliviar la presión impositiva sobre las empresas”, aunque especialistas laboralistas advierten que cualquier intento de reinstalar los tickets canasta colisionaría con los antecedentes judiciales firmes que los definieron como parte del salario.

Vouchers laborales: el otro eje de la reforma

Al mismo tiempo, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, avanza en un programa de “vouchers laborales” destinado a reemplazar progresivamente los planes sociales por capacitaciones en empresas privadas. Firmas como McDonald’s o Sinteplast participarían ofreciendo entrenamientos para beneficiarios de programas sociales, bajo el argumento de “acercarlos al mercado de trabajo formal”.

El esquema prevé que las empresas reciban beneficios fiscales a cambio de proveer formación laboral, aunque diversas organizaciones sociales lo califican como una forma de trabajo gratuito encubierto. “El Estado traslada su función social al sector privado, y lo hace premiando a las compañías con incentivos impositivos”, denunció una fuente del sector, que advirtió además que las iniciativas no garantizan empleo real ni estabilidad para los participantes.

Reacciones y rigideces

Desde el movimiento sindical la reacción fue inmediata. “Esto es volver a los noventa. Los tickets y los vouchers no son otra cosa que precarización encubierta”, afirmó un dirigente de la CTA, mientras que desde la CGT señalaron que “las reformas no pueden construirse sobre la pérdida de derechos adquiridos”.

Para el Gobierno, en cambio, la apuesta combina “modernización laboral” con “flexibilidad en la gestión de los recursos humanos”. Voceros del oficialismo sostienen que la medida busca “reducir la informalidad y dinamizar la creación de empleo”, en un contexto donde más del 45 % de los trabajadores se desempeña fuera del mercado formal.

Un debate que vuelve con otro nombre

Más allá de los matices, la propuesta oficial revive una discusión estructural: cómo equilibrar competitividad y derechos laborales en un país con alta inflación, presión tributaria y caída del empleo formal. Los antecedentes, sin embargo, son elocuentes. Cuando los tickets canasta formaron parte del salario, el beneficio empresarial fue inmediato, pero el costo social se tradujo en sueldos desvalorizados y aportes jubilatorios reducidos.

La eventual reimplantación de los tickets canasta y la introducción de vouchers laborales marcan un giro profundo en la política laboral del Gobierno. Mientras el oficialismo los presenta como herramientas de eficiencia y dinamismo, para amplios sectores del sindicalismo y el derecho laboral constituyen un retroceso en materia de derechos y una reedición, bajo nuevos nombres, de los mecanismos de flexibilización que caracterizaron la década del 90.

El debate legislativo que se avecina pondrá nuevamente sobre la mesa una pregunta central: ¿puede la Argentina modernizar su mercado de trabajo sin resignar la base misma de la protección laboral?

En un clima político cargado de tensión, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipan un frente de resistencia ante el intento del Gobierno de avanzar con una reforma laboral que califican de regresiva. Las centrales sindicales afirman que no permitirán un retroceso en las conquistas del movimiento obrero y advierten que “la pelea se dará en todos los frentes”.

La relación entre el Gobierno y el movimiento sindical ingresó en una etapa de confrontación abierta. La CGT y ATE, las dos principales organizaciones gremiales del país, endurecieron su discurso frente a la inminente presentación de una reforma laboral que —según sostienen— amenaza con desarticular derechos históricos de los trabajadores.

El cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello, fue categórico: “Estamos dispuestos a defender los derechos laborales en todos los frentes. Lo que llaman modernización no es más que flexibilización disfrazada”. En declaraciones radiales, el dirigente señaló que detrás del proyecto oficial se esconde “una agenda impuesta por la embajada de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional”, orientada —según su lectura— a “precarizar el empleo y debilitar la organización sindical”.

Argüello rechazó además el argumento oficial que atribuye las dificultades de las pymes al costo laboral. “Lo que mata a las pequeñas empresas no son las indemnizaciones, sino la presión impositiva y la falta de políticas de desarrollo. Un trabajador con diez años de antigüedad no quiebra a nadie; lo que destruye el empleo son las políticas económicas”, subrayó.

En ese marco, la CGT busca mantener abierta la vía del diálogo institucional, pero con límites claros. La conducción adelantó que si el Gobierno insiste con su plan de reformas sin consenso, recurrirá “al frente judicial, legislativo y, si es necesario, también al de la movilización”. El mensaje fue inequívoco: la central no descarta una estrategia de presión combinada que involucre a todos sus gremios confederados.

Paralelamente, ATE convocó a un plenario federal de delegados para este martes 11 de noviembre en Buenos Aires, donde definirá una medida de fuerza nacional. El encuentro buscará establecer una hoja de ruta común para enfrentar la reforma y exigir la reapertura inmediata de las paritarias. “Esperar hasta el 10 de diciembre sería suicida. Si no reaccionamos en las calles, nos aplastan”, advirtió el secretario general, Rodolfo Aguiar.

El dirigente estatal acusó al Gobierno de “mentirle a la sociedad al decir que quitando derechos se va a crear empleo”. A su juicio, “no hay evidencia de que eliminar indemnizaciones o extender jornadas laborales a doce horas genere productividad; eso solo conduce a un país más desigual y con trabajadores desprotegidos”.

