Tras la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno de Javier Milei, gremios universitarios, científicos y estatales alertaron sobre un ajuste sin precedentes que, aseguran, pone en riesgo el desarrollo productivo, el sistema educativo y la investigación nacional.

La aprobación de la Ley de Presupuesto 2026 en el Senado de la Nación encendió una fuerte reacción en amplios sectores gremiales y sindicales, que cuestionaron duramente el rumbo fiscal elegido por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto fue sancionado este viernes con 46 votos a favor, una abstención y 25 en contra, en una votación que marcó un hecho político relevante: el peronismo de la Cámara alta se mostró dividido por primera vez desde la asunción del nuevo oficialismo.

Los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy) acompañaron al Gobierno en la votación en general, lo que desató críticas de organizaciones sindicales y del arco opositor, que los señalaron por convalidar un esquema presupuestario considerado regresivo.

El Presidente celebró el resultado como “un hecho histórico”, al destacar que no existen antecedentes de un presupuesto con equilibrio fiscal aprobado por un espacio no peronista con una mayoría tan amplia. El texto aprobado prevé gastos totales por 148 billones de pesos, un superávit primario del 1,2% del PBI y un superávit financiero del 0,3%. Además, proyecta para 2026 una inflación del 10,1% y un crecimiento económico del 5%.

Sin embargo, detrás de esos números macroeconómicos, los gremios advierten un fuerte retroceso en áreas estratégicas. El Presupuesto elimina el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que fijaba un piso mínimo del 6% del PBI para el sector, mantiene congelado el bono para jubilados y reduce un 28,9% la ayuda alimentaria destinada a comedores comunitarios.

El artículo 30 y la alarma en el sistema educativo y científico

Uno de los puntos más cuestionados es el Artículo 30, que suprime los pisos de financiamiento para educación, ciencia y tecnología. Para los sindicatos, esta modificación habilita un ajuste discrecional que pone en riesgo no solo el próximo ciclo lectivo, sino también la continuidad de proyectos de investigación y desarrollo productivo.

Desde CTERA, CONADU Histórica y organismos como el INTA coincidieron en que la medida sienta las bases para una virtual desarticulación del sistema científico-tecnológico nacional. “El objetivo es la extinción de la educación, la ciencia y la tecnología en todos sus niveles”, advirtieron en comunicados conjuntos.

La Confederación de Trabajadores de la Educación denunció además la inconstitucionalidad de la eliminación de los pisos de inversión. En la misma línea, Antonio Rosselló, economista y dirigente de CONADU Histórica, recordó que el 60% de la producción científica del país se realiza en universidades nacionales que hoy carecen de fondos suficientes. “Está en riesgo el comienzo del ciclo lectivo. Con salarios de 250 mil pesos no se puede vivir. Ni siquiera Martínez de Hoz hizo esto”, afirmó.

El mapa del ajuste: cifras que preocupan

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) detallaron el alcance del recorte en distintas áreas del Estado. Según el gremio, la Función Ciencia, Tecnología e Innovación sufre una caída del 48,8%; el CONICET, del 39%; la Agencia Nacional de Discapacidad, del 27%; Educación y Cultura, del 47,3%; y las asignaciones familiares, un 87,5%.

También se registran fuertes recortes en la Comisión Nacional de Energía Atómica (-53%), el INTA (-45%), el INTI (-49%), el desarrollo de la educación superior (-33,8%) y la gestión de becas estudiantiles, que prácticamente desaparecen con una reducción del 76,6%.

ATE subrayó además que la única partida con crecimiento real es la correspondiente a la ex SIDE, que aumenta un 19%. “Algún día tendrán que explicar a dónde va a parar y qué hacen con tanta plata”, señalaron desde el sindicato.

Una advertencia sobre el futuro

El titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Carlos Schmid, sintetizó el rechazo gremial con una definición contundente: “Se acaba de sancionar el atraso de la Argentina. Hoy la riqueza está en el conocimiento, y por eso se disputan el liderazgo global China y Estados Unidos. Lamentablemente, hemos decidido ser ignorantes”.

