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Luego de una negociación que incluyó el respaldo de UPCN y una polémica con ATE en disconformidad, el Gobierno homologó el acuerdo. Los estatales cobrarán la primera cifra de un 3,5% con los salarios de julio más un bono de 60 mil pesos.

Tras una negociación cargada de polémica, el Gobierno homologó el acuerdo de los estatales fijando una actualización salarial del 6,5% a pagar en dos tramos, un bono de $60.000 y un plus por asistencia. Así se confirmó a través del Decreto 682/2024 publicado en Boletín Oficial. El acuerdo fue firmado por el gremio mayoritario UPCN, pero tuvo la disidencia de ATE.

Los estatales cobrarán de la siguiente manera: 3,5% a partir del 1 de julio sobre salarios del 30 de junio.

3% a partir del 1 de agosto sobre salarios del 30 de julio. Además, se agregó un «premio estímulo» por asistencia.

En su cláusula cuarta, se le agregó una suma fija no remunerativa de $60.000 a liquidarse con los haberes de julio.

Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) admitieron que no es el monto ideal, pero lo justifican por la situación critica que se vive. En cambio, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lo rechazó rotundamente. «Esta propuesta es inaceptable. Un recorte de esta magnitud en los ingresos del sector público no encuentra precedentes en las últimas décadas. Es un ajustazo», dijo Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional.

El porcentaje firmado está muy cerca del pedido por UPCN. A la mesa negociadora, propusieron que para julio y agosto haya un 3,5% cada mes, acorde a la proyección del IPC. En agosto se volverán a reunir para acordar los salarios a partir de septiembre.

Desde ATE nacional, cuestionan el acuerdo por estar debajo de la inflación proyectada. «Los ofrecimientos ni siquiera se condicen con los niveles oficiales de inflación. Está claro que enfrentamos un plan deliberado para destruir los salarios y las condiciones de vida de todos los empleados públicos», afirmó su secretario general, Rodolfo Aguiar.

En lo que va de la gestión de Milei, la pérdida del poder adquisitivo en el sector público ya supera el 26%.

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La inflación cedió, pero el costo de sostener un hogar volvió a aumentar

Aunque la inflación mensual se desaceleró al 1,9%, el costo de la Canasta Básica Total aumentó 2,2% en junio y elevó nuevamente el ingreso mínimo necesario para no caer bajo la línea de pobreza. La evolución de tarifas, alquileres, medicamentos y servicios volvió a ejercer mayor presión que la de los alimentos.

El costo de vida volvió a mostrar una dinámica que excede el comportamiento del índice general de precios. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una familia integrada por dos adultos y dos hijos necesitó $1.531.473 durante junio para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser considerada pobre, luego de un incremento mensual del 2,2%.

El informe oficial refleja que la CBT volvió a crecer por encima del 2% por noveno mes consecutivo, una secuencia que mantiene elevada la exigencia de ingresos para los hogares argentinos pese a la desaceleración de la inflación.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que fija el umbral de indigencia, registró un aumento del 1,3%, por encima del 1,1% observado en abril, aunque muy por debajo de la evolución de la canasta total. Como consecuencia, una familia tipo necesitó reunir $689.852 mensuales para garantizar únicamente la cobertura de sus necesidades alimentarias esenciales.

La diferencia entre ambos indicadores volvió a evidenciar que el mayor peso sobre los presupuestos familiares ya no proviene exclusivamente de los alimentos. Durante junio fueron los bienes y servicios no alimentarios los que explicaron gran parte del incremento del costo de vida, con aumentos en tarifas eléctricas, alquileres, medicamentos y servicios vinculados al receso invernal, como paquetes turísticos y propuestas recreativas.

Ese comportamiento contrastó con la evolución de los alimentos y bebidas, división que registró uno de los menores incrementos del último año gracias a la estabilidad de los precios de la carne y a bajas en frutas, contribuyendo a que la inflación general descendiera al 1,9%.

En el acumulado del primer semestre, la evolución de las canastas prácticamente acompañó al Índice de Precios al Consumidor. La Canasta Básica Alimentaria avanzó alrededor del 17%, mientras que la Canasta Básica Total registró una variación similar, apenas por encima del 16,8% acumulado por la inflación.

La comparación interanual mantiene, sin embargo, variaciones significativas. La CBA acumuló un incremento del 36,3%, la CBT del 35,7% y el IPC del 33,5%, confirmando que el costo de cubrir las necesidades esenciales continúa creciendo a un ritmo superior al promedio de los precios de la economía.

Las canastas elaboradas por el INDEC se construyen a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo). La CBA contempla exclusivamente los alimentos indispensables para satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos, mientras que la CBT incorpora además bienes y servicios indispensables como vivienda, transporte, salud, educación, indumentaria y otros consumos cotidianos, convirtiéndose en el principal indicador utilizado para medir la incidencia de la pobreza en el país.

El nuevo informe confirma que, aun con una inflación en retroceso, el ingreso necesario para sostener un nivel básico de consumo continúa aumentando. La persistencia de incrementos en servicios regulados y otros gastos esenciales mantiene elevada la vara para millones de hogares y anticipa que la evolución del poder adquisitivo seguirá ocupando un lugar central en la agenda económica y social durante la segunda mitad del año.

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Departamentales

San Juan inicia la renovación integral de la avenida Benavídez

El Gobierno de San Juan pondrá en marcha este 15 de julio la repavimentación de la avenida Benavídez, una de las arterias con mayor circulación del Gran San Juan y pieza central de la red de conexión entre los departamentos de Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía. El anuncio fue realizado por el gobernador Marcelo Orrego a través de sus redes sociales y forma parte del programa de conservación vial que ejecuta la Provincia con financiamiento propio.

