El Gobierno anunció el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ)
El Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona comunicó el cierre de 81 dependencias que brindaban atención legal primaria gratuita a personas vulnerables. Desde ATE ya estiman unos 400 despidos. La Justicia, para pocos.
El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). Los espacios multidisciplinarios brindan atención legal primaria gratuita a poblaciones de bajos recursos. Desde el comunicado oficial los llaman «otra caja de la política». De los 105 existentes, quedarán 24 abiertos.
A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia expresó que la clausura de los CAJ se debe a que «brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias». La solución ante la supuesta acusación de ineficiencia no fue volverlos eficientes sino cerrarlos.
La cartera que conduce Mariano Cuneo Libarona informó que «el Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones» y aseguraron que el gasto de funcionamiento «le costaban a los argentinos más de $8 mil millones por año».
En esa línea, las autoridades ministeriales cuestionaron la utilización de fondos para tal fin y expresaron que, en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más. Este Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes.
Todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos. Por lo tanto, es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados, y más recursos dedicados a la misma función, concluye el texto.
Desde la ATE advirtieron que la medida implica 400 despidos distribuidos por todo el país. Desde el gremio advirtieron que el objetivo real de la normativa es avanzar en un proceso «de reorganización y vaciamiento, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables, pero también para toda la sociedad».
La delegada de ATE Silvana Silva señaló que en el área registran un total de 270 despidos desde el mes de diciembre. Ahora, con estas resoluciones, existe el peligro de que tengamos 400 despidos más, añadió.
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Menéndez: «La vivienda propia es el patrimonio de cualquier familia trabajadora»
El acceso a la vivienda propia y el fortalecimiento de la organización gremial concentran dos de las principales iniciativas del Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicio de Cuyo. Su secretario general, Víctor Menéndez, destacó la inclusión de la entidad entre las organizaciones que avanzaron con los trámites para acceder a terrenos y construir barrios destinados a trabajadores, y confirmó la participación de San Juan en la conducción de la Federación del Interior, recientemente normalizada en Mendoza.
En diálogo con Mundo Laboral, Menéndez calificó como un avance significativo la incorporación del sindicato al programa habitacional anunciado por el Gobierno provincial, que contempla 2.240 viviendas y comprende cuatro terrenos destinados a proyectos impulsados por organizaciones gremiales. La iniciativa alcanza a distintas entidades, entre ellas la UOCRA y el sindicato de estaciones de servicio, con desarrollos previstos en departamentos como Rawson, Chimbas y Pocito.
«La vivienda es el patrimonio de cualquier familia trabajadora», afirmó el dirigente, quien recordó que el SUOES llevaba tiempo completando los requisitos legales, técnicos y administrativos necesarios para acceder a la propuesta. También señaló que mantuvo reuniones con el Ministerio de Obras Públicas para continuar las gestiones y revisar compromisos habitacionales pendientes de acuerdos anteriores.
En este sentido, mencionó un antecedente concreto: un barrio cuya construcción había quedado con un avance estimado de entre el 65% y el 70% durante la gestión anterior y que fue concluido y entregado por el actual Gobierno. Menéndez aseveró que todavía restaban compromisos por resolver y que el reciente anuncio permitió retomar las conversaciones. La intención, explicó, es coordinar con otros sindicatos y las autoridades provinciales proyectos de dimensiones moderadas, con desarrollos de entre 50 y 60 viviendas, que permitan atender las necesidades de distintas organizaciones.
El representante gremial también puso el acento en la normalización de la Federación del Interior, concretada en Mendoza, que reúne a representantes de la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Formosa y las jurisdicciones cuyanas. Como resultado de la reorganización, San Juan obtuvo una secretaría adjunta y participación en la comisión directiva.
Para Menéndez, la entidad constituye una herramienta de representación y cooperación entre sindicatos de distintas provincias. Entre sus posibilidades mencionó la firma de convenios y la extensión de prestaciones de la obra social hacia jurisdicciones que necesiten ampliar su cobertura. Además, anticipó que existen conversaciones para incorporar organizaciones de Tucumán y otras provincias del Litoral.
«Es importante fortalecer esta Federación en defensa de todos los trabajadores de estaciones de servicio», opinó. La intención es ampliar su alcance territorial y facilitar respuestas comunes en materia de protección social, educación y asistencia gremial.
Durante la entrevista, Víctor Menéndez también manifestó expectativas por la visita papal a la Argentina, prevista para los días 8 al 11 de noviembre, y la definió como una oportunidad de encuentro y esperanza para una sociedad marcada por dificultades económicas. Valoró especialmente la posibilidad de que el pontífice mantenga contacto con comunidades, organizaciones y representantes del mundo del trabajo.
La estrategia del líder gremial apunta a dos frentes: elevar el bienestar material de los hogares con techos propios y proyectar el alcance institucional fuera de la provincia. El sindicato asume que lograrlo depende de darle continuidad a los planes y coordinar esfuerzos de forma sostenida con el Estado y sectores aliados.
