El deterioro del mercado laboral empuja a cada vez más trabajadores hacia las plataformas de transporte. Según entidades del sector, la cantidad de choferes activos se duplicó en los últimos tres años y ya alcanza a unas 600.000 personas. El fenómeno refleja el avance de formas de empleo sin estabilidad ni cobertura social.

La pérdida de puestos de trabajo y la desaceleración de la actividad económica están modificando el mapa laboral argentino. Mientras la desocupación alcanzó el 7,8% en el primer trimestre de 2026, las plataformas de transporte se consolidan como uno de los principales refugios para quienes quedan fuera del mercado formal.

Según datos de la Asociación Civil Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACCAURA), la cantidad de choferes que trabajan mediante Uber, Didi, Cabify y otras aplicaciones pasó de unos 300.000 en 2023 a cerca de 600.000 en la actualidad. El número prácticamente se duplicó en un período marcado por el deterioro de los indicadores laborales y la caída del empleo registrado.

Desde la entidad sostienen que el perfil de los trabajadores cambió de manera significativa. Si en años anteriores predominaban quienes buscaban complementar ingresos o aprovechar la rentabilidad de la actividad, hoy se incorporan profesionales, jubilados, trabajadores despedidos y mujeres jefas de hogar que encuentran en las plataformas una alternativa inmediata para generar recursos.

La tendencia se observa con mayor intensidad en zonas golpeadas por la retracción industrial y comercial. El conurbano bonaerense concentra parte de ese proceso. En Pilar, por ejemplo, miles de desvinculaciones registradas en los últimos meses dentro del entramado fabril reflejan las dificultades que atraviesa la producción. La situación también impacta sobre actividades estratégicas como la metalurgia, el sector textil, la pesca y distintas ramas manufactureras.

Los datos regionales muestran la misma dirección. En Mar del Plata, la desocupación pasó del 6% al 9,3% en apenas un año, un incremento registrado incluso durante un período que incluyó la temporada turística estival, tradicionalmente favorable para la generación de empleo.

Sin embargo, el crecimiento de las aplicaciones no necesariamente se traduce en mejores condiciones económicas. De acuerdo con estimaciones del sector, alcanzar ingresos netos cercanos a los dos millones de pesos mensuales exige jornadas de entre 45 y 50 horas semanales, además de absorber costos cada vez más elevados de combustible, mantenimiento, seguros y depreciación de los vehículos.

La ecuación resulta aún más exigente para quienes no poseen automóvil propio. Actualmente miles de conductores alquilan unidades destinadas exclusivamente al trabajo en plataformas, con costos semanales que rondan entre 380.000 y 400.000 pesos, una cifra que reduce significativamente el ingreso final.

En este sentido, el crecimiento de esta modalidad reavivó el debate sobre la regulación del trabajo digital. Las organizaciones de conductores reclaman reconocimiento laboral, límites a las comisiones empresariales, transparencia en los algoritmos que asignan viajes y mecanismos de protección social. El planteo cobra relevancia en un mercado que ya reúne a cientos de miles de trabajadores y que continúa expandiéndose al ritmo de la fragilidad del empleo tradicional.

La expansión de las aplicaciones aparece así como una de las expresiones más visibles de la transformación que atraviesa el mercado laboral argentino: menos empleo formal, mayor informalidad y un aumento en el traslado de trabajadores hacia esquemas de ocupación flexibles, pero desprovistos de las garantías históricas del trabajo registrado.

El gremio que lidera Roberto Fernández reclamó una recomposición salarial acorde a la inflación y responsabilizó a empresarios y al Gobierno por la falta de respuestas. Aunque todavía no hay una fecha definida, la organización analiza medidas de alcance nacional que podrían afectar tanto al AMBA como a los servicios urbanos del interior.

La paritaria del transporte automotor volvió a ingresar en una zona de alta conflictividad. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) reiteró su reclamo de actualización salarial y advirtió que podría avanzar con medidas de fuerza si las cámaras empresarias no presentan una oferta que permita recuperar el poder adquisitivo de los choferes.

La advertencia fue formulada por el secretario general del sindicato, Roberto Fernández, quien sostuvo que las negociaciones permanecen estancadas y alertó que «los días pasan y la paz social peligra». El reclamo apunta a obtener una recomposición que contemple la inflación acumulada durante el segundo trimestre del año.

