La vicepresidenta Victoria Villarruel llegó este martes a San Juan para cumplir una intensa agenda institucional y productiva, pero su desembarco en la provincia estuvo marcado desde el comienzo por las diferencias que mantiene con la conducción de La Libertad Avanza y con el entorno político del presidente Javier Milei.

Villarruel arribó poco antes de las 10 al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y evitó realizar declaraciones a la prensa. Ningún dirigente sanjuanino identificado con el oficialismo nacional estuvo presente en la recepción, una ausencia que adquirió particular relevancia por la disputa que desde hace más de un año enfrenta a la vicepresidenta con distintos referentes del espacio libertario.

El conflicto más reciente se centró en los sueldos del Senado. A partir del nuevo acuerdo salarial para los trabajadores legislativos, los haberes de los senadores nacionales superarán los $13 millones brutos mensuales desde enero de 2027. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó ese nivel de remuneraciones y planteó que las dietas de ambas cámaras deberían equipararse.

Menem también volvió a marcar distancia con Villarruel al cuestionar su orientación política y sostener que la vicepresidenta mantiene una agenda diferente de la que, según su interpretación, respaldaron los votantes que llevaron a Milei a la Presidencia.

Con esa disputa como telón de fondo, Villarruel despliega en San Juan una agenda alejada de la discusión parlamentaria y concentrada en áreas de fuerte interés para la provincia. El recorrido incluye encuentros con autoridades, empresarios, proveedores mineros, investigadores y representantes de instituciones productivas.

La primera escala se centra en Casa de Gobierno, donde mantendrá reuniones protocolares. Luego está previsto un encuentro con proveedores mineros y un conversatorio organizado por CAPRIMSA en Las Tapias, Albardón, además de una visita a la empresa MTZ.

La recorrida continuará en la Universidad Católica de Cuyo, donde conocerá el laboratorio CRESA, dedicado a la evaluación sensorial de aceite de oliva y otros alimentos. Posteriormente viajará a San Martín para recorrer la sede local del INTA y el Banco de Germoplasma de Olivo, destinado a preservar y estudiar variedades de ese cultivo.

El itinerario incluye además una visita a la planta de Arcor, en una visita que busca mostrar distintas capacidades productivas de San Juan y vincularlas con la agenda nacional.

La presencia de Villarruel adquiere así una doble dimensión. Esta visita institucional de la segunda autoridad del país resalta el protagonismo minero, agroindustrial y científico de la provincia. En el terreno político, su llegada sin representantes del espacio libertario alineado con Milei vuelve a exhibir las diferencias que atraviesan al oficialismo nacional.

San Juan se convierte, por unas horas, en el punto de encuentro entre dos agendas que avanzan en paralelo: la proyección productiva que la provincia busca consolidar y una disputa interna del oficialismo que continúa sin encontrar una instancia de recomposición.

La crisis de Musimundo sumó un nuevo episodio con el cierre de 19 sucursales en el Nordeste argentino y el despido de más de 120 trabajadores, apenas semanas después de que la empresa ingresara en concurso preventivo de acreedores.

La decisión afectó locales de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, una región que concentraba más del 30% de las sucursales de la cadena desde que la firma chaqueña Carsa quedó a cargo de buena parte de la operación comercial.

El cierre se produjo el sábado 29 de agosto y, de acuerdo con los testimonios de empleados, en varios establecimientos la jornada transcurrió con normalidad hasta los últimos minutos. Recién al finalizar el horario laboral recibieron la comunicación de que el local dejaba de funcionar. En otros casos, los trabajadores se encontraron con la noticia al presentarse para cumplir sus tareas.

La modalidad de comunicación generó especial incertidumbre. Algunos empleados aseguran que no recibieron telegramas de despido ni documentación formal y que tampoco obtuvieron precisiones sobre el pago de los salarios pendientes y las indemnizaciones.

En Corrientes, un empleado describió una situación similar. Según su testimonio, los trabajadores cumplieron normalmente su jornada del sábado hasta que el gerente les pidió cerrar el local 15 minutos antes y comunicó que Carsa había decidido clausurarlo. La notificación, afirmó, fue exclusivamente verbal.

