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Luego de una negociación que incluyó el respaldo de UPCN y una polémica con ATE en disconformidad, el Gobierno homologó el acuerdo. Los estatales cobrarán la primera cifra de un 3,5% con los salarios de julio más un bono de 60 mil pesos.

Tras una negociación cargada de polémica, el Gobierno homologó el acuerdo de los estatales fijando una actualización salarial del 6,5% a pagar en dos tramos, un bono de $60.000 y un plus por asistencia. Así se confirmó a través del Decreto 682/2024 publicado en Boletín Oficial. El acuerdo fue firmado por el gremio mayoritario UPCN, pero tuvo la disidencia de ATE.

Los estatales cobrarán de la siguiente manera: 3,5% a partir del 1 de julio sobre salarios del 30 de junio.

3% a partir del 1 de agosto sobre salarios del 30 de julio. Además, se agregó un «premio estímulo» por asistencia.

En su cláusula cuarta, se le agregó una suma fija no remunerativa de $60.000 a liquidarse con los haberes de julio.

Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) admitieron que no es el monto ideal, pero lo justifican por la situación critica que se vive. En cambio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lo rechazó rotundamente. «Esta propuesta es inaceptable. Un recorte de esta magnitud en los ingresos del sector público no encuentra precedentes en las últimas décadas. Es un ajustazo», dijo Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional.

El porcentaje firmado está muy cerca del pedido por UPCN. A la mesa negociadora, propusieron que para julio y agosto haya un 3,5% cada mes, acorde a la proyección del IPC. En agosto se volverán a reunir para acordar los salarios a partir de septiembre.

Desde ATE nacional, cuestionan el acuerdo por estar debajo de la inflación proyectada. «Los ofrecimientos ni siquiera se condicen con los niveles oficiales de inflación. Está claro que enfrentamos un plan deliberado para destruir los salarios y las condiciones de vida de todos los empleados públicos», afirmó su secretario general, Rodolfo Aguiar.

En lo que va de la gestión de Milei, la pérdida del poder adquisitivo en el sector público ya supera el 26%.

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Subieron los viajes durante el feriado, pero cayó el nivel de consumo

El último fin de semana largo dejó un panorama de fuerte movimiento turístico en distintos puntos del país, aunque con un comportamiento de consumo mucho más prudente que en temporadas anteriores. Si bien aumentó la cantidad de viajeros y se consolidaron las escapadas cortas como tendencia dominante, el gasto promedio mostró límites marcados por la cautela económica y el encarecimiento de los costos asociados al turismo.

De acuerdo con el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el feriado por el 25 de Mayo se ubicó entre los de mayor circulación turística del año, impulsado por festivales populares, recitales, celebraciones patrias y actividades recreativas desarrolladas en distintas provincias.

La entidad precisó que el movimiento de viajeros superó en más de un 9% al registrado durante el mismo feriado de 2023, aunque aquella edición había contado con una extensión mayor de días. El crecimiento en el flujo turístico, sin embargo, no se tradujo de manera proporcional en el nivel de gasto general.

El informe señaló que la permanencia promedio se mantuvo en apenas 2,1 noches, reflejando un esquema cada vez más orientado a viajes breves, de cercanía y con presupuestos más ajustados. En ese contexto, el desembolso diario por visitante alcanzó los $112.385, una cifra que mostró una suba en términos reales frente a mediciones anteriores, aunque fuertemente condicionada por el incremento de los costos de transporte, alojamiento y gastronomía.

A pesar del mayor movimiento, el impacto económico global quedó por debajo de otros fines de semana largos comparables debido a la menor duración del descanso. Según la medición empresarial, el volumen total de consumo turístico alcanzó los $339.880 millones.

Uno de los aspectos más destacados del relevamiento fue la consolidación del turismo interno frente a la retracción de los viajes al exterior. Las búsquedas de destinos nacionales crecieron de manera significativa durante las semanas previas al feriado, mientras que el interés por opciones internacionales mostró una desaceleración asociada a la necesidad de reducir gastos y priorizar escapadas más accesibles.

La dinámica turística estuvo fuertemente influenciada por eventos culturales, deportivos y musicales que funcionaron como motores de atracción en diferentes regiones del país.

