El aumento de los atrasos en créditos bancarios comienza a reflejar las tensiones que atraviesan hogares y empresas. Informes del sistema financiero muestran que la morosidad se triplicó en un año, impulsada por el endeudamiento de las familias y la debilidad del mercado interno, en un contexto económico marcado por tasas elevadas, caída del poder adquisitivo y actividad industrial en retroceso.

El sistema financiero argentino comienza a registrar un fenómeno que suele anticipar dificultades más profundas en la economía: el crecimiento sostenido de la morosidad. Bancos, financieras y empresas productivas advierten que cada vez más familias y compañías encuentran dificultades para cumplir con sus compromisos de pago, en un contexto marcado por el encarecimiento del crédito, la pérdida de poder adquisitivo y un mercado interno debilitado.

Un informe reciente de la consultora Quantum Finanzas revela que la cartera irregular del sistema bancario pasó de representar el 1,6% de los préstamos al sector privado en diciembre de 2024 a 5,3% un año después, es decir, más que se triplicó en apenas doce meses. El dato refleja un deterioro acelerado en la capacidad de pago de los tomadores de crédito, tanto en el segmento de los hogares como en el de las empresas.

El aumento se produce después de un período de fuerte expansión del financiamiento en pesos. Tras un 2023 caracterizado por niveles mínimos de crédito, durante 2024 los préstamos al sector privado crecieron 54% en términos reales, impulsados por el financiamiento a familias (+58%) y empresas (+52%). En 2025 el ritmo continuó con un crecimiento adicional del 28%, lo que amplió considerablemente la base de endeudamiento.

Desde el punto de vista técnico, cierto incremento en los niveles de mora suele considerarse normal cuando el crédito se expande con rapidez. Sin embargo, el informe advierte que el comportamiento actual excede esos parámetros habituales. “Ratios de mora que se triplican o cuadruplican en apenas un año reflejan dificultades en los mercados reales y financieros”, señala el estudio, que vincula el fenómeno con el aumento de las tasas de interés y la fragilidad de los ingresos.

El deterioro comienza por los hogares

El deterioro del crédito comenzó a manifestarse con mayor claridad a principios de 2025 y golpeó primero al financiamiento de los hogares. Las mayores tensiones se registran en el uso de tarjetas de crédito y en los préstamos otorgados por billeteras virtuales, instrumentos que en muchos casos comenzaron a utilizarse para cubrir gastos corrientes, incluso alimentos.

En este segmento, la morosidad pasó del 2,6% al 9,3% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, un salto que refleja el deterioro del poder adquisitivo y la creciente dependencia del financiamiento para sostener el consumo.

Las líneas más comprometidas dentro del sistema financiero son los préstamos personales, que registran 11,9% de mora, seguidos por el financiamiento con tarjetas de crédito, con 8,6%. Entre las empresas, el principal foco de atrasos se concentra en los adelantos en cuenta corriente, donde la morosidad alcanza 4,9%.

El caso de uno de los principales bancos privados del país ilustra la magnitud del fenómeno. El balance del Banco Galicia correspondiente al cuarto trimestre de 2025 registró una pérdida neta de 83.544 millones de pesos, un resultado fuertemente influido por el aumento de los créditos incobrables. Según datos del propio sistema financiero, la entidad acumula 776.187 millones de pesos en préstamos de difícil recuperación, un indicador que encendió señales de alerta entre analistas e inversores.

El impacto llega a la economía productiva

El deterioro del crédito no se limita al ámbito financiero. La economía real también empieza a sentir los efectos de un mercado interno debilitado y de un esquema de financiamiento cada vez más costoso.

En el sector industrial, muchas empresas recurren al crédito de corto plazo para cubrir gastos operativos ante la caída de ventas y la pérdida de empleo. Este mecanismo, que inicialmente funciona como una herramienta de liquidez, aumenta el riesgo de atrasos cuando la recuperación de la actividad no acompaña.

Datos de la Unión Industrial Argentina (UIA) muestran que más del 45% de las empresas reconoce dificultades para afrontar pagos de salarios, impuestos o proveedores, en un contexto en el que la producción manufacturera permanece en terreno contractivo.

La combinación de menor demanda, costos financieros elevados y márgenes empresariales ajustados genera un círculo complejo: las empresas se endeudan para sostener la actividad, pero la falta de recuperación del mercado interno dificulta luego cumplir con esos compromisos.

