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La convocatoria está enmarcada en la conformación del «Consejo de Mayo» y tendría la tarea de convertir en propuestas legislativas los 10 puntos firmados por Milei y un grupo de gobernadores en Tucumán el 9 de julio pasado.

El Gobierno convocó a la CGT a una reunión a «agenda abierta» en la Secretaría de Trabajo para el próximo martes. La convocatoria está enmarcada en la conformación del «Consejo de Mayo», espacio de diálogo que abre el Poder Ejecutivo luego de lograr que 18 gobernadores firmaran el Pacto de Mayo a principios de esta semana en Tucumán. La reunión con la CGT será la segunda desde el inicio de la gestión de Javier Milei, y la primera tras la tregua alcanzada para que avance la «modernización laboral» en la aprobada Ley de Bases. 

La invitación cursada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, convoca a los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano al «primer encuentro del Diálogo Social» para avanzar en la conformación del Consejo de Mayo, que tendría la tarea de convertir en propuestas legislativas los 10 puntos firmados por Milei y un grupo de gobernadores en Tucumán. 

El documento firmado no contiene ningún objetivo para fortalecer la industria nacional, pero sí apunta dos ejes de interés para la CGT: «una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal» y «una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron».  La cita será el próximo martes a las 13, en la sede de la secretaría de Trabajo ubicada en la avenida Leandro Alem 650, de la Ciudad de Buenos Aires.

En el entorno de Cordero aseguraron que el intercambio «apuntará a robustecer las relaciones y el diálogo tripartito entre el sector gremial, empresario y gubernamental». Según se detalló, la agenda del «Diálogo Social» incluirá también otro encuentro con representantes empresariales aunque aún no hay fecha definida.

Se tratará del segundo encuentro oficial de los representantes de la CGT con el Gobierno. El primero fue en Casa Rosada, a principios de abril, con el entonces ministro del Interior Guillermo Francos como anfitrión junto al ex jefe de Gabinete Nicolás Posse. Aquella cita fue la primera desde que el Poder Ejecutivo publicara el DNU 70/2023 que barría con los derechos laborales y que la CGT frenó con una medida cautelar el Poder Judicial. 

La reforma laboral de hecho que se intentó vía DNU generó el primer paro general ocurrido en enero, mientras que el 9 de mayo se llamó un segundo paro general en medio de la ola de despidos de empleados estatales y la brutal perdidad de poder adquisitivo. La tensión parecía ir en subida con la incorporación del capítulo de «modernización laboral» en la Ley Bases; pero allí se alcanzó un acuerdo. 

Las negociaciones fueron seguidas de cerca por la CGT y tuvieron como interlocutor el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien se opuso a que se mantengan puntos críticos como los artículos referidos a la prohibición de las cuotas solidarias, la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, la limitación de las asambleas y el teletrabajo. 

Con esos puntos fuera del proyecto, la CGT no marcó una oposición abierta al proyecto ni convocó orgánicamente a las movilizaciones contra la Ley Bases, como lo hicieron las dos CTA y el sector de Pablo Moyano. Solo el camionero participó de las movilizaciones y sostuvo que la central judicializaría no solo el capítulo de reforma laboral si no también la vuelta del Impuesto a las Ganancias. 

«La responsabilidad es del Gobierno y de los traidores en el Senado y Diputados del peronismo que les dieron el voto. La CGT va a judicializar la reforma laboral y Ganancias», aseguró Moyano, quien fue también el único dirigente de la central que no participó de la reunión de abril en la Casa Rosada. Ahora tiene una nueva cita con el Gobierno junto a sus pares de la CGT. 

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El Vea de República del Líbano cerrará a fines de noviembre: qué pasará con sus 12 empleados

El supermercado Vea de República del Líbano y Alvear, en Rawson, cerrará definitivamente a fines de noviembre. La fecha, inicialmente prevista para octubre, fue postergada por la empresa debido a tareas pendientes para desmantelar el establecimiento, según confirmó Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC).

La sucursal continuará atendiendo al público durante algunas semanas más, mientras se retiran las instalaciones y los equipos necesarios para entregar el inmueble. Entre los trabajos pendientes figuran el desmontaje de las cajas registradoras, los sistemas de refrigeración y los equipos de aire acondicionado.

La extensión del funcionamiento también prolonga el plazo para definir la situación de los 12 trabajadores que se desempeñan en el local. Algunos ya acordaron su desvinculación, mientras que otros todavía evalúan las alternativas ofrecidas por la compañía, entre ellas la posibilidad de incorporarse a otras sucursales de la cadena.

Desde el SEC siguen las conversaciones para conocer el destino de cada empleado. Las resoluciones dependerán de los acuerdos individuales y no necesariamente serán iguales para toda la plantilla.

Un segundo cierre en Rawson

La decisión se suma al antecedente del supermercado Vea que funcionaba sobre boulevard Sarmiento, en Villa Krause, y que dejó de operar a fines del año pasado. En aquella oportunidad, los 16 empleados resolvieron su situación mediante distintas modalidades: indemnizaciones, retiros voluntarios y traslados a otros establecimientos de la firma.

