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El gremio que lidera Carlos Acuña SOESGyPE a través de sus asesor letrado dejó plantada posición sobre la flexibilización laboral que se impuso desde el Congreso con la llamada Ley Bases.

Por medio del abogado Enrique Rodríguez, los trabajadores organizados de Estaciones de Servicio expresaron sus reparos y preocupaciones respecto a las modificaciones introducidas por la normativa.

El exministro de Trabajo de Carlos Menem en diálogo con surtidores.com.ar, señaló que uno de los puntos más controvertidos es la constitucionalidad de las medidas, especialmente en relación con el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Este, establece la progresividad de las condiciones y derechos adquiridos por los trabajadores, que según el letrado, “están por encima de cualquier otra norma legal“. Adelantó que en este sentido, la nueva ley podría entrar en conflicto directo con la Carta Magna, generando incertidumbre y malestar entre los empleados de Estaciones de Servicio.

El abogado laboralista, también manifestó su preocupación por las sanciones que la Ley Bases impone a quienes “realicen bloqueos en los lugares de trabajo“ y considera que esta disposición resulta peligrosa para el normal desarrollo de asambleas y reclamos sindicales.

“En muchas ocasiones, el SOESGyPE debe intervenir en establecimientos que presentan conflictos por retrasos en los pagos o cuestiones particulares. Estas acciones, que son legítimas y necesarias, podrían ser consideradas por las autoridades como actos de bloqueo, lo cual no es el caso de ninguna manera“, explicó.

Rodríguez se mostró aliviado de que la Ley Bases no incluya modificaciones en los aportes patronales. Además, expresó que la implementación del “seguro de desempleo“, una figura que vendría a reemplazar a las indemnizaciones por despido, debe ser acordada y aprobada por el sindicato, porque de lo contrario, “resulta imposible imponer este concepto“, afirmó.

Este seguro, según Rodríguez, es un retroceso claro de los derechos adquiridos pero podría ofrecer una alternativa viable para los nuevos trabajadores, siempre y cuando se respeten los convenios colectivos de trabajo homologados, que proporcionan un marco jurídico de protección indispensable.

En ese aspecto, recalcó que el sector estacionero mantiene todos sus convenios colectivos homologados, lo cual brinda un marco de seguridad jurídica para los trabajadores. “Sin estos convenios, los empleados quedarían en una situación de vulnerabilidad”, resaltó Rodríguez.

“La entidad sindical se mantiene firme en la defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores y en la necesidad de un diálogo constructivo para garantizar que cualquier cambio en la legislación laboral respete los principios consagrados en la Constitución Nacional”, finalizó el letrado.

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Empleados judiciales de la provincia recibirán un bono de $80.000 y un aumento del 3,7%

La Unión Judicial confirmó que los empleados judiciales recibirán un bono de $80.000 y un aumento del 3,7% en abril, lo que se suma a los tres aumentos salariales atados al índice del IPC que ya recibieron desde enero. El incremento del 3,7% se aplicará sobre el sueldo de abril, lo que significa una suba en la remuneración de los empleados judiciales de la provincia.

Según fuentes confiables confirmaron que el bono de $80.000 estaría destinado a los escalafones maestranza, administrativo, técnico y hasta oficial superior técnico de primera inclusive, aunque remarcaron que aún faltan detalles por definir y podrían surgir modificaciones.

El acuerdo alcanzado por los trabajadores es un paso importante para mejorar sus condiciones laborales y salariales. Sin embargo, la marcada diferencia salarial entre el personal de base y los cargos de alto rango sigue siendo un tema de preocupación.

La falta de una paritaria directa entre la Unión Judicial y la Corte de Justicia, que administra el presupuesto del Poder Judicial, puede generar incertidumbre y dificultades para negociar mejoras salariales y laborales.

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La CGT convoca a empresarios de cara a la movilización por el Día del Trabajador

La Confederación General del Trabajo (CGT) invitó a empresarios pymes para analizar las consecuencias del modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei, en vísperas de la movilización por el Día del Trabajador.

La reunión, liderada por Rodolfo Daer, secretario de producción de la CGT, busca discutir la «acuciante situación» que enfrentan los sectores productivos industriales del país. La central obrera ha expresado su preocupación por la apertura indiscriminada de importaciones y el fomento a la acción especulativa financiera, que según ellos está afectando la producción y el empleo.

Entre los temas centrales de discusión se encuentran el nuevo endeudamiento con el FMI, la devaluación tras la liberación del cepo cambiario y su impacto en los precios. La CGT ha señalado que hay una remarcación del 8 al 12% en los alimentos, lo que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos.

La reunión también contará con la participación de representantes sindicales de diversos sectores, como mecánicos, metalúrgicos, textiles, vidrio, papel, industria naval y pesca. La CGT busca un diálogo amplio que integre a todos los afectados por las políticas de ajuste.

La convocatoria de la CGT a empresarios pymes es un paso clave para buscar soluciones conjuntas a los problemas que enfrenta el sector productivo. Sin embargo, no todos están convencidos de participar en la movilización del 30 de abril, y algunos empresarios han señalado que solo asistirán si se presentan propuestas concretas.

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La CONADU Histórica convocó a un paro universitario para este martes y miércoles

La Confederación Nacional de Docentes Universitarios CONADU Histórica, convocó a un paro por 48 horas para este martes 22 y miércoles 23 de abril, en reclamo de la reapertura de las paritarias salariales congeladas desde octubre de 2024. La medida de fuerza busca visibilizar la crítica situación salarial de los docentes universitarios y presionar al gobierno nacional para que tome medidas concretas.

La CONADU Histórica argumenta que la situación salarial de los docentes universitarios es insostenible, con una inflación acumulada del 197% desde que asumió el gobierno actual, mientras que la actualización salarial fue del 68% al 86% según el cargo. «En marzo, nuestros sueldos recibieron un 0% de aumento», subrayó la organización en su comunicado. La medida de fuerza coincide con el primer aniversario de la Gran Marcha Nacional en Defensa de la Universidad Pública realizada en 2024.

El gremio sostiene que la reapertura de las paritarias salariales es fundamental para garantizar la calidad de la educación universitaria y la dignidad de los docentes. «El salario de la docencia de las universidades nacionales sigue en picada», afirmó la organización. La medida de fuerza cuenta con el apoyo de otras organizaciones universitarias de base, como la CONADU línea tradicional. La medida de fuerza tendrá un impacto significativo en las universidades nacionales, con una alta expectativa de acatamiento en diferentes puntos del país.

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