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Más de la mitad de la población vive desde el primer semestre del año en una situación crítica que afecta a 23 millones de personas en todo el país.

Según un informe, en el primer semestre del año, en Argentina la pobreza alcanzó un 50,5% afectando a 23 millones de personas en todo el país. Los datos se desprenden del Nowcast de Pobreza, un índice elaborado por Martín González-Rozada, Director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). A lo largo de los primeros seis meses del año, la proyectada es un promedio ponderado de la cifra de pobres de 52,6% durante el período comprendido entre enero y marzo, mientras entre abril y junio es de 48,5%.

Este índice se actualiza trimestralmente con base en la Canasta Básica Total (CBT) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), indica que el promedio del ingreso total familiar (ITF) se proyectó para el semestre un incremento interanual de 214,8%. Con estos datos y la simulación de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del primer y segundo trimestre de 2024 se proyectó la tasa de pobreza”.

Al contemplar los datos del último censo del INDEC, en donde se detalla que hay 45.892.285 ciudadanos, da un porcentaje semestral del 50,5% a la población total. Con lo que el Nowcast concluye que en la Argentina hay más de 23 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza.

«Esta proyección sugiere que alrededor del 50% de las personas viven en hogares urbanos pobres. La EPH es una encuesta representativa de una población urbana que en el semestre de referencia se estimó en 29,3 millones de personas lo que implica que alrededor de 14,8 millones viven en hogares urbanos pobres», concluye el análisis.

Una familia de cuatro integrantes necesitó un ingreso de $873.169 o superior en junio para no ser considerada pobre a junio del 2024. En tanto, se necesitan $393.319 para no ser indigente, según el último informe de canastas del INDEC.

La CBA y la CBT acumulan para el primer semestre del año subas del 63,4% y 76,1%. A su vez aumentaron 277,4% y 275,7% respectivamente en términos anuales, y superan a la inflación que fue de 271,5% en los últimos 12 meses.

Fuente: Conclusión

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UTA acordó con los empresarios y quedó desactivado el paro de colectivos en San Juan

El entendimiento establece el pago de $420.000 por trabajador, distribuidos en dos cuotas de $210.000 que se abonarán el 30 de noviembre y el 11 de diciembre. El acuerdo contempla diferencias salariales y conceptos adeudados entre mayo y agosto, y garantiza la continuidad del servicio, al menos por este conflicto.

La amenaza de una medida de fuerza en el transporte público sanjuanino quedó desactivada luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas del sector alcanzaran un acuerdo para cancelar parte de las obligaciones salariales pendientes. La propuesta presentada por los empresarios obtuvo el aval de la representación sindical y permitió cerrar, por el momento, una negociación que llevaba varias semanas sin resolución.

El acuerdo establece el pago de dos cuotas iguales de $210.000 para cada trabajador. La primera se hará efectiva el 30 de noviembre y la segunda el 11 de diciembre, hasta completar una suma de $420.000 por empleado. Los desembolsos incluyen diferencias no remunerativas correspondientes a mayo y junio, además de conceptos salariales y viáticos pendientes de julio y agosto.

La deuda acumulada había profundizado el malestar entre los choferes y las empresas nucleadas en la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). La falta de una propuesta que permitiera regularizar esos conceptos llevó al sindicato a endurecer su posición y a advertir que podía avanzar con medidas de fuerza si no se alcanzaba una respuesta satisfactoria.

La dimensión del reclamo había quedado expuesta horas antes del acuerdo, cuando Antonio Ruiz, secretario de Finanzas de UTA San Juan, explicó en declaraciones a la prensa que los montos adeudados variaban según la antigüedad y los días trabajados. De acuerdo con su descripción, el reclamo partía de aproximadamente $416.000, aunque en distintos casos podía ubicarse entre $430.000 y $480.000, con situaciones que alcanzaban los $500.000.

Entre los conceptos reclamados figuraba, además, una suma no remunerativa de $120.000.
En medio de las diferencias, la conducción gremial había resuelto ampliar las instancias de negociación y dejar de canalizar las conversaciones exclusivamente a través de ATAP, con la intención de avanzar en entendimientos directos con cada empresa. Ese endurecimiento había elevado la incertidumbre sobre la prestación del servicio, ante la posibilidad de que el conflicto derivara en una interrupción de los recorridos.

La oferta empresarial logró evitar el paro de transporte al definir fechas concretas de pago. Con esta medida, los usuarios mantienen el servicio activo y los choferes podrán recuperar el dinero reclamado, siempre y cuando las empresas respeten los plazos acordados.

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El precio de las verduras se disparó: el zapallo aumentó 349% en un año

Cinco productos frescos registraron subas superiores al 20% durante octubre, muy por encima de la inflación general del 2,2%. El zapallo anco encabezó los aumentos, mientras que los precios en supermercados profundizaron la brecha respecto de los valores mayoristas.

El comportamiento de los alimentos frescos volvió a exponer una distancia significativa frente al índice general de inflación. Durante octubre, mientras el nivel general de precios avanzó un 2,2% y el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas registró un incremento del 2%, el zapallo anco trepó 58,2%, la cebolla 25,2% y la papa 24,4%. También el limón y la batata experimentaron aumentos del 21,6%, según los datos relevados por el INDEC.

La magnitud de las subas se refleja en los valores que deben afrontar los consumidores. El kilo de zapallo anco pasó de $2.816,26 en septiembre a $4.454,89 en octubre. La cebolla aumentó de $2.696,23 a $3.375,94, mientras que la papa pasó de $2.201,11 a $2.737,14. Se trata de incrementos concentrados en productos de consumo habitual, cuyo encarecimiento repercute directamente sobre el presupuesto familiar.

