Luego del estancamiento de mediados de noviembre, los gremios docentes regresaron este viernes a la mesa paritaria con el Gobierno de San Juan. El encuentro, que comenzó pasadas las 15 en el Ministerio de Educación, busca destrabar la negociación salarial, luego de que el sector sindical rechazara la propuesta oficial por considerarla insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Este viernes por la tarde se reanudó formalmente la paritaria docente en San Juan. En la sede del Ministerio de Educación, los representantes de UDAP, UDA y AMET volvieron a sentarse frente a los funcionarios del Gobierno provincial con la expectativa —de ambos lados— de acercar posiciones antes del cierre del año.

El último encuentro había terminado sin avances: la parte gremial rechazó la denominada “propuesta superadora” del Ejecutivo, que incluía aumentos escalonados, puntos adicionales y una suma fija para enero.

La propuesta oficial: porcentajes, IPC y sumas fijas

En la reunión que quedó en suspenso semanas atrás, el Gobierno había planteado:

Actualización por IPC sobre el valor índice para noviembre y diciembre.

4 puntos adicionales para todos los cargos docentes en noviembre.

Incremento de 5 puntos del código E60 en diciembre, elevándolo a 44.

Aumento del 6,47% en asignaciones familiares para noviembre y revisión de topes.

Suma fija no remunerativa de $100.000 a pagar por CUIL en enero de 2026.

Aumento del 5% del valor índice en marzo de 2026 (base diciembre 2025).

Pese a considerar que la oferta era “superadora”, el Ejecutivo no logró el aval de los sindicatos.

La contrapropuesta gremial: más puntos y nuevas definiciones

Los gremios insistieron este viernes en que el esquema presentado por el Gobierno no alcanza a cubrir la pérdida salarial acumulada durante el año. Por eso, reclamaron una mejora sustancial en puntos clave del salario docente y objetivos de largo plazo en materia de carrera administrativa.

Los pedidos centrales fueron:

Suba del código E60 y ampliación del E66.

Revisión y mejora de las radios 4, 5, 6 y 7.

Avances concretos en el concurso de ascenso y compromiso de tratamiento.

Normalización en la aplicación de la normativa vigente para Gabinetes Técnicos e Interdisciplinarios.

Mejoras en la Obra Social Provincia, retomando reclamos pendientes.

Actualización integral de asignaciones familiares, incluyendo montos y tramos.

Ajustes en el código A44.

Definición sobre la vigencia del Decreto 1890, que regula el nomenclador de cargos.

Además, ratificaron su exigencia de que noviembre se liquide con la aplicación del IPC y los puntos reclamados, y pidieron mantener una instancia de negociación abierta en febrero de 2026.

Aunque la reunión de este viernes reabrió el diálogo, el panorama sigue abierto. Ambas partes coinciden en la necesidad de cerrar un acuerdo antes del receso de verano, pero las diferencias siguen siendo significativas: mientras el Gobierno sostiene una oferta que considera equilibrada para la situación fiscal provincial, los gremios buscan una recomposición más robusta que les permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

El proceso continuará en los próximos días con nuevas reuniones técnicas y la supervisión de los equipos de Hacienda y Educación. Los sindicatos no descartan medidas de fuerza si no hay avances concretos.

El Gobierno dio a conocer oficialmente el texto íntegro de la Ley de Modernización Laboral, el proyecto que busca reconfigurar el régimen laboral argentino después de casi medio siglo de vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Con 182 artículos distribuidos en 109 páginas, su alcance es vasto y abarca prácticamente todas las dimensiones del vínculo laboral: remuneraciones, descansos, organización del tiempo de trabajo, derechos sindicales, formalización de nuevas actividades y procedimientos judiciales. El Ejecutivo quiere aprobarla en las sesiones extraordinarias de enero.

Empresarios lo celebraron como el paso “imprescindible” para dinamizar el empleo privado. Desde la vereda opuesta, la CGT y las CTA lo calificaron como un intento de “retroceso de derechos” y anticipan un escenario de alta conflictividad si avanza sin modificaciones.

A continuación, los principales puntos del proyecto.

Vacaciones más flexibles y posibilidad de fraccionamiento

El texto mantiene los plazos mínimos establecidos por la legislación actual, pero habilita una administración más flexible del período de vacaciones. Se podrán extender por acuerdos individuales o colectivos y, en situaciones excepcionales, acumular para el año siguiente.

