El Gobierno convocó a la CGT a un encuentro con agenda abierta para este martes
La convocatoria está enmarcada en la conformación del «Consejo de Mayo» y tendría la tarea de convertir en propuestas legislativas los 10 puntos firmados por Milei y un grupo de gobernadores en Tucumán el 9 de julio pasado.
El Gobierno convocó a la CGT a una reunión a «agenda abierta» en la Secretaría de Trabajo para el próximo martes. La convocatoria está enmarcada en la conformación del «Consejo de Mayo», espacio de diálogo que abre el Poder Ejecutivo luego de lograr que 18 gobernadores firmaran el Pacto de Mayo a principios de esta semana en Tucumán. La reunión con la CGT será la segunda desde el inicio de la gestión de Javier Milei, y la primera tras la tregua alcanzada para que avance la «modernización laboral» en la aprobada Ley de Bases.
La invitación cursada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, convoca a los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano al «primer encuentro del Diálogo Social» para avanzar en la conformación del Consejo de Mayo, que tendría la tarea de convertir en propuestas legislativas los 10 puntos firmados por Milei y un grupo de gobernadores en Tucumán.
El documento firmado no contiene ningún objetivo para fortalecer la industria nacional, pero sí apunta dos ejes de interés para la CGT: «una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal» y «una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron». La cita será el próximo martes a las 13, en la sede de la secretaría de Trabajo ubicada en la avenida Leandro Alem 650, de la Ciudad de Buenos Aires.
En el entorno de Cordero aseguraron que el intercambio «apuntará a robustecer las relaciones y el diálogo tripartito entre el sector gremial, empresario y gubernamental». Según se detalló, la agenda del «Diálogo Social» incluirá también otro encuentro con representantes empresariales aunque aún no hay fecha definida.
Se tratará del segundo encuentro oficial de los representantes de la CGT con el Gobierno. El primero fue en Casa Rosada, a principios de abril, con el entonces ministro del Interior Guillermo Francos como anfitrión junto al ex jefe de Gabinete Nicolás Posse. Aquella cita fue la primera desde que el Poder Ejecutivo publicara el DNU 70/2023 que barría con los derechos laborales y que la CGT frenó con una medida cautelar el Poder Judicial.
La reforma laboral de hecho que se intentó vía DNU generó el primer paro general ocurrido en enero, mientras que el 9 de mayo se llamó un segundo paro general en medio de la ola de despidos de empleados estatales y la brutal perdidad de poder adquisitivo. La tensión parecía ir en subida con la incorporación del capítulo de «modernización laboral» en la Ley Bases; pero allí se alcanzó un acuerdo.
Las negociaciones fueron seguidas de cerca por la CGT y tuvieron como interlocutor el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien se opuso a que se mantengan puntos críticos como los artículos referidos a la prohibición de las cuotas solidarias, la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, la limitación de las asambleas y el teletrabajo.
Con esos puntos fuera del proyecto, la CGT no marcó una oposición abierta al proyecto ni convocó orgánicamente a las movilizaciones contra la Ley Bases, como lo hicieron las dos CTA y el sector de Pablo Moyano. Solo el camionero participó de las movilizaciones y sostuvo que la central judicializaría no solo el capítulo de reforma laboral si no también la vuelta del Impuesto a las Ganancias.
«La responsabilidad es del Gobierno y de los traidores en el Senado y Diputados del peronismo que les dieron el voto. La CGT va a judicializar la reforma laboral y Ganancias», aseguró Moyano, quien fue también el único dirigente de la central que no participó de la reunión de abril en la Casa Rosada. Ahora tiene una nueva cita con el Gobierno junto a sus pares de la CGT.
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Paro de colectivos: Trabajo ordenó levantar la medida y convocó a la UTA a una audiencia salarial
La Subsecretaría de Trabajo de San Juan dictó la conciliación obligatoria tras la acción de la UTA y ordenó a los choferes levantar la medida de fuerza y retomar la prestación del transporte público de pasajeros. La audiencia entre el gremio, las empresas y las autoridades fue convocada para este jueves a las 11.30.
La resolución establece que las partes deben retrotraer el conflicto al estado anterior al inicio de la protesta, por lo que las empresas deberán restablecer las frecuencias mientras se desarrolla la instancia de negociación. La medida alcanza al transporte urbano e interurbano de la provincia.
Esta intervención laboral se produjo después de una jornada en la que el cese del servicio afectó a miles de usuarios que debían trasladarse hacia sus trabajos, escuelas y otros destinos. La protesta había sido iniciada por los conductores en reclamo del pago de diferencias salariales correspondientes a la nueva escala acordada.
Según se pudo conocer, la nueva audiencia quedó fijada para este jueves 8 de octubre a las 11.30. Allí deberán participar representantes de la UTA, las empresas prestatarias y la autoridad laboral provincial, con el objetivo de encontrar una salida al reclamo que derivó en la paralización del servicio.
La autoridad laboral también objetó la falta de una notificación formal y oportuna del paro. Previo al dictado de la conciliación obligatoria, el Ejecutivo provincial ya había advertido que la alteración de las frecuencias daría lugar a sanciones.
En este sentido, la UTA sostiene que el reclamo salarial venía siendo planteado desde hacía semanas y cuestiona que las empresas y las autoridades no hubieran convocado previamente una instancia de diálogo para resolver las diferencias pendientes.