El cierre de la sucursal había sido comunicado a los trabajadores en septiembre. Desde entonces, las conversaciones entre la empresa y el sindicato se concentraron en acordar las condiciones de salida o continuidad laboral.

Con el nuevo cronograma, el establecimiento tendrá un mes adicional de funcionamiento antes de bajar definitivamente sus persianas. La principal incógnita ya no es la fecha del cierre, sino cuántos de los trabajadores podrán continuar en la cadena y bajo qué condiciones se resolverán las desvinculaciones.

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La fábrica sanjuanina de Poett quedó bajo el control de Molinos Río de la Plata

La adquisición de Clorox por parte de Molinos Río de la Plata abrió una nueva etapa para el negocio de productos de limpieza en el país, pero, al menos en San Juan, no implicará modificaciones en la estructura industrial ni en el empleo. La planta de Chimbas continuará fabricando aerosoles Poett, una producción que, por sus características técnicas, no puede trasladarse al establecimiento bonaerense de la compañía.

La continuidad fue confirmada por el secretario de Industria y Comercio provincial, Alejandro Martín, quien precisó que la fábrica emplea actualmente entre 60 y 70 trabajadores. Según explicó, la instalación sanjuanina concentra la elaboración de aerosoles de esa marca y cuenta con equipamiento específico para un proceso que no está disponible en la planta de Buenos Aires.

La operación quedó en manos de Molinos Río de la Plata, firma perteneciente al Grupo Pérez Companc, e incluye los negocios de Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay. El paquete comprende establecimientos industriales, centros de distribución y marcas reconocidas como Ayudín, Poett y Selton, además de otras líneas comerciales.

Para el grupo comprador, la adquisición representa su desembarco en el mercado de artículos de limpieza y desinfección del hogar, una expansión más allá de su actividad tradicional en alimentos. En San Juan, Molinos ya tenía presencia mediante Granja del Sol, vinculada a la elaboración de hortalizas congeladas.

Martín subrayó que la planta de Chimbas tiene una función productiva específica dentro de la estructura adquirida. «No hay posibilidad de producir aerosoles en la planta de Buenos Aires», señaló, al explicar por qué la continuidad del establecimiento local resulta relevante para sostener el abastecimiento de Poett.

Una operación pendiente de aprobación

Aunque el acuerdo entre las empresas ya fue cerrado, la transferencia debe completar el procedimiento de evaluación ante los organismos correspondientes. De acuerdo con el funcionario, la documentación fue presentada ante la Comisión Nacional de Valores y las autoridades de Defensa de la Competencia para su análisis y autorización.

Mientras avanza esa instancia regulatoria, la información oficial apunta a mantener las operaciones bajo las condiciones actuales. La definición resulta relevante para Chimbas, donde la fábrica constituye una fuente de empleo industrial y concentra una línea de producción que no tiene una alternativa equivalente dentro de la estructura adquirida.

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Más de 80 empresas de San Juan participaron de las rondas de negocios mineros

Más de 80 empresas sanjuaninas participaron en Rosario de las rondas de negocios vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en una convocatoria que reunió a proveedores nacionales, compañías mineras y autoridades de distintas provincias. El gobernador Marcelo Orrego acompañó la apertura y planteó que las inversiones deben traducirse en empleo, desarrollo de proveedores y mayor valor agregado en los territorios donde se llevan adelante los proyectos.

La jornada contó con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También asistieron mandatarios de Córdoba, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro y Corrientes, entre otras jurisdicciones.

Orrego integró el panel de gobernadores de provincias mineras titulado “La minería como vector de desarrollo regional”, moderado por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. Allí expuso las inversiones en infraestructura que impulsa San Juan para acompañar la expansión minera y mencionó la obtención de más de US$1.000 millones destinados a obras viales, logísticas, eléctricas, hídricas y habitacionales.

Uno de los planteos centrales del mandatario apuntó a la distribución de los beneficios económicos de los grandes emprendimientos. “Las empresas mineras tienen derecho a obtener ganancias, pero los gobiernos provinciales y la sociedad también aspiran a tener beneficios de la generación de empleo y el agregado de valor local que evite el desarraigo y consolide los acuerdos sociales”, sostuvo.

La intervención puso el acento en la necesidad de que las inversiones no se limiten a la extracción de recursos, sino que incorporen a las empresas radicadas en las provincias y amplíen las oportunidades laborales para sus habitantes. En esa línea, la presencia de la delegación sanjuanina en las rondas buscó acercar a firmas locales con operadoras mineras y proveedores de otras regiones del país.

Durante el encuentro también se reunió la Mesa Federal Minera, con participación de autoridades nacionales, gobernadores y cámaras empresariales. La jornada incluyó la firma de un acta de intención destinada a consolidar el desarrollo minero argentino.

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