En el marco del intenso debate legislativo por el proyecto de reforma laboral enviado por el gobierno de Javier Milei, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se presentó este miércoles ante el Plenario de Comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado para expresar un rechazo técnico, jurídico y político a la iniciativa oficial.

La delegación sindical estuvo encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), acompañados por el asesor legal de la central obrera, Pablo Topet. La jornada, presidida por la senadora Patricia Bullrich, tuvo como eje central la exposición de Sola, quien realizó un pormenorizado análisis del articulado y cuestionó la filosofía que sustenta la propuesta del Ejecutivo.

Desde el inicio de su intervención, el dirigente advirtió que se trata de una reforma “inconsulta”, tanto para los trabajadores como para los empleadores que apuestan a la producción y el empleo genuino. A su entender, el proyecto se apoya en una concepción del derecho laboral que desconoce la desigualdad estructural existente en la relación entre capital y trabajo.

Inconstitucionalidad y el cuestionamiento al principio protectorio

Uno de los puntos más contundentes de la exposición fue la advertencia sobre los “graves problemas de constitucionalidad” que, según la CGT, atraviesan el proyecto. Sola sostuvo que la iniciativa vulnera el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica.

“El trabajador es la parte más débil de la relación contractual y la ley no puede fingir una igualdad que no existe”, señaló el dirigente, al tiempo que reclamó un “debate serio” con participación de todos los sectores involucrados. En esa línea, afirmó que las normas laborales deben ser progresivas y orientadas a ampliar derechos, no a restringirlos.

Sola también alertó sobre el intento de “atomizar” la representación sindical mediante la modificación del orden de prelación de los convenios colectivos. Según explicó, el proyecto habilita acuerdos por empresa que podrían firmarse a la baja respecto de los convenios de actividad, debilitando la negociación colectiva y fragmentando la defensa de los derechos laborales.

Críticas al Fondo de Asistencia Laboral y al sistema de salud

Otro de los ejes centrales del planteo sindical fue el cuestionamiento al nuevo Fondo de Asistencia Laboral. La CGT denunció que su financiamiento implicaría el desvío de alrededor de 3.000 millones de dólares que hoy pertenecen al sistema previsional.

“Están sacando recursos de quienes ya se jubilaron para que el empleador no tenga costo al momento de despedir”, advirtió Sola, al caracterizar el mecanismo como un subsidio indirecto a los despidos financiado con fondos de los trabajadores.

En paralelo, el dirigente alertó sobre el impacto de la reforma en el sistema de obras sociales sindicales. Detalló que el proyecto prevé reducir del 6% al 5% los aportes destinados a la salud en las medianas empresas, lo que implicaría una pérdida estimada de 90.000 millones de pesos. “Se trata de un sistema solidario único en el mundo, que ya está en una situación crítica”, subrayó.

“Las reformas por sí solas no generan empleo”

En otro tramo de su exposición, Sola refutó el argumento oficial que vincula la flexibilización laboral con la creación de empleo registrado. Recordó que antecedentes recientes, como la implementación de la Ley Bases con períodos de prueba extendidos y eliminación de multas, no lograron revertir la informalidad ni generar puestos de trabajo de calidad.

“Hoy se pierden alrededor de 400 empleos genuinos por día y cierran 30 pymes”, afirmó, al sostener que el problema central no reside en el marco normativo laboral sino en la ausencia de un plan de inversión productiva.

En ese sentido, sugirió que el Congreso debería priorizar una reforma tributaria que reduzca los costos a la inversión y estimule la actividad económica, antes de avanzar en cambios estructurales en las relaciones laborales.

Sobre el cierre, la CGT pidió a los senadores que el tratamiento de la reforma no se realice “entre gallos y medianoche” y reclamó un debate profundo, responsable y respetuoso de la Constitución. La central obrera advirtió que el proyecto, tal como está planteado, restringe derechos fundamentales como la huelga y la libertad de asamblea, y supone un cambio drástico en el modelo laboral argentino.

El mensaje fue claro: sin consenso, sin diálogo social y sin una estrategia de desarrollo productivo, cualquier intento de reforma corre el riesgo de agravar la conflictividad y profundizar la precarización, en lugar de ofrecer soluciones reales a los problemas del empleo en la Argentina.

En la antesala de la movilización nacional contra la reforma laboral, la CGT exigió al Gobierno la implementación efectiva de la ley de Financiamiento Universitario y del sistema científico, y reclamó que el Presupuesto 2026 garantice los recursos votados por el Congreso.

En un nuevo gesto de confrontación con el gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) reclamó la plena implementación de la ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en octubre pasado, pero posteriormente suspendida por decisión del Poder Ejecutivo. El planteo se produce en un clima de conflictividad social y a pocas horas de la movilización convocada para este jueves contra la reforma laboral.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la central obrera exigió el cumplimiento de la ley 27.795 y advirtió sobre el impacto del ajuste fiscal en áreas estratégicas del desarrollo nacional. “Rechazamos el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología”, señaló la CGT, al tiempo que reclamó el retiro del artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026, al que considera una amenaza directa para el sostenimiento del sistema universitario y científico.