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La canasta de los adultos mayores superó los $2,5 millones para quienes alquilan
El costo de sostener las necesidades básicas de una pareja de adultos mayores alcanzó en septiembre los $2,55 millones mensuales cuando debe afrontar un alquiler. Para quienes tienen vivienda propia, el presupuesto requerido fue de $1.742.128. Las cifras, difundidas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, muestran el peso que los gastos habitacionales y sanitarios tienen sobre los ingresos de quienes dependen de haberes previsionales.
La Canasta de Consumo para Personas Mayores registró un incremento del 1,6% respecto del mes anterior en el caso de los propietarios, mientras que para los inquilinos la suba fue del 1,1%. La diferencia entre ambos presupuestos supera los $810.000 mensuales, una brecha que refleja el impacto del costo de la vivienda sobre la economía de los hogares de mayor edad.
El desglose permite identificar los principales componentes del gasto. Los alimentos representaron $655.184 y los servicios del hogar demandaron $581.012 para una pareja propietaria. En los hogares que alquilan, ese último rubro trepó a $1.391.799. A esas erogaciones se sumaron $191.528 destinados a salud y $240.437 para bienes personales.
La magnitud de los montos adquiere mayor relevancia al compararlos con los ingresos previsionales. Según el informe, el presupuesto de una pareja propietaria equivale a casi cuatro haberes mínimos, mientras que el requerido por dos adultos mayores inquilinos se aproxima a cinco jubilaciones mínimas, tomando como referencia los valores previsionales considerados en el relevamiento.
La presión también se refleja en el costo de los medicamentos. El Índice de Precios de Medicamentos (IPM) registró un aumento promedio del 1,4% durante septiembre. Los productos destinados a tratar enfermedades cardiovasculares y la hipertensión encabezaron las subas, con un incremento del 2,3%. Les siguieron los antibióticos y antisépticos, con el 2%, y los psicofármacos, con el 1,5%.
El informe vuelve a poner de relieve la distancia entre los gastos indispensables y la capacidad de compra de los adultos mayores. La vivienda, la alimentación, los servicios y los tratamientos médicos concentran buena parte del presupuesto mensual y dejan un margen reducido para afrontar otros consumos. Para los hogares que dependen exclusivamente de ingresos previsionales, la evolución de estos rubros constituye un factor decisivo en sus condiciones de vida.
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La CTA tendrá nueva conducción provincial tras una elección cuestionada
Patricia Quiroga obtuvo una victoria contundente en las elecciones de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) en San Juan. La secretaria general de UDAP, al frente de la Lista 10, reunió cerca del 90% de los votos y quedó encaminada a conducir la central provincial durante el período 2026-2030. El resultado, sin embargo, no cerró la disputa: la oposición anunció que impugnará el proceso y recurrirá a la Justicia si no prospera su reclamo.
La lista vencedora llevará a Sergio Calderón como secretario adjunto. Así, Quiroga tomará las riendas del gremio/organización en lugar del propio Calderón, concretando un recambio de autoridades condicionado por las impugnaciones de la Lista 26 de Julio, liderada por Carla Costabile.
Los reparos opositoras apuntaron principalmente a la imparcialidad de la Junta Electoral, debido al vínculo familiar que, según denunciaron, existe entre su presidenta y la candidata ganadora. También señalaron presuntas modificaciones en los padrones y los lugares de votación, afiliados que no figuraban en los registros y restricciones para que sus fiscales pudieran controlar las mesas.
Costabile anticipó que su agrupación presentará un pedido de impugnación y nulidad ante las autoridades electorales. El espacio sostiene que cuenta con elementos para respaldar sus objeciones, incluidas constancias notariales, y advirtió que continuará la disputa en los tribunales si no obtiene una respuesta favorable en la instancia sindical.
La elección provincial se inscribió en una renovación de autoridades que también tuvo un resultado contundente en el plano nacional. La Lista 10, identificada como MÁS CTA, se impuso en las distintas jurisdicciones del país y, con más del 90% de las mesas escrutadas, superaba el 95% de los votos.
Roberto Baradel, titular de SUTEBA, encabezará la nueva conducción nacional, acompañado por Daniel Catalano, de ATE Capital, y Edgardo Llano, de APA, como secretarios generales adjuntos. Hugo Yasky, quien condujo la central hasta ahora, continuará en la estructura directiva al frente de la Secretaría de Acción Política.
Tras conocerse el resultado, Baradel calificó su elección como un orgullo y un desafío, y planteó que la nueva etapa deberá fortalecer la organización, la unidad y la capacidad de movilización de los trabajadores. También anticipó una orientación opositora frente al Gobierno nacional.
En San Juan, la amplia diferencia obtenida por Quiroga le otorga un respaldo electoral significativo, aunque la impugnación anunciada introduce una instancia pendiente para la proclamación definitiva. La Junta Electoral deberá resolver los cuestionamientos y determinar si las denuncias tienen entidad suficiente para afectar la validez de los comicios.
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