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El Gobierno de Javier Milei anunció un recorte del 85% de la planta de lo que pertenecía al ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en el marco de la baja de contratos estatales que se realiza de forma trimestral. 

Así lo comunicó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, lo que generó la rápida reacción de las trabajadoras que denunciaron el vaciamiento de las políticas públicas para combatir la violencia de género y exigieron la reincorporación de los trabajadores. 

“Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”, especificó el funcionario nacional a través de su cuenta de X.

De inmediato, desde ATE hicieron público un comunicado en el que cuestionan la decisión de la administración libertaria y hablan de un vaciamiento del programa para combatir la violencia por motivos de género. 

“Denunciamos la disolución del organismo y que ya más del 80% de las trabajadoras fueron notificadas de la no renovación de sus contratos», se expresaron al respecto. 

Para las ex empleadas, «el Gobierno de Milei será el primero desde el retorno de la democracia que no tenga un organismo específico para trabajar las problemáticas vinculadas a género y diversidad, incumpliendo así los compromisos nacionales e internacionales en la materia, generando un gran retroceso en materia de Derechos Humanos”.

«Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Justicia se jactan en medios de
comunicación anunciando que habrá más despidos y se contradicen afirmando que darán cumplimiento a la normativa vigente, siendo esto imposible ya que las políticas públicas que lo hacían no se sostienen sin las trabajadoras y trabajadores especializados que están despidiendo», denunciaron respecto a los dichos de Cúneo Libarona

Asimismo, especificaron: “Incluso, desconocen la normativa, anunciando que se trabajará la ‘atención a personas en situación de violencia y riesgo’, desconociendo las especificidades reco nocidas por la Ley 26.485 de la violencia por motivos de género y pretendiendo equiparar las obligaciones que asume el Estado frente a cualquier delito, con las que asume tanto en nuestra Constitución como en acuerdos internacionales en materia de género”.

Según precisaron, resulta imposible garantizar la continuidad de la línea 144, creada para dar cumplimiento a la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las mujeres que contaba con equipos interdisciplinarios especializados. «En la guardia que atiende el mayor número de llamadas provenientes de todo el territorio nacional, sólo quedaron dos trabajadoras haciendo imposible el cumplimiento de esta Ley», agregaron.

Además, aseguraron que el equipo interdisciplinario de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la integridad sexual también redujo su planta a tan solo dos trabajadoras.

«Existen actualmente más de 7.000 víctimas de violencia de género a nivel nacional que ya fueron registrados como de Altísimo Riesgo/Emergencia, y se encuentran a la espera de recibir la asistencia que garantiza el Programa Acompañar», detallaron las especialista, y agregaron: “Los equipos interdisciplinarios de este programa, que ya había sufrido despidos en diciembre y en marzo, se reducen aún más ahora, en un 50%».

El Programa Acercar Derechos también fue desmantelado en algunas provincias y en otras cuenta con guardia mínima. Lo propio sucedió con el Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero que, a partir de los despidos, funciona con una sola trabajadora.

“Denunciamos al presidente Javier Milei, al ministro Mariano Cuneo Libarona y a la subsecretaria Claudia Barcia como responsables políticos y materiales de este vaciamiento y todas las consecuencias que puedan producirse por el cierre de este organismo”, plantearon al tiempo que revelaron que avanzarán por la vía judicial.

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Brasil define entre Lula y Bolsonaro en una elección que puede reorientar la región

Más de 158,7 millones de electores están habilitados para votar este domingo 25 de octubre. Tras la ventaja de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, Lula busca retener la Presidencia con el respaldo de sus bases populares y sindicales, en una disputa con consecuencias para la política económica, los derechos laborales y las relaciones internacionales.

Brasil afronta este domingo una de las elecciones más trascendentes de su historia reciente. Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, y el senador Flávio Bolsonaro, de 45, se enfrentan en una segunda vuelta que definirá no solo quién gobernará la mayor economía de América Latina, sino también qué orientación adoptará el país en materia social, laboral y diplomática.

