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Luego de una negociación que incluyó el respaldo de UPCN y una polémica con ATE en disconformidad, el Gobierno homologó el acuerdo. Los estatales cobrarán la primera cifra de un 3,5% con los salarios de julio más un bono de 60 mil pesos.

Tras una negociación cargada de polémica, el Gobierno homologó el acuerdo de los estatales fijando una actualización salarial del 6,5% a pagar en dos tramos, un bono de $60.000 y un plus por asistencia. Así se confirmó a través del Decreto 682/2024 publicado en Boletín Oficial. El acuerdo fue firmado por el gremio mayoritario UPCN, pero tuvo la disidencia de ATE.

Los estatales cobrarán de la siguiente manera: 3,5% a partir del 1 de julio sobre salarios del 30 de junio.

3% a partir del 1 de agosto sobre salarios del 30 de julio. Además, se agregó un «premio estímulo» por asistencia.

En su cláusula cuarta, se le agregó una suma fija no remunerativa de $60.000 a liquidarse con los haberes de julio.

Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) admitieron que no es el monto ideal, pero lo justifican por la situación critica que se vive. En cambio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lo rechazó rotundamente. «Esta propuesta es inaceptable. Un recorte de esta magnitud en los ingresos del sector público no encuentra precedentes en las últimas décadas. Es un ajustazo», dijo Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional.

El porcentaje firmado está muy cerca del pedido por UPCN. A la mesa negociadora, propusieron que para julio y agosto haya un 3,5% cada mes, acorde a la proyección del IPC. En agosto se volverán a reunir para acordar los salarios a partir de septiembre.

Desde ATE nacional, cuestionan el acuerdo por estar debajo de la inflación proyectada. «Los ofrecimientos ni siquiera se condicen con los niveles oficiales de inflación. Está claro que enfrentamos un plan deliberado para destruir los salarios y las condiciones de vida de todos los empleados públicos», afirmó su secretario general, Rodolfo Aguiar.

En lo que va de la gestión de Milei, la pérdida del poder adquisitivo en el sector público ya supera el 26%.

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El Día del Empleado de Comercio tendrá carácter de feriado el 28 de septiembre

La FAECyS y las cámaras empresarias acordaron trasladar la conmemoración prevista por la Ley 26.541 al lunes 28 de septiembre. La jornada tendrá el tratamiento legal correspondiente a un feriado nacional y no podrá utilizarse como franco compensatorio.

La fecha original establecida por la Ley 26.541 es el 26 de septiembre, pero el entendimiento entre las partes dispuso trasladar la conmemoración al lunes siguiente para garantizar a los trabajadores los derechos laborales asociados a la jornada.

La circular difundida por la FAECyS el 7 de septiembre precisó que la fecha trasladada conservará todos los alcances previstos por la legislación. En materia salarial, deberán aplicarse las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y las normas complementarias, con el tratamiento correspondiente a los feriados nacionales.

Uno de los puntos centrales del acuerdo establece que el lunes 28 no podrá ser utilizado como franco compensatorio del descanso semanal. De esta manera, la jornada mantiene su carácter especial y no puede ser absorbida por otro día de descanso que correspondiera al trabajador.

El entendimiento fue remitido para su homologación ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, trámite que permitirá formalizar el acuerdo alcanzado entre la representación gremial y las cámaras empresarias.

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Universidades: docentes y nodocentes paran este martes y preparan otra marcha federal

Docentes y nodocentes de las universidades nacionales realizan este martes un paro de 24 horas tras rechazar la última propuesta del Gobierno. Reclaman una recomposición del 31,2%, la restitución del FONID, mejoras para el personal nodocente y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida alcanza a las entidades representadas por FEDUN, FATUN, CONADU, CONADU Histórica, CTERA, FAGDUT y UDA, por lo que la protesta comprende tanto el dictado de clases como las tareas administrativas, técnicas y de servicios.

El paro fue ratificado luego de la reunión paritaria del 1° de septiembre, cuando el Ministerio de Capital Humano ofreció un incremento del 3% para septiembre y sostuvo otro 3% para octubre. Las organizaciones rechazaron la propuesta al considerar que no contempla el deterioro acumulado de los salarios frente a la inflación. Además, señalaron que el tramo correspondiente a octubre ya había sido acordado en junio.

