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Luego de una negociación que incluyó el respaldo de UPCN y una polémica con ATE en disconformidad, el Gobierno homologó el acuerdo. Los estatales cobrarán la primera cifra de un 3,5% con los salarios de julio más un bono de 60 mil pesos.

Tras una negociación cargada de polémica, el Gobierno homologó el acuerdo de los estatales fijando una actualización salarial del 6,5% a pagar en dos tramos, un bono de $60.000 y un plus por asistencia. Así se confirmó a través del Decreto 682/2024 publicado en Boletín Oficial. El acuerdo fue firmado por el gremio mayoritario UPCN, pero tuvo la disidencia de ATE.

Los estatales cobrarán de la siguiente manera: 3,5% a partir del 1 de julio sobre salarios del 30 de junio.

3% a partir del 1 de agosto sobre salarios del 30 de julio. Además, se agregó un «premio estímulo» por asistencia.

En su cláusula cuarta, se le agregó una suma fija no remunerativa de $60.000 a liquidarse con los haberes de julio.

Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) admitieron que no es el monto ideal, pero lo justifican por la situación critica que se vive. En cambio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lo rechazó rotundamente. «Esta propuesta es inaceptable. Un recorte de esta magnitud en los ingresos del sector público no encuentra precedentes en las últimas décadas. Es un ajustazo», dijo Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional.

El porcentaje firmado está muy cerca del pedido por UPCN. A la mesa negociadora, propusieron que para julio y agosto haya un 3,5% cada mes, acorde a la proyección del IPC. En agosto se volverán a reunir para acordar los salarios a partir de septiembre.

Desde ATE nacional, cuestionan el acuerdo por estar debajo de la inflación proyectada. «Los ofrecimientos ni siquiera se condicen con los niveles oficiales de inflación. Está claro que enfrentamos un plan deliberado para destruir los salarios y las condiciones de vida de todos los empleados públicos», afirmó su secretario general, Rodolfo Aguiar.

En lo que va de la gestión de Milei, la pérdida del poder adquisitivo en el sector público ya supera el 26%.

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Shell ajusta sus precios en los combustibles por cuarta vez en trece días

La petrolera Shell anunció un nuevo aumento en el precio de sus combustibles, totalizando cuatro subas en solo trece días.

En un clima de alta inflación y creciente presión sobre los bolsillos de los argentinos, la petrolera Shell decidió ajustar nuevamente el precio de sus combustibles. Este cuarto aumento en menos de dos semanas se suma a los ya registrados el 31 de agosto, el 6 de septiembre y el 7 de septiembre, lo que generó una notable escalada en los costos para los usuarios.

El precio de la nafta V-Power aumentó significativamente en un corto período de tiempo, pasando de $1.715 el 31 de agosto a $1.752 el 13 de septiembre. Este incremento fue objeto de atención por parte de los conductores y usuarios, quienes registraron la evolución de los precios en las estaciones de servicio.

La frecuencia de los ajustes en los precios de Shell contrasta con la situación de otras compañías del sector, que han registrado aumentos más espaciados en el tiempo. Los combustibles son uno de los rubros con mayores incrementos, lo que se suma a otras subas en servicios esenciales, alquileres y prepagas, constituyendo un escenario complejo para el actual momento socio-económico de gran parte de los argentinos.

El aumento en el precio de los combustibles tiene un impacto directo en la economía de los usuarios, quienes ven cómo su salario no alcanza a cubrir el alto costo de necesidades primordiales para la subsistencia. La situación se vuelve cada vez más complicada para aquellos que dependen del transporte para ir a trabajar o realizar actividades cotidianas.

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Médicos del Garrahan protestan por el desmantelamiento y «Fuga de Cerebros»

Trabajadores del Hospital Garrahan denuncian una «fuga de cerebros» debido al desmantelamiento fomentado por el Gobierno nacional, lo que aumenta los riesgos para la atención de los niños en uno de los hospitales pediátricos más importantes de la región.

El Hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos más destacados, enfrenta una crisis sin precedentes. Los trabajadores denuncian que el desmantelamiento promovido por el Gobierno nacional está generando una «fuga de cerebros» que pone en riesgo la atención de los pacientes. Según el Dr. Mauro García, jefe de Terapia Intensiva, el deterioro salarial y la falta de medidas concretas por parte del Gobierno han derivado en un éxodo de profesionales altamente capacitados.

La situación se agravó tras el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica, que buscaba actualizar los sueldos y compensar la inflación. Sin esta herramienta, los profesionales aseguran que la situación se volvió insostenible y que la atención de los pacientes está en riesgo. El personal del hospital mantiene un paro con guardias mínimas, mientras reclama respuestas urgentes para evitar el colapso.

