La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) manifestó un rechazo categórico al proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno nacional, al que considera incompatible tanto con la Constitución Nacional como con los tratados y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La posición fue expresada en el marco del Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social, espacio multisectorial del que la AAL integra su mesa ejecutiva.

El pronunciamiento quedó plasmado en un documento consensuado por organizaciones de derechos humanos, sindicatos, asociaciones profesionales, jueces, cátedras universitarias y dirigentes de las centrales sindicales CTA y CGT. Desde ese ámbito anticiparon una oposición frontal al tratamiento legislativo de la iniciativa durante las sesiones extraordinarias del Congreso, cuyo debate en el Senado estaría previsto para el próximo 11 de febrero.

Según el texto difundido, el proyecto oficial carece de cualquier elemento que pueda considerarse jurídicamente admisible. “Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto es compatible con los Tratados, Convenios Internacionales de la OIT ni con la Constitución Nacional”, sostiene el documento, cuya redacción contó con una participación activa de la AAL.

Los ejes del cuestionamiento

Entre las principales objeciones, los abogados laboralistas advierten que la reforma introduce regulaciones “prácticamente prohibitivas” sobre el derecho de huelga, uno de los pilares de la libertad sindical consagrada tanto en la normativa constitucional como en los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.

Asimismo, el proyecto elimina o debilita los sistemas de indemnización y las sanciones frente a incumplimientos de las obligaciones laborales, lo que, según la AAL, generaría un escenario de mayor precarización del empleo y de desprotección estructural para las personas trabajadoras. En ese marco, sostienen que la iniciativa favorece una transferencia de riesgos hacia el trabajador y consolida un retroceso en los estándares históricos del derecho del trabajo.

Para Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación, el Foro se constituyó como respuesta a lo que definió como “un brutal ataque del poder económico y del Gobierno nacional contra la clase trabajadora”. Desde su perspectiva, el proyecto no es una reforma orientada al desarrollo productivo ni a la creación de empleo, sino una ofensiva que busca debilitar la capacidad de defensa colectiva y reducir el alcance de los derechos laborales.

Rechazo, pero con una condición

Romina Stampone, secretaria general de la AAL, sostuvo que frente al contenido del proyecto “no queda otra respuesta que el rechazo”, aunque aclaró que el espacio no descarta el diálogo si existiera una voluntad real de discutir una reforma en términos democráticos y constitucionales.

Según remarcó, cualquier debate serio sobre el régimen laboral debería partir del fortalecimiento del principio protectorio del derecho del trabajo y del pleno cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país. “Nada de eso está presente en esta iniciativa”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre el impacto social y jurídico que podría tener su aprobación.

Un frente amplio en defensa del derecho del trabajo

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social fue presentado el año pasado en la sede de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE) y reúne a decenas de sindicatos, organizaciones académicas, profesionales y de derechos humanos. Desde ese espacio, la AAL reafirmó su compromiso con la defensa del derecho del trabajo como un pilar central de la justicia social y del sistema democrático.

El comercio de San Juan atravesó en 2025 uno de los escenarios más desafiantes de los últimos años. La caída sostenida del consumo, el avance del comercio electrónico, el aumento de las compras en el exterior y el fuerte incremento de los costos operativos golpearon la rentabilidad de pymes y comercios tradicionales.

El año que acaba de finalizar dejó un balance complejo para el sector comercial de la provincia. Desde mayo y hasta el cierre de diciembre, el consumo mostró una retracción sostenida que impactó de lleno en las ventas minoristas, profundizando las dificultades de un entramado comercial mayoritariamente compuesto por pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en noviembre la demanda total registró una caída interanual del 3,5%, mientras que en diciembre el descenso alcanzó el 5,2%. Si bien el último mes del año evidenció una leve recuperación mensual impulsada por las fiestas y el pago del aguinaldo, no fue suficiente para revertir una tendencia contractiva que marcó gran parte del calendario comercial.

Desempeños desiguales por rubro

El comportamiento del consumo fue heterogéneo según los sectores. Rubros como perfumería, calzado, marroquinería e indumentaria lograron sostener leves incrementos, en muchos casos asociados a promociones, financiamiento y estrategias comerciales agresivas. En contrapartida, actividades como librerías, electrónica y juguetería registraron retrocesos significativos, afectados por la caída del poder adquisitivo y la competencia de plataformas digitales e importaciones.

Esta disparidad reflejó un cambio en las prioridades de consumo de los hogares, cada vez más orientadas a gastos esenciales o compras planificadas, en detrimento del consumo discrecional.

El avance del comercio electrónico y las compras externas

Uno de los fenómenos más relevantes de 2025 fue la consolidación del comercio electrónico. Ocho de cada diez argentinos utilizan actualmente esta modalidad, que ya representa cerca del 18% de las ventas minoristas. El crecimiento fue impulsado por el uso intensivo de dispositivos móviles, la mejora en los sistemas de entrega, la integración entre canales físicos y digitales y la expansión de los medios de pago electrónicos.

En este sentido, las compras en el exterior mostraron un salto exponencial. Durante 2025 se incrementaron un 452% respecto de 2024, superando los 900 millones de dólares anuales. La ampliación del límite para envíos puerta a puerta y la exención de derechos para compras inferiores a 400 dólares favorecieron esta dinámica, que se tradujo en una presión adicional sobre la oferta local y en una competencia directa para los comercios tradicionales.