Consumo en retroceso y crédito como sostén

El crecimiento de la morosidad también refleja un cambio estructural en el comportamiento del consumo. Con salarios que pierden terreno frente a las tasas de interés y el endeudamiento acumulado, cada vez más hogares recurren al crédito para sostener gastos básicos.

Ese fenómeno, que inicialmente puede pasar desapercibido en la dinámica cotidiana, termina reflejándose con claridad en los balances bancarios y en los indicadores del sistema financiero. La mora, en ese sentido, actúa como un termómetro de la economía real: cuando crece de forma abrupta, suele indicar que los ingresos ya no alcanzan para sostener el nivel de obligaciones asumidas.

El aumento de la morosidad no implica necesariamente una crisis financiera inmediata, pero sí constituye una señal de advertencia sobre el estado de la economía. Por ahora, los niveles de atraso en el sistema bancario argentino continúan siendo relativamente bajos en comparación con episodios históricos de inestabilidad. Sin embargo, la velocidad con la que se incrementaron en el último año preocupa tanto al sector financiero como al productivo.

Detrás de las cifras se perfila una realidad más amplia: hogares que recurren al crédito para sostener su consumo, empresas que se endeudan para atravesar un mercado interno debilitado y bancos que comienzan a absorber el impacto de esa tensión.

En ese delicado equilibrio entre financiamiento, ingresos y actividad económica se juega buena parte del futuro inmediato del sistema productivo. Si la recuperación de la economía real no acompaña la expansión del crédito, la morosidad podría convertirse en uno de los principales focos de inestabilidad del ciclo económico argentino.

El Sindicato Médico de San Juan resolvió convocar a un paro total de actividades por 48 horas para los días 18 y 19 de marzo, en rechazo a la política salarial del gobierno provincial. La medida incluirá guardias mínimas por tratarse de un servicio esencial y se complementará con una jornada de movilización hacia el Centro Cívico prevista para el 26 de marzo.

El conflicto salarial en el sector público de San Juan suma un nuevo capítulo. Tras el rechazo de los gremios docentes a la propuesta oficial en el marco de las negociaciones paritarias, ahora son los médicos quienes decidieron avanzar con un plan de lucha que contempla un paro total de actividades y acciones de visibilización del reclamo.

La decisión fue adoptada durante una asamblea realizada en la sede del Sindicato Médico de San Juan, donde los profesionales de la salud expusieron la crítica situación salarial que atraviesa el sector y denunciaron el congelamiento de ingresos frente al sostenido aumento del costo de vida.

A través de sus redes sociales, la organización gremial comunicó oficialmente la convocatoria a un paro de 48 horas para los días 18 y 19 de marzo. La medida implica la no asistencia a los lugares de trabajo en hospitales y centros de salud públicos, aunque se garantizarán las guardias mínimas obligatorias debido a que la salud es considerada un servicio esencial.

De concretarse la huelga, numerosos turnos programados, consultas médicas y estudios previstos en el sistema público podrían verse afectados, lo que anticipa un impacto significativo en la atención sanitaria durante esas jornadas.

El plan de lucha no se limitará a la interrupción de actividades. El sindicato también definió realizar una jornada de acción el próximo 26 de marzo, con un paro parcial desde las 10 de la mañana para concentrar y marchar hacia el Centro Cívico de San Juan, sede administrativa del gobierno provincial. La movilización buscará visibilizar el reclamo de los profesionales y presionar por una revisión de la política salarial vigente.

Entre las medidas anunciadas también se incluye la decisión de dejar de utilizar el sistema informático sanitario por tiempo indeterminado, una acción que forma parte de la estrategia gremial para reforzar el reclamo y exponer las dificultades operativas que, según sostienen, atraviesan los trabajadores del sector.

Desde el sindicato adelantaron que las acciones serán notificadas formalmente ante la Subsecretaría de Trabajo de San Juan, requisito legal indispensable para la validez de la medida. No obstante, el escenario podría modificarse si las autoridades provinciales deciden dictar la conciliación obligatoria, herramienta que suspendería el paro hasta la realización de una audiencia entre representantes del gremio y funcionarios del Ministerio de Salud de San Juan.

La protesta de los médicos se inscribe en un clima de tirantez progresiva en el sector público provincial, donde distintos gremios cuestionan las ofertas salariales presentadas por el Ejecutivo en las negociaciones paritarias. El reclamo del sector sanitario adquiere, además, una dimensión particularmente sensible: cualquier conflicto laboral en el ámbito de la salud repercute de manera directa en la prestación de servicios esenciales para la población.

