Comenzó a aplicarse el último tramo de la paritaria del personal de casas particulares. Las remuneraciones mínimas alcanzan a todas las categorías del régimen, con pisos que superan los $505.000 mensuales para trabajadoras sin retiro. Sin embargo, la actualización no logra revertir el deterioro acumulado del poder de compra en una actividad marcada por la informalidad y la precarización laboral.

Las trabajadoras y trabajadores del Régimen de Personal de Casas Particulares comenzaron a percibir desde julio los nuevos salarios mínimos establecidos en el último acuerdo de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La actualización comprende a todas las categorías del convenio, incorpora al básico parte de las sumas no remunerativas liquidadas en meses anteriores y fija nuevos pisos salariales en todo el país. No obstante, organizaciones sindicales sostienen que la mejora continúa siendo insuficiente frente al avance del costo de vida y advierten que el sector mantiene una pérdida significativa del poder adquisitivo.

La nueva escala impacta sobre supervisores, caseros, personal para tareas específicas, asistentes y cuidadores de personas, además de quienes realizan tareas generales, la categoría que concentra la mayor cantidad de trabajadoras registradas. En este último caso, el salario mínimo quedó fijado en $3.733,72 por hora para personal con retiro y $3.996,45 para quienes cumplen funciones sin retiro. En la modalidad mensual, los ingresos mínimos ascienden a $458.053,22 con retiro y $505.302,76 sin retiro.

La actualización constituye el último tramo de la negociación salarial vigente y también incorpora al salario básico una parte de las sumas extraordinarias otorgadas durante los meses anteriores. Sin embargo, desde las organizaciones que representan al personal doméstico consideran que el incremento no alcanza para compensar el deterioro acumulado de los ingresos, especialmente en una actividad donde la evolución de los salarios quedó rezagada respecto de la inflación durante los últimos años.

El esquema salarial también mantiene el adicional por zona desfavorable del 31%, destinado a quienes prestan servicios en las provincias patagónicas y en el partido bonaerense de Carmen de Patagones, reconociendo el mayor costo de vida en esas regiones.

Más allá de la actualización nominal, el servicio doméstico continúa exhibiendo algunos de los mayores niveles de vulnerabilidad del mercado laboral argentino. La elevada informalidad, la rotación permanente del empleo y la dificultad para acceder a una registración plena siguen condicionando los ingresos de cientos de miles de trabajadoras, cuya actividad representa uno de los principales nichos de ocupación femenina del país.

En ese escenario, las entidades gremiales insisten en la necesidad de abrir nuevas instancias de negociación que permitan recomponer los salarios por encima de la inflación y evitar que las remuneraciones vuelvan a perder capacidad de compra. El planteo apunta, además, a fortalecer la registración laboral y ampliar la cobertura de derechos en un universo donde una parte significativa de las trabajadoras continúa desempeñándose fuera del sistema formal.

Entre el 29 de junio y el 3 de julio, el programa provincial llegará a Zonda, Santa Lucía, Rivadavia, Caucete y Pocito. Las garrafas de 10 kilos costarán $20.000 y las de 15 kilos, $30.000, valores que buscan aliviar el impacto del incremento del gas envasado durante la temporada invernal.

Con la llegada de las temperaturas más bajas y una mayor demanda de gas envasado, el Gobierno de San Juan pondrá en marcha una nueva etapa del operativo Garrafa Hogar, una política destinada a facilitar el acceso a un insumo esencial mediante valores inferiores a los del mercado. La iniciativa, coordinada por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación junto con la Dirección de Defensa al Consumidor, recorrerá durante cinco jornadas distintos puntos de la provincia.

El esquema contempla la comercialización de garrafas de 10 kilogramos a $20.000 y de 15 kilogramos a $30.000, exclusivamente bajo la modalidad «garrafa vacía por llena». Los envases deberán encontrarse en condiciones aptas para su recarga, requisito que apunta a preservar los estándares de seguridad durante la distribución.

La planificación oficial alcanzará cinco departamentos en igual cantidad de días. El recorrido comenzará el lunes 29 de junio en Zonda, con tres puntos de atención: el CIC de Zonda (9.30 a 10.30), la Plaza del Barrio Esperanza (10.30 a 11.30) y la Plazoleta Cielo Alto (12 a 13).

El martes 30 el operativo llegará a Santa Lucía, donde funcionará entre las 9 y las 11 en la Unión Vecinal Villa 12 de Octubre, y entre las 11.30 y las 13.30 en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes, sobre Ruta 20, kilómetro 7.

La distribución continuará el miércoles 1 de julio en Rivadavia, con atención en el Merendero Corazones Valientes, del barrio Marquesado II, entre las 9 y las 11, y posteriormente en la Comuna de Marquesado, de 11.30 a 13.30.

