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La CGT decidió no ir a la primera reunión del diálogo social convocada para la semana próxima por el secretario de Trabajo Julio Cordero, junto a importantes empresarios del país.

La negativa la resolvió el Consejo Directivo de la CGT, durante una reunión que se realizó en la tarde de este jueves en la sede de la central obrera de la calle Azopardo para analizar los pasos a seguir en medio de su relación tensa con el gobierno de Javier Milei.

El encuentro de los dirigentes de los gremios que integran la conducción cegetista se produce luego de los cambios en materia laboral que introdujo uno de los apartados de la ley Bases, y de diferencias internas entre los sectores dialoguistas y los más opositores sobre cómo posicionarse frente a la gestión libertaria.

La decisión de no participar de este cónclave se da luego de varios fracasos en reuniones entre la CGT y el Gobierno. Semanas atrás se los secretarios generales de la CGT Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano fueron recibidos por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en un encuentro en que los dirigentes exigieron distintos puntos, entre ellos solicitar al Gobierno que retire la apelación ante la Corte con respecto al capítulo laboral de la ley Bases.

También manifestaron su preocupación sobre los artículos de la ley Bases, referido a bloqueos de empresas, registración de trabajadores en empresas que tienen menos de 12 empleados, y el artículo sobre colaboradores sin relación de dependencia.

A su vez, la CGT había expresado su descontento con los resultados de la reunión del Consejo del Salario, luego de que el sector patronal les ofreciera un aumento de 11 mil pesos sobre el ingreso mínimo.

Por otra parte, la entidad también había rechazado la restitución del Impuesto a las Ganancias y aseguró que la baja del mínimo no imponible va a afectar el bolsillo de 800 mil trabajadores.

En este contexto, con la negativa de la cúpula de la CGT de participar en la reunión con el Gobierno y empresarios, se tensa aún más la relación con Javier Milei.

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El Aldo Cantoni será sede de la mayor feria educativa de la provincia

La Semana de la Educación Superior comenzará este 18 de agosto con una feria académica en el estadio Aldo Cantoni, donde instituciones de toda la provincia presentarán sus carreras y propuestas formativas. Las actividades se extenderán hasta el viernes e incluirán talleres, conversatorios y encuentros destinados a estudiantes, docentes y directivos.

San Juan pondrá en marcha este martes 18 de agosto la Semana de la Educación Superior, una iniciativa organizada por el Ministerio de Educación que reunirá durante cuatro jornadas a instituciones formadoras, docentes, estudiantes y equipos directivos con el propósito de difundir la oferta académica y fortalecer los vínculos entre los distintos espacios educativos.

La apertura tendrá lugar en el estadio cubierto Aldo Cantoni, donde se desarrollará la mayor feria educativa de la provincia bajo el lema “La educación superior abre caminos: formarse hoy, transformar mañana”. Entre las 11 y las 17.30, institutos y universidades presentarán sus carreras y alternativas de formación para quienes proyectan continuar sus estudios luego de finalizar la escuela secundaria. El acto oficial está previsto para el mediodía.

La exposición continuará también el miércoles 19 de agosto, convirtiendo al Cantoni en un punto de encuentro para estudiantes y familias interesadas en conocer, en un solo espacio, las distintas opciones educativas disponibles en San Juan.

El programa incluye además actividades específicas vinculadas con orientación vocacional, formación técnica y actualización pedagógica. Este martes se realizarán talleres de Exploración Vocacional Inicial y Proyecto de Vida en el Instituto Margarita Ferrá de Bartol, mientras que el miércoles el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación será sede del primer Conversatorio de Institutos Superiores de Formación Técnica.

Las jornadas continuarán el jueves y viernes en el Instituto Santa María de la Universidad Católica de Cuyo, donde se desarrollarán el quinto Encuentro de Directores de Educación Superior, la presentación de una publicación especializada, el primer Encuentro de Desarrollo Curricular y la segunda Jornada de Desarrollo Profesional Docente.

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Las universidades enfrentan otra semana de huelga por salarios y presupuesto

Los docentes de las universidades nacionales volverán a parar desde este martes 18 hasta el sábado 22 de agosto para reclamar al Gobierno de Javier Milei la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso pero todavía incumplida, según denuncian las organizaciones gremiales.

La medida tendrá su principal expresión en la Universidad de Buenos Aires, donde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a cinco jornadas de huelga. El alcance efectivo de la protesta dependerá de las decisiones adoptadas por cada cátedra y de las asambleas de trabajadores.

Aunque las facultades permanecerán abiertas y conservarán la atención administrativa, el dictado de clases y otras tareas académicas quedarán condicionados por el nivel de adhesión.