La primera ronda dejó al candidato del Partido Liberal (PL) en ventaja, con el 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% obtenido por el actual presidente, del Partido de los Trabajadores (PT). La diferencia obliga a Lula a ampliar su base electoral, mientras Bolsonaro procura convertir el respaldo conservador en una mayoría definitiva. La Justicia Electoral contabiliza más de 158,7 millones de personas habilitadas para participar.

La disputa se desarrolla en un país atravesado por preocupaciones sobre el costo de vida, la inseguridad y el alcance de las políticas sociales. El resultado también tendrá repercusiones regionales: Brasil es una potencia agrícola, industrial y energética, con un peso determinante en el Mercosur y en las relaciones comerciales de América del Sur.

Dos proyectos para la economía y el trabajo

Para el movimiento obrero, la elección tiene una dimensión inmediata. Lula construyó su trayectoria política desde el sindicalismo metalúrgico del cordón industrial del ABC paulista, donde encabezó huelgas obreras a fines de la década de 1970, durante la dictadura militar. Su historia personal continúa siendo uno de los principales activos simbólicos del PT entre trabajadores y organizaciones populares.

Durante sus primeros mandatos, entre 2003 y 2010, su gobierno impulsó programas sociales como Bolsa Família y políticas orientadas a reducir la pobreza. Ahora busca defender ese legado y sostener el papel del Estado en la protección de los ingresos y la inclusión social, aunque enfrenta cuestionamientos por el costo de vida, la aprobación de su gestión y las controversias políticas que marcaron su trayectoria.

Flávio Bolsonaro, por su parte, propone una agenda conservadora centrada en el endurecimiento de las políticas de seguridad, la reducción de la edad de responsabilidad penal y un mayor respaldo a las fuerzas de seguridad. Su candidatura también está atravesada por la situación judicial de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado. Flávio prometió impulsar medidas para beneficiarlo, incluida una amnistía.

La discusión laboral constituye otro punto de contraste. Los sindicatos observan con preocupación la posibilidad de que un gobierno alineado con el bolsonarismo profundice las reformas flexibilizadoras, en un país que ya atravesó una amplia modificación de su legislación laboral en 2017, durante la presidencia de Michel Temer. Para las organizaciones gremiales, el desenlace determinará buena parte de su capacidad de negociación en los próximos años.

Una elección con impacto internacional

La política exterior también divide a los candidatos. Lula reivindica el multilateralismo, la autonomía diplomática y los vínculos comerciales con China, principal socio comercial de Brasil. Su gobierno mantiene, al mismo tiempo, diferencias con la administración estadounidense de Donald Trump, especialmente por los aranceles aplicados a productos brasileños.

Flávio Bolsonaro plantea una relación más estrecha con Washington y comparte afinidades políticas con el presidente estadounidense. Un eventual triunfo reforzaría la influencia conservadora en América Latina y podría modificar las prioridades brasileñas en los organismos internacionales y en la integración regional.

Independientemente del resultado electoral, la nueva gestión asumirá el reto de gobernar un país polarizado y gestionar crisis socioeconómicas latentes. Este desenlace no solo definirá el futuro de Brasil, sino que también reconfigurará el mapa geopolítico de la región.

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La Lista 26 de Julio busca conducir la CTA de los Trabajadores en San Juan

La Lista 26 de Julio buscará disputar el próximo 3 de noviembre la conducción de la CTA de los Trabajadores en San Juan con una propuesta que combina renovación organizativa, autonomía sindical y reivindicaciones laborales. Encabezada por Carla Costabile, secretaria adjunta de ASIJEMIN, la lista incluye a representantes de una decena de gremios, agrupaciones y organizaciones sociales.

El espacio se presenta como una coalición multisectorial que procura ampliar la representación de la central, con participación de trabajadores de la minería, la industria, los servicios, la administración pública, la docencia, la seguridad social y la economía popular. Entre las organizaciones y espacios mencionados figuran SUTEPA, ASIJEMIN, AMMAR, Alternativa Docente, FETIA y referentes de ATE, además de agrupaciones territoriales vinculadas con trabajadores informales.