El documento enfatiza que la reducción de partidas no se limita al ámbito universitario, sino que alcanza de manera crítica a la educación técnico-profesional y a los organismos de ciencia y tecnología. “La educación, la ciencia y la tecnología son pilares fundamentales del país que defendemos”, sostuvo la central sindical, que volvió a asociar la inversión en conocimiento con la posibilidad de un crecimiento económico sustentable y con la justicia social.

En ese marco, la CGT también reclamó la aplicación plena de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que establece un sendero de incremento progresivo de la inversión hasta alcanzar el 1% del Producto Bruto Interno en 2031. Según datos citados por la central, el actual nivel de inversión se encuentra en un piso histórico comparable al de 2002, tras un recorte acumulado cercano al 50% en apenas dos años.

La brecha entre lo estipulado por la normativa y la realidad presupuestaria es significativa. Mientras la ley prevé que en 2025 la inversión alcance al menos el 0,45% del PBI, hoy apenas ronda el 0,17%. Esta caída, advierten desde el sector, se traduce en el deterioro de los salarios de investigadores y docentes, la paralización de proyectos, el abandono de infraestructura y el debilitamiento de programas estratégicos, un escenario que replica las tensiones que atraviesa el sistema universitario nacional.

La protesta de este jueves contará, además, con la adhesión de los gremios docentes y nodocentes universitarios nucleados en la FEDUN y la FATUN, así como de organizaciones sindicales de la CTA, que confluirán en una movilización conjunta contra la reforma laboral y en defensa del financiamiento público para la educación y la ciencia.

Luego de una extensa negociación marcada por rechazos y contrapropuestas, el Ejecutivo sanjuanino logró el aval de UDAP, UDA y AMET a una nueva propuesta salarial que impactará en los haberes de diciembre y enero. El acuerdo combina actualización por inflación, mejoras al nomenclador y refuerzos estratégicos para maestros y directivos.

Tras una jornada que se extendió por más de cuatro horas, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes llegaron finalmente a un acuerdo en el marco de la paritaria salarial. La confirmación llegó pasadas las 20.30 de este martes, luego de que ambas partes retomaran la negociación durante la tarde, en lo que fue la séptima reunión de la cuarta paritaria docente del año.

Los representantes sindicales arribaron al encuentro con una contrapropuesta, luego de haber rechazado la última oferta oficial en una seguidilla de reuniones que reflejó la complejidad del escenario económico y la tensión acumulada entre las partes. Sin embargo, tras la presentación final del Ejecutivo, los tres sindicatos aceptaron la propuesta y firmaron el acuerdo en conformidad.

La negociación estuvo encabezada por el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quienes expusieron los detalles de una oferta orientada a reforzar los ingresos docentes hacia el cierre de 2025 y el inicio de 2026.

El entendimiento se apoya en dos ejes centrales para el mes de diciembre de 2025. Por un lado, se dispuso que el valor índice se actualizará mensualmente aplicando el coeficiente de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC correspondiente al mes anterior, consolidando así un esquema de ajuste atado a la inflación.

Por otro lado, el Ejecutivo propuso —y logró el aval gremial— un incremento de 5 puntos en el Código E60, que pasará a totalizar 44 puntos por valor índice desde diciembre. Este componente resulta clave dentro del salario docente, especialmente para maestros de grado y equipos directivos, ya que impacta de manera directa en los haberes básicos.

De cara a enero de 2026, la propuesta incluyó además un aumento general de 4 puntos para todos los cargos que integran el nomenclador docente, lo que amplía el alcance del acuerdo y busca sostener el poder adquisitivo en el inicio del próximo año.

La paritaria se desarrolló en un contexto de alta sensibilidad social y financiera. El Gobierno provincial ya tiene definida la planificación presupuestaria de enero, lo que permitió avanzar en la negociación con mayor previsibilidad. En paralelo, el Ejecutivo confirmó el pago de un bono extraordinario de $120.000 para todo el personal de la administración pública, tanto de planta permanente como contratada.

Este refuerzo salarial, que demandará una inversión cercana a los $5.800 millones, fue un elemento central del contexto en el que se retomó el diálogo con los gremios, luego de semanas marcadas por la falta de acuerdo.

Cronograma de pagos confirmado

Junto al cierre de la paritaria docente, el Gobierno ratificó el calendario de pagos para el cierre y el inicio del año:

Aguinaldo: 20 de diciembre

Sueldo de diciembre: 30 de diciembre

Conectividad San Juan (docentes): 10 de enero

Bono extraordinario de $120.000: 16 de enero