La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines rechazó por insuficiente la última propuesta empresaria y decidió iniciar asambleas informativas en establecimientos de todo el país. La Secretaría de Trabajo convocó a un nuevo cuarto intermedio para el 16 de septiembre.

La paritaria vitivinícola volvió a quedar sin acuerdo y abrió una nueva instancia de presión sindical. La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) rechazó la última propuesta de las cámaras empresarias, la calificó de insuficiente y resolvió llevar la discusión directamente a las bodegas mediante asambleas informativas.

La medida afecta a los sindicatos de la Federación en todo el país y tiene como fin informar a los trabajadores sobre el avance de las paritarias. Las entidades tendrán que notificar con anticipación los lugares, las fechas y los horarios donde se realizarán las asambleas.

La falta de acuerdo se debe a la gran diferencia entre lo que piden los empleados y lo que ofrece la patronal. Desde el sindicato, FOEVA rechazó que la crisis de los pequeños establecimientos sea una excusa para negar un aumento salarial que corresponde a todos los trabajadores de la actividad.

“Los empresarios están siendo tacaños en la paritaria; es vergonzoso que estemos discutiendo por monedas”, sostuvo Romero, vocero de la Federación, al expresar el malestar de la representación gremial.

Según los datos difundidos por la organización, un trabajador de bodega percibe actualmente entre $900.000 y $950.000, mientras que el promedio para quienes se desempeñan en viña ronda los $750.000. Para el sindicato, esos ingresos deben ser analizados frente al costo de vida y no exclusivamente desde las dificultades financieras que atraviesan determinadas empresas.

La discusión salarial también expuso diferencias respecto de la estructura económica de la industria. FOEVA cuestionó la concentración creciente del negocio vitivinícola y advirtió que las dificultades de establecimientos pequeños no deberían convertirse en un argumento para trasladar el ajuste sobre los trabajadores de compañías de distinta escala.

El gremio sostiene que quienes producen y sostienen diariamente la cadena vitivinícola no pueden quedar relegados en la distribución de los ingresos. “Si la vitivinicultura necesita sostenerse y recuperarse, el trabajador no puede ser considerado una variable de ajuste”, planteó Romero.

La próxima instancia formal quedó fijada para el 16 de septiembre, cuando la Secretaría de Trabajo convocará a las partes a un nuevo cuarto intermedio. El objetivo será permitir que empresarios y representantes sindicales evalúen internamente la propuesta y lleguen a esa audiencia con posiciones definidas.

Mientras tanto, las asambleas funcionarán como una herramienta para mantener informadas a las bases y medir el nivel de respaldo a las próximas decisiones de la Federación. El sindicato busca evitar que la negociación quede reducida a una discusión porcentual y pretende incorporar al debate las condiciones concretas de quienes trabajan en bodegas y viñedos.

La pulseada salarial adquiere especial relevancia para una cadena productiva con fuerte presencia en provincias vitivinícolas como Mendoza y San Juan, donde miles de familias dependen directa e indirectamente de la elaboración de vino y de las tareas agrícolas asociadas.

El nuevo cuarto intermedio será, por lo tanto, una instancia decisiva para intentar destrabar una negociación que comenzó a trasladarse de la mesa paritaria hacia los establecimientos. Si no aparece una mejora sustancial en la propuesta, FOEVA ya dejó planteada una primera señal de endurecimiento: la discusión salarial comenzará a ganar presencia en las propias bodegas y viñedos.

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos cuestionó las iniciativas que comenzaron a debatirse en el Congreso después de la crisis provocada por el fentanilo adulterado. Marcelo Peretta sostuvo que la trazabilidad y la farmacovigilancia ya están contempladas por la legislación argentina y reclamó que se garantice su cumplimiento efectivo.

La tragedia provocada por el fentanilo adulterado volvió a instalar en el Congreso la discusión sobre los controles que deben atravesar los medicamentos antes de llegar a los pacientes. Sin embargo, desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) cuestionaron que la respuesta parlamentaria vuelva a concentrarse en crear o modificar normas cuando, según advierten, los principales mecanismos de vigilancia ya están contemplados por la legislación vigente.

El titular del gremio, Marcelo Peretta, calificó de oportunista el impulso de nuevas iniciativas después de la crisis sanitaria y sostuvo que el problema central radica en la falta de aplicación efectiva de los controles. “La trazabilidad es una ley, la farmacovigilancia es una ley en la Argentina, pero no se cumple”, afirmó.

La discusión parlamentaria cobró fuerza después de la investigación por los lotes de fentanilo adulterado vinculados con HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. El expediente judicial avanzó sobre las responsabilidades de funcionarios y responsables de los controles regulatorios, mientras familiares de las víctimas y especialistas reclamaron revisar el sistema de fiscalización.

En ese marco comenzaron a circular cuatro proyectos destinados a establecer o reforzar mecanismos de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo y sus ingredientes farmacéuticos activos. Dos habían sido presentados en 2025, por Silvana Giudici y Pablo Juliano, y otros dos durante este año, impulsados por Marcela Pagano y Victoria Tolosa Paz.

Las iniciativas fueron incorporadas al debate de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados. El objetivo declarado es fortalecer la capacidad de seguimiento de medicamentos considerados críticos, desde su elaboración hasta su utilización.

