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El Poder Ejecutivo publicó los decretos 592 y 593 que promulgan las leyes sancionadas por el Congreso luego de arduas negociaciones.

El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley de Bases junto al paquete fiscal y puso en vigencia la reforma laboral y la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

En la previa de la firma del Pacto de Mayo, el presidente Javier Milei publicó en el Boletín Oficial los decretos 592 y 593 que validan las leyes sancionadas por el Congreso Nacional tras más de seis meses de negociaciones.

La ley Bases le otorga facultades delegadas al primer mandatario y contiene una amplia reforma del Estado, con la transformación de áreas, la eliminación y modificación de normativas vigentes, la creación de nuevos artículos que buscan desregular la economía, una nueva reforma laboral y la implementación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).

Con la aprobación definitiva en Diputados, la nueva normativa establece modificaciones de «modernización laboral». Entre otros, se habilitan los despidos con causa justa de aquellos trabajadores que accionen, en el marco de reclamos sindicales, con bloqueos y tomas de empresas.

También se creó la figura del «colaborador» dirigida a las mini pymes para permitir la contratación de hasta tres empleados para una determinada tarea, sin generar relación de dependencia.

A su vez se eliminan las multas por trabajo no registrado a cambio de regularizar la situación de ese empleado.

En cuanto al paquete fiscal, denominado Medidas fiscales paliativas y relevantes, contiene la reimposición del impuesto a las Ganancias para 800.000 trabajadores asalariados, la rebaja en Bienes personales y el blanqueo de capitales, entre otros puntos centrales para el gobierno nacional.

Deberán hacer frente al impuesto los solteros, a partir de 1,8 millones de pesos y casados con hijos desde 2,2 millones.

Se establecen alícuotas que irán del 5% al 35%. Los montos de la escala se actualizarán en septiembre de este año -excepcionalmente- por el índice de inflación. A partir de 2025, será semestralmente, en los meses de enero y julio, también por IPC.

El capítulo de Ganancias, como así también el de Bienes Personas, habían sido rechazados por el Senado pero finalmente Diputados volvió a incluir en dictamen y concretó la sanción definitiva.

Ante esta situación, sindicatos afectados ya anticiparon que acudirán a la Justicia frente a lo consideran un mal desempeño legislativo por parte del oficialismo.

Cabe señalar que Ganancias para la cuarta categoría se había eliminado el año pasado, durante la campaña electoral, a propuesta de Sergio Massa, exministro de Economía y candidato presidencial.

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Salarios en picada: Argentina se ubica en el último lugar de la región

El deterioro sostenido del poder adquisitivo en la Argentina encontró una nueva confirmación estadística. Un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ubicó al país como el de peor desempeño salarial de América Latina en los últimos siete años, con una caída real acumulada del 18,8% en el ingreso promedio anual.

El dato no solo refleja una tendencia prolongada, sino que también expone una aceleración del deterioro en los tramos más recientes. Según el análisis, el retroceso más pronunciado se concentró en el último año de la gestión de Alberto Fernández y en los primeros años del gobierno de Javier Milei, un período atravesado por ajustes macroeconómicos, inflación persistente y contracción de la actividad.

El contexto económico aporta claves para comprender la magnitud del fenómeno. Tras la recuperación pospandemia —con expansiones del producto del 10% en 2021 y del 5% en 2022—, la economía volvió a ingresar en una fase contractiva: el PBI retrocedió 1,6% en 2023 y 1,3% en 2024. Este escenario de estancamiento, combinado con procesos inflacionarios intensos, erosionó los ingresos reales de manera sostenida.

El impacto resulta particularmente severo en el sector público. Los salarios estatales acumulan una caída del 35,23% desde 2017, con un deterioro más marcado en los últimos tres años. Solo en el actual período de gobierno, la pérdida alcanza el 17,03%, configurando uno de los descensos más abruptos de la serie reciente.

En el ámbito privado, la dinámica también exhibe un saldo negativo, aunque con matices. La reducción acumulada es del 18,94% en los últimos siete años, con un fuerte ajuste hacia el final de la administración de Mauricio Macri —cuando los salarios registraron caídas del 11,69% en 2018 y del 6,16% en 2019—. En la etapa actual, el deterioro continuó, aunque a un ritmo menor, con una contracción adicional del 1,55%.

La comparación regional resulta elocuente. Mientras la Argentina profundiza su rezago, países como México y Costa Rica registraron mejoras reales del 22,4% y 11,6%, respectivamente. En términos generales, la mayoría de las economías latinoamericanas logró sostener o incrementar el poder adquisitivo de sus trabajadores, lo que refuerza la idea de que la crisis local responde, en gran medida, a factores internos más que a condicionantes globales.