La propuesta plantea construir una central con mayor presencia cotidiana en los lugares de trabajo y los barrios, recuperar el vínculo con los afiliados y fortalecer la participación de las bases. “Buscamos un proyecto colectivo, al servicio de la unidad de todas las luchas de las y los trabajadores”, expresaron desde la lista, que también reivindica la independencia de los gobiernos nacional y provincial.

La agenda gremial incluye reclamos por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, más presupuesto para salud y educación, generación de empleo genuino y defensa del derecho de huelga y de protesta. En su pronunciamiento, la nómina cuestionó además la reforma laboral impulsada a nivel nacional y advirtió sobre el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.

Junto con esas definiciones, la agrupación reclamó que se publiquen los padrones electorales y los lugares de votación, para que los afiliados puedan verificar si están habilitados y organizar su participación en los comicios.

La fórmula se completa con María Alejandra Báez y Raúl Eduardo Carrizo como secretarios adjuntos. La propuesta de Consejo Ejecutivo incluye, entre otros, a Humberto Miguel Coria en el área gremial, Cristian Jurado en Comunicación, Mariano Chousal en Acción Política, Jorge Vargas en Seguridad Social, Eliana Funes en Derechos Humanos y Soraya Anabel Ramírez en Géneros. La nómina incorpora además representantes para las áreas de juventud, formación, discapacidad, ambiente, cultura y economía social, junto con doce vocales titulares.

Con las elecciones del 3 de noviembre como próximo objetivo, la Lista 26 de Julio buscará convertir esa diversidad gremial y social en una propuesta común para conducir la CTA sanjuanina. La disputa estará condicionado por dos factores determinantes: la verdadera dimensión de la democracia interna y el poder de la central para nuclear las protestas salariales, laborales y sociales en una coyuntura de fuerte rechazo a las políticas vigentes.

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Protesta nacional: las dos CTA llaman a parar y movilizarse el 15 de octubre

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores llamaron a realizar un cese de actividades, abandono de tareas y movilización a la Plaza de los Dos Congresos. La jornada coincidirá con una sesión impulsada por bloques opositores y reunirá demandas por el financiamiento universitario, la discapacidad y la Ley de Tierras.

Las dos principales vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) convocaron a una jornada de protesta para el 15 de octubre, con cese de actividades, abandono de tareas y movilización frente al Congreso de la Nación. La iniciativa busca concentrar en una misma convocatoria reclamos sindicales, educativos y sociales, en coincidencia con una sesión de la Cámara de Diputados promovida por bloques de la oposición.

La convocatoria fue anunciada por los secretarios generales de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Ambas organizaciones anticiparon su participación junto con docentes, estudiantes universitarios, jubilados, familiares de personas con discapacidad y agrupaciones que cuestionan distintas medidas del Gobierno nacional.

El objetivo, según expresaron, es acompañar desde la calle el debate parlamentario y fortalecer los reclamos de sectores que mantienen disputas abiertas con la administración de Javier Milei.

Universidades, discapacidad y Ley de Tierras

Uno de los principales reclamos estará vinculado con las universidades públicas, cuyos trabajadores mantienen medidas de fuerza para exigir una recomposición salarial y mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones. La convocatoria se produce mientras continúa la disputa judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y los gremios sostienen la marcha federal prevista para esa misma fecha.

La agenda también incluirá las demandas de organizaciones vinculadas con la discapacidad, que reclaman la continuidad de las medidas de emergencia y recursos para garantizar las prestaciones. A esos planteos se sumará la oposición a la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023, una discusión que involucra cuestiones de soberanía y regulación de la propiedad rural.

Las CTA plantearon la jornada bajo las consignas de defensa de la educación, la soberanía y la democracia. La convocatoria constituye, además, una nueva acción conjunta de ambas centrales, que buscan articular sus reclamos con organizaciones sociales y espacios políticos opositores.

La coincidencia entre la movilización y la sesión legislativa apunta a trasladar las demandas al Congreso en un momento de discusión sobre financiamiento educativo, políticas de discapacidad y legislación sobre tierras. La magnitud de la convocatoria y el desarrollo del debate parlamentario serán factores centrales para medir el alcance político y sindical de la jornada.

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