La Confederación de Trabajadores de la Educación alertó que el Gobierno nacional impulsa un ajuste sin precedentes en el sistema educativo: reducción drástica del presupuesto, eliminación del FONID, desfinanciamiento de programas clave y una deuda millonaria con la docencia. Según su Instituto Marina Vilte, la inversión educativa proyectada para 2026 será la más baja de las últimas décadas y profundizará desigualdades estructurales en todo el país.

CTERA difundió un informe en el que analiza el impacto del Presupuesto 2026 sobre la educación pública y concluye que la reducción de recursos coloca al sistema en una situación de extrema vulnerabilidad. Según el Instituto Marina Vilte, el Gobierno propone que la inversión nacional en Educación y Cultura caiga al 0,75% del PBI, muy por debajo de los niveles recientes: 1,41% en 2023 y 1,66% en 2015.

La estimación del REM-BCRA es todavía más alarmante: 0,68% del PBI, lo que representaría el piso más bajo del que se tenga registro. Para la entidad gremial, esta caída “profundiza desigualdades, limita la capacidad de las provincias para sostener políticas clave y afecta directamente las condiciones de enseñanza y aprendizaje”.

El recorte compromete infraestructura, programas pedagógicos, iniciativas de inclusión digital y la educación técnico-profesional. Para CTERA, se trata de un proceso de desmantelamiento progresivo que amenaza la estructura misma del sistema educativo.

Eliminación del FONID: un golpe histórico al salario docente

Uno de los puntos más críticos del ajuste es la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un componente salarial creado en 1998 que complementa el ingreso de maestras y maestros de todo el país.

Según las placas difundidas por el gremio, el presupuesto 2026 contempla una caída real del 98% en términos interanuales respecto de 2016, consolidando un desfinanciamiento que comenzó en 2024 y terminó por dejar sin efecto un instrumento clave para asegurar pisos salariales y sostener a las provincias de menor capacidad presupuestaria.

CTERA recordó además que el Gobierno mantiene una deuda millonaria con la docencia por este concepto. De acuerdo con los cálculos ajustados por IPC, el valor actualizado del FONID debería ubicarse en $124.500 por docente a octubre de 2025, mientras que el último pago percibido fue el correspondiente a septiembre de 2023: $28.700. “El FONID es un derecho conquistado y no puede eliminarse por decreto”, reiteró la organización.

Programas paralizados, infraestructura comprometida y más desigualdad

El informe también expone el impacto del desfinanciamiento sobre políticas centrales: obras y mantenimiento escolar, programas socioeducativos, iniciativas de formación docente, acompañamiento pedagógico y el histórico Conectar Igualdad, hoy interrumpido o severamente recortado.

Para CTERA, estas decisiones no solo deterioran el funcionamiento cotidiano de las escuelas sino que profundizan brechas entre provincias y regiones, agravando la desigualdad educativa y limitando oportunidades para los sectores más vulnerables.

Un llamado urgente al Gobierno: “Basta de ajuste a la educación”

La entidad docente exigió al Gobierno nacional que revierta el recorte y convoque a instancias de diálogo para restituir los fondos eliminados. “La educación pública atraviesa su nivel de inversión más crítico, afectando el derecho de millones de estudiantes”, advirtió CTERA.

Con un presupuesto en caída libre, salarios pulverizados, programas paralizados y una deuda sin saldar, la organización confirmó que continuará visibilizando la situación y reclamando medidas para evitar —según sus palabras— un “desmantelamiento silencioso pero sistemático” del sistema educativo.

El personal técnico y profesional del Instituto Nacional de Vitivinicultura rechazó la Resolución 37/2025, que elimina la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), y advirtió que la medida expone al sector a riesgos operativos, comerciales y reputacionales. Para los trabajadores, el fin del CIU rompe con un mecanismo histórico de trazabilidad y abre la puerta a fraudes, sanciones y pérdida de competitividad internacional.

La Resolución 37/2025, parte del paquete desregulatorio impulsado por el Gobierno nacional, desató uno de los conflictos más tensos dentro del Instituto Nacional de Vitivinicultura en los últimos años. Técnicos, profesionales y trabajadores del organismo publicaron un comunicado en el que calificaron la norma como “inviable” y alertaron que no contempla las consecuencias legales, operativas ni técnicas para la actividad vitivinícola.

Según el comunicado, la disposición “no refleja las necesidades ni la estructura del sector” y, aplicada tal como está, pone en riesgo la trazabilidad, la transparencia comercial y la reputación del vino argentino en los mercados globales.

El CIU, una herramienta histórica e irremplazable

El eje del conflicto está en la eliminación del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) como requisito obligatorio. Para el personal del INV, no se trata de un formulario administrativo sino de la pieza central que sostuvo durante décadas la trazabilidad desde el ingreso de la uva hasta el vino final.

El comunicado destaca tres funciones esenciales del CIU:

Trazabilidad documental y fiscal completa, asegurando que los volúmenes declarados coincidan con los efectivamente procesados.

Prevención de adulteraciones, desvíos y triangulaciones, históricamente detectadas gracias a controles intermedios.

Transparencia ante los mercados internacionales, que exigen sistemas de trazabilidad unívoca como condición para habilitar exportaciones.