Diversos especialistas coinciden en señalar que la evolución de los salarios en la Argentina está estrechamente ligada a la volatilidad macroeconómica, las devaluaciones recurrentes y la ausencia de anclas sostenibles que permitan estabilizar precios e ingresos. En ese sentido, la puja distributiva se intensifica y termina resolviéndose, en la mayoría de los casos, en detrimento de los trabajadores.

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Con la baja de temperaturas, el comercio redefine su esquema de atención en San Juan

Las entidades empresarias de San Juan oficializaron el nuevo esquema horario para el comercio minorista con la llegada del invierno. La medida busca adecuar la actividad a las condiciones estacionales y ordenar el mecansimo de atención en toda la provincia.

Con la llegada de las temperaturas más bajas, el comercio sanjuanino vuelve a ajustar su funcionamiento diario. La Federación Económica de San Juan (FESJ), en conjunto con la Cámara de Comerciantes Unidos, anunció la implementación de un nuevo esquema de horarios que comenzará a regir desde este miércoles 8 de abril.

La medida, de carácter recomendado pero ampliamente adoptada por el sector, responde a una lógica histórica: adaptar la atención al público a los hábitos de consumo propios del invierno, donde las franjas horarias tienden a correrse hacia momentos de mayor temperatura y circulación.

En este aspecto, los comercios ubicados en la San Juan Capital funcionarán en doble turno: abrirán sus puertas de 09:00 a 13:00 y retomarán la actividad por la tarde entre las 16:30 y las 21:00. En tanto, en los departamentos del interior provincial, el esquema mantendrá la misma franja matutina, pero extenderá levemente la atención vespertina, que se desarrollará de 17:30 a 22:00.

La diferencia entre ambas modalidades no es menor. Mientras en el Gran San Juan el flujo comercial se concentra en horarios más compactos, en el interior suele registrarse un esquema más flexible, con mayor circulación en horas nocturnas, lo que explica la extensión sugerida.

Por su parte, los centros comerciales y shoppings conservarán su modalidad de horario corrido, operando de 10:00 a 22:00. Esta continuidad responde a una lógica de consumo distinta, más asociada al esparcimiento y a la permanencia prolongada de los clientes en espacios cerrados y climatizados.

Desde la FESJ destacaron que este tipo de reorganización forma parte de una práctica habitual del sector, que se repite año tras año en función de los cambios estacionales. Sin embargo, en el actual contexto económico, la adecuación de horarios también aparece como una herramienta para optimizar costos operativos y sostener niveles de actividad en un escenario desafiante para el consumo.

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El frente universitario endurece su postura y activa una nueva jornada nacional de protesta

Las federaciones FEDUN y FATUN convocaron a un paro nacional este miércoles en reclamo de recomposición salarial y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aún sin implementación.

El sistema universitario argentino atraviesa uno de sus momentos más delicados en términos presupuestarios y laborales. Este miércoles 8 de abril, docentes y nodocentes llevarán adelante una nueva jornada de protesta con cese total de actividades, en el marco de un conflicto que se prolonga desde el inicio de la actual administración nacional y que no ha encontrado instancias de resolución.

La medida fue ratificada por la FEDUN y la FATUN, que vienen coordinando acciones conjuntas frente a lo que consideran un deterioro sostenido tanto en las condiciones salariales como en el funcionamiento general de las universidades públicas.

El eje del reclamo se centra en la falta de ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que cuenta con respaldo legislativo y validación judicial, pero que —según denuncian las organizaciones— continúa sin aplicación efectiva. Para los gremios, esta omisión no solo compromete el sostenimiento operativo de las casas de estudio, sino que además profundiza el deterioro de los ingresos del personal.

En ese sentido, el secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, describió la magnitud del retroceso salarial en términos contundentes. De acuerdo con su evaluación, los trabajadores del sector han perdido cerca del 48% de su poder adquisitivo en poco más de un año, una caída que calificó como inédita por su intensidad y velocidad. La consigna impulsada por el gremio —“No hay universidad de calidad sin salarios dignos”— sintetiza una demanda que articula la cuestión salarial con la defensa del sistema educativo.

La protesta incluye además la reapertura de negociaciones paritarias, un punto que aparece como condición indispensable para iniciar cualquier proceso de recomposición. La ausencia de instancias formales de discusión salarial constituye uno de los factores que, según los sindicatos, agravan el conflicto.

Por su parte, la FATUN, conducida por Walter Merkis, confirmó la adhesión plena del sector nodocente, que abarca al personal administrativo, técnico y de servicios. Desde la federación remarcaron que la defensa de paritarias libres y sin condicionamientos resulta prioritaria, al tiempo que llamaron a sostener la protesta bajo criterios de cohesión interna y acción coordinada.

La jornada no se limitará a la paralización de actividades académicas y administrativas. Está previsto que en distintas ciudades del país se desarrollen intervenciones públicas, orientadas a visibilizar la situación que atraviesan las universidades y a instalar el tema en la agenda social. La estrategia apunta a ampliar el alcance del reclamo más allá del ámbito estrictamente gremial.

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