Pymes en alerta: durante 2024 podrían cerrar hasta 12.000 fábricas
Un informe del Observatorio IPA alertó que alrededor de 10.000 Pymes cerrarán sus portones si se sostiene el ritmo de la recesión actual, lo que generaría una pérdida de unos 47.000 empleos directos que dependen del sector, en un marco de derrumbe de los puestos de trabajo en toda la economía privada que rondaría los 180.000 durante el 2024.
Este escenario obligó a las fábricas industriales a implementar estrategias para evitar la quiebra y sostener el máximo nivel puestos de trabajo.
“Desde IPA venimos adelantando que la ausencia de medidas que eviten la profundización de la crisis del consumo sólo provocará más crisis, porque el desempleo no sólo amplía la pobreza, sino que garantiza la institucionalización de la falta de oportunidades. Las Pymes, que somos el motor del empleo en el país, estamos atravesando momentos de fuerte incertidumbre, sin que existan señales de reactivación”, afirmó el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato.
Y agregó: “Sabemos que el diálogo es la forma de llegar a acuerdo y por eso valoramos cuando se abren las puertas del Gobierno, porque tiene resultados positivos. Pero, lamentablemente, son muy pocas los funcionarios que quieren escuchar”.
El informe proyectó tres escenarios probables en torno a las expectativas de desempleo: el más optimista habla de la baja de unos 117.000 puestos de trabajo; mientras que el más pesimista eleva la vara a 226.000. El promedio de 180.300 está alineado con el cierre de 10.000 Pymes. Al primer escenario le correspondería la quiebra de 8.600; en tanto que en el peor de los casos serían 12.000 las firmas en desgracia.
El Observatorio IPA, encabezado por Pablo Bercovich y Martín Kalos, sostuvo que la “estrategia Pyme hoy apunta sobre todo a intentar sostener los niveles de empleo”, aunque señaló que “en el corto plazo la mayoría son pesimistas en relación a un repunte de las ventas y ya prevén que, de no haber una recuperación al menos hacia finales de año, también se verán obligadas a cerrar”.
El equipo económico de IPA mantuvo entrevistas con numerosas Pymes de todo el país, aunque tomó cuatro casos testigos de empresas pertenecientes a distintos sectores y residentes en diversos puntos geográficos del país. De allí surgió que las fábricas están implementando estrategias para evitar más cierres y nuevos despidos.
La primera empresa es textil y está radicada en La Rioja. Tenía 33 empleados/as en 2023 y actualmente tiene 20. La segunda, se dedica a la fabricación de hierro y acero, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Pasó de ocupar a 62 personas a ocupar 50. La producción cayó 60% respecto al 2023. La tercera Pyme fabrica productos de vidrio y tuvo que reducir su planta en 4 personas, ya que el uso de la capacidad instalada está al 30%”. La empresa 4 fabrica productos de plástico. “El uso de la capacidad instalada cayó hasta un nivel de 30%/40%”, detalló el informe.
“Según sus propias declaraciones, las dimensiones de la coyuntura que más las afectan son la caída en el consumo y el aumento de la competencia extranjera. También están llevando a cabo algunas estrategias para hacer frente a la situación actual, con el objeto de evitar reducir la cantidad de personal empleado”, sostuvo.
“Caímos a un punto en el que prácticamente tocamos fondo y se mantiene ahí”, afirmó el representante de una Pyme, que mantiene una expectativa negativa sobre la recuperación. ““Ahora estamos hablando de letras, todos hablaban de la V, la U, yo veo una L”, se lamentó.
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San Juan busca destrabar la Ruta 40 Sur con un crédito internacional de USD 160 millones
La Legislatura de San Juan se encamina a definir este jueves la autorización de un crédito internacional por USD 160 millones destinado a modernizar la Ruta Nacional 40 Sur, una obra clave para la conexión con Mendoza que quedó paralizada por la reducción de recursos nacionales. El proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo, será tratado sobre tablas, según la definición anticipada por fuentes legislativas, lo que permitiría llevarlo directamente a votación sin un paso previo por comisiones.