Eliminar su obligatoriedad deja al sector —según los trabajadores— ante un escenario de “fragilidad regulatoria”, con mayor dificultad de fiscalización y un desbalance competitivo entre actores que cumplen controles estrictos y otros que podrían operar sin ellos.

Tres razones por las que la medida sería técnicamente inviable

1. Riesgo de incumplimientos documentales

Al suprimir controles previos, las verificaciones pasan a realizarse después de la comercialización. Esto incrementa la probabilidad de errores formales y expone a bodegas y establecimientos a multas, clausuras o pérdida de certificaciones, incluso cuando no exista intención de incumplimiento.

2. Mayor margen para fraudes y adulteraciones

Sin el CIU como instancia intermedia de control, la detección de irregularidades queda relegada a etapas finales del proceso, donde ya es más difícil identificar desvíos. Para el INV, esto deja a la Argentina vulnerable a crisis reputacionales en un mercado donde la autenticidad es un valor clave.

3. Pérdida de competitividad internacional

Los principales mercados de exportación —especialmente los de mayor valor agregado— exigen sistemas de trazabilidad robustos y auditables. Si se debilita el mecanismo nacional, la vitivinicultura argentina podría enfrentarse a restricciones comerciales, a nuevas barreras no arancelarias y a mayores costos de certificación externa.

En una reunión de su Consejo Directivo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte ratificó un rechazo absoluto a la reforma laboral que prepara el Gobierno y planteó, en cambio, la necesidad de avanzar en una profunda reforma tributaria. Con Hugo Moyano (h) como enlace parlamentario, la entidad trazó su estrategia legislativa y llamó a la unidad del movimiento obrero.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que reúne a los principales sindicatos del sector —con la única excepción de la UTA—, dejó en claro que no habrá margen para negociar la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei pretende enviar al Congreso en diciembre.

El cónclave, realizado en la sede central de la entidad en el barrio porteño de San Cristóbal, reunió a los referentes de la organización bajo un diagnóstico común: la iniciativa oficial constituye una “propuesta regresiva y perjudicial para los trabajadores del sector”, motivo por el cual la Confederación adoptará una “postura firme y unitaria” para enfrentarla.

El secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid, sostuvo que el camino para impulsar el empleo no pasa por el “ajuste laboral”, sino por una reforma tributaria integral que dé condiciones reales para la inversión y la generación de puestos de trabajo. “Una reforma laboral que retrotrae derechos esenciales evoca épocas de explotación y desprotección que no podemos permitir”, remarcó.

En sintonía, el secretario gremial, Juan Pablo Brey, afirmó que cualquier transformación del mercado laboral debe estar basada en la dignidad de los trabajadores y el respeto irrestricto de los convenios colectivos, pilares históricos del movimiento obrero argentino.

Por su parte, el secretario adjunto de la Confederación, Omar Pérez, dirigente de Camioneros y hombre de confianza de la familia Moyano, destacó la necesidad de defender en bloque los derechos conquistados, advirtiendo que el sindicalismo del transporte será un actor central en la resistencia a las medidas oficiales.

Estrategia parlamentaria: el rol clave de Hugo Moyano (h)

La presencia del secretario de Relaciones Institucionales de la CATT, Hugo Moyano (h), recientemente electo diputado nacional, dotó a la reunión de un componente estratégico adicional. El Consejo Directivo analizó junto a él la futura disputa parlamentaria, previendo que la reforma ingresará a la Cámara de Diputados alrededor del 15 de diciembre, en el marco de sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno.

El flamante legislador —abogado laboralista y figura emergente en la interlocución del sindicalismo con el Congreso— planteó la necesidad de articular esfuerzos con distintos bloques opositores para bloquear el avance del proyecto. “Debemos garantizar que el Congreso no sea una escribanía del poder ejecutivo en materia laboral”, coincidieron los dirigentes.

Con esta definición, la CATT se alinea con otras organizaciones como las CTA, ATE y los sectores mayoritarios de la CGT, todas coincidentes en que la propuesta gubernamental de flexibilización laboral no es negociable.

Un movimiento obrero que reorganiza sus fuerzas

El encuentro dejó un mensaje claro: el transporte, uno de los sectores con mayor capacidad de presión y organización, se posiciona como un actor central en la disputa política que se viene. La CATT no solo anticipó su rechazo a la reforma laboral, sino que también se comprometió a diseñar una agenda propositiva que contemple la modernización del sistema de transporte, la defensa del empleo y la mejora de las condiciones laborales.

El documento final de la reunión expresó un respaldo unánime a esta hoja de ruta, dejando en claro que el gremialismo del sector afrontará la discusión desde un lugar de unidad, firmeza y convicción.

La CATT se suma así a un frente sindical cada vez más articulado y dispuesto a resistir los cambios que propone el Gobierno nacional. Con una conducción cohesionada, presencia legislativa y un discurso que combina defensa de derechos con propuestas de fondo —como la reforma tributaria—, los gremios del transporte buscan convertirse en uno de los principales contrapesos al proyecto de flexibilización laboral. El escenario político que se abre hacia diciembre será decisivo para medir la fuerza de esta estrategia.