En ese contexto, el gobierno provincial enfrenta el desafío de evitar una escalada del conflicto que afecte la atención hospitalaria, mientras los profesionales reclaman recomposiciones salariales acordes al deterioro del poder adquisitivo y mejoras en las condiciones laborales.

El paro de 48 horas anunciado por los médicos sanjuaninos marca el inicio de un nuevo escenario de contienda en el ámbito estatal. Con un plan de lucha que combina huelga, movilización y medidas administrativas, el gremio busca instalar el debate sobre salarios y condiciones laborales en el sistema de salud. En los próximos días, la eventual intervención de las autoridades laborales —a través de una conciliación obligatoria o una nueva instancia de negociación— será clave para determinar si el conflicto se encamina hacia una solución o profundiza las diferencias entre los profesionales de la salud y el gobierno provincial.

El Gobierno nacional cerró este viernes un nuevo acuerdo paritario para los trabajadores de la Administración Pública Nacional con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que prevé incrementos salariales escalonados entre enero y mayo de 2026 y el pago de un bono extraordinario de $40.000. Sin embargo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta al considerar que los aumentos quedan por debajo del costo de vida y consolidan la pérdida del poder adquisitivo del sector.

El Gobierno nacional selló este viernes 6 de marzo un nuevo entendimiento salarial con el gremio UPCN en el marco de la paritaria de la Administración Pública Nacional. El convenio establece incrementos mensuales consecutivos desde enero hasta mayo de 2026, con el objetivo de actualizar los ingresos de los trabajadores estatales en un contexto económico todavía marcado por la tensión inflacionaria.

La propuesta oficial contempla aumentos del 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, lo que configura un esquema de actualización gradual para el cierre del período paritario vigente.

Además, el acuerdo incluye el pago de un bono extraordinario no remunerativo de $40.000, previsto para el mes de junio, como complemento excepcional para los trabajadores del sector público nacional.

Dentro del entendimiento también se estableció la renovación del adicional por presentismo desde enero, con actualización mensual en línea con los incrementos salariales, así como una modificación en la Unidad Retributiva (UR) correspondiente al suplemento por Función Ejecutiva, que pasará a contar con un valor unificado.

ATE rechazó la propuesta y denunció pérdida salarial

Mientras UPCN avaló la propuesta y firmó el acuerdo en la mesa paritaria, la Asociación Trabajadores del Estado decidió rechazar la oferta oficial, al considerar que los aumentos resultan insuficientes frente a la evolución del costo de vida.

Desde el gremio señalaron que, si bien durante la negociación lograron garantizar el pago retroactivo del presentismo, los porcentajes acordados no permiten recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

“El aumento ofrecido por el Gobierno vuelve a ser insuficiente. No frena la caída del poder adquisitivo que experimentaron durante los últimos dos años los salarios del sector público”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

El dirigente también cuestionó el monto del bono extraordinario previsto para mitad de año. “Ofrecer un bono de $40.000 es una actitud miserable por parte del Gobierno. No alcanza ni para pagar una factura de gas”, sostuvo.

El debate de fondo: salarios e inflación

La discusión salarial en el sector público vuelve a poner en el centro del debate la relación entre los incrementos paritarios y la evolución de los precios.

Desde ATE sostienen que, durante la actual gestión, los trabajadores estatales habrían acumulado una pérdida superior al 45,3% del poder adquisitivo, producto de negociaciones salariales que —según el sindicato— se ubican sistemáticamente por debajo de la inflación.

“El intento de implementar la reforma laboral y las negociaciones salariales con tope en el sector público prueban que lejos de pagar el ajuste la casta, lo estamos pagando los trabajadores con la degradación de nuestras condiciones de vida”, advirtió Aguiar.

Un cierre paritario bajo tensión

El acuerdo corresponde al Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, cuyo período paritario se extiende entre junio de 2025 y mayo de 2026. Con los incrementos pactados, el año cerraría con un aumento salarial acumulado del 21%.

Sin embargo, desde ATE remarcan que la inflación ya alcanza 19,5% con el dato de enero, lo que plantea el riesgo de que los salarios vuelvan a quedar rezagados frente al costo de vida en los meses restantes del período,

Como ocurrió en negociaciones anteriores, el rechazo de uno de los sindicatos no impidió la convalidación del acuerdo, ya que la firma de UPCN fue suficiente para oficializar la paritaria en la mesa de negociación.