El financiamiento permitirá ejecutar una intervención de aproximadamente 26 kilómetros entre Cochagual y Tres Esquinas, en el departamento Sarmiento, con la transformación del tramo en autopista. Las tareas habían quedado interrumpidas luego de que el Gobierno nacional recortara los fondos destinados a la obra. Frente a esa paralización, el gobernador Marcelo Orrego había anticipado que buscaría alternativas de financiamiento, incluida la asistencia de organismos internacionales.
El crédito tiene un plazo total de 15 años, con 66 meses de gracia para la amortización del capital y pagos semestrales a una tasa variable equivalente a la SOFR a seis meses más un margen anual del 1,75%. La operación requiere autorización legislativa, de acuerdo con las atribuciones constitucionales de la Cámara para habilitar al Ejecutivo a contraer empréstitos y establecer sus condiciones de devolución.
La obra tendrá un fuerte impacto regional al alcanzar de forma directa a cerca de 1,5 millones de personas en San Juan y Mendoza, sumando 900.000 beneficiarios indirectos. En términos laborales, la etapa constructiva dinamizará la economía con la generación de más de 4.000 empleos directos e indirectos.
Una vez terminados los trabajos, las previsiones apuntan a reducir un 35% los tiempos de viaje y generar un ahorro anual de USD 12 millones en costos de transporte. Se trata de estimaciones asociadas al proyecto, cuyo resultado dependerá de la ejecución efectiva de las obras.
La votación del jueves será, por lo tanto, un paso decisivo para convertir el financiamiento anunciado en una herramienta concreta de reactivación. La autorización permitiría a San Juan avanzar con una obra vial pendiente y recuperar una conexión relevante para la circulación de personas, el transporte de cargas y la integración económica con Mendoza.
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El Gobierno postergó a diciembre los Fondos de Asistencia Laboral
El Gobierno nacional postergó hasta el 1 de diciembre la entrada en vigencia de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y duplicó el período mínimo de carencia, que pasó de seis a doce meses. La modificación quedó formalizada mediante el Decreto 1228/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.
El régimen debía comenzar a funcionar el 1 de noviembre. Según los fundamentos de la norma, el aplazamiento responde a la necesidad de completar adecuaciones operativas, administrativas y tecnológicas para su implementación integral.
La extensión de la carencia implica que los fondos deberán acumular recursos durante doce períodos completos y consecutivos de devengamiento y pago antes de quedar habilitados para atender las obligaciones previstas. El cómputo comenzará en el mes calendario en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registre la integración efectiva de la primera contribución del empleador.
Más tiempo para reunir recursos
Los FAL fueron creados por la Ley de Modernización Laboral 27.802 como instrumentos destinados a cubrir determinadas obligaciones económicas derivadas de la extinción de los contratos de trabajo. El Poder Ejecutivo sostuvo que el plazo original de seis meses resultaba insuficiente para constituir un patrimonio inicial adecuado.
La prórroga busca, de acuerdo con los argumentos oficiales, ampliar el tiempo disponible para acumular fondos antes de que puedan utilizarse. La medida modifica los plazos de implementación y de carencia, pero no elimina las obligaciones laborales que el régimen procura financiar.
La postergación había sido solicitada por entidades vinculadas con fondos comunes de inversión, fideicomisos e inversión directa, además de agentes de Bolsa, mediante presentaciones canalizadas a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Cómo se instrumentará el régimen
Los recursos deberán administrarse mediante fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros sujetos al control de la CNV. El esquema está dirigido a empleadores privados, con las exclusiones establecidas en la ley, y no alcanza a las relaciones laborales del sector público.
