La movilización convocada por Adicus y SiDUNSJ comenzará a las 16:30 en la Plaza 25 de Mayo y concluirá frente al Rectorado de la UNSJ. La CGT confirmó su adhesión a una jornada nacional que reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y recursos suficientes para docentes, no docentes y estudiantes.

La protesta provincial se inscribe en la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada en distintas ciudades del país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y solicitar recursos que permitan sostener el funcionamiento de las casas de altos estudios. La recomposición de los salarios docentes y no docentes y las previsiones presupuestarias para 2027 también forman parte de los reclamos.

La adhesión de la CGT amplía el respaldo sindical a la convocatoria. Eduardo Cabello, referente de la regional San Juan, confirmó la participación de la central obrera, que acompañará el reclamo universitario junto con las organizaciones que representan a la comunidad académica.

A nivel nacional, la movilización cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, entre otros espacios. Las dos CTA también difundieron convocatorias para acompañar la jornada.

El recorrido y el acto frente al Rectorado

La columna partirá desde la Plaza 25 de Mayo y avanzará por Ignacio de la Roza hacia el oeste. Luego continuará por calle Alem, tomará avenida Libertador San Martín y seguirá por Aberastain hasta Mitre, donde se encuentra el Rectorado de la UNSJ. Allí está previsto un acto de cierre con representantes del ámbito académico y sindical.

El paso de los manifestantes podría ocasionar interrupciones momentáneas del tránsito y demoras en el microcentro durante la tarde.

La discusión excede el reclamo por partidas presupuestarias inmediatas: también comprende la capacidad de las universidades para planificar su funcionamiento, sostener la enseñanza y la investigación y garantizar condiciones salariales para sus trabajadores. La movilización buscará trasladar esas demandas al espacio público y ampliar el acompañamiento social a las instituciones educativas.

Con el propósito de reivindicar el financiamiento y la permanencia de la educación pública, el movimiento universitario y diversos sectores sindicales se convocarán en Calle Mendoza entre Rivadavia e Ignacio de la Roza , desde allí movilizarse hacia la sede del Rectorado.

La protesta frente al Congreso reunirá a organizaciones universitarias, gremios estatales, personas con discapacidad, inquilinos y movimientos sociales. ATE convocó a un paro de 24 horas y la oposición intentará abrir el debate en Diputados para derogar el decreto, ya rechazado por el Senado en 2024.

La derogación del DNU 70/23 volverá este jueves 15 de octubre al centro de la escena política, con una movilización multisectorial frente al Congreso y una sesión especial en la Cámara de Diputados. Universitarios, trabajadores estatales, organizaciones de personas con discapacidad y movimientos de la economía popular confluirán en una jornada que combinará protesta callejera, huelga y presión parlamentaria sobre el Gobierno de Javier Milei.

La convocatoria cuenta con la adhesión de la CGT, las dos CTA y sus gremios, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) dispuso un paro nacional de 24 horas. El reclamo reúne demandas específicas de cada organización, pero encuentra un punto de coincidencia en el rechazo al decreto de necesidad y urgencia dictado al comienzo de la actual administración.

La agenda comenzará a las 11.00 con la llegada de organizaciones del Foro Permanente de Discapacidad. Desde las 13.30 se sumarán gremios docentes, estudiantes y estatales. A las 14, Diputados tiene previsto debatir la derogación del DNU, aunque el resultado dependerá de que la oposición consiga reunir el quórum de 129 legisladores y luego los votos necesarios para avanzar.

La jueza de Garantías Mónica Lucero suspendió la audiencia de formalización por las presuntas irregularidades en la obra, luego de aceptar las justificaciones de los dos legisladores nacionales ausentes. Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro cuestionaron la decisión y solicitaron el desafuero del senador y del diputado para garantizar su comparecencia.

La investigación por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum tuvo este miércoles una primera audiencia marcada por las ausencias del senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, un pedido fiscal de desafuero y fuertes diferencias entre el Ministerio Público y la jueza de Garantías Mónica Lucero. La magistrada resolvió suspender la formalización hasta que estén presentes los 11 investigados.

El procedimiento, realizado en los Tribunales de San Juan, debía permitir que los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, expusieran los hechos bajo investigación y las posibles responsabilidades penales. La causa se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia y apunta a presuntas irregularidades en licitaciones, compras de materiales, modificaciones presupuestarias y controles de ejecución de una obra que permanece inconclusa.

Entre los primeros en presentarse estuvieron el exministro Julio Ortiz Andino, los expresidentes de OSSE Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, y Gustavo Mastelono, representante de Krah América Latina. La ausencia de los dos legisladores nacionales terminó condicionando el desarrollo de la audiencia.

Andino acreditó que se encontraba en Buenos Aires por motivos laborales mediante la presentación de pasajes de avión. Lucero aceptó la justificación, aunque rechazó que participara por videoconferencia. En el caso de Uñac, su abogado defensor, Marcelo Fernández, leyó una nota en la que el senador fundamentó su inasistencia con referencias a normas constitucionales, nacionales y provinciales. También adelantó que no declararía durante la audiencia y que, si decidiera hacerlo posteriormente, presentaría un escrito.

La decisión de la jueza de considerar justificadas ambas ausencias provocó la reacción de la Fiscalía. Gómez cuestionó que las obligaciones laborales pudieran justificar la falta a una audiencia de estas características y pidió el desafuero de Uñac y Andino para asegurar su comparecencia. La magistrada defendió sus atribuciones para resolver sobre las inasistencias y sostuvo que el Ministerio Público no necesitaba que ella le corriera vista de sus decisiones.

Otro de los cruces giró en torno a la designación de Fernández como defensor del senador. El fiscal pidió precisar cuándo se había formalizado el nombramiento y cuestionó inicialmente que pudiera haberse concretado minutos antes del comienzo de la audiencia. Sin embargo, el registro judicial consignaba que Uñac había designado al abogado el 5 de octubre, nueve días antes de la convocatoria.

Durante la jornada también surgió una consulta de Lucero a Julio Ortiz Andino sobre un posible vínculo familiar con una persona allegada a la magistrada, para determinar si existían motivos que pudieran justificar su apartamiento. Al cierre de la audiencia no se había informado una resolución sobre ese punto.

La causa tiene como telón de fondo una obra central para el abastecimiento de agua potable en San Juan, cuya ejecución quedó inconclusa. La próxima instancia judicial deberá permitir que la Fiscalía exponga formalmente los hechos atribuidos a los investigados y que las defensas ejerzan sus derechos, mientras se define cómo garantizar la comparecencia de todos los involucrados.