Jaime Barcelona, dirigente de Adicus, realizó un balance negativo de 2025 para los docentes universitarios y anticipó un escenario de fuerte conflictividad para el próximo año. Salarios deteriorados, paritarias clausuradas y un presupuesto que recorta la inversión educativa configuran, advierte, un rumbo que amenaza el futuro de la universidad pública y del desarrollo nacional.

El cierre de 2025 encuentra a la docencia universitaria atravesada por un clima de profunda preocupación. Así lo expresó Jaime Barcelona, al realizar un balance del año y proyectar los desafíos que se avecinan. “Ha sido un año negativo para todos los trabajadores”, sintetizó, al señalar que los docentes universitarios no escaparon al deterioro general provocado por la combinación de inflación, caída salarial y un ajuste que definió como “brutal”.

Según explicó, el impacto no se limita a la pérdida del poder adquisitivo. A la degradación de los ingresos se suma una amenaza persistente sobre el financiamiento de las universidades, que compromete el normal funcionamiento del sistema educativo superior. “El gobierno mantiene una política de desfinanciamiento que pone en riesgo la continuidad de nuestro trabajo”, advirtió.

La preocupación se profundiza ante la aprobación del Presupuesto 2026, que fue duramente cuestionado por los gremios universitarios, científicos y estatales. Barcelona reveló que el sector recibió un instructivo de liquidación salarial con aumentos del 1% mensual para todo el próximo año, con apenas algunas excepciones del 2,5%. “Esto consolida la pérdida del poder adquisitivo y profundiza el ajuste sobre los trabajadores universitarios”, afirmó, al tiempo que denunció la decisión oficial de no convocar a paritarias y fijar aumentos por decreto.

En ese contexto, anticipó que el inicio del ciclo lectivo 2026 estará atravesado por la conflictividad. “Estamos discutiendo con las bases cómo continuar, porque este escenario no deja margen”, señaló.

Para el dirigente sindical, la aprobación del presupuesto representa un quiebre histórico. Por primera vez en décadas, el Estado se desliga del compromiso de destinar un porcentaje mínimo del PBI a la educación y deja las actualizaciones salariales libradas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. “Es un golpe directo y profundo al sistema educativo argentino”, sostuvo.

Barcelona fue más allá y vinculó estas decisiones con un modelo de país que, a su entender, renuncia al desarrollo industrial y científico. “Este gobierno no apuesta a la educación, la ciencia ni la técnica porque su proyecto es un país primarizado, exportador de commodities”, afirmó. En esa lógica, la universidad pública y el sistema científico resultan prescindibles.

Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación, a través del artículo 30 del presupuesto, del histórico piso del 6% del PBI para educación. Para el dirigente, se trata de uno de los retrocesos más graves desde la recuperación democrática. “Los países que piensan su desarrollo invierten en educación e industria. Este es un modelo retrógrado que nos devuelve a la Argentina posterior a la generación del 80”, comparó, al advertir que incluso se desandan conquistas previas al impulso educativo promovido por Sarmiento.

El diagnóstico de Jaime Barcelona dibuja un escenario inquietante para la universidad pública y el conjunto de los trabajadores. Con salarios en retroceso, paritarias cerradas y un presupuesto que consolida el ajuste, el conflicto aparece como una consecuencia inevitable. “La pelea va a ser por el presupuesto, por la educación y por la reapertura de paritarias, y se va a dar en la calle”, anticipó.

En una situación de creciente tensión social, el debate trasciende lo sectorial y vuelve a plantear una discusión de fondo: qué modelo de país se construye cuando la educación, la ciencia y el conocimiento dejan de ser una prioridad estratégica. Para los docentes universitarios, la respuesta no admite neutralidad y el 2026 se perfila como un año decisivo en esa disputa.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Marcelo Trujillo, dirigente de los trabajadores de las telecomunicaciones e integrante de la CGT San Juan, delineó un balance crítico del año que termina y encendió señales de alerta sobre el impacto del avance tecnológico, la caída del empleo y una reforma laboral que, advierte, amenaza con profundizar la desigualdad y debilitar derechos históricos.