Para Peretta, esa discusión debería comenzar por otra pregunta: por qué los instrumentos existentes no funcionaron. Explicó que la trazabilidad debería permitir reconstruir todo el recorrido del producto, desde la elaboración y sus componentes hasta los distintos eslabones de distribución y la entrega al paciente.

A esa herramienta se suma la farmacovigilancia, destinada a detectar y comunicar reacciones adversas, efectos inesperados y otros problemas que puedan aparecer después del consumo. El dirigente sostuvo que ambos mecanismos requieren aplicación cotidiana y no solamente respuestas excepcionales frente a una tragedia.

“La farmacovigilancia tampoco se cumple”, cuestionó Peretta, quien consideró que una detección temprana de síntomas o reacciones vinculadas con el producto podría haber permitido advertir antes sobre la existencia de un problema.

La causa por el fentanilo adulterado convirtió esa discusión en una cuestión de máxima gravedad. La investigación judicial atribuyó responsabilidad, en esta etapa, a exfuncionarias vinculadas con los organismos regulatorios, mientras el Congreso elaboró un informe con recomendaciones surgidas de la investigación parlamentaria y de los testimonios de familiares, especialistas y entidades involucradas.

Peretta reclamó además una revisión profunda del funcionamiento de la ANMAT y sostuvo que la fiscalización de los establecimientos productores y de toda la cadena de comercialización debe ser permanente. En su diagnóstico, agregar disposiciones sin garantizar los controles existentes puede generar una apariencia de respuesta institucional sin resolver las fallas que permitieron que el producto contaminado llegara a los pacientes.

La Federación Judicial Argentina ratificó su Plan Nacional de Lucha por la negociación colectiva y advirtió que en algunas jurisdicciones un trabajador ingresante cobra hasta 17 veces menos que la máxima autoridad del tribunal superior. La organización también prepara nuevas medidas y mantiene reclamos ante organismos internacionales.

La definición surgió de la reunión del Consejo Superior y la Mesa Directiva Nacional realizada el 10 y 11 de septiembre en Buenos Aires, con representantes de Buenos Aires, CABA, Chubut, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, La Pampa y la Justicia Nacional.

Durante el encuentro, el secretario general de la FJA, Matías Fachal, presentó un relevamiento sobre salarios y negociaciones colectivas. El diagnóstico sindical señala que numerosas paritarias permanecen virtualmente paralizadas y que las diferencias entre las remuneraciones de las bases y las máximas autoridades judiciales alcanzaron niveles que la organización considera incompatibles con una estructura salarial equitativa.

“Tenemos casos de provincias donde un ingresante cobra 16 o 17 veces menos que el presidente del tribunal superior; es inadmisible”, sostuvo Fachal.

La denuncia coloca en primer plano una de las principales reivindicaciones de la Federación: establecer mecanismos de negociación colectiva que permitan discutir salarios y condiciones laborales de manera institucionalizada, en lugar de dejar las actualizaciones sujetas a decisiones unilaterales de cada Poder Judicial o Ejecutivo provincial.

El reclamo adquiere una dimensión federal porque las diferencias no se limitan al nivel de los salarios, sino también a la forma en que cada jurisdicción define sus incrementos y derechos laborales. La FJA sostiene que esa fragmentación profundiza las desigualdades entre trabajadores que cumplen funciones similares dentro de la Justicia argentina.

La reunión también permitió revisar los conflictos abiertos en Santa Cruz, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Mendoza. La ausencia de varias delegaciones estuvo vinculada precisamente con las medidas gremiales que se desarrollaban en esas provincias.

Frente a ese panorama, la Federación ratificó su respaldo a las organizaciones locales y anticipó la convocatoria a un Plenario Nacional de Trabajadores Judiciales, que se realizará de manera virtual para definir nuevas acciones dentro de la lucha por la negociación colectiva.

La agenda sindical incorporó además la defensa del sistema previsional. La FJA volvió a rechazar las reformas jubilatorias que, según la organización, puedan deteriorar derechos adquiridos y resolvió mantener esa discusión integrada al reclamo salarial.

En este sentido, la entidad continuará con su Programa Federal de Formación Gremial y Política, concebido como una herramienta para fortalecer la participación de las distintas filiales y coordinar respuestas frente a los conflictos laborales que atraviesan al Poder Judicial en diferentes provincias.

Otro asunto que comenzó a ganar espacio fue la incorporación de inteligencia artificial y nuevas tecnologías en la administración de Justicia. La Federación anunció que seguirá su impacto sobre el empleo, las tareas y la salud laboral, con la intención de anticipar modificaciones que puedan afectar las condiciones de trabajo.

La organización también resolvió sostener sus presentaciones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), trasladando al ámbito internacional sus reclamos vinculados con negociación colectiva y derechos laborales.

Durante la jornada participó además Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), quien invitó a las organizaciones judiciales a participar de un próximo encuentro regional de pensionistas y jubilados.

Con salarios heterogéneos, negociaciones paralizadas y conflictos abiertos en varias provincias, la FJA busca ahora concentrar sus reclamos bajo una misma coordinación nacional. La discusión no se limita a recuperar ingresos: apunta a modificar la forma en que se determinan las remuneraciones dentro de los poderes judiciales y a reducir disparidades que, según la Federación, llegaron a niveles difíciles de justificar.

La próxima convocatoria nacional será la instancia para definir el alcance de las nuevas medidas. El mensaje de la organización quedó sintetizado en una consigna que atraviesa su actual proceso de movilización: organización, dignidad y lucha federal.