El principal foco del conflicto se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se negocian las condiciones salariales de la mayor parte del sistema. Sin embargo, una eventual medida de fuerza podría extenderse al resto del país, ya que la UTA nuclea a los trabajadores del transporte urbano y de media distancia de numerosas provincias.

Las empresas, por su parte, argumentan que no cuentan con recursos para afrontar nuevos aumentos sin una actualización del esquema de subsidios nacionales. Esa disputa volvió a colocar al Gobierno en el centro de la negociación, dado que cualquier acuerdo salarial depende en gran medida de la ecuación financiera que sostiene al sistema.

Aunque el gremio no definió todavía la modalidad de protesta, entre las alternativas analizadas aparecen restricciones parciales de servicios, reducción de frecuencias o un paro de actividades. La decisión quedará supeditada al resultado de las próximas reuniones paritarias.

En San Juan, la situación es seguida con atención por las empresas y los trabajadores del sector. Si la conducción nacional de la UTA resolviera convocar a una medida de alcance federal, los servicios provinciales podrían verse alcanzados por la protesta, como ha ocurrido en anteriores conflictos salariales. Por el momento, no existe una convocatoria formal ni una fecha definida para una interrupción del transporte.

La nueva advertencia sindical refleja un problema que trasciende la discusión salarial. La combinación de inflación, subsidios insuficientes y mayores costos operativos mantiene bajo presión a uno de los servicios públicos más sensibles del país. Sin una salida consensuada, el conflicto amenaza con escalar y volver a afectar la movilidad de millones de pasajeros.

El programa alcanzará a industrias y grandes comercios de toda la provincia. La iniciativa busca optimizar el consumo, mejorar la eficiencia de la red y preparar a los usuarios para un mercado eléctrico cada vez más competitivo y digitalizado.

San Juan dio un nuevo paso en la modernización de su infraestructura energética con el lanzamiento de un programa que prevé la instalación de más de 4.000 medidores inteligentes en industrias y grandes comercios. La iniciativa permitirá monitorear consumos en tiempo real, optimizar la demanda eléctrica y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y tecnológicamente integrado.

El proyecto surge de un acuerdo de cooperación entre la Unión Industrial de San Juan, el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), organismos que conformaron una mesa técnica destinada a impulsar la innovación, la eficiencia energética y la incorporación de nuevas tecnologías en el sistema eléctrico provincial.

La implementación estará a cargo de Naturgy San Juan y alcanzará a la totalidad de los usuarios de grandes y medianas demandas, con un cronograma de ejecución previsto hasta 2027. La incorporación de infraestructura de medición avanzada permitirá abandonar los sistemas tradicionales de lectura para pasar a un esquema digital con capacidad de monitoreo remoto y gestión dinámica de la demanda.

La adaptación resulta indispensable frente a las nuevas normativas a escala federal. Los grandes usuarios eléctricos deberán avanzar progresivamente hacia esquemas de contratación directa de energía en el Mercado a Término, una modalidad que exige mayor previsibilidad sobre consumos y costos para reducir la exposición a las fluctuaciones del mercado spot.

Uno de los objetivos centrales del programa será habilitar, en una etapa posterior, la aplicación de tarifas diferenciadas por franjas horarias. Este mecanismo permitirá a las empresas trasladar parte de su consumo hacia períodos de menor demanda, reduciendo costos operativos y contribuyendo a un uso más eficiente de la infraestructura eléctrica.

La iniciativa forma parte de las exigencias incorporadas en la Revisión Tarifaria Ordinaria 2026-2030 del EPRE, que plantea la necesidad de digitalizar la demanda eléctrica y convertir a los usuarios en actores activos del sistema energético. La meta es doble: mejorar la eficiencia de la red y generar las condiciones necesarias para sostener la transición hacia una matriz más moderna, competitiva y sustentable.

Más allá de la incorporación de tecnología, el proyecto marca un cambio de paradigma en la gestión de la energía. La información en tiempo real, la administración inteligente de la demanda y la integración de herramientas digitales aparecen hoy como factores decisivos para la competitividad industrial y la sostenibilidad del sistema eléctrico provincial.