Los cierres alcanzaron cinco establecimientos en Chaco —dos en Resistencia y otros en Presidencia Roque Sáenz Peña, Fontana y Barranqueras—, seis en Formosa y otros ocho distribuidos entre Corrientes y Misiones.

La dimensión de la crisis financiera agrega presión sobre el futuro de la cadena. La deuda incluida en el concurso preventivo supera los $63.500 millones, mientras que la compañía había presentado el proceso judicial con el objetivo declarado de preservar la continuidad comercial, proteger los puestos de trabajo y ordenar sus obligaciones.

A ese desasosiego se sumó otro indicio: el sitio web de Musimundo quedó fuera de funcionamiento y actualmente muestra un mensaje que informa que permanece “en mantenimiento”.

Los nuevos cierres no permiten afirmar por sí solos que la cadena se encamina a desaparecer, pero sí evidencian las dificultades que enfrenta el proceso de reestructuración iniciado recientemente. Para los trabajadores afectados, la principal preocupación inmediata pasa ahora por conocer cuándo y bajo qué condiciones podrán cobrar los salarios adeudados y las indemnizaciones correspondientes.

El caso vuelve a poner bajo atención la situación de una de las principales cadenas nacionales de comercialización de electrodomésticos, cuya continuidad dependerá de la evolución del concurso preventivo, la reestructuración de sus pasivos y las decisiones que adopten sus actuales responsables.

La medida se realizará este jueves 3 y viernes 4 de septiembre, en cuatro franjas horarias de tres horas por jornada. El gremio reclama la apertura de la paritaria sectorial, el pago de aumentos pendientes y recursos para bomberos aeronáuticos y Fiscalización.

Los aeropuertos argentinos podrían registrar demoras y modificaciones en sus operaciones este jueves y viernes a raíz de un paro de 48 horas convocado por ATE/ANAC. La medida fue dispuesta por la Asociación Trabajadores del Estado para reclamar la apertura de la paritaria sectorial, el cumplimiento de acuerdos salariales y mayor financiamiento para áreas operativas de la Administración Nacional de Aviación Civil.

La protesta se desarrollará durante cuatro franjas de tres horas: de 9 a 12 y de 18 a 21, tanto el jueves 3 como el viernes 4 de septiembre. El cronograma fue comunicado previamente a la Secretaría de Trabajo para que las empresas y organismos vinculados al transporte aéreo pudieran adoptar previsiones.

El reclamo sindical combina cuestiones salariales con demandas vinculadas al funcionamiento de los aeropuertos. ATE/ANAC exige que se incorporen a los haberes los incrementos acordados para conceptos extraparitarios y reclama la convocatoria a una negociación específica para los trabajadores del organismo.

También reclama recursos para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y para las tareas de Fiscalización. El gremio sostiene que el incremento de las tasas aeroportuarias debería traducirse en mayores fondos para esas áreas, especialmente para los bomberos aeronáuticos y el personal encargado de fiscalizar las operaciones.

Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE/ANAC, sostuvo que los planteos formulados durante las distintas instancias de diálogo “continúan sin una respuesta concreta”. Ante esa falta de avances, afirmó que la organización resolvió profundizar las medidas gremiales.

El alcance nacional de la protesta podría repercutir en distintos aeropuertos, incluidos Aeroparque y Ezeiza, aunque la convocatoria no supone una suspensión generalizada de vuelos. La eventual afectación dependerá de las tareas involucradas y de la programación de cada terminal durante las horas de paro.

El sindicato aclaró que se garantizará la atención de vuelos en desarrollo, sanitarios y oficiales, por lo que la magnitud del impacto sobre los pasajeros quedará determinada por la operatoria de cada aeropuerto y las decisiones que adopten las compañías aéreas.

Para los pasajeros que tengan servicios programados durante las franjas de protesta, la principal recomendación será verificar el estado del vuelo directamente con la aerolínea antes de concurrir al aeropuerto. Mientras tanto, ATE/ANAC dejó planteada una medida que vuelve a poner en discusión el financiamiento de funciones esenciales de la aviación civil y la negociación salarial de sus trabajadores.