El Gobierno convocó a la CGT a un encuentro con agenda abierta para este martes
La convocatoria está enmarcada en la conformación del «Consejo de Mayo» y tendría la tarea de convertir en propuestas legislativas los 10 puntos firmados por Milei y un grupo de gobernadores en Tucumán el 9 de julio pasado.
El Gobierno convocó a la CGT a una reunión a «agenda abierta» en la Secretaría de Trabajo para el próximo martes. La convocatoria está enmarcada en la conformación del «Consejo de Mayo», espacio de diálogo que abre el Poder Ejecutivo luego de lograr que 18 gobernadores firmaran el Pacto de Mayo a principios de esta semana en Tucumán. La reunión con la CGT será la segunda desde el inicio de la gestión de Javier Milei, y la primera tras la tregua alcanzada para que avance la «modernización laboral» en la aprobada Ley de Bases.
La invitación cursada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, convoca a los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano al «primer encuentro del Diálogo Social» para avanzar en la conformación del Consejo de Mayo, que tendría la tarea de convertir en propuestas legislativas los 10 puntos firmados por Milei y un grupo de gobernadores en Tucumán.
El documento firmado no contiene ningún objetivo para fortalecer la industria nacional, pero sí apunta dos ejes de interés para la CGT: «una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal» y «una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron». La cita será el próximo martes a las 13, en la sede de la secretaría de Trabajo ubicada en la avenida Leandro Alem 650, de la Ciudad de Buenos Aires.
En el entorno de Cordero aseguraron que el intercambio «apuntará a robustecer las relaciones y el diálogo tripartito entre el sector gremial, empresario y gubernamental». Según se detalló, la agenda del «Diálogo Social» incluirá también otro encuentro con representantes empresariales aunque aún no hay fecha definida.
Se tratará del segundo encuentro oficial de los representantes de la CGT con el Gobierno. El primero fue en Casa Rosada, a principios de abril, con el entonces ministro del Interior Guillermo Francos como anfitrión junto al ex jefe de Gabinete Nicolás Posse. Aquella cita fue la primera desde que el Poder Ejecutivo publicara el DNU 70/2023 que barría con los derechos laborales y que la CGT frenó con una medida cautelar el Poder Judicial.
La reforma laboral de hecho que se intentó vía DNU generó el primer paro general ocurrido en enero, mientras que el 9 de mayo se llamó un segundo paro general en medio de la ola de despidos de empleados estatales y la brutal perdidad de poder adquisitivo. La tensión parecía ir en subida con la incorporación del capítulo de «modernización laboral» en la Ley Bases; pero allí se alcanzó un acuerdo.
Las negociaciones fueron seguidas de cerca por la CGT y tuvieron como interlocutor el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien se opuso a que se mantengan puntos críticos como los artículos referidos a la prohibición de las cuotas solidarias, la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, la limitación de las asambleas y el teletrabajo.
Con esos puntos fuera del proyecto, la CGT no marcó una oposición abierta al proyecto ni convocó orgánicamente a las movilizaciones contra la Ley Bases, como lo hicieron las dos CTA y el sector de Pablo Moyano. Solo el camionero participó de las movilizaciones y sostuvo que la central judicializaría no solo el capítulo de reforma laboral si no también la vuelta del Impuesto a las Ganancias.
«La responsabilidad es del Gobierno y de los traidores en el Senado y Diputados del peronismo que les dieron el voto. La CGT va a judicializar la reforma laboral y Ganancias», aseguró Moyano, quien fue también el único dirigente de la central que no participó de la reunión de abril en la Casa Rosada. Ahora tiene una nueva cita con el Gobierno junto a sus pares de la CGT.
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La UOM respalda el freno judicial a la reforma laboral y anticipa un año de alta conflictividad salarial
El reciente freno judicial a la reforma laboral reconfiguró el tablero político y sindical, y abrió una nueva etapa en la disputa entre el Gobierno y el movimiento obrero. En este contexto, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Juan, Martín Solazzo, celebró la medida cautelar que suspendió 82 artículos de la normativa y la interpretó como una validación de los cuestionamientos que los gremios venían sosteniendo desde su origen.
“Era una reforma inconstitucional. Lo dijimos desde el primer momento y ahora empieza a confirmarse por la vía judicial”, afirmó el dirigente, al referirse a la resolución impulsada a partir de un amparo colectivo promovido por la CGT. Para el referente metalúrgico, la decisión representa un punto decisivo en una discusión que, hasta ahora, había avanzado sin frenos institucionales efectivos.
