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La convocatoria está enmarcada en la conformación del «Consejo de Mayo» y tendría la tarea de convertir en propuestas legislativas los 10 puntos firmados por Milei y un grupo de gobernadores en Tucumán el 9 de julio pasado.

El Gobierno convocó a la CGT a una reunión a «agenda abierta» en la Secretaría de Trabajo para el próximo martes. La convocatoria está enmarcada en la conformación del «Consejo de Mayo», espacio de diálogo que abre el Poder Ejecutivo luego de lograr que 18 gobernadores firmaran el Pacto de Mayo a principios de esta semana en Tucumán. La reunión con la CGT será la segunda desde el inicio de la gestión de Javier Milei, y la primera tras la tregua alcanzada para que avance la «modernización laboral» en la aprobada Ley de Bases. 

La invitación cursada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, convoca a los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano al «primer encuentro del Diálogo Social» para avanzar en la conformación del Consejo de Mayo, que tendría la tarea de convertir en propuestas legislativas los 10 puntos firmados por Milei y un grupo de gobernadores en Tucumán. 

El documento firmado no contiene ningún objetivo para fortalecer la industria nacional, pero sí apunta dos ejes de interés para la CGT: «una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal» y «una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron».  La cita será el próximo martes a las 13, en la sede de la secretaría de Trabajo ubicada en la avenida Leandro Alem 650, de la Ciudad de Buenos Aires.

En el entorno de Cordero aseguraron que el intercambio «apuntará a robustecer las relaciones y el diálogo tripartito entre el sector gremial, empresario y gubernamental». Según se detalló, la agenda del «Diálogo Social» incluirá también otro encuentro con representantes empresariales aunque aún no hay fecha definida.

Se tratará del segundo encuentro oficial de los representantes de la CGT con el Gobierno. El primero fue en Casa Rosada, a principios de abril, con el entonces ministro del Interior Guillermo Francos como anfitrión junto al ex jefe de Gabinete Nicolás Posse. Aquella cita fue la primera desde que el Poder Ejecutivo publicara el DNU 70/2023 que barría con los derechos laborales y que la CGT frenó con una medida cautelar el Poder Judicial. 

La reforma laboral de hecho que se intentó vía DNU generó el primer paro general ocurrido en enero, mientras que el 9 de mayo se llamó un segundo paro general en medio de la ola de despidos de empleados estatales y la brutal perdidad de poder adquisitivo. La tensión parecía ir en subida con la incorporación del capítulo de «modernización laboral» en la Ley Bases; pero allí se alcanzó un acuerdo. 

Las negociaciones fueron seguidas de cerca por la CGT y tuvieron como interlocutor el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien se opuso a que se mantengan puntos críticos como los artículos referidos a la prohibición de las cuotas solidarias, la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, la limitación de las asambleas y el teletrabajo. 

Con esos puntos fuera del proyecto, la CGT no marcó una oposición abierta al proyecto ni convocó orgánicamente a las movilizaciones contra la Ley Bases, como lo hicieron las dos CTA y el sector de Pablo Moyano. Solo el camionero participó de las movilizaciones y sostuvo que la central judicializaría no solo el capítulo de reforma laboral si no también la vuelta del Impuesto a las Ganancias. 

«La responsabilidad es del Gobierno y de los traidores en el Senado y Diputados del peronismo que les dieron el voto. La CGT va a judicializar la reforma laboral y Ganancias», aseguró Moyano, quien fue también el único dirigente de la central que no participó de la reunión de abril en la Casa Rosada. Ahora tiene una nueva cita con el Gobierno junto a sus pares de la CGT. 

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Departamentales

San Juan repavimentará 22 kilómetros de la Ruta 150 para reforzar la conexión con Iglesia

La Ruta Nacional 150 tendrá una intervención de 22 kilómetros entre Las Flores y Colola, en el departamento Iglesia. El gobernador Orrego anunció que los trabajos comenzarán en las próximas semanas y serán financiados con recursos internacionales destinados a infraestructura.

La primera etapa contempla la repavimentación del tramo y la incorporación de mejoras para elevar las condiciones de circulación. El proyecto incluye ensanche de calzada y construcción de banquinas donde la geografía montañosa lo permita, además de nuevas defensas, guardarraíles, cartelería y señalización horizontal y vertical.

La obra también prevé seis derivadores de tránsito en Rodeo. Tres ya están en ejecución, en los cruces con la Ruta Provincial 430 y las calles Paoli y Santo Domingo Este. Los restantes se construirán en las intersecciones con las rutas provinciales 405 y 418, además del acceso por Santa Lucía.

La intervención apunta a ordenar la circulación en una vía utilizada tanto por los habitantes de Iglesia como por el transporte pesado vinculado a la minería. La convivencia entre el tránsito cotidiano y los vehículos de carga vuelve especialmente relevantes las mejoras en los accesos y cruces urbanos.

