La CGT movilizó este jueves en la Ciudad de Buenos Aires en defensa de la industria nacional y contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei, en una nueva demostración de fuerza de la central obrera. La marcha tuvo como destino el edificio del ex Ministerio de Industria y concluyó con los discursos de los tres integrantes del triunvirato: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

La convocatoria se desarrolló bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, con la industria y las pequeñas y medianas empresas como principales destinatarias del reclamo sindical. La CGT sostiene que la combinación de caída del consumo, menor inversión y dificultades para las empresas está repercutiendo sobre el empleo y los ingresos.

El diagnóstico quedó plasmado también en un documento difundido por el Consejo Directivo Nacional. La central acusó al Gobierno de estar llevando adelante una política económica “monitoreada” por el Fondo Monetario Internacional, orientada —según su interpretación— hacia intereses que no coinciden con los de la economía nacional.

En el texto, la organización sindical afirmó que las políticas oficiales están provocando un deterioro del sistema productivo, con especial impacto sobre las pymes. Enumeró entre los factores que, a su juicio, explican ese retroceso el aumento del desempleo, la pérdida de ingresos, el deterioro de las condiciones laborales, la caída del consumo interno, la recesión, la presión impositiva, el retroceso de la inversión, la falta de financiamiento y los costos de los servicios públicos.

La central sinical también vinculó la situación de las empresas con el funcionamiento de las economías regionales y las cadenas de proveedores. Para la CGT, la pérdida de establecimientos industriales no se limita al cierre de una empresa, sino que repercute sobre trabajadores, proveedores y circuitos comerciales asociados a la producción.

El Primer Juzgado Civil, a cargo de Héctor Rollán, hizo lugar al amparo presentado por la Fiscalía de Estado y dictó una medida cautelar innovativa. UTA, ATAP y las empresas concesionarias deberán levantar las retenciones y garantizar la prestación normal y continua de todas las líneas una vez notificadas.

La orden establece que las partes deberán garantizar la prestación normal, habitual, regular y continua de todas las líneas de transporte automotor de pasajeros de la provincia, respetando los diagramas horarios establecidos. También exige poner a disposición de manera inmediata las unidades y la infraestructura necesarias para asegurar el funcionamiento del sistema.

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó la resolución y explicó que desde el organismo comenzaron a diligenciar las notificaciones correspondientes. La restitución efectiva del servicio comenzará a regir una vez que UTA, ATAP y las compañías involucradas sean notificadas judicialmente.

El argumento del Gobierno

La Fiscalía de Estado fundamentó el amparo en la necesidad de preservar los derechos constitucionales de los usuarios. El planteo sostuvo que la interrupción prolongada del transporte afecta el acceso a la educación, la salud, el trabajo y la circulación, además del derecho a utilizar el servicio público.

La intervención judicial se produjo después de más de 30 horas de interrupción del transporte, en medio de una disputa salarial entre los choferes y las empresas. La UTA sostiene que existen diferencias en el pago de las recomposiciones salariales acordadas a nivel nacional, mientras ATAP argumenta que las compañías atraviesan restricciones económicas que limitan su capacidad para afrontar los montos reclamados.

El dictamen judicial no modifica esa discusión de fondo, pero impone una condición concreta para su continuidad: el transporte debe volver a funcionar mientras las partes resuelven sus diferencias por las vías administrativas, laborales y judiciales correspondientes.

El fallo contempla además apercibimientos y eventuales sanciones frente a un incumplimiento de la medida cautelar. De este modo, el conflicto por los salarios y la situación económica del transporte ingresa en una nueva instancia, ahora bajo una orden judicial que obliga a garantizar la continuidad del servicio público.

El Ministerio de Educación de San Juan confirmó que serán justificadas las inasistencias y tardanzas de estudiantes, docentes y personal no docente que dependan del transporte público. La disposición alcanza a escuelas estatales y privadas de todos los niveles y modalidades y seguirá vigente mientras continúe la retención de servicios de la UTA.

La cartera educativa también resolvió modificar el desarrollo de las clases durante las jornadas afectadas. Las escuelas no incorporarán contenidos nuevos ni tomarán evaluaciones, mientras que los exámenes que ya estaban previstos deberán ser reprogramados en fechas que serán comunicadas oportunamente.

Para los alumnos que puedan concurrir con normalidad, las instituciones deberán priorizar actividades de repaso, de acuerdo con las pautas establecidas en el Plan de Contingencia contemplado por la Resolución N.º 12277-ME-2024.

En consecuencia, las autoridades educativas optaron por sostener el vínculo pedagógico, suspendiendo el avance del cronograma curricular y las instancias formativas acreditables para garantizar la equidad escolar

La disposición se conoce mientras la UTA mantiene su reclamo por diferencias salariales y luego de que la Justicia ordenara levantar las medidas de fuerza y restablecer el servicio de transporte público en San Juan. La continuidad de la prestación quedó, así, vinculada tanto a las negociaciones laborales como al cumplimiento de la resolución judicial.