El núcleo de la crítica sindical se centra en el impacto que la reforma podría tener sobre derechos laborales consolidados. Solazzo sostuvo que varios de los artículos suspendidos vulneran el principio de progresividad, consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. “Se avanzaba sobre garantías básicas del trabajador, con un claro retroceso”, remarcó.
La cautelar, sin embargo, no implica un cierre del conflicto, sino apenas una pausa en su implementación. El representante gremial advirtió que el proceso continuará en instancias judiciales superiores y que el desenlace final quedará en manos de la Corte Suprema. En ese escenario, el sindicalismo se prepara para sostener su estrategia tanto en el plano legal como en la calle.
Más allá de la discusión jurídica, Solazzo planteó un problema adicional: la ambigüedad normativa. Según explicó, la redacción de la reforma presenta “zonas grises” que podrían derivar en interpretaciones divergentes entre trabajadores y empleadores, generando un incremento significativo de litigios. “Lejos de reducir la conflictividad, esto puede multiplicarla”, señaló.
El dirigente también alertó sobre prácticas empresariales que, aun sin plena vigencia de la ley, ya estarían adoptando criterios que afectan derechos laborales. En esta línea, indicó que el sindicato registra un aumento en las consultas de afiliados por posibles irregularidades. “Tenemos que estar atentos para evitar abusos”, afirmó.
Conjuntamente, el frente salarial aparece como el otro gran eje de tensión. Con el cierre de la paritaria iniciada en septiembre del año pasado, el gremio confirmó un incremento del 5% en el valor hora a partir de abril, que funcionará como base para la próxima negociación. No obstante, el sindicalista reconoció que los ingresos continúan rezagados frente al ritmo inflacionario.
“Este año la pelea va a ser por el salario”, sintetizó, en línea con la conducción nacional del gremio. Las negociaciones comenzarán hacia mediados de abril y se anticipan complejas, en un panorama donde la política económica condiciona tanto las demandas sindicales como la capacidad de respuesta del sector empresario.
El dirigente no descartó un escenario de mayor conflictividad si no se alcanzan acuerdos satisfactorios. “Si las paritarias no son favorables, nos van a encontrar en la calle”, advirtió, marcando una perspectiva futura de tensión que podría extenderse a lo largo del año.
En ese marco, Solazzo también destacó el reciente proceso de renovación interna en el gremio, tanto a nivel provincial como nacional. La consolidación de una conducción con respaldo mayoritario y la incorporación de nuevos dirigentes fueron interpretadas como señales de fortalecimiento organizativo en un entorno desafiante.
El posicionamiento de la UOM sintetiza el momento que atraviesa el mundo del trabajo: una combinación de disputa judicial, incertidumbre normativa y presión salarial creciente. La suspensión de la reforma laboral no resuelve el conflicto, pero redefine sus tiempos y sus escenarios.
En adelante, la discusión se jugará en múltiples frentes. La Justicia tendrá la palabra final sobre la validez de los cambios propuestos, mientras que en el plano sindical se intensificará la puja por recomponer ingresos en un contexto económico adverso.
El desafío será evitar que la tensión derive en una espiral de conflicto sin salida. Pero, por ahora, todo indica que el mercado laboral argentino se encamina hacia un año de alta intensidad, donde cada decisión —política, judicial o económica— tendrá impacto directo en la vida cotidiana de millones de trabajadores.
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Seguridad y tecnología: un sistema online permite recuperar objetos robados en San Juan
La Policía de San Juan implementó el sistema digital “Recuperos”, una plataforma que permite a los ciudadanos identificar y reclamar objetos recuperados en operativos. La herramienta busca reducir tiempos administrativos y mejorar la eficiencia en la restitución de bienes.
En un presente donde la demanda de respuestas rápidas en materia de seguridad es cada vez más exigente, la Policía de San Juan incorporó una herramienta digital que apunta a optimizar uno de los procesos más sensibles: la devolución de bienes recuperados en procedimientos policiales. El sistema, denominado “Recuperos”, introduce una lógica de gestión más ágil y transparente, apoyada en la accesibilidad tecnológica.
La plataforma —disponible de forma abierta— funciona como una base de datos pública y actualizada que permite a los ciudadanos consultar, desde cualquier dispositivo, los objetos secuestrados en operativos policiales. A través de un sistema de búsqueda por categorías —que incluye desde bicicletas y motocicletas hasta celulares, electrodomésticos y herramientas— los usuarios pueden identificar posibles pertenencias sustraídas.
El procedimiento no se agota en la consulta. Una vez localizado el objeto, el sistema habilita la carga de un formulario digital en el que el solicitante acredita su identidad. Este paso activa un circuito administrativo que vincula directamente al ciudadano con la dependencia policial donde se encuentra el bien, acortando los tiempos de gestión y evitando intermediaciones innecesarias.