La protesta también cuenta con el respaldo de federaciones docentes que resolvieron mantener el conflicto hasta obtener respuestas concretas del Poder Ejecutivo.

La demanda central está vinculada con la recomposición de los ingresos. Los gremios sostienen que, al cobrar los salarios correspondientes a julio durante agosto, volvieron a comprobar que no fueron incorporados los incrementos que, según su interpretación, establece la Ley de Financiamiento Universitario. La deuda salarial calculada por las organizaciones asciende al 31,2%, a lo que agregan los montos retroactivos acumulados desde la entrada en vigencia de la norma.

La discusión no se limita a los haberes. Las entidades universitarias también reclaman una actualización de los recursos destinados a hospitales universitarios y becas, dos componentes que consideran determinantes para sostener prestaciones, investigación y permanencia de estudiantes con menores ingresos.

Desde la Conadu Histórica resolvieron mantener la convocatoria nacional y anticiparon que, si el Gobierno no modifica su posición, podrían avanzar hacia una huelga por tiempo indeterminado y una nueva marcha federal universitaria. De esta manera, el conflicto podría pasar de jornadas aisladas de protesta a una medida de mayor duración durante las próximas semanas.

AGD-UBA, por su parte, cuestionó la propuesta salarial formulada durante las negociaciones paritarias. La organización sostiene que el ofrecimiento representa menos de la mitad de la recomposición que reclama en función de la legislación vigente y advierte que aceptarlo permitiría postergar nuevamente el cumplimiento de la norma.

El reclamo gremial también se apoya en una medida cautelar dictada por la Justicia en favor de la actualización de los salarios universitarios. Para las organizaciones, ese pronunciamiento todavía no se tradujo en una recomposición efectiva de los ingresos, por lo que cuestionaron al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a algunas federaciones por valorar positivamente las decisiones judiciales sin que, según afirman, exista una aplicación concreta de sus efectos.

El enfrentamiento combina así tres demandas: recuperación del poder adquisitivo perdido, actualización de los recursos destinados al funcionamiento universitario y cumplimiento efectivo de las disposiciones aprobadas por el Congreso. La respuesta oficial será determinante para definir si las medidas se mantienen como paros sucesivos o avanzan hacia una protesta de mayor duración.

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Sueldos que no alcanzan: seis de cada diez hogares agotan sus ingresos antes del 20

El deterioro del poder adquisitivo comienza a medirse también en una variable cotidiana: cuánto dura el salario. Un relevamiento de la consultora Zentrix mostró que el 61% de los argentinos agota sus ingresos destinados a gastos corrientes antes del día 20 de cada mes, una señal del reducido margen que tienen los hogares para afrontar las últimas semanas.

La situación alcanza una dimensión mayor si se incorpora al 24,3% que consigue llegar al final del mes, pero sin capacidad de ahorro. Apenas el 13% de los consultados asegura cubrir sus obligaciones y conservar algún excedente.

La percepción sobre los ingresos acompaña ese resultado. El 86,1% considera que sus salarios evolucionan por debajo de los precios, una diferencia que limita el consumo y obliga a una administración cada vez más ajustada de los recursos familiares.

Los datos sobre remuneraciones permiten observar la evolución de esa pérdida. En mayo, frente a una inflación mensual del 2,1%, los salarios del sector privado registrado aumentaron 2%, los haberes de los empleados públicos nacionales 1,9% y los provinciales 1,4%. La diferencia de unas décimas adquiere mayor dimensión cuando se acumula durante varios meses.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, los trabajadores privados registrados sufrieron una caída real del 2,9%, mientras que los empleados públicos provinciales perdieron 3,2% y los estatales nacionales resignaron 7,3% de poder de compra.

La comparación con noviembre de 2023 profundiza la brecha. Desde entonces, los salarios de los empleados públicos nacionales acumulan una pérdida real del 36,5%; en los estatales provinciales alcanza el 9,8% y entre los trabajadores privados formales llega al 3,6%.

El deterioro tampoco comenzó con la actual administración. Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado por Nadin Argañaraz sobre información del INDEC, calculó la pérdida acumulada desde 2017 hasta comienzos de 2026. Según ese estudio, los trabajadores privados formales resignaron un poder de compra equivalente a 16,2 salarios mensuales, mientras que entre los empleados públicos la pérdida llegó a 21,8 sueldos en 98 meses.

La contracción del ingreso real se combina, además, con una reducción del empleo público nacional. De acuerdo con datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se eliminaron 71.661 puestos, equivalente a una baja del 21% en la dotación de trabajadores de la administración pública nacional.

La consecuencia económica más visible aparece en la capacidad de consumo. Cuando el ingreso se agota antes de terminar el mes, los hogares reducen compras, postergan gastos, recurren al crédito o utilizan ahorros para completar sus necesidades básicas.

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