En Córdoba, por ejemplo, la ocupación hotelera alcanzó niveles elevados impulsada por espectáculos masivos y por la final del Torneo Apertura disputada entre River Plate y Belgrano. También hubo una intensa actividad vinculada a recitales y festivales populares.

En Santa Fe, los shows de Abel Pintos y Ciro y los Persas, junto con encuentros deportivos de la Copa Argentina, impulsaron un importante flujo de visitantes y consumo vinculado a hotelería, gastronomía y entretenimiento.

Por su parte, Buenos Aires aprovechó el aniversario número 90 del Obelisco para desplegar una agenda cultural especial que incluyó espectáculos audiovisuales y actividades públicas, favoreciendo una ocupación hotelera cercana al 70%.

Las condiciones climáticas también jugaron un rol favorable para los destinos de naturaleza y montaña. Lugares como Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Esteros del Iberá y Valles Calchaquíes mantuvieron una actividad sostenida durante todo el receso.

El balance acumulado de los fines de semana largos de 2026 refleja una recuperación sostenida del movimiento turístico interno, aunque bajo un formato diferente al de años anteriores: viajes más cortos, mayor planificación de gastos y una marcada búsqueda de promociones y alternativas económicas.

En aspecto, Aerolíneas Argentinas informó que transportó más de 147.000 pasajeros durante el feriado, con predominio de vuelos de cabotaje y un fuerte nivel de reservas concentrado en la jornada previa al inicio del descanso.

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El PJ salió en defensa de la UOM y denunció un avance “antidemocrático” contra el sindicalismo

La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) profundizó el enfrentamiento político y sindical en torno al conflicto que atraviesa una de las organizaciones obreras más influyentes del país. Este sábado, el Partido Justicialista nacional repudió con dureza el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que anuló las elecciones internas del gremio y desplazó de la conducción a Abel Furlán, al considerar que se trata de una decisión “arbitraria” que vulnera la autonomía sindical.

A través de un comunicado difundido por la conducción partidaria encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, el PJ sostuvo que la resolución judicial constituye “una grave afectación a la democracia sindical” y la vinculó con un escenario más amplio de retroceso sobre los derechos laborales y las estructuras gremiales.

“Sin autonomía sindical, con persecución y proscripciones, no hay democracia”, expresó el documento partidario, que además interpretó el fallo como parte de un proceso político orientado a debilitar la capacidad de organización de los trabajadores en medio del ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La conducción justicialista remarcó que la resolución contra la UOM se produce en simultáneo con un cuadro de deterioro industrial, caída del empleo registrado y pérdida del poder adquisitivo. En ese marco, cuestionó el rumbo económico nacional y sostuvo que el país atraviesa una etapa de “desindustrialización acelerada” que impacta de manera directa sobre la estructura productiva y el mercado laboral.

El comunicado también trazó una conexión política y simbólica con el reciente pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, que ratificó que el derecho de huelga se encuentra protegido por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical. Para el PJ, mientras los organismos internacionales fortalecen garantías laborales históricas, en Argentina “se avanza en sentido inverso mediante restricciones, judicialización y presión sobre las organizaciones sindicales”.

La declaración partidaria elevó además el tono político del conflicto al advertir sobre un supuesto deterioro institucional. Según planteó el texto, la ofensiva contra dirigentes gremiales y políticos “no constituye hechos aislados”, sino que forma parte de una dinámica que, a juicio del espacio opositor, pone en tensión el funcionamiento democrático.

El pronunciamiento llegó horas después de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, resolviera declarar la nulidad de los comicios realizados en la seccional Campana de la UOM y extendiera esa invalidez a la elección nacional que había ratificado a Furlán al frente del gremio metalúrgico.

En la sentencia, el tribunal consideró que existieron irregularidades severas durante el desarrollo electoral, especialmente en relación con la custodia de urnas, la extensión de la votación durante tres jornadas consecutivas y la ausencia de mecanismos de fiscalización considerados adecuados para garantizar transparencia y control del proceso.

Los magistrados sostuvieron que las condiciones bajo las cuales se desarrollaron los comicios comprometieron principios elementales de confiabilidad electoral y afectaron garantías vinculadas a la democracia interna sindical.

La causa había sido impulsada por la Lista Naranja de la seccional Campana, encabezada por Ángel Derosso, que denunció irregularidades en el procedimiento y cuestionó el esquema de custodia de urnas implementado por la Junta Electoral.