El reclamo gremial contempla una recomposición del 31,2% acumulada hasta julio, a la que deberán incorporarse la inflación de agosto y los montos pendientes de actualización. También se exige un mecanismo de revisión periódica vinculado al índice de precios del INDEC para evitar nuevas pérdidas del poder adquisitivo.

A la agenda salarial se suman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), respuestas para las escuelas preuniversitarias y una mejora de las condiciones del personal nodocente. FATUN reclama, además, el blanqueo de sumas no remunerativas y una actualización de la garantía salarial.

El conflicto incorpora una disputa presupuestaria. Los gremios reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación permanece demorada por decisión del Poder Ejecutivo y constituye uno de los principales puntos de desacuerdo.

Los dirigentes sindicales advierten que la pérdida de ingresos ya repercute sobre la permanencia de docentes, investigadores y estudiantes. Ricardo Mozzi, de FAGDUT, sostuvo que el deterioro salarial genera “éxodo y deserción”, mientras que Sergio Romero, titular de UDA, cuestionó la demora oficial en aplicar la legislación de financiamiento.

La protesta tendrá continuidad durante septiembre. El martes 15 se realizarán clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”, mientras que el jueves 17 está previsto un acto frente al Palacio Pizzurno, coincidiendo con una nueva convocatoria paritaria.

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Uber y otras apps: qué deberán cumplir los choferes para trabajar en San Juan

La provincia prepara el lanzamiento de la plataforma y el sitio web que habilitarán los servicios de contactabilidad previstos por la Ley de Transporte N° 2799-A. Los conductores deberán acreditar registración ante ARCA, licencia profesional y los vehículos tendrán que cumplir requisitos de antigüedad, seguro, RTO, geolocalización y control mediante QR.

Las aplicaciones de transporte ingresaron en la etapa final antes de su puesta en funcionamiento en San Juan. El Gobierno provincial ultima la presentación de la plataforma tecnológica y del sitio web que permitirán registrar a conductores y vehículos y habilitar los servicios de contactabilidad contemplados por la Ley de Transporte N° 2799-A.

La implementación está prevista para este mes, luego de las primeras pruebas piloto. Quienes quieran prestar servicios mediante plataformas digitales deberán cumplir requisitos específicos, tanto en materia fiscal y profesional como respecto de los automóviles utilizados.

Uno de los principales cambios estará vinculado con la registración fiscal de los conductores. Para incorporarse al sistema deberán contar con CUIT o CUIL registrado ante ARCA. Esto no implica una obligación general de inscribirse como monotributistas: el encuadre tributario dependerá de cada caso y podrá corresponder a responsables inscriptos, monotributistas o trabajadores en relación de dependencia.

También será obligatoria la licencia de conducir profesional, requisito que equipara a quienes trabajen mediante aplicaciones con las exigencias vigentes para los choferes de taxis y remises.

Qué deberán tener los vehículos

Los controles alcanzarán igualmente a los automóviles. El titular deberá acreditar su registración ante ARCA y presentar una póliza de seguro específica para el transporte de pasajeros.

La normativa establece además un límite de 10 años de antigüedad para las unidades que ingresen al sistema. Todos los vehículos deberán contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente.

La tecnología tendrá un papel central en los controles. Cada automóvil habilitado dispondrá de un sistema de geolocalización permanente, destinado a permitir el seguimiento de los recorridos durante la prestación del servicio.

A esa herramienta se sumará un código QR visible en cada unidad. Antes de iniciar el viaje, el pasajero podrá escanearlo para comprobar si tanto el conductor como el vehículo figuran registrados y habilitados por la autoridad provincial.

El sistema busca que las plataformas digitales funcionen dentro de un esquema de registro y fiscalización provincial, con información disponible tanto para las autoridades como para los usuarios.

La presentación de la aplicación y del sitio web constituirá el último paso antes del inicio operativo. Allí se concentrarán los registros de prestadores y automóviles y las herramientas destinadas a verificar las habilitaciones.

Con las pruebas piloto ya iniciadas, el Gobierno espera completar los ajustes técnicos durante los próximos días y avanzar durante septiembre con la incorporación formal de las aplicaciones al sistema de transporte de pasajeros de San Juan.

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