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La mesa chica ampliada de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió este miércoles en UPCN para analizar el panorama actual tras la promulgación de la Ley de Bases y la restitución de Ganancias. Estuvieron representados todos los mosaicos gremiales que componen la central obrera.

La conducción de la CGT decidió mostrar una imagen de unidad, a pesar de las diferencias que mantienen los distintos actores que integran el Consejo Directivo. La mesa de UPCN reunió a todos.

El encuentro estuvo encabezado por el dueño de casa, el estatal Andrés Rodríguez, y los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano. Las preocupaciones son compartidas por todos los sectores: suspensiones y pérdida de empleo, derrumbe de los ingresos y el retorno de la cuarta categoría de Ganancias, con la reforma laboral «light» ya promulgada.

Con diagnóstico común, las estrategias son variadas aunque primó la decisión de no avanzar con ninguna medida de fuerza, aunque esa resolución será definida el próximo 25 de julio en reunión de Consejo Directivo convocada en la tarde de ayer.

Allí se debatirán los pasos a seguir en el marco del plan de acción que la CGT mantiene vigente y que ya contó con movilizaciones masivos y dos paros generales (24 de enero y 9 de mayo) contra el gobierno de Javier Milei.

La vuelta de Ganancias no tendrá una presentación judicial colectiva impulsada por la CGT, sí habrá acciones individuales de sindicatos afectados que contarán con el respaldo de la central sindical.

Otro punto definitivo en UPCN será solicitar un canal de diálogo formal con el gobierno. Intentarán sentarse de manera oficial con Julio Cordero, secretario de Trabajo, quien ya activó espacios de conversación con dirigentes y el contacto puede ser fructífero.

Con la CGT como paraguas, en los próximos días podrían ganar relevancia las confederaciones sectoriales impulsadas por demandas particulares. En eso están la CSIRA de los industriales, la CATHEDA de los energéticos y la CATT y UGATT del transporte. Cada agrupamiento empieza a dar pasos y actuarán abroquelados.

La CSIRA de Ricardo Pignanelli dará el punta pie este jueves con una reunión con Axel Kicillof y los gobernadores que se negaron a firmar el Pacto de Mayo y la adhesión al RIGI. Un acto político con sonido sindical.

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El paro nacional universitario tuvo un acatamiento casi total

La Federación de Docentes de las Universidades señaló que la medida iniciada durante el jueves tuvo una adhesión casi total y continuará este viernes. El gremio reclama la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial y mayores recursos para las casas de altos estudios.

La medida incluye cese de tareas, clases públicas, movilizaciones y acciones de visibilización en distintas instituciones. Según FEDUN, el reclamo se produce después de más de 300 días desde la entrada en vigencia de la ley, sin que se hayan concretado sus disposiciones centrales.

El secretario general de la federación, Daniel Ricci, sostuvo que la adhesión demuestra la magnitud de la demanda dentro de la comunidad universitaria y advirtió que el incumplimiento de la normativa profundiza el deterioro de los ingresos, las becas y los recursos destinados al funcionamiento de las universidades.

Uno de los principales reclamos está vinculado con el poder adquisitivo. Un informe elaborado por FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación, Ciencia y Tecnología (CIICTI) estima que los salarios universitarios acumulan una pérdida real del 23,8% desde noviembre de 2023. Para recuperar el nivel de compra de entonces, según ese estudio, sería necesario un incremento del 31,2%.

La federación también solicita financiamiento para becas, funcionamiento universitario, ciencia y tecnología. Para sus autoridades, la discusión excede la actualización de haberes y alcanza las condiciones necesarias para sostener la enseñanza, la investigación y la permanencia de los estudiantes.

El paro concluirá este viernes con nuevas acciones en las universidades nacionales. Desde FEDUN ratificaron la continuidad de sus demandas hasta recibir una contestación del Ejecutivo, señalando que la plena vigencia del marco legal actual se mantiene como el eje central del conflicto.