Según trascendió, el borrador de la reforma que se enviaría al Congreso tras la asunción de los nuevos legisladores incluiría cambios profundos: extensión de la jornada laboral, pago de indemnizaciones en cuotas, negociaciones por empresa en lugar de por actividad y aumentos atados a la productividad. Para los gremios, se trata de un rediseño estructural del modelo laboral argentino.

Aguiar fue más allá al advertir sobre un deterioro social que ya golpea a los asalariados: “Hay miles de trabajadores que caen todos los meses bajo la línea de la pobreza. El aval electoral del Gobierno no lo habilita a hacer cualquier cosa ni a actuar al margen de la Constitución”.

El plenario de ATE también debatirá la última oferta paritaria de la Secretaría de Trabajo, considerada insuficiente por la conducción. El sindicato rechazó una propuesta de incrementos mensuales entre el 1,1% y el 1,3%, muy por debajo de la inflación registrada por el INDEC. En contraste, UPCN aceptó el acuerdo, lo que reaviva las diferencias internas en el frente estatal.

Mientras tanto, la CGT procura preservar su unidad y consolidar su peso político como interlocutor central del mundo del trabajo. Argüello reivindicó la identidad peronista del movimiento obrero, aunque aclaró que “la CGT representa a todos los trabajadores, más allá de su pensamiento político”. Esa amplitud, remarcó, será clave para sostener la cohesión en tiempos de ofensiva neoliberal.

Con discursos firmes y estrategias que comienzan a coordinarse, la CGT y ATE trazan una línea de resistencia común ante lo que consideran un intento de desmantelar derechos laborales conquistados durante décadas. En medio de un contexto económico frágil y una agenda gubernamental que promete reformas profundas, el sindicalismo argentino vuelve a asumir un rol protagónico.

Su desafío no solo será frenar la reforma laboral, sino también reconstruir una narrativa capaz de defender el trabajo como eje de dignidad y equilibrio social en un país que aún busca su rumbo.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió un nuevo paro nacional de 72 horas, del 12 al 14 de noviembre, en reclamo de la apertura de paritarias y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El gremio advierte que, si no hay respuestas, el conflicto podría extenderse y poner en riesgo el inicio del ciclo lectivo 2026.

La CONADU definió profundizar su plan de lucha frente al Gobierno Nacional con una medida de alto impacto: un paro nacional de 72 horas en todas las universidades públicas del país, que se llevará a cabo los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la entidad, que reunió a representantes de sindicatos de base como Coad, Feduba, Adum, Adiuc, AGDU y otros gremios del sistema universitario. Según informaron desde la Federación, la moción fue aprobada por “amplia mayoría”, reflejando un consenso casi total en torno a la necesidad de endurecer las acciones gremiales.

Reclamos por salarios y por la Ley de Financiamiento Universitario

La medida de fuerza busca presionar al Gobierno nacional para que reabra las paritarias del sector y cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, norma que el gremio considera “incumplida” y vital para sostener el funcionamiento del sistema.

Desde CONADU señalaron que, frente a la falta de respuesta del Ejecutivo, existe un “recorte salarial de facto” que afecta a miles de docentes e investigadores de todo el país. En ese marco, anticiparon que, junto al Frente Sindical Universitario, avanzarán en una acción judicial para forzar una convocatoria inmediata a la negociación salarial.

“Sin actualización de los sueldos y sin financiamiento, la universidad pública está en riesgo. No hay sostenibilidad institucional ni condiciones laborales dignas”, advirtieron desde la conducción gremial.

Advertencia: podría verse afectado el inicio del ciclo lectivo 2026

El Plenario también resolvió condicionar el inicio de clases del próximo año a la respuesta que brinde el Gobierno en materia presupuestaria y salarial. En un comunicado, la Federación advirtió que, si el Poder Ejecutivo persiste en su negativa a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, el conflicto podría escalar durante el verano y afectar el comienzo del ciclo lectivo 2026.

“El consenso fue total: sin presupuesto ni paritaria, no hay condiciones para iniciar las clases en 2026”, remarcaron fuentes del sindicato.

La medida se suma a una serie de protestas, clases públicas y jornadas de visibilización que las federaciones universitarias vienen realizando desde septiembre, en un contexto de ajuste sobre los fondos del sistema de educación superior.

Solidaridad con los docentes de Formosa

Durante el plenario, CONADU también expresó su solidaridad con los docentes de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Formosa (ADUFOR).

La Federación denunció que los profesores de esa institución están siendo objeto de persecución laboral y sanciones por mantener una postura “crítica y diferente a la gestión universitaria”. “Repudiamos cualquier forma de hostigamiento institucional hacia los trabajadores docentes”, señalaron en el documento final.

Un conflicto que marca el pulso del sistema universitario

La nueva huelga docente se inscribe en un escenario de tensión creciente entre el Gobierno y el sistema universitario público, atravesado por la falta de actualización presupuestaria, la caída del salario real y la demora en la aplicación de políticas de financiamiento.

Con esta medida, la CONADU busca reposicionar el reclamo en la agenda nacional y sumar apoyo de la comunidad académica y científica. Sin respuestas concretas, el cierre del año académico podría quedar atravesado por un conflicto prolongado, con repercusiones políticas y sociales en un sector históricamente sensible de la vida pública argentina.