La Justicia laboral intimó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a justificar en un plazo de tres días los motivos por los cuales no ha convocado al Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil, órgano clave para la actualización de los ingresos básicos y las prestaciones por desempleo.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional del Trabajo N°10, en el marco de una acción cautelar presentada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que encabezan Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, respectivamente. Ambas centrales reclaman el cumplimiento de la ley que establece la periodicidad bimestral de las reuniones y la restitución del diálogo social entre el Estado, los trabajadores y los empleadores.

Las organizaciones denunciaron que el Gobierno incumple su obligación legal y constitucional de promover el diálogo tripartito, y recordaron que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) garantizan la negociación conjunta como base para fijar el salario mínimo.

“Se está afectando un derecho fundamental: el de los trabajadores a participar en la definición de un salario digno”, expresaron los dirigentes sindicales al presentar la demanda.

El reclamo también impugna la Resolución 5/2025, mediante la cual el Ministerio impuso unilateralmente un incremento del salario mínimo a través de un laudo administrativo, sin consenso entre las partes. Según las CTA, esta decisión “carece de validez legal y no garantiza un nivel de vida digno”, en contravención de los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El Consejo del Salario, creado para fijar el monto del salario mínimo y los valores de las prestaciones por desempleo, está integrado por representantes del Estado, de las cámaras empresarias y de los sindicatos. Sin embargo, no se reúne desde hace más de seis meses, un hecho inédito desde su conformación.

La falta de actualización del salario mínimo —que hoy se encuentra muy por debajo del costo de la canasta básica— agrava la pérdida del poder adquisitivo y afecta de manera directa a millones de trabajadores formales, informales y beneficiarios de programas sociales.

Con esta resolución, la Justicia pone en evidencia la inacción del Poder Ejecutivo y exige que rinda cuentas sobre una cuestión de alto impacto económico y social. El fallo obliga al Ministerio de Capital Humano a explicar por qué se elude la convocatoria y reabre la discusión sobre la legitimidad de las decisiones unilaterales en materia salarial.

Para las dos centrales sindicales, la medida judicial representa un respaldo a su reclamo y una advertencia al Gobierno sobre la necesidad de respetar los mecanismos institucionales de diálogo social.

“Este fallo reafirma que el salario mínimo no puede definirse de espaldas a los trabajadores”, afirmaron Godoy y Yasky en un comunicado conjunto difundido tras conocerse la intimación judicial.

En una jornada que superó todas las expectativas, más de doscientas mujeres sindicalistas participaron del tercer Encuentro de Mujeres Trabajadoras organizado en la sede local de la CGT. La actividad contó con la presencia de tres dirigentes nacionales que impulsan la inclusión femenina en el triunvirato que conducirá la central obrera. Además, Ana Carrizo, secretaria general del SADOP, advirtió sobre los desafíos de género frente a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.

El martes 28 de octubre, la sede sanjuanina de la Confederación General del Trabajo fue escenario de una jornada inédita por su nivel de participación y por el debate que propuso. Más de doscientas trabajadoras y representantes de treinta organizaciones sindicales se dieron cita para exigir una representación real de las mujeres en los espacios de conducción de la central obrera.

El encuentro —organizado por la Secretaría de Género de la CGT provincial, encabezada por Mirna Moral (SEC), y con el acompañamiento de distintas secretarias generales— recibió la visita de tres referentes nacionales: Maya Volcovinsky (Judiciales Nacionales), Paula Martínez (UOCRA) y Marina Jaureguiberry, secretaria general del SADOP a nivel nacional. Las dirigentes recorren distintas provincias para fortalecer redes sindicales femeninas y respaldar la propuesta de incorporar una mujer al triunvirato que conducirá la CGT tras las elecciones del próximo 5 de noviembre.

“Somos muchas las mujeres que integramos comisiones directivas, delegaciones y espacios de base, pero aún somos pocas las que llegamos a cargos de máxima conducción”, señaló Ana Carrizo, una de las anfitrionas del encuentro y referente provincial del Sindicato Argentino de Docentes Privados. “Queremos tener nuestras representantes en ese triunvirato, porque no se puede seguir postergando la participación femenina en los lugares donde se definen las políticas sindicales”, subrayó.

Carrizo destacó el éxito de la convocatoria, lograda en apenas una semana de organización. “Nos excedió en las expectativas. No sólo por la cantidad de mujeres, sino por la diversidad de gremios presentes. Eso muestra que hay una necesidad colectiva de ser escuchadas y reconocidas”, explicó.

La sindicalista enfatizó que el reclamo no se limita a una cuestión simbólica o de cupo, sino que apunta a la ampliación real de la representatividad del movimiento obrero. “Cuando las mujeres participan, se fortalece el sindicalismo. No es una disputa de géneros, es una forma de sumar miradas, energías y legitimidad a la lucha colectiva”, remarcó.

Reforma laboral y perspectiva de género

Durante el encuentro también se abordaron los alcances de la reforma laboral que promueve el Gobierno nacional, particularmente en lo referido a la ampliación de la jornada de trabajo y la flexibilización de derechos. Carrizo advirtió que esas modificaciones impactarían de manera directa y desproporcionada sobre las mujeres.