El empleador deberá comunicar la fecha con una antelación mínima de 45 días —salvo que un convenio diga lo contrario— y se prevé el fraccionamiento cuando existan necesidades productivas, familiares o sectoriales.

Banco de horas y nuevas formas de organizar la jornada

Uno de los ejes más sensibles es la habilitación del banco de horas. Los convenios colectivos podrán establecer mecanismos de compensación entre jornadas más extensas y otras reducidas, siempre garantizando el descanso mínimo de 12 horas entre turnos y el piso de 35 horas semanales de descanso.

También se permitirá calcular la carga laboral en promedio, algo que flexibiliza los picos productivos sin incurrir automáticamente en horas extras.

Indemnizaciones: del sistema tradicional al fondo de cese sectorial

La reforma propone que, mediante negociación colectiva, sectores enteros puedan abandonar el esquema de indemnización tal como se conoce hoy y reemplazarlo por fondos o seguros de cese laborales financiados por aportes patronales.

Este mecanismo —defendido por cámaras como la UIA y la CAME— busca reducir la imprevisibilidad para las empresas, especialmente PYMES.
Para despidos sin causa se mantiene un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración del último año, aunque con exclusiones precisas para evitar litigios: no se computarán premios, pagos extraordinarios ni sumas transitorias.

Servicios esenciales: funcionamiento mínimo más alto

El proyecto redefine los servicios esenciales y eleva drásticamente los niveles de actividad obligatoria durante una huelga:

75% para áreas críticas,

50% para salud, energía, telecomunicaciones, transporte, educación, logística, bancos y comercio digital.

Sindicatos advierten que esto “vacía” de contenido el derecho constitucional a huelga.

Digitalización integral de la documentación laboral

Todos los recibos, certificados, planillas de asistencia y comunicaciones quedarán digitalizados con validez legal plena.
La norma busca eliminar controversias vinculadas a recibos en papel, pagos no registrados y pruebas controvertidas en juicios laborales.

Asimismo, define de manera más estricta qué conceptos integran la remuneración y cuáles son beneficios o reintegros no remunerativos.

Enfermedades, ausencias y certificados médicos digitales

Los certificados médicos serán totalmente digitales y validados por un sistema centralizado que permitirá verificar diagnósticos y justificar ausencias.
El proyecto acorta los plazos para considerar una situación como abandono de trabajo, regula las inasistencias prolongadas y establece que toda medida disciplinaria deberá ser notificada de manera fehaciente.

Reincorporación judicial y accidentes: nuevos criterios

Si un tribunal declara ilegítimo el despido, el trabajador podrá optar por volver a su puesto —con los salarios caídos— o recibir la indemnización correspondiente.
En casos de incapacidad definitiva, la empresa deberá reubicar al trabajador en tareas compatibles, salvo que resulte imposible por motivos no imputables al empleador.

Plataformas digitales: reconocimiento pleno de la relación laboral

Por primera vez, el proyecto incorpora una regulación específica para repartidores y trabajadores de aplicaciones.
El Gobierno propone considerarlos empleados formales, con aportes a la seguridad social, ART, salarios mínimos y derecho a negociación colectiva sectorial.
Las plataformas digitales rechazan la equiparación y señalan que “distorsiona el modelo de negocio”.

Actualización salarial extraordinaria

La iniciativa incorpora mecanismos de actualización salarial ligados a la negociación colectiva para evitar que los ingresos queden desfasados frente a contextos inflacionarios cambiantes.
También introduce modificaciones procedimentales en causas judiciales laborales y en regímenes especiales.

Un debate que promete ser el eje del verano político

El borrador fue recibido con entusiasmo por las principales cámaras empresarias, que lo consideran un paso hacia “la modernización del mercado laboral”.
La CGT, en cambio, denunció que se trata de un proyecto “precario y regresivo”, que busca reducir costos laborales mediante la flexibilización del empleo.

El Gobierno aspira a que el Congreso lo trate en sesiones extraordinarias de enero, lo que anticipa un escenario legislativo caliente y una fuerte disputa entre oficialismo, oposición y sindicalismo.

