Pymes en alerta: durante 2024 podrían cerrar hasta 12.000 fábricas
Un informe del Observatorio IPA alertó que alrededor de 10.000 Pymes cerrarán sus portones si se sostiene el ritmo de la recesión actual, lo que generaría una pérdida de unos 47.000 empleos directos que dependen del sector, en un marco de derrumbe de los puestos de trabajo en toda la economía privada que rondaría los 180.000 durante el 2024.
Este escenario obligó a las fábricas industriales a implementar estrategias para evitar la quiebra y sostener el máximo nivel puestos de trabajo.
“Desde IPA venimos adelantando que la ausencia de medidas que eviten la profundización de la crisis del consumo sólo provocará más crisis, porque el desempleo no sólo amplía la pobreza, sino que garantiza la institucionalización de la falta de oportunidades. Las Pymes, que somos el motor del empleo en el país, estamos atravesando momentos de fuerte incertidumbre, sin que existan señales de reactivación”, afirmó el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato.
Y agregó: “Sabemos que el diálogo es la forma de llegar a acuerdo y por eso valoramos cuando se abren las puertas del Gobierno, porque tiene resultados positivos. Pero, lamentablemente, son muy pocas los funcionarios que quieren escuchar”.
El informe proyectó tres escenarios probables en torno a las expectativas de desempleo: el más optimista habla de la baja de unos 117.000 puestos de trabajo; mientras que el más pesimista eleva la vara a 226.000. El promedio de 180.300 está alineado con el cierre de 10.000 Pymes. Al primer escenario le correspondería la quiebra de 8.600; en tanto que en el peor de los casos serían 12.000 las firmas en desgracia.
El Observatorio IPA, encabezado por Pablo Bercovich y Martín Kalos, sostuvo que la “estrategia Pyme hoy apunta sobre todo a intentar sostener los niveles de empleo”, aunque señaló que “en el corto plazo la mayoría son pesimistas en relación a un repunte de las ventas y ya prevén que, de no haber una recuperación al menos hacia finales de año, también se verán obligadas a cerrar”.
El equipo económico de IPA mantuvo entrevistas con numerosas Pymes de todo el país, aunque tomó cuatro casos testigos de empresas pertenecientes a distintos sectores y residentes en diversos puntos geográficos del país. De allí surgió que las fábricas están implementando estrategias para evitar más cierres y nuevos despidos.
La primera empresa es textil y está radicada en La Rioja. Tenía 33 empleados/as en 2023 y actualmente tiene 20. La segunda, se dedica a la fabricación de hierro y acero, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Pasó de ocupar a 62 personas a ocupar 50. La producción cayó 60% respecto al 2023. La tercera Pyme fabrica productos de vidrio y tuvo que reducir su planta en 4 personas, ya que el uso de la capacidad instalada está al 30%”. La empresa 4 fabrica productos de plástico. “El uso de la capacidad instalada cayó hasta un nivel de 30%/40%”, detalló el informe.
“Según sus propias declaraciones, las dimensiones de la coyuntura que más las afectan son la caída en el consumo y el aumento de la competencia extranjera. También están llevando a cabo algunas estrategias para hacer frente a la situación actual, con el objeto de evitar reducir la cantidad de personal empleado”, sostuvo.
“Caímos a un punto en el que prácticamente tocamos fondo y se mantiene ahí”, afirmó el representante de una Pyme, que mantiene una expectativa negativa sobre la recuperación. ““Ahora estamos hablando de letras, todos hablaban de la V, la U, yo veo una L”, se lamentó.
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Marcha universitaria: una multitud reclamó en San Juan que Milei cumpla la ley de financiamiento
Miles de manifestantes recorrieron el centro de San Juan para reclamar que el Gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y garantice los recursos necesarios para sostener la educación superior pública. La quinta Marcha Federal Universitaria congregó a estudiantes, docentes, no docentes, autoridades académicas, gremios, organizaciones sociales y referentes políticos, en una protesta que combinó la defensa presupuestaria con el reclamo por los salarios y las condiciones de funcionamiento de las instituciones.
La movilización comenzó en la plaza 25 de Mayo alrededor de las 17:00 y avanzó por Ignacio de la Roza, Alem, avenida Libertador, Aberastain y Mitre, hasta llegar al Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Allí se realizó el acto de cierre, con discursos de representantes de la comunidad universitaria.

El decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Marcelo Lucero, reclamó que el Gobierno nacional aplique la normativa aprobada por el Congreso y aseguró que las universidades continuarán movilizadas hasta obtener una respuesta. La exigencia comprende tanto la recomposición de los ingresos del personal como la recuperación de los fondos necesarios para sostener las tareas académicas y científicas.
Durante la marcha también se escucharon testimonios sobre el impacto cotidiano del deterioro presupuestario. Algunos estudiantes apoyaron la movilización y manifestaron que, pese a las medidas de fuerza, algunos profesores mantienen las clases y continúan al frente de sus cursos. El relato puso el foco en el esfuerzo de los docentes para sostener la enseñanza aun cuando las condiciones laborales se deterioran.+

En el acto frente al Rectorado, Berenguer endureció sus críticas. Describió un proceso de deterioro que, según afirmó, alcanza al presupuesto, los salarios, el empleo, la infraestructura y los proyectos de investigación. Para el rector, la continuidad de esas restricciones amenaza las capacidades que las universidades necesitan para cumplir sus funciones de enseñanza, producción científica y extensión.
El titular de la UNSJ también se refirió al reclamo de padres de estudiantes de los colegios preuniversitarios por los paros y a la presentación judicial impulsada por algunas familias.
Berenguer defendió la pertenencia de esos establecimientos a la universidad y sostuvo que las autoridades no permanecerán al margen de la disputa. “No somos el problema, sino la solución”, afirmó.

Desde la perspectiva académica, la discusión excede la mera actualización de fondos: afecta directamente la viabilidad de la oferta académica, la permanencia del cuerpo docente y científico, y el futuro de la formación profesional.
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Orrego llevó a la Casa Rosada el reclamo por la reactivación de la Ruta 40 Sur
El gobernador se reunió con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para avanzar en una salida financiera para el tramo II de la Ruta Nacional 40 Sur, paralizado entre Tres Esquinas y Cochagual. La provincia también cuenta con un préstamo de US$160 millones de la CAF para modernizar otros sectores del corredor, pero aún debe resolver cómo continuar los trabajos pendientes.
El gobernador Marcelo Orrego llevó a la Casa Rosada el reclamo por la reactivación del tramo II de la Ruta Nacional 40 Sur, durante una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El encuentro apuntó a destrabar el financiamiento de una obra paralizada por la interrupción de los desembolsos nacionales y la falta de pago a las empresas contratistas.
La intervención pendiente comprende unos 27 kilómetros entre Tres Esquinas y el acceso a Cochagual, en Sarmiento. Su continuidad es una de las prioridades del Gobierno sanjuanino por la importancia del corredor para la conexión con Mendoza y el transporte de la producción local.
Antes de viajar a Buenos Aires, el mandatario sanjuanino había anticipado que insistiría ante las autoridades nacionales para encontrar una alternativa financiera y avanzar también en las gestiones con Vialidad Nacional. Durante una actividad en el departamento Rawson, el gobernador remarcó que la obra no podía quedar relegada y defendió la necesidad de mantener las negociaciones con la administración central.
“A mí no se me cae ni un anillo”, afirmó al justificar sus gestiones en defensa de los intereses provinciales.
El encuentro con Santilli coincidió con las gestiones de San Juan para articular diversas líneas de crédito y reanudar los proyectos viales pendientes. La provincia consiguió la aprobación de un préstamo de US$160 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) destinado a modernizar cerca de 50 kilómetros de la Ruta 40, distribuidos en dos sectores. Sin embargo, esos recursos no resuelven automáticamente la continuidad del tramo II, cuya ejecución original dependía de fondos de Nación.
Ambos proyectos difieren en un aspecto clave: el crédito internacional da luz verde a las intervenciones pautadas, mientras que el sector Tres Esquinas – Cochagual depende de una resolución estratégica que destrabe la reanudación de las tareas.
Por consiguiente, la negociación con la Jefatura de Gabinete técnico-política está orientada a canalizar la demanda provincial hacia la reactivación efectiva de la obra. De la viabilidad presupuestaria dependerá el cronograma de reanudación de las tareas en una infraestructura puntual para la logística regional y productiva de la provincia.
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El rector de la UNSJ advirtió que el financiamiento universitario está al límite
El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer, calificó de “desastre” la situación de las universidades públicas y advirtió sobre el deterioro de los recursos destinados a sostener el sistema de educación superior. Lo hizo durante la quinta Marcha Federal Universitaria, en una jornada de protesta que volvió a reunir a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas en reclamo de financiamiento y recomposición salarial.
La movilización puso en primer plano dos reclamos que atraviesan a las universidades nacionales: la insuficiencia de las partidas presupuestarias para cubrir sus necesidades cotidianas y la pérdida de ingresos de quienes trabajan en ellas. Para las autoridades universitarias, la falta de una actualización adecuada de los recursos compromete tanto la continuidad de las tareas académicas como el desarrollo científico y la extensión hacia la comunidad.
En el caso de San Juan, la preocupación alcanza el funcionamiento de las distintas unidades académicas y los proyectos de investigación que sostiene la UNSJ. La disponibilidad de fondos condiciona la capacidad de afrontar gastos operativos, mantener servicios y garantizar el desarrollo regular de las actividades educativas.
La protesta nace del choque actual entre el Gobierno y las universidades por el recorte de fondos. Pero el problema va más allá del presupuesto: la caída de los salarios de profesores y empleados administrativos ha encendido las alarmas de la comunidad universitaria, que advierte que es imposible sostener el nivel educativo y el empleo en estas circunstancias.
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