El decreto fue firmado el lunes y entró en vigor con su publicación. Con el nuevo calendario, el Gobierno dispone de un mes adicional para completar los mecanismos necesarios, mientras que la carencia de doce períodos establece un requisito más prolongado para la acumulación inicial de recursos.
La implementación de los FAL constituye una de las herramientas previstas en la reforma laboral para organizar la cobertura de determinadas obligaciones ante la finalización de vínculos de trabajo. La viabilidad del sistema estará sujeta a la optimización de los mecanismos financieros y a la liquidez previa de los fondos para cumplir con las obligaciones del régimen.
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El consumo de carne vacuna perdió 23 kilos por habitante desde su máximo de 2008
La carne vacuna, históricamente central en la alimentación argentina, perdió terreno en la mesa familiar y alcanzó en septiembre su menor nivel de consumo en más de dos décadas. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), el promedio de los últimos doce meses descendió a 45,4 kilos por habitante al año, un retroceso del 10,5% frente al mismo período de 2025.
La caída equivale a 5,3 kilos menos por persona respecto de los 50,7 kilos registrados un año antes. La comparación histórica dimensiona el cambio: en 2008, el consumo había llegado a 68,9 kilos por habitante. Desde aquel máximo, se redujo 23,5 kilos, una contracción cercana al 34%.
El encarecimiento de los cortes vacunos aparece entre los factores centrales de la retracción. Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC citados en el informe indican que, en los últimos doce meses, la carne vacuna aumentó 50,1%, frente al 33,5% de inflación general. El pollo entero, en cambio, subió 28,6%, lo que amplió la diferencia de precios entre ambas alternativas.
Más exportaciones y menor oferta para el mercado interno
La contracción de la demanda interna se ve contrarrestada por el mayor dinamismo de las exportaciones dentro de la producción nacional. Según datos de Ciccra, los despachos internacionales aumentaron un 7,7% en el período analizado y alcanzaron las 667.300 toneladas res con hueso, unas 47.600 toneladas más que un año antes.
La cámara atribuyó parte del impulso exportador a la ampliación de la cuota otorgada por Estados Unidos a la Argentina a fines de 2025. Al mismo tiempo, señaló que la menor disponibilidad de hacienda y el aumento de los precios ganaderos presionaron sobre los valores que llegan a carnicerías y supermercados.
La distribución de la producción también cambió: el mercado interno absorbió el 69,7%, cuatro puntos porcentuales menos que en 2025, mientras que la participación exportadora subió del 26,3% al 30,3%.
La combinación de una oferta limitada, mejores oportunidades comerciales en el exterior y una demanda doméstica condicionada por los ingresos plantea un desafío para los frigoríficos orientados al consumo local. Mientras la ganadería encuentra incentivos en los mercados internacionales, las familias tienen cada vez menos margen para sostener el nivel de compra habitual.
Pollo y cerdo ganan espacio por precio
El desplazamiento hacia otras carnes responde, principalmente, a razones económicas. Raúl Milano, presidente del mercado ganadero Rosgan, sostuvo que el avance del pollo y el cerdo no refleja necesariamente un cambio cultural en las preferencias alimentarias, sino una adaptación al presupuesto disponible. “Es un problema exclusivamente del bolsillo, no un cambio cultural”, afirmó.
La sustitución permite a los hogares mantener el consumo de proteínas animales con opciones relativamente más accesibles, aunque modifica una tradición alimentaria fuertemente asociada con la carne vacuna.
El retroceso del consumo no implica por sí mismo una caída de la producción ganadera ni de los ingresos exportadores. Expone, en cambio, una brecha cada vez mayor entre las oportunidades comerciales de la cadena y la capacidad de compra del mercado interno.
Con el consumo en su menor registro desde 2005 y los cortes vacunos aumentando por encima de la inflación, la evolución de los precios y de los ingresos familiares será determinante para establecer si la carne recupera espacio en la dieta argentina o si continúa el reemplazo por alternativas más económicas.
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