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Un informe del Observatorio IPA alertó que alrededor de 10.000 Pymes cerrarán sus portones si se sostiene el ritmo de la recesión actual, lo que generaría una pérdida de unos 47.000 empleos directos que dependen del sector, en un marco de derrumbe de los puestos de trabajo en toda la economía privada que rondaría los 180.000 durante el 2024.

Este escenario obligó a las fábricas industriales a implementar estrategias para evitar la quiebra y sostener el máximo nivel puestos de trabajo.

“Desde IPA venimos adelantando que la ausencia de medidas que eviten la profundización de la crisis del consumo sólo provocará más crisis, porque el desempleo no sólo amplía la pobreza, sino que garantiza la institucionalización de la falta de oportunidades. Las Pymes, que somos el motor del empleo en el país, estamos atravesando momentos de fuerte incertidumbre, sin que existan señales de reactivación”, afirmó el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato.

Y agregó: “Sabemos que el diálogo es la forma de llegar a acuerdo y por eso valoramos cuando se abren las puertas del Gobierno, porque tiene resultados positivos. Pero, lamentablemente, son muy pocas los funcionarios que quieren escuchar”.

El informe proyectó tres escenarios probables en torno a las expectativas de desempleo: el más optimista habla de la baja de unos 117.000 puestos de trabajo; mientras que el más pesimista eleva la vara a 226.000. El promedio de 180.300 está alineado con el cierre de 10.000 Pymes. Al primer escenario le correspondería la quiebra de 8.600; en tanto que en el peor de los casos serían 12.000 las firmas en desgracia.

El Observatorio IPA, encabezado por Pablo Bercovich y Martín Kalos, sostuvo que la “estrategia Pyme hoy apunta sobre todo a intentar sostener los niveles de empleo”, aunque señaló que “en el corto plazo la mayoría son pesimistas en relación a un repunte de las ventas y ya prevén que, de no haber una recuperación al menos hacia finales de año, también se verán obligadas a cerrar”.

El equipo económico de IPA mantuvo entrevistas con numerosas Pymes de todo el país, aunque tomó cuatro casos testigos de empresas pertenecientes a distintos sectores y residentes en diversos puntos geográficos del país. De allí surgió que las fábricas están implementando estrategias para evitar más cierres y nuevos despidos.

La primera empresa es textil y está radicada en La Rioja. Tenía 33 empleados/as en 2023 y actualmente tiene 20. La segunda, se dedica a la fabricación de hierro y acero, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Pasó de ocupar a 62 personas a ocupar 50. La producción cayó 60% respecto al 2023. La tercera Pyme fabrica productos de vidrio y tuvo que reducir su planta en 4 personas, ya que el uso de la capacidad instalada está al 30%”. La empresa 4 fabrica productos de plástico. “El uso de la capacidad instalada cayó hasta un nivel de 30%/40%”, detalló el informe.

“Según sus propias declaraciones, las dimensiones de la coyuntura que más las afectan son la caída en el consumo y el aumento de la competencia extranjera. También están llevando a cabo algunas estrategias para hacer frente a la situación actual, con el objeto de evitar reducir la cantidad de personal empleado”, sostuvo.

“Caímos a un punto en el que prácticamente tocamos fondo y se mantiene ahí”, afirmó el representante de una Pyme, que mantiene una expectativa negativa sobre la recuperación. ““Ahora estamos hablando de letras, todos hablaban de la V, la U, yo veo una L”, se lamentó.

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Gremios universitarios: sin cumplimiento del fallo, habrá más medidas

La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la medida cautelar que ordena al Estado nacional actualizar los salarios docentes y no docentes y recomponer las becas estudiantiles, en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, representa uno de los reveses judiciales más significativos para la política universitaria del Gobierno. El pronunciamiento no sólo ratifica la vigencia de los artículos centrales de la norma, sino que también coloca a la administración nacional frente a la obligación de ejecutar medidas concretas para revertir el deterioro presupuestario que afecta al sistema público de educación superior.

En San Juan, el fallo fue recibido como una reivindicación de un prolongado proceso de movilización sindical y social. Desde la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS), su secretario general, Jaime Barcelona, sostuvo que la resolución judicial constituye «un acto de justicia» después de más de dos años marcados por el ajuste presupuestario, el congelamiento de becas y una sostenida pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.

Barcelona recordó que los incrementos salariales otorgados durante ese período resultaron insuficientes frente a la inflación, con actualizaciones mensuales que en numerosos casos apenas alcanzaron el uno por ciento. Esa política, afirmó, derivó en una caída superior al 50% del salario real, mientras el deterioro del financiamiento alcanzó también al funcionamiento de las universidades y a programas de asistencia estudiantil, como las becas.