Como consecuencia del fallo, toda la conducción nacional de la UOM quedó desplazada y el sindicato pasó a estar intervenido judicialmente por 180 días. El tribunal designó al abogado Alberto Biglieri al frente de la organización, con la misión de reorganizar la estructura gremial y convocar a nuevas elecciones.

La resolución abrió un escenario de alta tensión dentro del movimiento obrero, donde distintos sectores sindicales comenzaron a expresar preocupación por el alcance institucional del fallo y por el precedente que podría generar sobre la autonomía de las organizaciones gremiales en medio de un contexto político y económico cada vez más confrontativo.

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Aceiteros endurece su postura tras la intervención de la UOM

La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica continúa generando réplicas dentro del movimiento obrero y empieza a configurar un escenario de creciente confrontación sindical. Esta vez fue la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines la que elevó el tono del conflicto al denunciar un “avance contra la democracia sindical” y convocar a las organizaciones gremiales del país a discutir un paro nacional por tiempo indeterminado.

La organización aceitera, considerada una de las estructuras sindicales con mayor capacidad de presión dentro del esquema productivo argentino por su peso estratégico en la cadena agroexportadora, expresó su respaldo a Abel Furlán y cuestionó con dureza la resolución emitida por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló los comicios metalúrgicos e intervino el sindicato por 180 días.

En un comunicado de fuerte contenido político, la federación sostuvo que la decisión judicial busca desconocer la voluntad expresada por los afiliados en las urnas y advirtió que el fallo constituye “un ataque directo contra las organizaciones gremiales que mantienen posiciones de confrontación frente al modelo económico oficial”.

La conducción aceitera vinculó además el conflicto de la UOM con una ofensiva más amplia contra el sindicalismo y señaló que la resolución judicial se inscribe en un proceso de presión política, empresarial y judicial orientado —según planteó— a debilitar la capacidad de negociación de los sindicatos industriales.

El documento apuntó particularmente contra los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, firmantes de la sentencia, y recordó que ambos magistrados también intervinieron en decisiones vinculadas a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Para la federación, la intervención sobre la UOM no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una secuencia de conflictos que incluye despidos, cierre de pequeñas y medianas empresas, deterioro salarial y reducción de estructuras estatales vinculadas al sistema científico y productivo.

En ese contexto, el gremio elaboró un diagnóstico extremadamente crítico sobre la situación social y económica del país. Mencionó la pérdida de puestos de trabajo registrados, la crisis industrial y la reducción del poder adquisitivo como señales de un proceso de deterioro estructural que —según advirtió— golpea de manera directa sobre el entramado laboral argentino.

La organización también denunció episodios de persecución sindical y recordó distintos conflictos recientes que involucraron a gremios del transporte, estatales y sindicatos industriales. A su vez, sostuvo que existen intentos de disciplinamiento hacia sectores gremiales que mantienen posiciones críticas frente al Gobierno nacional.

Sin embargo, el aspecto más contundente del pronunciamiento fue la convocatoria explícita a construir una respuesta sindical unificada de alcance nacional. “Si este escenario no justifica un plan de lucha con paro por tiempo indeterminado, entonces cabe preguntarse qué hecho debería ocurrir para alcanzar ese nivel de reacción”, planteó el documento.

La declaración encendió señales de alerta dentro del mapa sindical por el peso específico que posee el sector aceitero dentro de la economía argentina. La federación representa a trabajadores estratégicos de la actividad agroexportadora, uno de los principales generadores de divisas del país, y cuenta con antecedentes de medidas de fuerza de alto impacto económico.

El endurecimiento del discurso gremial se suma a los cuestionamientos expresados en las últimas horas por distintos espacios sindicales y políticos tras la intervención de la UOM. Tanto sectores industriales como dirigentes vinculados al sindicalismo opositor comenzaron a interpretar el fallo como un precedente delicado sobre la autonomía interna de las organizaciones obreras.

Mientras tanto, la intervención judicial sobre el gremio metalúrgico continúa profundizando las presiones entre el Gobierno, la Justicia laboral y buena parte del movimiento sindical, en un escenario marcado por reformas estructurales, conflictos paritarios y una creciente disputa por el alcance de los derechos laborales y sindicales en la Argentina actual.

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