La intervención comprenderá 3,3 kilómetros, desde calle Salta hasta Bonduel, y constituirá el primer frente de trabajo de la Etapa 21 del plan de mantenimiento de rutas y avenidas urbanas. La elección de este corredor responde a su importancia para la movilidad diaria, ya que concentra un elevado flujo de vehículos particulares, unidades del transporte público y tránsito vinculado con la producción, el comercio y los servicios.

Antes de colocar la nueva carpeta asfáltica, los equipos de la Dirección Provincial de Vialidad realizarán tareas de recuperación estructural sobre los sectores más deteriorados. Los trabajos incluirán bacheo profundo y acondicionamiento de la base de la calzada, una etapa considerada indispensable para prolongar la vida útil del pavimento y reducir futuras intervenciones.

Finalizada esa instancia comenzará la repavimentación integral del tramo, mediante un esquema operativo similar al aplicado recientemente sobre avenida Libertador Este. La metodología contempla frentes de obra móviles que permitan sostener la circulación con la menor afectación posible, disminuyendo los tiempos de ejecución y las restricciones al tránsito.

La avenida Benavídez canaliza diariamente miles de vehículos particulares, transporte público y logística de carga vinculada a las zonas industriales y productivas del conglomerado urbano sanjuanino. Su trazado atraviesa la Ruta Nacional 40 y articula desplazamientos cotidianos entre zonas residenciales, comerciales e industriales, razón por la cual su estado de conservación tiene incidencia directa sobre la fluidez del tránsito y la seguridad de miles de usuarios

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Nueva apuesta para recuperar el Hotel Provincial tras el fracaso del primer llamado

Tras el fracaso de la primera convocatoria, la administración provincial relanzó el proceso para adjudicar la explotación del histórico establecimiento. El contrato se extenderá por dos décadas, contempla un canon mínimo de $14 millones mensuales y obliga al futuro concesionario a reabrir el complejo en un plazo máximo de cuatro meses.

Después de que la primera licitación quedara desierta por incumplimientos formales de los oferentes, el Gobierno de San Juan volverá a salir al mercado en busca de un operador privado que asuma la recuperación integral y la explotación comercial del Gran Hotel Provincial, uno de los inmuebles turísticos más emblemáticos de la provincia.

La convocatoria fija un presupuesto de referencia de $3.360 millones y concede la explotación del inmueble por 20 años. La apertura de sobres se realizará el 24 de julio, instancia que permitirá conocer el interés empresarial por un emprendimiento considerado prioritario dentro de la política oficial de fortalecimiento de la infraestructura turística.

El nuevo pliego eleva las exigencias respecto del proceso anterior. La firma adjudicataria deberá financiar las obras de reacondicionamiento, incorporar el equipamiento necesario, asumir el mantenimiento permanente del edificio y garantizar la operación hotelera durante toda la vigencia del contrato. Todas las mejoras que se ejecuten pasarán a integrar el patrimonio de la Provincia al finalizar la concesión.

Uno de los aspectos más relevantes es el cronograma de ejecución. El concesionario dispondrá de 30 días desde la firma del contrato para iniciar los trabajos y de cuatro meses como plazo máximo para reabrir las puertas del establecimiento. El programa integral de inversiones, en tanto, no podrá superar los dos años.

El Hotel Provincial cuenta con 101 habitaciones y deberá operar con una clasificación mínima de tres estrellas, aunque la administración provincial mantiene la expectativa de atraer un proyecto que permita posicionarlo dentro del segmento de cuatro o cinco estrellas, elevando la competitividad de la oferta hotelera sanjuanina.

En materia económica, el pliego establece un canon mensual mínimo de $14 millones, cifra que será actualizada trimestralmente conforme a la evolución de la inflación. Las ofertas que propongan un monto inferior serán automáticamente descartadas. Durante los primeros 24 meses se prevé un esquema de bonificaciones condicionado al cumplimiento efectivo del plan de inversiones, mientras que desde el vigésimo quinto mes deberá abonarse el canon pleno, junto con sus correspondientes actualizaciones.

La definición del adjudicatario tampoco dependerá exclusivamente del valor económico ofrecido. El mecanismo de evaluación priorizará la calidad del proyecto presentado: 62 de los 100 puntos posibles estarán destinados a valorar la propuesta de desarrollo hotelero; 20 puntos corresponderán al canon comprometido y los 18 restantes medirán la solvencia técnica, financiera y los antecedentes de cada postulante.

Entre los criterios que analizará la comisión evaluadora figuran el volumen de inversión, la calidad del equipamiento previsto, los tiempos de ejecución, el diseño comercial y el impacto que la iniciativa pueda generar sobre el turismo, el empleo y la economía provincial.

El nuevo llamado representa una segunda oportunidad para rescatar un complejo que permanece sin operar desde hace varios años. La licitación anterior había concluido sin adjudicación luego de que las dos ofertas recibidas fueran rechazadas por carecer de documentación indispensable, entre ella el Certificado de Cumplimiento Fiscal y diversas declaraciones juradas exigidas por el pliego.

Con esta nueva convocatoria, el Ejecutivo apuesta a superar aquel traspié administrativo y atraer inversores con capacidad de ejecutar un proyecto de largo plazo. La respuesta del mercado comenzará a definirse el próximo 24 de julio, cuando se conozca cuántas empresas competirán por administrar un activo considerado estratégico para el desarrollo turístico y la renovación de la infraestructura hotelera de San Juan.

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