La comparación interanual muestra una evolución todavía más pronunciada. El zapallo acumuló un incremento del 349,4%, la cebolla del 266% y la papa del 230,2%. La batata también registró una suba del 105%. Son las cuatro únicas verduras relevadas que más que duplicaron sus valores en doce meses, una evolución que contrasta con el comportamiento de otros alimentos.

La presión sobre los precios también se manifestó en el Mercado Central de Buenos Aires. Su relevamiento mayorista registró un aumento promedio del 6,7% en las hortalizas durante octubre y una variación interanual del 157,8%. Entre los productos con mayores incrementos se destacaron el zapallo, con 71,6%; la batata, con 39,4%, y la papa, con 22,4%.

Las causas no son uniformes. El INDEC relacionó el encarecimiento del zapallo con los efectos de la sequía en el norte chaqueño. En el caso del limón, el precio mayorista avanzó 42,1% por el cierre de la temporada y la menor disponibilidad de mercadería, mientras que las dificultades climáticas durante la floración generan incertidumbre sobre la próxima cosecha.

La evolución en los supermercados agrega otro elemento: la diferencia entre los valores mayoristas y los que finalmente llegan a las góndolas. El promedio de seis hortalizas relevadas aumentó 13,2% mensual, con subas destacadas en el zapallo, la papa, la batata y la cebolla. El indicador ponderado de las cadenas avanzó 15,7%, más del doble que el incremento registrado en el Mercado Central. La brecha entre ambos precios pasó del 105,7% en septiembre al 123,1% en octubre.

No todos los productos siguieron la misma trayectoria. El tomate redondo bajó 11%, la banana retrocedió 8,4%, la lechuga cayó 3,7% y la naranja descendió 3,6%. Estas variaciones reflejan la volatilidad propia de los productos frescos, condicionados por las cosechas, las condiciones climáticas y los niveles de oferta.

En este panorama, el semáforo de economías regionales de Coninagro ubicó a la horticultura en amarillo durante septiembre. La entidad registró entonces un incremento mensual del 34% en los precios del rubro y señaló que el productor recibió el 39% del valor final, cinco puntos por encima de su promedio histórico. También advirtió que las importaciones de hortalizas crecieron un 30% interanual, frente a un avance del 25% en las exportaciones.

La recuperación parcial de los valores que perciben los productores convive, así, con un encarecimiento considerable para quienes compran. Entre las dificultades de abastecimiento, los costos de comercialización y las diferencias entre los precios mayoristas y minoristas, el comportamiento de las frutas y verduras vuelve a mostrar que el promedio inflacionario no siempre representa la evolución de los productos esenciales en la mesa de las familias.

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La crisis universitaria suma otra semana de protesta por salarios y presupuesto

La medida se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre y exige el pago de la deuda salarial y presupuestaria derivada del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios también anticiparon nuevas protestas durante el debate del Presupuesto 2027 y no descartan afectar los exámenes de diciembre.

Los gremios docentes y nodocentes de las universidades nacionales iniciaron una nueva semana de paro para exigir al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios y la transferencia de los fondos adeudados al sistema público. La medida, que se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre, profundiza un conflicto que amenaza con proyectarse sobre el cierre del ciclo académico y el funcionamiento de las instituciones durante 2027.

La decisión de la CONADU Histórica fue aprobada por amplia mayoría durante su Congreso Extraordinario del 6 de noviembre, con la participación de 81 representantes de asociaciones de base de todo el país. Allí se resolvió sostener el plan nacional de lucha ante la falta de respuestas oficiales y reclamar la regularización de los compromisos salariales y presupuestarios.

Desde los sindicatos advierten que el deterioro de los ingresos acumulado equivale, según sus estimaciones, a haber trabajado sin cobrar durante un año de los últimos tres. A esa pérdida se suma la preocupación por el proyecto de Presupuesto 2027, cuya asignación para las universidades consideran insuficiente y contraria a las obligaciones establecidas por la legislación vigente.

La protesta no será la única medida prevista. La federación resolvió convocar a otra jornada de huelga de 24 horas cuando el Congreso trate el Presupuesto 2027 y someter a consulta nacional la posibilidad de afectar los exámenes de diciembre. También comenzará a debatir nuevas acciones para el inicio del próximo ciclo lectivo si persiste el incumplimiento de la ley.

La advertencia gremial coincide con los planteos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Su presidente, Franco Bartolacci, sostuvo que las universidades enfrentarán serias dificultades para funcionar el próximo año si no se modifica sustancialmente la previsión presupuestaria durante el debate parlamentario. El rector reclamó a los legisladores y al Poder Judicial celeridad para resolver la controversia sobre la aplicación de la norma.

Bartolacci también retomó el mensaje del papa León XIV en defensa de la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación. Consideró que las palabras del pontífice sobre las dificultades de los jóvenes para construir su futuro en el país deben traducirse en decisiones concretas y políticas públicas que fortalezcan las oportunidades educativas.

El conflicto vuelve a colocar a la universidad pública en el centro de la disputa presupuestaria nacional. Para los gremios, la recomposición salarial y el financiamiento institucional son condiciones indispensables para garantizar el funcionamiento académico, mientras que las autoridades universitarias advierten que la falta de recursos compromete la continuidad de actividades esenciales.

Con una semana de huelga en marcha y nuevas medidas en evaluación, la negociación entre el Gobierno y la comunidad universitaria enfrenta un momento decisivo. La discusión ya no se limita a la recuperación de los ingresos docentes y nodocentes: también involucra la capacidad del sistema para sostener sus actividades, preservar la investigación y garantizar el acceso a la educación superior durante el próximo año.

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