Para el dirigente sindical, la masiva movilización universitaria realizada este año marcó un punto de inflexión político. Según su interpretación, la contundencia de aquella protesta precipitó la reapertura de la negociación salarial y permitió alcanzar un incremento inicial del 21%, además del compromiso oficial de convocar nuevamente a la mesa paritaria antes del 10 de septiembre para continuar la discusión sobre la recomposición salarial.

Sin embargo, advirtió que el fallo judicial, por sí solo, no resuelve el deterioro acumulado. Explicó que la actualización ordenada por la Justicia representa un avance, aunque todavía resta recuperar la diferencia generada por la inflación durante los últimos años. En ese sentido, consideró que la próxima convocatoria paritaria será determinante para evaluar si el Ejecutivo cumple efectivamente con las obligaciones establecidas por la ley.

Desde ADICUS evitaron anticipar medidas de fuerza mientras permanezca vigente el compromiso asumido por el Gobierno. Barcelona sostuvo que el objetivo del gremio no es profundizar el conflicto, sino alcanzar una recuperación real de los salarios y garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas. «Si existe una propuesta seria que permita recomponer los ingresos, deberá ser analizada», planteó.

No obstante, el dirigente dejó en claro que el escenario podría modificarse si el Ejecutivo incumple los plazos acordados o posterga nuevamente la negociación. En ese caso, explicó, las federaciones universitarias evaluarán nuevas acciones gremiales y judiciales, ahora fortalecidas por una decisión de la Corte Suprema que obliga al Estado a respetar la legislación vigente.

Barcelona sostuvo además que una eventual desobediencia al fallo podría derivar en responsabilidades legales para los funcionarios encargados de ejecutar la política universitaria, al considerar que el incumplimiento de una resolución del máximo tribunal generaría configurar una violación de los deberes propios de la función pública.

La determinación judicial modifica el tablero político de la problemática universitaria. A partir de ahora, la discusión ya no gira exclusivamente en torno a reclamos gremiales o presupuestarios, sino también sobre el alcance institucional de una decisión de la Corte Suprema cuyo cumplimiento será observado de cerca por las universidades, los sindicatos y amplios sectores de la sociedad que, durante los últimos dos años, hicieron de la defensa de la universidad pública una de las expresiones de movilización más relevantes del país.

Con el plazo del 10 de septiembre como próxima fecha decisiva, el conflicto ingresa en una nueva etapa. El foco ya no estará puesto en la legitimidad del reclamo —respaldada ahora por la Justicia— sino en la voluntad política del Gobierno para cumplir una sentencia que redefine las condiciones de financiamiento del sistema universitario argentino y pone a prueba su relación con uno de los sectores más movilizados del ámbito educativo.

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San Juan apuesta al turismo invernal con descuentos en hoteles y gastronomía para dinamizar la actividad

Con el objetivo de fortalecer el movimiento turístico durante las vacaciones de invierno, el Gobierno provicnial puso en marcha una estrategia promocional que combina descuentos en alojamiento y beneficios gastronómicos para quienes elijan San Juan como destino. La iniciativa, denominada Promo Mundial, es impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en articulación con el San Juan Bureau y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA), como parte de una política orientada a potenciar la llegada de visitantes desde los principales mercados emisores del país.

La propuesta se apoya en una alianza entre el Estado y el sector privado para incrementar la competitividad de la oferta turística frente a una demanda más selectiva y una feroz disputa por captar viajeros. En ese marco, los establecimientos adheridos ofrecerán promociones especiales destinadas a extender la permanencia de los viajeros y favorecer un mayor nivel de gasto durante su estadía.

El programa contempla dos alternativas para el alojamiento: siete noches al precio de cinco y cuatro noches al valor de tres, beneficios disponibles en los hoteles participantes. A ello se suma un incentivo para el sector gastronómico, ya que los huéspedes que acrediten su estadía mediante el voucher emitido por alguno de los establecimientos adheridos accederán a un 15% de descuento en restaurantes y locales gastronómicos que integran la campaña.

La idea apunta a generar un efecto multiplicador sobre toda la cadena turística. El incremento del flujo de visitantes no sólo favorece la ocupación hotelera y el consumo gastronómico, sino que también impacta en agencias de viajes, prestadores de turismo activo, comercios, transporte y múltiples servicios asociados a una actividad que constituye uno de los principales motores de las economías regionales durante el receso invernal.

