Las dos CTA, organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos y ambientalistas se movilizaron hacia Tribunales en rechazo a la decisión de la Corte Suprema que revocó el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. También reclamaron al Congreso que rechace el DNU 70/23.

La protesta fue convocada por las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), CONADU, CONADU Histórica, organismos de derechos humanos y distintas agrupaciones políticas y sociales. La concentración comenzó a las 16 en Plaza Lavalle y tuvo como consigna central la defensa de las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El reclamo se produjo una semana después de la sentencia de la Corte que revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno había derogado la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras. El máximo tribunal fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata para promover la demanda.

La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte sostuvo que no estaba resolviendo la validez constitucional del artículo 154 en sí mismo, sino la inexistencia de un caso judicial habilitado a partir de la legitimación invocada por la organización demandante.

Las organizaciones movilizadas interpretaron, sin embargo, que el efecto concreto del fallo deja nuevamente vigente la derogación de las restricciones establecidas por la Ley de Tierras. En el documento difundido durante la marcha reclamaron que el DNU 70/23 sea rechazado y advirtieron sobre sus posibles consecuencias para el dominio de tierras, recursos naturales y producción de alimentos.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, calificó la decisión judicial como grave y cuestionó que los excombatientes de Malvinas hayan quedado sin posibilidad de avanzar con aquella demanda. La CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, también ratificó su participación en una nueva jornada de movilización prevista para el 15 de octubre.

La izquierda también intervino en la protesta. Los diputados nacionales del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman reclamaron una movilización masiva al Congreso para esa fecha y plantearon que las centrales sindicales convoquen a un paro nacional con el objetivo de impulsar el rechazo del DNU 70/23.

La disputa tendrá además una instancia parlamentaria. La oposición busca reunir quórum en Diputados el 15 de octubre para tratar, entre otros asuntos, el rechazo del DNU 70/23. El Senado ya había votado en contra del decreto, por lo que una eventual decisión coincidente de la Cámara baja completaría el mecanismo previsto por la Ley 26.122 para los decretos de necesidad y urgencia.

La Casa Rosada recurrirá la sentencia del juez Martín Cormick que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó aplicar de inmediato la Ley 27.795. El Ejecutivo sostiene que el Congreso debe definir las partidas necesarias, mientras la Justicia consideró que el decreto había condicionado la vigencia de una norma ratificada por el Parlamento.

El Gobierno nacional decidió apelar el fallo que ordenó poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario y llevará el litigio a una nueva instancia judicial. La Casa Rosada prepara el recurso contra la sentencia del juez federal Martín Cormick, que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y dispuso el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795.

La decisión fue confirmada este martes y se produce mientras la Procuración del Tesoro analiza los argumentos para cuestionar la resolución. En este sentido, el Ejecutivo evalúa alternativas vinculadas con el impacto presupuestario de la norma, cuyo cumplimiento supone mayores erogaciones para salarios, funcionamiento, becas, investigación y hospitales universitarios.

El Ejecutivo sostiene que la discusión sobre los recursos debe resolverse en el Congreso, particularmente en el tratamiento del Presupuesto 2027. Ese argumento constituye uno de los principales fundamentos de la estrategia oficial: el gobierno considera que no puede disponer partidas no contempladas sin que exista una definición parlamentaria sobre su financiamiento.

La Justicia adoptó una interpretación diferente. Cormick entendió que el Decreto 759/2025 había introducido una condición que, en los hechos, impedía la aplicación de una ley sancionada por el Congreso. La norma había sido promulgada en octubre de 2025 con una referencia al artículo 5° de la Ley 24.629, que supeditaba su ejecución a la determinación de fuentes específicas de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.

Para el magistrado, esa cláusula no podía utilizarse para suspender una legislación que el Congreso había ratificado después de rechazar el veto presidencial. En su sentencia, ordenó al Poder Ejecutivo dictar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795.

Tras varios meses de proceso legal, el tribunal dictó su veredicto. En diciembre de 2025, el mismo juzgado había dictado una medida cautelar contra el Decreto 759/2025. El Gobierno apeló esa decisión y la controversia llegó a instancias superiores. En junio de este año, la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obligaba al Estado a aplicar los artículos vinculados con la actualización de haberes docentes y no docentes y la recomposición de programas estudiantiles.

El diferendo se mantuvo activo durante los meses venideros. En septiembre, Cormick volvió a intimar al Ejecutivo para que acreditara el cumplimiento de la medida cautelar y otorgó un nuevo plazo de cinco días. El tribunal consideró insuficiente la documentación presentada por el Estado para demostrar que los incrementos habían sido calculados conforme a los parámetros establecidos por la ley.

Ahora, con la sentencia definitiva de primera instancia, el Gobierno vuelve a recurrir a la vía judicial. La apelación abrirá una nueva discusión ante la Cámara mientras permanece vigente la orden de ejecutar la legislación universitaria.