La conciliación obligatoria modifica ahora el escenario inmediato del conflicto: el paro debe quedar suspendido y comienza un período de negociación formal. Durante ese proceso, las partes deberán cumplir las disposiciones fijadas por Trabajo y procurar un acuerdo sobre las sumas salariales reclamadas.
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Orrego entregó viviendas en Chimbas y completó una larga espera de hasta 25 años
Después de hasta 25 años de espera, 69 familias de Chimbas recibieron las llaves de su vivienda. El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de las primeras casas del barrio Panaderos y Pasteleros, ubicado en calle Bonduel 860 Norte, un complejo que contempla un total de 101 unidades habitacionales.
El dato que marca la dimensión de la entrega surge de los informes sociales elaborados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV): numerosos postulantes vinculados al gremio de Panaderos y Pasteleros habían iniciado sus trámites entre 20 y 25 años atrás, sin acceder hasta ahora a una solución definitiva.
Durante el acto, Orrego remarcó que la provincia lleva adelante obras habitacionales en un contexto de menores recursos. “Llevamos dos años y medio de gestión, administrando un 40% menos de recursos que la gestión anterior, y aun así estamos haciendo realidad obras que parecían impensadas”, señaló el gobernador.
Las viviendas tienen una superficie promedio de 63,17 metros cuadrados y cuentan con dos dormitorios, baño, estar-comedor-cocina y espacio para lavarropas y pileta de lavar. Del total de 101 unidades, 95 corresponden al prototipo CM1-2021 y seis al CM1D-2021, destinadas a personas con discapacidad y adaptadas según sus necesidades de accesibilidad.
El complejo dispone además de redes de agua potable, gas natural y electricidad, alumbrado público, veredas, calles de calzada enripiada, pasantes vehiculares y puentes peatonales. El proyecto incorporó también un espacio verde con bancos y arbolado, junto con una barrera forestal sobre calle Bonduel.
Junto al gobernador participaron el ministro de Infraestructura, Fernando Perea; la directora del IPV, Elina Peralta; el presidente del Concejo Deliberante de Chimbas, Isidro Rivero; y los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime.
La entrega representa el primer tramo de un conjunto habitacional que todavía tiene 32 viviendas pendientes de adjudicación, con las que se completará el barrio destinado a familias que durante años permanecieron a la espera de una respuesta habitacional.
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Encuesta: crece el malestar económico y cae la aprobación del Gobierno nacional
Un estudio de Management & Fit realizado en septiembre ubicó al desempleo y las dificultades para llegar a fin de mes entre los principales problemas del país y de los hogares. El 57,5% de los consultados dijo que quiere un cambio total de políticas y equipo de gestión, mientras la desaprobación del Gobierno llegó al 58,1%.
El desempleo y la pérdida de poder adquisitivo aparecen entre las principales preocupaciones de los argentinos. El 19,8% identificó a la desocupación como el principal problema del país, mientras que el 22% señaló las dificultades para llegar a fin de mes como su principal preocupación personal.
El relevamiento fue realizado entre el 14 y el 28 de septiembre, sobre 2.600 casos efectivos y 2.200 ponderados, entre personas de 16 a 75 años. El estudio informó un margen de error de ±2,1%.
La percepción económica también muestra un deterioro. El 52,4% afirmó tener dificultades para cubrir sus gastos, mientras que el 39,3% calificó negativamente su situación económica personal. A nivel nacional, el 38,9% consideró que la situación económica y social es “muy mala” y otro 17,8% la definió como “mala”.
Entre los problemas del país, detrás del desempleo aparecen los aumentos de precios y tarifas, con 18,9%, seguidos por la corrupción y, posteriormente, la inseguridad. En el plano individual, después de las dificultades para llegar a fin de mes se ubican los bajos ingresos, con 17,2%, y la inseguridad al salir a la calle, con 14%. El endeudamiento personal o familiar alcanza al 10,4%.
El estudio también registró un aumento del pesimismo sobre el futuro. Quienes creen que su situación estará “mucho peor” pasaron del 17,9% en julio al 22,3% en septiembre. En tanto, el 24% anticipó que estará “peor”, mientras apenas el 2% respondió que estará “mucho mejor”.
Caída en la aprobación del Gobierno
La evaluación de la gestión de Javier Milei mostró una aprobación del 36,6%, medio punto menos que en julio, frente a una desaprobación del 58,1%. Según Management & Fit, el respaldo aumenta entre los varones y la desaprobación es mayor entre las mujeres y los mayores de 40 años.
La percepción sobre el Presidente también refleja ese resultado: Milei obtuvo 31,2% de imagen positiva y 52,7% de negativa, con un diferencial de -21,5 puntos. Además, el 49,4% manifestó sentir “mucha desconfianza” hacia el Gobierno, frente a un 19,7% que expresó “mucha confianza”.
Dentro del oficialismo, Patricia Bullrich aparece como la dirigente mejor posicionada: registró 33% de imagen positiva y 49,7% de negativa, con un diferencial de -16,7 puntos.
En el peronismo, Cristina Kirchner obtuvo 31% de imagen positiva y 51,3% de negativa. Axel Kicillof, en tanto, alcanzó 28,1% de positiva y 50,6% de negativa, con un diferencial de -22,5 puntos.
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