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Sanidad acordó un aumento del 9,05% para dos ramas clave

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) cerró nuevas revisiones paritarias para dos ramas de la actividad: la industria farmacéutica, comprendida en el Convenio Colectivo 42/89, y las droguerías, bajo el CCT 120/75. En ambos casos, la actualización salarial alcanza el 9,05% sobre los valores vigentes en abril de 2026.

Para la industria farmacéutica, las nuevas escalas comenzaron a regir el 1° de agosto. El básico más elevado corresponde al personal universitario categoría A, con $3.335.917,91, mientras que la categoría B quedó en $3.157.208,05.

Entre los operarios, los básicos parten de $2.978.496,45 para quienes poseen título habilitante y llegan hasta $1.745.561,76 para peones. El personal administrativo tendrá remuneraciones básicas de entre $2.484.390,46 para auxiliares principales y $1.745.561,76 para principiantes.

El entendimiento también contempla un bono vacacional no remunerativo de $336.438,37, $14.916 por comedor cuando el establecimiento no dispone de ese servicio y $472.223,79 destinados a sala maternal. Además, por el Día del Trabajador de la Sanidad se estableció un pago único de $101.560, que deberá abonarse durante septiembre.

En las droguerías, el incremento del 9,05% elevó el básico de los trabajadores profesionales a $2.382.621, mientras que los cadetes alcanzarán $1.623.475. El acuerdo incorpora, además, un bono vacacional de $222.621, $379.272 para sala maternal y la asignación de $101.560 por el Día de la Sanidad.

Las partes volverán a negociar en noviembre de 2026 y enero de 2027 para la industria farmacéutica, mientras que en droguerías habrá una nueva instancia en noviembre. Los acuerdos todavía deben ser homologados por la Secretaría de Trabajo.

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El Gobierno validó el acuerdo entre la UOM y las empresas siderúrgicas

El Gobierno nacional homologó el acuerdo de la Rama 21 siderúrgica firmado por la UOM y las empresas el 13 de agosto. El entendimiento contempla una mejora del 12%, sumas extraordinarias de hasta $1,6 millones y la incorporación de los porcentajes al salario básico desde enero de 2027.

La Secretaría de Trabajo de la Nación, encabezada por Julio Cordero, homologó el acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las empresas siderúrgicas correspondientes a la Rama 21 del Convenio Colectivo 260/75.

El entendimiento había sido alcanzado el 13 de agosto, por lo que la aprobación administrativa llegó apenas 13 días después. La rapidez del trámite contrasta con una negociación que permaneció abierta durante aproximadamente dos años sin alcanzar un acuerdo definitivo.

El convenio establece un incremento total del 12%, instrumentado mediante sumas no remunerativas. El primer 6% se aplicará durante agosto, septiembre y octubre, mientras que el segundo 6%, no acumulativo, regirá durante noviembre y diciembre.

Los porcentajes acordados pasarán a integrar los salarios básicos de convenio desde el 1° de enero de 2027, conforme a las condiciones fijadas en el entendimiento.

Bono extraordinario

La negociación también contempla una compensación extraordinaria para los trabajadores. Los empleados propios de las compañías siderúrgicas recibirán una suma de $1.600.000, mientras que para quienes pertenecen a empresas contratistas se estableció un monto equivalente al 80%, de $1.280.000.

El pacto fue alcanzado por la comisión paritaria de la UOM designada por el interventor judicial del sindicato, Alberto Biglieri, junto con representantes de las compañías del rubro.


El cierre de una negociación extensa

La resolución puso fin a una prolongada disputa salarial que había atravesado distintas instancias de negociación. El proceso se reactivó con la conformación de una mesa de delegados paritarios, en medio de la intervención judicial del gremio y el desplazamiento de Abel Furlán.

La decisión de la autoridad laboral formaliza así un acuerdo largamente esperado por los trabajadores siderúrgicos y establece el esquema de ingresos que regirá hasta comienzos de 2027.

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