Mientras el Gobierno reivindica el equilibrio fiscal como pilar de su programa económico, los gremios advierten que el costo del ajuste recae sobre las bases mismas del desarrollo nacional y anticipan un año de conflicto creciente en defensa de la educación, la ciencia y el trabajo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió dar un paso al frente y convocar a una movilización nacional el próximo 18 de diciembre, con epicentro en la Plaza de Mayo y réplicas en todo el país. La medida, confirmada por fuentes sindicales, constituye la primera reacción orgánica y contundente del movimiento obrero frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y enviado recientemente al Congreso.

La decisión no es menor: llega en momentos en que el oficialismo busca avanzar con celeridad sobre un paquete de reformas económicas y estructurales durante las sesiones extraordinarias del Congreso. En ese marco, la reforma laboral aparece como una de las iniciativas más sensibles, tanto por su impacto directo en las condiciones de empleo como por su fuerte contenido ideológico.

Entre los artículos más resistidos por la CGT y las centrales sindicales se encuentran las modificaciones en el régimen de indemnizaciones por despido, la flexibilización en los esquemas de contratación, los cambios en los aportes patronales y la reconfiguración del sistema de negociación colectiva. Cada uno de estos puntos reavivó históricas tensiones entre el sindicalismo y los gobiernos que impulsan desregulaciones profundas en el mercado laboral.

Este jueves, la CGT reunió a su Consejo Directivo en la histórica sede de Azopardo 802. Bajo la conducción de los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, la mesa chica analizó en detalle el contenido del proyecto oficial y definió una postura unificada: rechazo frontal y movilización masiva. El clima, según confiaron participantes del encuentro, fue de “preocupación, pero también de firmeza”.

La convocatoria del 18 de diciembre no solo apunta a mostrar capacidad de movilización, sino también a enviar un mensaje político directo: el sindicalismo no está dispuesto a permitir que el Gobierno avance sin resistencia sobre aspectos nodales del sistema de derechos laborales vigente. La jugada se inscribe dentro de una estrategia más amplia de la central obrera, que combina presión callejera, diálogo político con sectores opositores del Congreso y trabajo técnico para intentar frenar o modificar el articulado más conflictivo del proyecto.

En paralelo, en la Casa Rosada observan la maniobra con atención. Saben que la marcha será un indicador clave del músculo sindical en un momento crítico del debate legislativo. También entienden que, de masificarse, podría abrir un frente político que complique la ingeniería parlamentaria diseñada por el oficialismo para aprobar la reforma antes de fin de año.

El llamado a la movilización se da además en un contexto en el que la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero atraviesa su momento más tenso desde el inicio de la nueva gestión. Para la CGT, el avance de una reforma de este calibre sin consenso social ni negociación suficiente constituye un límite claro. Para el oficialismo, en cambio, la transformación del mercado laboral es vista como una pieza esencial de su programa económico.

La marcha del 18 de diciembre se perfila como el primer gran test de fuerza entre la CGT y el Gobierno de Javier Milei desde que comenzó el debate legislativo de la reforma laboral. En un clima político cargado de tensiones, la movilización funcionará como un termómetro decisivo: medirá la capacidad de resistencia del movimiento obrero y pondrá a prueba la determinación del Ejecutivo para avanzar con uno de los cambios más trascendentes —y controvertidos— en materia laboral de las últimas décadas. Cuando termine el día, quedará claro si el Gobierno enfrenta un obstáculo circunstancial o el inicio de una oposición sindical más organizada y persistente.

Un informe del Instituto Gino Germani (UBA) expone la profundidad del deterioro salarial: el 72% de los trabajadores —formales, informales y cuentapropistas— percibe menos de $1 millón, mientras la canasta básica supera los $1,2 millones. Los alquileres, tarifas y alimentos absorben cada vez más del ingreso, crece el pluriempleo y se consolida un fenómeno estructural: trabajar ya no garantiza salir de la pobreza.

El último informe elaborado por los investigadores Eduardo Chávez Molina, Mariana Sosa y José Rodríguez de la Fuente del Instituto Gino Germani pone números concretos a una realidad que atraviesa todos los sectores: la mayoría de los trabajadores argentinos es pobre por ingresos.

