Un informe reveló que el 46% de los hogares con personas de 60 años o más tuvo ingresos insuficientes durante 2024-2025. Es el registro más elevado desde el inicio de la serie, en 2017, y las mayores carencias se concentran entre las familias de menores recursos.

La insuficiencia de ingresos alcanzó un máximo histórico en la serie del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Durante 2024-2025, el 46% de los hogares con al menos una persona de 60 años o más no logró reunir recursos suficientes para cubrir sus gastos básicos, cinco puntos porcentuales por encima del registro correspondiente a 2022-2023.

El deterioro se profundiza a medida que disminuyen los ingresos. Entre los hogares del estrato socioeconómico muy bajo, la proporción llega al 71,1%, mientras que en el nivel bajo alcanza el 55,2%. El relevamiento contempló dimensiones vinculadas con alimentación, vivienda, servicios, asistencia social y acceso a la atención sanitaria.

Uno de los indicadores más sensibles es la alimentación. La inseguridad alimentaria entre las personas mayores pasó del 12,3% en 2017-2019 al 18,4% en 2024-2025. La distancia entre grupos sociales resulta particularmente pronunciada: afecta al 39,1% de los adultos mayores del estrato muy bajo, frente al 1,1% entre quienes pertenecen al nivel medio alto.

La falta de recursos también repercute sobre los servicios esenciales. Casi uno de cada cinco hogares con personas mayores dejó de pagar alguna factura por dificultades económicas. Entre las familias del estrato muy bajo, el porcentaje trepa al 39,4%.

Salud y medicamentos, entre las principales dificultades

La atención sanitaria aparece como otro de los puntos críticos. El 35,2% de los hogares con adultos mayores postergó consultas médicas o la compra de medicamentos durante 2024-2025 por falta de dinero. Es el valor más alto de la serie y representa un incremento cercano a diez puntos respecto de 2022-2023.

La brecha vuelve a ser considerable entre los distintos niveles sociales: en los hogares más vulnerables, el indicador alcanza al 55%.

El informe también analizó durante 2025 el vínculo de las personas afiliadas con PAMI. Cerca del 74% recurrió al organismo para consultas médicas y alrededor del 70% utilizó sus prestaciones para acceder a medicamentos.

La evaluación de esas prestaciones, sin embargo, presenta diferencias. El 61,7% valoró favorablemente la atención médica, mientras que la aprobación descendió al 49,7% cuando se consultó por la cobertura de medicamentos.

Vivienda y asistencia

Las condiciones habitacionales constituyen otra dimensión de la desigualdad. El 11,8% de las personas mayores reside en viviendas que no reúnen condiciones adecuadas; entre los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, la proporción asciende al 27,5%.

La asistencia estatal tampoco alcanza a todos los hogares con necesidades económicas. Aunque el 71,1% de las familias del estrato muy bajo registra ingresos insuficientes, solo el 42,4% recibe algún programa de transferencia de ingresos o asistencia alimentaria.

En el conjunto de los hogares con adultos mayores, la cobertura de estos programas cayó del 30,6% registrado durante la pandemia de Covid-19 al 26,8% en 2024-2025.

Los datos del ODSA-UCA muestran un deterioro marcado en distintas dimensiones de la vida cotidiana de las personas mayores. Ingresos insuficientes, dificultades alimentarias, incumplimiento de servicios y postergación de gastos sanitarios convergen en una población para la que la capacidad de recomponer ingresos suele ser más limitada.

El Sindicato Jerárquico Minero ASIJEMIN amplió las prestaciones destinadas a sus afiliados con la incorporación de un servicio de acompañamiento psicológico virtual para trabajadores y sus familias. La propuesta fue impulsada por la Secretaría de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, encabezada por Maximiliano Arias, y estará a cargo de la licenciada en Psicología Virginia Pantano (MP 15.686).

La modalidad fue diseñada teniendo en cuenta las particularidades de la actividad minera, especialmente los períodos de trabajo y descanso que atraviesan muchos trabajadores. Los turnos podrán coordinarse de manera virtual para facilitar el acceso a la atención profesional independientemente del lugar donde se encuentre el el operario.

ASIJEMIN cubrirá el costo de la primera consulta. La continuidad del tratamiento, nuevas sesiones o eventuales derivaciones serán acordadas posteriormente entre la profesional y el trabajador o su grupo familiar.