El cierre de año suele ser un tiempo propicio para los balances, pero también para anticipar los desafíos que se avecinan. En el caso del sector de las telecomunicaciones, el diagnóstico que plantea Marcelo Trujillo dista de ser alentador. Según explicó, el proceso de transformación tecnológica que atraviesa la actividad —con el paso definitivo del cobre a la fibra óptica y la expansión del universo TIC— convive con una silenciosa pero persistente reducción del empleo formal.

“La fibra hoy transporta toda la información que consumimos a diario, pero ese avance no se tradujo en más puestos de trabajo”, señaló. Por el contrario, el dirigente remarcó que en los últimos años se acumularon bajas de personal, mayoritariamente a través de retiros voluntarios que luego no fueron reemplazados. El resultado es una doble afectación: menos trabajadores en actividad y una merma sostenida tanto en los ingresos familiares como en la capacidad económica de los propios sindicatos.

En ese marco, Trujillo advirtió sobre un fenómeno que comienza a hacerse sentir con mayor crudeza: la crisis de ingresos y el creciente endeudamiento de los hogares. Aunque los indicadores oficiales insistan en una desaceleración inflacionaria, el impacto cotidiano se mide, según ironizó, en el “IPG, el índice de precios en góndola”, el que golpea directamente a trabajadores y jubilados. “Eso todavía no terminó de reflejarse, pero inevitablemente va a impactar”, anticipó.

El panorama se vuelve aún más complejo al proyectar el escenario político y gremial de 2026. Para el dirigente sanjuanino, la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei no sólo genera incertidumbre, sino que encierra un claro sesgo regresivo. “No es una actualización, es una regresión”, afirmó, al advertir que la iniciativa avanza sin un debate serio y tripartito entre trabajadores, empresarios y Estado.

Trujillo cuestionó además el modo en que se discute la iniciativa en el Congreso y no descartó que se repitan prácticas del pasado, como la compra de voluntades legislativas. En ese sentido, recordó la experiencia de la denominada “ley Banelco” y expresó su preocupación ante la falta de instancias formales de diálogo.

Uno de los puntos más críticos, explicó, es el tratamiento de los trabajadores de plataformas y aplicaciones. Lejos de regularizar el sector, la reforma dejaría a amplios segmentos fuera del sistema, alimentando el empleo informal y el mercado negro. “No se entiende dónde está la mejora”, sostuvo.

También puso el foco en el nuevo esquema de fondo de cese laboral, donde el aporte empresario sería mínimo, mientras que el Estado y el propio trabajador terminarían asumiendo el costo de las indemnizaciones. A eso se suma, advirtió, un horizonte aún más incierto con los anuncios de futuras reformas tributarias y previsionales, que podrían desembocar en sistemas híbridos similares a las antiguas AFJP.

“El trabajador no ve futuro. Ni para jubilarse, ni para pensar una nueva etapa después del trabajo”, sintetizó, al describir un panorama que definió como “muy negro”.

El balance que deja el testimonio de Marcelo Trujillo es el de un sector atravesado por profundas transformaciones tecnológicas, pero también por decisiones políticas que amenazan con debilitar el entramado laboral y social. Frente a un discurso oficial que señala a los sindicatos como un obstáculo, el dirigente reivindica el rol histórico del movimiento obrero y plantea una pregunta de fondo: si los empresarios han podido crecer, incluso en contextos críticos como la pandemia, ¿por qué el ajuste vuelve a recaer sobre los trabajadores?

En un contexto de incertidumbre creciente, el reclamo es claro: discutir en serio, con transparencia y equilibrio, un modelo de desarrollo que no sacrifique derechos en nombre de una modernización que, hasta ahora, parece beneficiar a unos pocos y profundizar las desigualdades.

El cierre de cada año habilita un ejercicio inevitable: mirar hacia atrás, evaluar lo recorrido y proyectar lo que viene. Para el movimiento sindical, ese balance adquiere una densidad particular cuando el contexto económico y social se vuelve adverso. Así lo expresó Víctor Menéndez, referente gremial de los trabajadores de estaciones de servicio, playas, lavaderos, gomerías y actividades afines de Cuyo, al analizar un 2025 que definió sin rodeos como “difícil y muy complicado”.