El expediente tiene además una dimensión presupuestaria relevante. Durante el proceso, el Estado había cuestionado el costo de implementar la ley y planteado que demandaría una erogación superior al billón de pesos. El juez, sin embargo, sostuvo que la propia norma contempla mecanismos para afrontar las obligaciones y recordó que el Ejecutivo realizó modificaciones presupuestarias durante 2025.

Además, el conflicto estalla a pocas semanas de la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el 15 de octubre. La comunidad universitaria llega a la movilización con el aval de consecutivas decisiones de la Justicia, manteniendo como demandas centrales el financiamiento y la recomposición de los salarios.

La insistencia del Gobierno por revertir el fallo no solo dilata el auxilio financiero a las universidades, sino que profundiza una tensión constitucional sobre la división de poderes y el alcance del control judicial ante las leyes del Congreso.

La Resolución 1042/26 establece plazos de 30, 45 y 60 días para que Naturgy San Juan y Decsa releven instalaciones vulnerables, revisen la capacidad de respuesta de la red y presenten obras o inversiones correctivas cuando corresponda. La medida busca anticipar los efectos de crecidas, aluviones, inundaciones, lluvias intensas y deshielo.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) ordenó a Naturgy San Juan y Decsa revisar sus redes y definir medidas concretas para responder ante aluviones, crecidas, inundaciones y lluvias intensas durante el verano 2026-2027. La disposición obliga a las dos distribuidoras a identificar previamente los puntos vulnerables y establecer cómo actuarían si un fenómeno meteorológico afecta instalaciones o interrumpe los caminos de acceso.

La exigencia quedó formalizada mediante la Resolución N° 1042/26, que establece distintos plazos según el estudio requerido. El primer paso será la presentación, dentro de 30 días corridos, de un Programa de Preparación para la Temporada Estival que deberá localizar instalaciones y áreas geográficas críticas y detallar los recursos disponibles para atender contingencias.

El relevamiento no se limitará al estado de los equipos. Las compañías deberán evaluar también qué ocurriría si una crecida o un aluvión deja intransitables los accesos a estaciones transformadoras, líneas u otros componentes esenciales. El esquema deberá contemplar monitoreo, sistemas de alerta, vías alternativas de ingreso, personal, vehículos y materiales necesarios para restablecer el servicio.

En simultaneo, el EPRE fijó 45 días para presentar un informe actualizado sobre operación y mantenimiento. A los 60 días deberán completarse los estudios de contingencia, confiabilidad y resiliencia exigidos por el organismo regulador.

Uno de los puntos centrales será el análisis de contingencia “N-1”, que permite determinar qué capacidad conserva el sistema cuando uno de sus componentes principales queda fuera de servicio. El objetivo es establecer si una falla en una línea o transformador puede ser absorbida por el resto de la red sin provocar una interrupción de mayor alcance.

La evaluación abarcará las redes de subtransmisión de 132 kV y 33 kV, además de la red primaria de 13,2 kV. Si los estudios detectan falta de capacidad, deficiencias de mantenimiento o instalaciones cuya falla pueda comprometer el suministro, las distribuidoras deberán presentar soluciones específicas.

En esos casos, no alcanzará con informar la existencia del problema. Naturgy y Decsa tendrán que definir obras o inversiones, responsables, costos estimados y cronogramas de ejecución, de acuerdo con los requerimientos establecidos por el EPRE.

La decisión se produce mientras San Juan se prepara para un ciclo hídrico que podría incrementar de manera significativa el caudal de los ríos durante el deshielo. Una estimación elaborada por la Universidad Nacional de San Juan ubicó el escurrimiento previsto para el río San Juan en torno de 1.653 hectómetros cúbicos, más del doble de los 753 hm³ registrados en el período anterior. El pronóstico oficial definitivo todavía debe ser establecido por la Provincia.

A la mayor disponibilidad de agua se suma la influencia de El Niño, que puede favorecer condiciones de mayor inestabilidad atmosférica y episodios de precipitaciones intensas. Para una provincia atravesada por cauces aluvionales y con infraestructura eléctrica vinculada a zonas rurales y de montaña, esos factores agregan exigencias sobre la capacidad de respuesta de las distribuidoras.

El requerimiento del EPRE busca, precisamente, trasladar parte de esa preparación desde la emergencia hacia la prevención. La finalidad es que, antes de la temporada de mayores riesgos, las empresas conozcan dónde están los puntos más expuestos, qué recursos necesitan y qué alternativas tienen para mantener o recuperar el suministro.

Con esta resolución, el organismo regulador también introduce una exigencia de mayor previsibilidad sobre la operación de la red: una contingencia climática no debería convertirse en una falla generalizada por la ausencia de alternativas previamente evaluadas. Los informes y cronogramas que deberán presentar las distribuidoras permitirán determinar si existen instalaciones que requieren obras antes del período de mayor deshielo y precipitaciones.