Costos en alza y rentabilidad en jaque

A la caída del consumo y a los cambios en los hábitos de compra se sumó un fuerte incremento de los costos operativos. En 2025, la electricidad aumentó un 44%, el gas un 53% y los combustibles más del 40%, en un contexto en el que la inflación anual cerró en torno al 31,5%.

Uno de los factores más críticos fue el encarecimiento de los alquileres comerciales. En promedio, los valores subieron hasta un 80% a lo largo de 2025, luego de haber acumulado incrementos cercanos al 280% en el segundo semestre de 2024. Este escenario deterioró sensiblemente la rentabilidad de los comercios, especialmente de aquellos ubicados en zonas céntricas o de alto tránsito.

Respuestas institucionales y dinámicas territoriales

Frente a este panorama, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan impulsó convenios, capacitaciones y acciones de acompañamiento destinadas a fortalecer al sector. En la misma línea, el gobierno provincial facilitó líneas de crédito orientadas a sostener la actividad y preservar el empleo.

En el plano territorial, se observaron movimientos relevantes. El departamento Rawson avanzó en la ampliación de sus zonas comerciales, mientras que se prevé que Capital impulse ordenamientos urbanos y comerciales destinados a mejorar la experiencia de compra y la competitividad del comercio local.

Perspectivas para 2026

De cara a 2026, el comercio sanjuanino enfrenta un escenario todavía desafiante, aunque con expectativas puestas en sectores estratégicos como la minería y la industria, que podrían generar efectos multiplicadores sobre el consumo y la actividad económica en general.

Desde la Cámara de Comercio destacaron el compromiso del sector y subrayaron la importancia de acompañar al comercio provincial como herramienta clave para sostener el empleo, dinamizar la economía local y amortiguar los impactos de un contexto nacional e internacional todavía incierto.

Los precios de los alimentos volvieron a mostrar señales de presión inflacionaria durante la tercera semana de enero, en un entorno económico donde el costo de vida continúa siendo uno de los principales límites al consumo de los hogares. Según un relevamiento privado, el rubro alimentos y bebidas registró un aumento promedio semanal del 0,2%, una variación contenida en términos generales, pero que refleja una persistencia inflacionaria difícil de desactivar.

La clave del comportamiento semanal estuvo en la composición de los aumentos. Lejos de una suba homogénea, el informe revela que los incrementos se concentraron nuevamente en los alimentos frescos, con un protagonismo marcado de las verduras y las carnes, dos categorías de peso central en la canasta básica.

Las verduras encabezaron las subas, con incrementos que superaron el 3% semanal, mientras que las carnes mostraron avances cercanos al 2,5%. Estos movimientos explicaron la mayor parte de la variación general, y volvieron a encender alertas por su impacto directo en el gasto cotidiano de las familias, especialmente en los sectores de ingresos medios y bajos.

Este comportamiento se repite desde fines del año pasado y pone en evidencia la dificultad para contener los precios en rubros sensibles, más expuestos a factores estacionales, climáticos y logísticos, y menos permeables a las estrategias de desaceleración general de la inflación.

En sentido contrario, el relevamiento registró bajas significativas en otros segmentos relevantes del consumo masivo. Los productos de panificación, cereales y pastas exhibieron retrocesos superiores al 4% semanal, a los que se sumaron descensos en bebidas, lácteos y algunos alimentos industrializados.

Estas caídas permitieron que el promedio semanal de inflación de alimentos se mantuviera en niveles moderados, evitando un salto más pronunciado. Sin embargo, su efecto fue parcial y transitorio, ya que no lograron compensar plenamente el impacto de los aumentos en los productos frescos, que continúan marcando el pulso de la canasta.

La heterogeneidad en la evolución de los precios se consolida así como una característica central del actual escenario inflacionario, con comportamientos divergentes entre alimentos básicos de consumo diario y otros productos de mayor procesamiento.

Al ampliar el horizonte de análisis, los datos muestran que la inflación de alimentos presenta una leve desaceleración, aunque con bases aún inestables. El promedio mensual de las últimas cuatro semanas se ubicó en torno al 0,9%, un registro inferior al observado en meses anteriores y que marca el primer período, tras más de cinco meses, en el que la inflación mensual promedio de alimentos se mantiene por debajo del 1%.

Pese a esta mejora relativa, el informe advierte que la tendencia sigue siendo frágil y altamente dependiente de la evolución de rubros volátiles como frutas y verduras. Cualquier corrección abrupta en estos segmentos puede revertir rápidamente el proceso de desaceleración.

Otro dato relevante es el aumento de la dispersión de precios. Aunque el promedio general fue bajo, se registraron valores extremos más marcados que en la semana previa, lo que indica que la inflación avanza de manera desigual dentro de la canasta. Al mismo tiempo, el porcentaje de productos con aumentos alcanzó el 15% del total relevado, tres puntos porcentuales más que la semana anterior, un indicador que suele anticipar presiones inflacionarias futuras si la difusión de subas continúa ampliándose.

La tercera semana de enero dejó un panorama mixto para los precios de los alimentos. Si bien el promedio semanal mostró una suba moderada, la persistencia de aumentos en carnes y verduras confirma que la inflación en productos esenciales sigue siendo un factor estructural de preocupación. Las bajas en otros rubros ayudan a contener el índice general, pero no modifican una dinámica que continúa afectando el poder adquisitivo y condicionando el consumo. En este escenario, la desaceleración observada aparece más como un equilibrio precario que como una tendencia consolidada.