La estrategia promocional se complementa con una agenda distribuida en los distintos departamentos de la provincia, que incluye actividades culturales, recreativas, deportivas y experiencias vinculadas con el patrimonio natural y la identidad sanjuanina. De esta manera, el objetivo oficial trasciende la captación de turistas y busca consolidar una oferta integral que incentive estadías más prolongadas y fortalezca el posicionamiento de San Juan dentro del calendario turístico nacional.

El cronograma completo de actividades para las vacaciones de invierno puede consultarse en el sitio oficial de turismo de la provincia, mientras que el listado actualizado de hoteles y establecimientos gastronómicos adheridos a la campaña se encuentra disponible a través de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan.

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Las 62 Organizaciones vuelven a escena y reclaman un lugar central en el armado electoral del peronismo

Con roles protagónicos de Moyano y Ledesma, las 62 Organizaciones exigen recuperar protagonismo en el armado electoral del peronismo Dirigentes de las “62 Organizaciones“ advirtieron que buscan dejar de ser ”convidados de piedra“ y demandaron ocupar el espacio legado por Perón y Evita en el armado de las listas del 2027. Asistieron Hugo Moyano, Julio Ledesma y Octavio Arguello. Reafirmaron la conducción de José Ibarra.

En una marcada impronta por la unidad y un reclamo claro de protagonismo político, se llevó a cabo un masivo encuentro nacional y regional de representantes gremiales nucleados en las 62 Organizaciones Peronistas, en la sede del barrio porteño de Caballito.

En el marco del proceso de normalización de sus regionales que atraviesa el brazo político del movimiento obrero, el plenario funcionó como una demostración de fuerza sindical orientada al armado político para las próximas elecciones.

Por intermedio del nucleamiento, los gremios buscan consolidar su estructura territorial y programática para influir de manera directa en las listas del peronismo o en un armado propio de cara a las próximas elecciones. De hecho, fue sintomática la presencia de Julio Rubén Ledesma, secretario general del SEOCA Zona Oeste y líder de la estructura partidaria CoPeBo. El encuentro contó con una fuerte presencia de la primera línea de Camioneros, encabezada por Hugo Moyano, Jerónimo Moyano y Octavio Argüello, dirigente integrante de la conducción de la CGT. La participación de Argüello significó un guiño importante por parte de la Confederación General del Trabajo al proceso de reorganización de “las 62”.

«La conducción de Ibarra es la única representación histórica y legal de las 62, con legitimidad jurídica e institucional para actuar como el brazo político del movimiento obrero organizado y convocar a todos los sectores a construir la propuesta de país que los trabajadores necesitan», señalaron.

«El objetivo es llegar a un punto de encuentro respecto a la participación del movimiento obrero a través de las 62 Organizaciones Peronistas», afirmó Ledesma en declaraciones vertidas en el plenario.

Estuvieron presentes Juan Carlos Murgo (Caucho), Rubén Grimaldi (UTERA), Marcelo Dávila (Guincheros), Julio Estévez (UPSAFIP), Adolfo Villafañe (Chacinados), Dante Camaño (gastronómicos), Cacho García (Estaciones de Servicio), Guillermo Lugones (Personal Jerárquico Banco Provincia), Julio Schiantarelli (SUPEH), Marcelo Barrios (Remiseros), Guillermo Mangone (Gas), Gonzalo Salum (Judiciales), Roberto Villalba (Madera), José Ibarra (Taxistas) y Fabián García (SOECRA). Guillermo Lugones (Personal Jerárquico Banco Provincia), Marcelo Barrios (SURYA), Roberto Villalva (Madera), Karina Álvarez (Comercio), Ángel García (Seguridad), Walter Vázquez (SECASFPI), Jorge Mancini (AGOEC), Luis Pandolfi (Tintoreros), Alejandro Poli (FAREM), Gustavo González ( Locutores), Ezequiel Tosco (AGC), Facundo Moyano (Peajes), Gonzalo Castaño (Caddies), Joaquín Santucho (62 Morón-Ituzaingó-Hurlingham), Jorge Fernández (Regional Tuyú), Luis Orbelli (62 Mendoza), Marcela Ludueña (62 Esteban Echeveria – Ezeiza Cañuelas), Marco Orellana (Puerto Deseado – Chubut), Mariana de Alba (62 rama femenina), Nico Ferro (Turf), Paris Barrera (Cantantes), Ricardo Prado (USAFIP), Ricardo Serafini (Jerárquicos del Gas), Sergio Gelman (Locutores), Julio Carrizo (62 Almirante Brown), Claudio Toledo (62 Avellaneda-Lanús), Marcelo Ibarra (Juventud 62), Julio Rodríguez (62 Tucumán) y Camilo Gómez (Vareadores), entre otros.

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