Salarios congelados y renuncias en cadena:

El Dr. García detalló que desde hace más de 18 meses, el Hospital Garrahan viene perdiendo poder adquisitivo en los ingresos de los trabajadores, lo que ha llevado a muchos a renunciar. Ya se contabilizan 245 renuncias desde el inicio del conflicto. La situación golpea con especial crudeza al área de oncología, que atiende al 40% de los pacientes oncológicos pediátricos del país.

Precarización laboral:

Además de los salarios, los médicos denuncian un creciente proceso de precarización laboral dentro del hospital. A los especialistas en terapia intensiva les ofrecen contratos de locación, lo que implica trabajar sin recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo ni licencias. La situación de los residentes también refleja la crisis sanitaria y pediátrica, ya que muchos jóvenes optan por becas institucionales «mejor pagas» ofrecidas por el Ministerio de Salud, pero a costa de perder derechos laborales y antigüedad.

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Marcelo Mena: “La minería debe generar empleo local y fortalecer la economía de San Juan”

La contundente victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo escenario político de alcance nacional. Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, señaló que el resultado representa un freno a las políticas de Javier Milei, y una oportunidad para reconstruir derechos laborales, fortalecer la obra pública y garantizar la protección de los sectores más vulnerables: “Es un triunfo que permite recomponer los esquemas de trabajo y los derechos de los trabajadores, que habían sido avasallados por políticas neoliberales”.

El dirigente destacó que este resultado refleja un mensaje claro del pueblo: la necesidad de un rumbo basado en empleo, industria, exportación y educación. Mena enfatizó la proyección hacia el futuro: “Octubre y 2027 serán decisivos para que la ciudadanía indique el camino a seguir, priorizando trabajo, desarrollo y oportunidades para todos”.

Renovación y liderazgo sindical

En cuanto a la CGT a nivel nacional, que definirá sus autoridades el próximo 5 de noviembre, Mena sostuvo que es crucial encontrar un equilibrio entre continuidad y renovación: “Debe haber una figura que represente a todos, pero con renovación. La juventud aporta energía, ideas y la cercanía con la realidad diaria de los trabajadores. Los cuadros mayores deben acompañar y asesorar, pero el liderazgo debe reflejar un cambio generacional”.

Mena resaltó que la política sindical debe estar en sintonía con los trabajadores, manteniendo la capacidad de adaptarse a los cambios y garantizar la participación activa de todos los sectores: “La edad es importante, pero más aún lo es el espíritu y las banderas que defienden los jóvenes. Ellos deben estar adelante, mientras los mayores guían con experiencia”.

Minería: empleo local y responsabilidad empresarial

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la minería. Mena subrayó que los proyectos mineros deben beneficiar directamente a la provincia y a sus habitantes: “Hemos presentado un expediente al Ministerio de Minería para asegurar que se cumpla la guía de contratación local y empresas nacionales. Es fundamental que los proyectos se desarrollen con responsabilidad social y ambiental”.

Sobre el proyecto Binacional Vicuña, explicó que, si bien está en fase inicial de ingeniería, la etapa de ejecución comenzará con la primavera. El dirigente insistió en la urgencia de generar empleo real y no dilatar procesos: “El trabajo es una necesidad inmediata. No podemos esperar; los proyectos deben traducirse en oportunidades concretas para los sanjuaninos”.

Además, planteó que los yacimientos deben cumplir con la normativa ambiental y logística, respetando a la comunidad y asegurando que la inversión no quede concentrada en intereses externos: “Si quieren avanzar, deben cumplir las normas, integrarse con la economía local y responder a la responsabilidad social que corresponde”.

Mena también analizó el impacto de las políticas nacionales en la economía y la industria: “Se necesita recomponer la estructura productiva y comercial. La política y la industria deben alinearse con la realidad de los trabajadores. No basta con inversión; debe haber compromiso con empleo y desarrollo local”.

El gremialista enfatizó que el sindicalismo debe actuar como interlocutor responsable, promoviendo medidas que protejan a los trabajadores sin caer en confrontaciones estériles, pero marcando límites claros frente a políticas que afectan los derechos: “La política sindical no puede ser pasiva. Debe garantizar condiciones justas, respetar el trabajo local y exigir cumplimiento de las leyes”.

La visión de Marcelo Mena combina política, sindicalismo y desarrollo económico con una mirada estratégica hacia el futuro de San Juan. Desde la renovación en la CGT hasta la exigencia de responsabilidad en la minería, su discurso subraya la necesidad de traducir la inversión y las políticas en empleo real y desarrollo sostenible. La provincia y sus trabajadores exigen resultados concretos: proyectos que respeten normas, generen oportunidades y fortalezcan la economía local, marcando un camino claro hacia la equidad y el progreso.

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