La “Ley de Modernización Laboral” se perfila como el proyecto más ambicioso de la gestión de Javier Milei. Su implementación reconfiguraría pilares centrales del derecho laboral argentino: desde la indemnización tradicional hasta la organización del trabajo en la era digital.
Resta saber si el Congreso avalará esta transformación estructural o si los cuestionamientos sindicales y la resistencia política impondrán límites a una reforma que promete marcar el rumbo del país en los próximos años.

La morosidad en los créditos de los hogares alcanzó su nivel más alto desde que existen registros del Banco Central. La combinación de salarios atrasados, inflación persistente y tasas que no bajaron acompasadamente convirtió al crédito en un mecanismo de supervivencia cada vez menos sostenible. Con el Estado compitiendo por financiamiento, las familias quedan atrapadas entre ingresos que no alcanzan y cuotas que se vuelven imposibles de pagar.

La situación financiera de los hogares argentinos atraviesa uno de sus momentos más críticos en 15 años. Según el economista Christian Buteler, la morosidad familiar alcanzó un nivel “históricamente alto”, fenómeno que —subraya— no responde solo a un mayor endeudamiento, sino a un deterioro profundo en la capacidad de pago de las personas.

En diálogo con Splendid AM990, Buteler planteó que la deuda familiar en sí misma no es un problema si existe un contexto socioeconómico que permita gestionarla. El problema en Argentina es otro: una parte sustancial del endeudamiento se destina a cubrir consumo básico, consecuencia directa de ingresos que no logran acompañar los aumentos de precios.

Según el especialista, aun durante la desaceleración inflacionaria de la primera mitad del año, las tasas de interés total por créditos personales se ubicaron entre 140% y 150% anual, mientras que los salarios avanzaban apenas entre 20% y 25%. La brecha, asegura, volvió insostenible cualquier esfuerzo por mantener las cuotas al día, incluso para clientes con historial intachable. “Nunca las tasas acompañaron la baja de la inflación”, afirmó.

El rol del Estado y el efecto contagio en el sistema financiero

Buteler también apuntó contra la política financiera del Gobierno. A su juicio, la demanda constante de financiamiento por parte del sector público absorbe buena parte de los recursos que los bancos podrían destinar a crédito productivo o al consumo de los hogares. Esa competencia por el dinero disponible termina consolidando tasas elevadas: si el Estado sigue pagando intereses altos, las entidades no tienen incentivos para reducirlas.

“Mientras el Ejecutivo sea un demandante de dinero, no va a haber presión real para que las tasas bajen”, sintetizó. Para el economista, una menor necesidad de financiamiento estatal permitiría liberar fondos hacia el sector privado, generar competencia entre bancos y fintechs y, en consecuencia, abaratar costos financieros.

Los números que confirman la preocupación

Los últimos datos del Banco Central refuerzan el diagnóstico. Según el Informe sobre Bancos de septiembre:

La morosidad de los hogares trepó a 7,3%, la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2010.

Los créditos personales muestran la situación más delicada, con 9,1% de mora, en línea con la advertencia de Buteler.

Las tarjetas de crédito alcanzan un 7,4%, también en ascenso.

El endeudamiento empresarial, en cambio, revela un deterioro menor, con un ratio de irregularidad del 1,7%.

Estos datos muestran una tendencia clara: el peso del ajuste cae de manera desproporcionada sobre las familias, especialmente las de menores ingresos, quienes dependen en mayor medida del financiamiento para sostener el consumo cotidiano.

El récord de morosidad no es un dato técnico: es el reflejo de un deterioro profundo en el poder adquisitivo y en la estabilidad financiera de millones de hogares argentinos. El crédito, que en teoría debería funcionar como una herramienta para ordenar y proyectar gastos, se transformó para muchos en un mecanismo de supervivencia que termina ahogándolos.

Buteler sostiene que el Estado tiene margen para intervenir reduciendo su propia demanda de financiamiento, generando así condiciones para que las tasas bajen y se alivie la presión sobre los hogares. Pero mientras eso no ocurra, y los salarios continúen lejos de la recomposición real, la deuda seguirá siendo una mochila cada vez más pesada.

La advertencia es clara: la crisis de morosidad no es solo un problema financiero; es un síntoma más de la fragilidad económica que atraviesan las familias en Argentina.