Desde la organización remarcaron además que las consultas tendrán carácter privado y confidencial. El objetivo es generar un espacio profesional en el que los afiliados puedan expresar sus preocupaciones, ser escuchados y recibir orientación ante distintas circunstancias personales o familiares.

Arias destacó que la iniciativa parte de una concepción integral del acompañamiento sindical. “Detrás de cada trabajador hay una persona, una familia y una realidad”, señaló, al remarcar que la tarea gremial también implica atender necesidades que exceden las cuestiones estrictamente laborales, señaló Arias.

La psicóloga Virginia Pantano, responsable del servicio, explicó que la propuesta busca ofrecer escucha y acompañamiento profesional mediante una modalidad compatible con las características de las jornadas y los períodos de permanencia de los trabajadores mineros.

Mediante esta herramienta, ASIJEMIN robustece el catálogo de prestaciones destinadas al desarrollo integral de sus afiliados, maximizando el impacto de sus programas de asistencia.

Una encuesta nacional de Equipo Mide reveló que el 73% de los argentinos cree que probablemente o seguramente no podrá afrontar sus deudas, cuotas y gastos durante los próximos tres meses. Además, el 53% debió endeudarse recientemente para cubrir necesidades cotidianas.

La preocupación por la capacidad de pago dejó de limitarse al presente y comenzó a proyectarse sobre los próximos meses. El 73% de los argentinos considera que probablemente o seguramente no podrá afrontar sus deudas, cuotas y gastos cotidianos durante el próximo trimestre, según una encuesta nacional de Equipo Mide correspondiente a agosto de 2026.

El relevamiento muestra que el 46% responde que “probablemente no” podrá cumplir con sus compromisos, mientras que otro 27% afirma que “seguro que no”. El resultado expone una elevada percepción de fragilidad financiera entre los hogares.

La incertidumbre golpea a todos los niveles socioeconómicos. En la clase media alcanza al 76%, el registro más elevado: 52% cree que probablemente no podrá pagar y 24% considera que directamente no podrá hacerlo. Entre los hogares de menores ingresos, la preocupación llega al 71%, aunque allí aparece la proporción más alta de respuestas extremas: 30% asegura que no podrá cumplir con sus obligaciones.

Incluso entre los sectores de mayores ingresos el pesimismo alcanza al 70%. La distribución de las respuestas muestra, así, que la dificultad para sostener las finanzas familiares no queda circunscripta a un único estrato.

La mayor preocupación está en el AMBA

El mapa geográfico muestra que el pesimismo financiero tiene sus niveles más altos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. CABA registra el mayor porcentaje de respuestas negativas, con un 79%. Allí, el 49% considera que probablemente no podrá cumplir con sus compromisos y un 30% directamente asegura que no podrá hacerlo.

En la provincia de Buenos Aires, la preocupación llega al 77%. El 41% se ubica en la categoría «probablemente no», mientras que el 36% responde «seguro que no», el porcentaje más alto registrado entre las distintas regiones del país.

El resto del mapa también presenta niveles elevados de incertidumbre. En el NOA, el 72% tiene expectativas negativas; en Cuyo, el 71%; en el NEA, el 68%; en Patagonia, el 67%; y en la región Centro, el 65%. De esta manera, aunque existen diferencias regionales, en ningún distrito la preocupación por la capacidad de pago futuro baja del 65%.

La deuda ya se utiliza para comprar alimentos

El temor futuro tiene un antecedente inmediato. El 53% de los encuestados aseguró haberse endeudado durante los tres meses anteriores mediante préstamos, tarjetas de crédito o dinero prestado.

El destino de esos recursos revela el grado de presión sobre los ingresos. Entre quienes recurrieron al endeudamiento, el 39% utilizó el dinero para comprar alimentos y otro 18% para pagar servicios esenciales, como electricidad, gas o telefonía.

El documento también registró una demanda mayoritaria de intervención pública. El 67% considera que el Gobierno debería adoptar medidas para asistir a las familias que no consiguen afrontar sus deudas. La posición incluso reúne al 53% de quienes votaron por Milei en 2023.

En contraste, apenas el 21% entiende que las obligaciones financieras de los hogares deben resolverse exclusivamente entre particulares, sin intervención estatal.

La información estadística evidencia un deterioro en la estabilidad económica de los hogares. Se observa un recurso sistemático al crédito para el consumo de primera necesidad, sumado a una percepción mayoritaria de riesgo de impago a corto plazo.