El jueves 2 será el turno de Caucete, donde las unidades estarán primero en la Unión Vecinal Bermejo y luego en la Unión Vecinal Difunta Correa, ambas en el horario comprendido entre las 9 y las 13.30, dividido en dos franjas.

La última jornada se desarrollará el viernes 3 de julio en Pocito. Allí el programa atenderá de 9 a 11 en la intersección de calle Alfonso XIII y calle 14, mientras que de 11.30 a 13.30 se trasladará a la Unión Vecinal Rinconada, sobre calle Aberastain, a pocos metros de calle 14.

Frente al reciente incremento en los gastos de suministro, la iniciativa procura amortiguar el impacto sobre la economía de los hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural, fortaleciendo una política de cercanía que combina presencia territorial, control de calidad y alivio para el presupuesto familiar.

El máximo tribunal rechazó el recurso del Poder Ejecutivo y mantuvo vigente la cautelar que exige aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fortalece la posición de docentes, no docentes y estudiantes, mientras profundiza el revés judicial sobre la estrategia oficial para frenar la norma aprobada por el Congreso.

La controversia entre el Estado y las casas de estudio sumó un nuevo capítulo con alto voltaje institucional. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a ejecutar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que ratifica la obligación de actualizar las remuneraciones de docentes y trabajadores no docentes, además de recomponer las becas destinadas a estudiantes de todo el país.

El pronunciamiento representa un nuevo revés para la estrategia judicial del Poder Ejecutivo frente a una norma que el Congreso sancionó con una mayoría agravada tras revertir el veto presidencial. Al desestimar el recurso extraordinario presentado por la administración nacional, el máximo tribunal entendió que la resolución cuestionada carecía del carácter de sentencia definitiva requerido para habilitar su revisión, por lo que la cautelar continúa plenamente vigente mientras avanza el debate sobre el fondo del expediente.

La polémica abarca aspectos que van más allá de lo económico. El caso pone a prueba el margen de maniobra del Ejecutivo frente a una ley ratificada por el Parlamento y consolida, al menos de manera provisoria, la posición de las universidades nacionales que reclamaban el cumplimiento efectivo de una norma cuya aplicación había quedado condicionada por el decreto 759/2025.

La demanda fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con distintas casas de altos estudios, luego de que el Gobierno supeditara la ejecución de la ley a la identificación de nuevas fuentes de financiamiento. Tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal coincidieron en que existían fundamentos suficientes para ordenar su cumplimiento inmediato, criterio que ahora quedó respaldado por la Corte Suprema.

En sus resoluciones previas, la Cámara había advertido que la falta de actualización salarial podía comprometer el funcionamiento del sistema universitario y afectar el ejercicio efectivo del derecho a enseñar y aprender. Los magistrados también señalaron que el ahorro fiscal derivado de incumplir la ley resultaba marginal frente al presupuesto nacional, argumento que debilitó la justificación económica presentada por el Ejecutivo.

Respaldo institucional al reclamo gremial

La decisión fue recibida como un espaldarazo por las organizaciones sindicales del sector universitario, que desde hace meses sostienen que la pérdida del poder adquisitivo deterioró gravemente las condiciones laborales y académicas.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, sostuvo que «al Gobierno nacional ya no le quedan excusas» para incumplir la legislación vigente y remarcó que la resolución judicial constituye también el resultado de la movilización sostenida por docentes, trabajadores no docentes y estudiantes en defensa de la universidad pública.

La dirigente afirmó además que el conflicto permanecerá abierto hasta que el Ejecutivo materialice plenamente las obligaciones establecidas por la ley, al considerar que el pronunciamiento del máximo tribunal consolida jurídicamente un reclamo que ya contaba con amplio respaldo político y social.

Una resolución que reconfigura la negociación

El fallo llega en un momento de relativa distensión luego del entendimiento alcanzado entre el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y las federaciones sindicales, acuerdo que contempla una recomposición de la masa salarial del 24,33%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades, mayores partidas para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

Ese consenso reduce parcialmente el efecto económico inmediato de la cautelar, aunque no modifica el significado político de la decisión judicial. La Corte reafirma que una ley sancionada y ratificada por el Congreso conserva plena eficacia mientras no sea declarada inconstitucional, limitando así el margen del Ejecutivo para diferir su aplicación mediante decisiones administrativas.

La cautelar no comprende la totalidad de la Ley de Financiamiento Universitario, ya que quedaron fuera de esta instancia aspectos vinculados con la recomposición integral del presupuesto universitario correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. No obstante, el pronunciamiento fortalece la posición procesal de las universidades y de las organizaciones gremiales de cara a la resolución definitiva del litigio.