La caracterización no es retórica. Menéndez inscribió el año que termina en un escenario de deterioro sostenido del poder adquisitivo, donde la recomposición salarial quedó sistemáticamente rezagada frente al aumento del costo de vida. “Los salarios han ido por la escalera y los precios por el ascensor”, sintetizó, al tiempo que enumeró los rubros que más golpearon a los trabajadores: alimentos, tarifas y bienes de consumo básico. Un fenómeno que, según remarcó, no solo afectó a la clase trabajadora activa, sino también a jubilados, sectores pasivos, pymes e industrias.

En ese marco, uno de los focos de mayor preocupación durante el año fue el avance del autoservicio en estaciones de combustible, una modalidad que, advirtió, responde a una lógica de reducción de costos empresariales donde “el eslabón más fino siempre termina siendo el trabajador”. Aunque en San Juan su implementación avanzó de manera más lenta que en otros puntos del país, el dirigente reconoció que generó temor e incertidumbre en el personal.

Frente a ese escenario, destacó el rol de la negociación preventiva con las cámaras empresarias y la búsqueda de alternativas para evitar despidos masivos. “Fuimos anticipándonos, dialogando, y logramos que los compañeros pudieran ser reubicados dentro de las mismas estaciones, en nuevos servicios, sin perder su pertenencia gremial”, explicó. Una estrategia defensiva que, aclaró, no elimina el riesgo a futuro, pero sí permite llegar “preparados y atentos” a los cambios que puedan profundizarse.

Más allá de la coyuntura laboral, Menéndez subrayó el esfuerzo institucional sostenido por el gremio en un escenario de recursos escasos y costos elevados. A contramano del parate económico, enumeró una serie de obras y servicios concretados con fondos propios, sin endeudamiento bancario, como la inauguración de una nueva sede en Villa Mercedes, San Luis, con infraestructura integral para los afiliados. “Hacer obras en tiempos difíciles, administrando bien la institución, es un motivo de orgullo”, afirmó.

La proyección para 2026 incluye nuevos desafíos, entre ellos la construcción de una sede en Media Agua, orientada a fortalecer la presencia gremial en el sur sanjuanino, así como la continuidad de políticas sociales, educativas y recreativas: entrega de útiles escolares, apoyo a estudiantes desde nivel inicial hasta secundario, viajes recreativos y campeonatos deportivos regionales y provinciales.

El plano político-sindical ocupa un lugar central en su análisis. Menéndez fue categórico al referirse a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, cuyo tratamiento se prevé para los primeros meses de 2026. Si bien aclaró que el sindicalismo no se opone a una modernización de los convenios colectivos, advirtió que cualquier actualización debe surgir del diálogo y no implicar la pérdida de derechos históricos. “No estamos dispuestos a entregar conquistas que costaron décadas de lucha”, sentenció.

En ese sentido, cuestionó el enfoque de la reforma, a la que definió como redactada “por y para las grandes corporaciones”, y puso en duda su capacidad para generar empleo genuino. Como argumento, recordó que el mayor crecimiento del trabajo registrado en Argentina se produjo entre 2007 y 2015, incluso con herramientas como la doble indemnización vigentes. “El trabajo no se crea flexibilizando derechos, sino poniendo al país a producir”, sostuvo.

El dirigente también vinculó la discusión laboral con el debate presupuestario 2026, al advertir que el ajuste sobre áreas sensibles como salud, educación y seguridad profundiza la desigualdad y debilita el entramado social. “Achicar el Estado a costa de los que menos tienen es una película que ya vimos”, alertó, haciendo comparaciones con experiencias anteriores.

El balance que deja Víctor Menéndez no se limita a un repaso gremial de fin de año: funciona como una advertencia política y social. En un momento de ajuste, reformas estructurales y creciente presión sobre el trabajo, la defensa del empleo, la unidad sindical y la preservación de los derechos aparecen como ejes irrenunciables. Con un 2026 cargado de desafíos, el mensaje es claro: modernizar no puede ser sinónimo de retroceder, y el futuro del trabajo dependerá, una vez más, de la capacidad colectiva para resistir, negociar y construir alternativas en un escenario adverso.