Orrego sostuvo que la expansión productiva debe estar acompañada por inversiones que también beneficien a las comunidades cercanas. En esa línea, vinculó la recuperación de la ruta con la necesidad de mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de vida de las familias iglesianas.

Por su ubicación, la Ruta 150 constituye una conexión fundamental para la actividad minera y la integración territorial del norte sanjuanino. La intervención busca atender esas exigencias sin dejar de lado la seguridad de quienes utilizan diariamente el camino.

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Nodocentes universitarios realizarán tres paros nacionales en noviembre

Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales realizarán tres paros de 24 horas durante noviembre, convocados por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). Las medidas están previstas para este martes 3, el jueves 12 y el lunes 16, en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución fue adoptada por el Consejo Directivo de la federación, que resolvió sostener las medidas de fuerza ante la falta de avances en las negociaciones con el Gobierno nacional. La organización reclama una respuesta urgente para recuperar los ingresos del personal y garantizar los recursos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios.

«Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública», expresaron desde FATUN al anunciar las jornadas de protesta. La federación también advirtió que mantendrá su programa de lucha hasta obtener respuestas del Ejecutivo.

El litigio excede la negociación salarial. La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada luego de que ambas cámaras rechazaran el veto presidencial con los dos tercios de los votos, permanece en el centro de una controversia institucional. El Poder Ejecutivo promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a la identificación de fuentes de financiamiento y a la asignación de partidas presupuestarias.

Posteriormente, la Justicia federal ordenó avanzar con su cumplimiento, incluida la actualización de los salarios docentes y nodocentes y el refuerzo de las becas estudiantiles. El Gobierno apeló las decisiones judiciales para evitar la aplicación inmediata de la ley, por lo que la disputa continúa en los tribunales.

Las tres jornadas de noviembre volverán a afectar el funcionamiento administrativo y operativo de las universidades nacionales. El reclamo de FATUN coloca nuevamente en primer plano la pérdida salarial del personal y la discusión sobre los recursos necesarios para sostener la educación superior pública.

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Córdoba pierde cuatro comercios por día y la caída del consumo profundiza la crisis

La crisis del consumo ya tiene una expresión concreta en las calles de Córdoba: durante septiembre y octubre cerraron 263 establecimientos comerciales, un promedio de cuatro por día. El relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) expone el deterioro de los negocios minoristas, en medio de una contracción prolongada de las ventas y de hogares cada vez más endeudados.

La caída alcanza con especial intensidad a los rubros de primera necesidad. En octubre, el volumen de ventas minoristas de alimentos retrocedió 8,7% interanual y completó once meses consecutivos en baja. Según la Cámara de Comercio de Córdoba, las ventas generales disminuyeron 19% respecto del mismo período del año anterior, mientras que la rentabilidad cayó 21%.

La pérdida de ingresos obliga a los comerciantes a operar con márgenes reducidos, limita la reposición de mercadería y dificulta afrontar alquileres, servicios y otros costos fijos. El impacto se concentra especialmente en los pequeños establecimientos, incluso aquellos con décadas de trayectoria. El Centro de Almaceneros de Córdoba informó que en septiembre cerraron 82 comercios barriales, en coincidencia con una caída del 11,3% en sus ventas.

Las perspectivas tampoco ofrecen señales alentadoras. El informe del IETSE indica que el 6,5% de los comerciantes considera que podrá sostener su negocio menos de tres meses, mientras que otro 11,5% estima que tendrá margen para continuar entre tres y seis meses. En conjunto, el 18% anticipa que podría dejar de operar antes de medio año.

La contracción comercial está directamente relacionada con las dificultades financieras de las familias. El 88,5% de los hogares consultados recurrió a alguna modalidad de financiación para comprar alimentos durante los últimos 30 días: el 38,2% compró fiado, el 36,3% utilizó tarjetas de crédito y el 14% pidió dinero prestado. Además, el 61,7% afirmó que no podría sostener sus gastos durante más de una semana si perdiera sus ingresos.

Desde el instituto advirtieron que «una parte sustancial de las familias ya no puede resolver sus necesidades alimentarias con los ingresos mensuales». Esa restricción reduce las compras, compromete la facturación de los negocios y profundiza las dificultades para mantenerlos abiertos.

La desaceleración de los precios tampoco alcanza para revertir el deterioro. La inflación de octubre fue del 1,83%, por debajo del 2,08% registrado en septiembre, pero el IETSE advierte que variaciones cercanas al 2% mensual siguen erosionando los ingresos cuando salarios y recursos familiares no se actualizan al mismo ritmo.

La postal cordobesa expone así una brecha entre la moderación de los índices de precios y la capacidad efectiva de consumo. Mientras las familias recurren al crédito para cubrir necesidades básicas, los pequeños comercios pierden ventas y acumulan dificultades para sostener sus puertas abiertas. Para revertir el cierre de empresas y la pérdida de empleo, es indispensable reactivar el mercado laboral y recomponer los ingresos de las familias.

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