Según el estudio, el 72% de los ocupados —incluyendo empleados formales, informales y cuentapropistas— gana menos de $1 millón mensual, un monto insuficiente para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que en octubre de 2025 trepó a $1.213.799 para un hogar tipo.

El impacto es transversal. Entre los asalariados formales, que históricamente fueron el núcleo más protegido del mercado laboral, el 58% tampoco alcanza el valor de la canasta básica. La informalidad, en tanto, exhibe cifras alarmantes: el 89% de los trabajadores no registrados y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación se ubican por debajo de ese umbral.

El fenómeno del “trabajador pobre”: un límite que ya se quebró

El informe advierte que 1 de cada 5 trabajadores con jornada completa de 40 horas semanales es pobre por ingresos. Entre los asalariados informales, esa proporción se dispara al 41,3%.

Los investigadores comparan la situación local con el fenómeno de los “mileuristas” en España, pero remarcan diferencias determinantes: en Argentina, sin subsidios a tarifas y con alquileres desregulados, la precariedad se profundiza mucho más.

Los aumentos persistentes en alimentos y servicios básicos —gas, luz y agua— explican gran parte del deterioro. El gasto en servicios pasó de representar el 4% del salario mediano a finales de 2023 al 11% en 2025, un salto que achicó drásticamente el margen de consumo y dejó sin capacidad de ahorro a millones de personas. Para muchos hogares, cualquier imprevisto económico —un arreglo, una enfermedad, una merma en las horas trabajadas— se convierte en una crisis inabordable.

Los autores del estudio advierten sobre un fenómeno creciente de “pobreza residencial”: trabajadores que, aun con empleo estable, destinan la mayor parte de sus ingresos a mantener un techo y no pueden cubrir otros gastos esenciales.

Pluriempleo en alza: cuando un trabajo ya no alcanza

La insuficiencia salarial está empujando a más personas a sumar segundas ocupaciones. Según el informe, el pluriempleo asciende al 12% de los ocupados, un récord que afecta tanto a informales como a trabajadores con empleo registrado.

El fenómeno es especialmente visible en sectores como Comercio, Gastronomía, Construcción y Transporte, donde el “Efecto Flexibilidad” permitió a algunos trabajadores ajustar precios y mejorar ingresos en términos relativos, aunque con salarios que siguen lejos de los valores de la canasta básica.

Una paradoja en la estadística: baja la pobreza, pero no mejora la vida cotidiana

Pese al escenario crítico, el informe señala una mejora relativa en los indicadores luego del pico de inflación del inicio de la gestión actual. La pobreza por ingresos cayó al 31,8%, una cifra más baja que la de meses anteriores y cercana a los niveles de 2018.

La recuperación se explica por incrementos en los ingresos de ciertos sectores informales, que lograron actualizar tarifas y precios con mayor velocidad que los asalariados registrados. Sin embargo, los investigadores advierten que estos avances no alcanzan para revertir la crisis estructural del empleo.

Un mercado laboral que acumula problemas

El deterioro salarial se enmarca en un mercado de trabajo con dificultades múltiples: 9,7 millones de personas —el 67% de la Población Económicamente Activa— enfrentan problemas laborales, ya sea por desocupación, subocupación o inserción en puestos de baja calidad.

La combinación de inflación acumulada, pérdida de poder adquisitivo y ausencia de crédito configura un escenario en el que la movilidad social ascendente parece cada vez más lejana.

El informe del Instituto Gino Germani confirma que el fenómeno del trabajador pobre ya no es una excepción sino la norma en la Argentina. El salario perdió su capacidad de garantizar bienestar, y la mayor parte de los trabajadores —incluso aquellos con empleo registrado— no logra cubrir la canasta básica.

En un país donde trabajar deja de ser sinónimo de estabilidad, el desafío ya no es solo económico: es social, político y estructural. Y mientras el ingreso siga por detrás de los precios, el pluriempleo, la precariedad y la pobreza laboral seguirán marcando el pulso del mercado de trabajo argentino.