Sin embargo, la instancia virtual es solo el primer tramo del proceso. Para concretar la restitución, el interesado debe presentarse en la comisaría correspondiente y formalizar el reconocimiento mediante un acta avalada por la Justicia. La acreditación de la propiedad —a través de factura u otra documentación respaldatoria— es condición indispensable para que la entrega se efectivice en términos legales.
Los datos disponibles reflejan la magnitud del sistema y, al mismo tiempo, el desafío pendiente. Actualmente, el registro incluye 798 motocicletas, 485 bicicletas y 517 celulares sin reclamar, además de cientos de electrodomésticos, herramientas y equipos tecnológicos. En total, más de 2.400 objetos permanecen a la espera de ser restituidos a sus propietarios.
Desde su implementación, la herramienta ya permitió concretar alrededor de 300 devoluciones, un número que evidencia tanto su potencial como la necesidad de ampliar su difusión para alcanzar a un mayor universo de afectados.
Más allá de su función operativa, “Recuperos” se inscribe en un proceso más amplio de modernización institucional. La incorporación de tecnología en la gestión policial no solo mejora la eficiencia administrativa, sino que también contribuye a fortalecer la confianza ciudadana, al ofrecer mayor transparencia en el manejo de bienes recuperados.
La digitalización del sistema de restitución de objetos marca un paso significativo en la evolución de la gestión policial en San Juan. La posibilidad de acceder a información en tiempo real y activar procesos de recuperación de manera directa representa una mejora concreta en la relación entre la fuerza y la comunidad.
El desafío, hacia adelante, será consolidar este tipo de herramientas, ampliar su alcance y garantizar su funcionamiento sostenido. En un contexto donde la seguridad también se mide por la capacidad de dar respuestas eficaces, iniciativas como “Recuperos” muestran que la innovación puede traducirse en resultados tangibles para la ciudadanía.
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Precios por las nubes en Pascuas: subas de hasta 60% golpean el consumo y encarecen la tradición
Un informe de la consultora Focus Market reveló subas significativas en los productos tradicionales de Semana Santa, con incrementos que superan el 60% en algunos casos. El fenómeno impacta directamente en el consumo y expone el peso de los costos en la formación de precios.
Las celebraciones de Pascuas llegan este año con un componente cada vez más determinante: el precio. Los productos típicos registraron aumentos generalizados, con variaciones que, en algunos casos, superan ampliamente la inflación promedio y condicionan las decisiones de consumo de los hogares.
El relevamiento elaborado por Focus Market identifica a las roscas como uno de los productos más afectados. La versión de 500 gramos experimentó un incremento interanual del 63%, pasando de $8.000 a $13.000. La tendencia se replica en otros tamaños: la rosca de 900 gramos trepó un 52% hasta los $25.000, mientras que la de 400 gramos alcanzó los $5.150, con una suba del 47%. Se trata de un producto emblemático cuya variación sintetiza el impacto de los costos en la cadena de producción.
Desde la consultora explican que el aumento no responde a un pico de demanda, sino al encarecimiento de insumos clave, lo que traslada presión directamente a los precios finales. Harina, manteca, huevos y otros componentes básicos registraron incrementos que, acumulados, explican buena parte del ajuste.
La categoría de los huevos de chocolate también evidencia un proceso similar, aunque con una dispersión mayor. El paquete de mini huevos de 24 unidades encabezó las subas con un 49%, seguido por productos de distintos gramajes que oscilaron entre el 27% y el 45%. En paralelo, los huevos rellenos —una variante cada vez más demandada— aumentaron un 36%, consolidándose como una opción de mayor valor agregado, pero también de mayor impacto en el bolsillo.
El fenómeno no se limita a los productos dulces. En el rubro pescados, tradicionalmente más demandado durante el Viernes Santo, también se registraron incrementos relevantes. El calamar lideró las subas con un 59% interanual, mientras que el filet de merluza aumentó un 27%. En tanto, las milanesas de pescado y el kanikama mostraron variaciones más moderadas, del 15% y 9% respectivamente, evidenciando una dispersión que responde tanto a la oferta como a la estructura de costos de cada producto.
Este escenario configura un patrón ya recurrente en fechas estacionales: aumentos concentrados en bienes de consumo específico, que adquieren mayor visibilidad por su vínculo cultural y simbólico. Sin embargo, la magnitud de las subas introduce un factor diferencial, ya que obliga a los consumidores a redefinir hábitos, sustituir productos o directamente reducir cantidades.
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