“Si se piensa en una jornada laboral más extensa, las más perjudicadas vamos a ser las mujeres”, sostuvo. “Nosotras ya enfrentamos una doble carga: la laboral y la doméstica. Después del trabajo sindical o profesional, seguimos cuidando hijos, padres, personas enfermas o mayores. Por eso muchas veces terminamos aceptando empleos más flexibles, peores pagos y más precarios. Si se amplía la carga horaria, la desigualdad se profundiza”, explicó.

La dirigente consideró que el sindicalismo tiene el desafío de articular la defensa de los derechos laborales con la agenda de igualdad. “Este no es un reclamo aislado. Es la expresión de una generación de trabajadoras que ya está protagonizando los espacios sindicales y que no va a retroceder”, expresó.

A pocos días de las elecciones internas de la CGT, el movimiento obrero transita un momento clave: el desafío de ampliar su base de representación sin perder cohesión ni fuerza política. En ese marco, el reclamo de las mujeres sindicalistas deja de ser un pedido sectorial para convertirse en un imperativo de modernización del sindicalismo argentino.

Como resumió Ana Carrizo, “no se trata sólo de ocupar lugares, sino de fortalecer al conjunto del movimiento obrero desde la diversidad y la unidad”.

El Gobierno nacional dispuso un nuevo aumento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que impactará de lleno en los precios de la nafta y el gasoil a partir de este sábado 1° de noviembre. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 782/2025, fue firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo, y reconfigura el cronograma de incrementos pendientes para noviembre y diciembre.

En medio del congelamiento de precios que mantiene buena parte de la economía y en un contexto de caída sostenida en el consumo de combustibles, el Ejecutivo nacional avanzó con una nueva actualización de los tributos que gravan a la nafta y al gasoil. Según el decreto oficial, durante noviembre se aplicará una suba parcial en los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), mientras que el resto del aumento se trasladará al 1° de diciembre, completando así el esquema previsto en etapas.

Concretamente, la normativa establece que la nafta subirá $15,56 por litro por el impuesto a los combustibles y $0,95 por el tributo ambiental. En tanto, el gasoil aumentará $12,64 por litro, más un adicional de $6,84 para las zonas con tratamiento diferencial —como la Patagonia— y $1,44 por el gravamen al carbono. Estos nuevos montos se sumarán de manera directa al precio final en surtidor, independientemente de los ajustes que luego puedan aplicar las petroleras.

El impacto se sentirá de inmediato, ya que el incremento impositivo tiene traslado automático a los precios minoristas. Así, a partir del 1° de noviembre los automovilistas volverán a encontrar nuevos valores en las estaciones de servicio, en un escenario donde la inflación se mantiene en niveles elevados y el poder adquisitivo continúa deteriorándose.

El decreto justifica la medida en la necesidad de “actualizar progresivamente los montos de los impuestos postergados” y cumplir con la normativa vigente que obliga a su ajuste trimestral. No obstante, el Gobierno mantiene un delicado equilibrio entre la búsqueda de recomponer ingresos fiscales y la presión sobre la economía real, que atraviesa un estancamiento visible en múltiples sectores.

La caída del consumo, un termómetro de la recesión

El retroceso en la venta de combustibles es uno de los indicadores más claros del enfriamiento de la economía. De acuerdo con un informe de la consultora Politikon, las ventas al público de naftas y gasoil totalizaron 1.376.837 metros cúbicos en septiembre de 2025. Si bien mostraron un leve avance interanual de 4,8%, cayeron 3,1% respecto de agosto, acumulando tres meses consecutivos en baja.

El 57% del volumen vendido correspondió a naftas y el 43% a gasoil. Dentro del segmento de las naftas, la premium fue la que más creció —16,2% interanual—, mientras que la súper subió 4,1%. En el caso del gasoil, el premium mostró una mejora de 12,6%, pero el común retrocedió 4%. Esta tendencia evidencia un cambio en los patrones de consumo, donde los sectores de mayores ingresos mantienen la demanda, mientras que la clase media y trabajadora reduce el gasto o limita el uso del vehículo.

Impacto fiscal y social de la medida

Desde el punto de vista fiscal, la actualización de los impuestos a los combustibles representa una fuente de recaudación significativa para el Estado, que busca reducir el déficit primario. Sin embargo, el efecto social del aumento es inmediato y regresivo: no solo encarece el transporte y los costos logísticos, sino que también termina repercutiendo sobre los precios de bienes esenciales, en un contexto donde los salarios y jubilaciones continúan rezagados.

El nuevo incremento se da, además, en un momento en que el Gobierno intenta mostrar señales de disciplina fiscal ante los mercados, pero sin revertir aún los indicadores de actividad y consumo que confirman la recesión técnica. En los hechos, el ajuste de impuestos al combustible termina actuando como un aumento indirecto de tarifas y precios regulados, con un fuerte impacto en la vida cotidiana.