En un contexto de fuerte ajuste económico, movilizaciones y reclamos que se multiplican en todo el país, conversamos con Alfredo Collado, referente de los trabajadores judiciales nacionales en San Juan. El dirigente gremial compartió su mirada sobre la situación actual, el deterioro del poder adquisitivo del sector y el accionar del Gobierno nacional, al que calificó como “insensible” frente a las necesidades de la clase trabajadora.

“Estamos incluidos en la bolsa del ajuste. Lo que se busca es bajarle el precio a los trabajadores argentinos para volvernos competitivos, pero a costa de nuestro bienestar y nuestros derechos”, denunció Collado, señalando que el deterioro del salario no afecta solo a los empleados judiciales, sino a trabajadores de todos los sectores, jubilados, científicos y personal de salud.

“La inflación nos devora”

En relación a los aumentos salariales, Collado cuestionó la resolución reciente de la Corte Suprema de Justicia que otorgó un aumento del 2,5% retroactivo a marzo, muy por debajo de la inflación acumulada. “Es una burla. Ese porcentaje no solo llega con varios meses de retraso, sino que está muy por debajo del índice de inflación. Seguimos perdiendo poder adquisitivo”, subrayó.

Según explicó, los judiciales nacionales ya acumulan una pérdida salarial del 35% en lo que va del año. “Nuestros sueldos no alcanzan para lo básico: comida, alquiler, servicios. Estamos hablando de derechos elementales que están siendo pisoteados”, expresó.

No obstante, destacó que recientemente la Corte presentó un pedido para recomponer los salarios que vienen perdiendo frente a la inflación desde el comienzo del año. “Esperamos que se apruebe esa solicitud, porque lo más lógico sería que nuestro sueldo se actualice en función de la inflación, como corresponde”, afirmó.

El desgaste de una lucha prolongada

Consultado sobre el estado actual del plan de lucha, Collado reconoció un importante desgaste entre los trabajadores. “Llevamos meses de pelea constante. Hay cansancio, desazón, y también un intento claro de debilitar a los gremios. Pero seguimos buscando formas de resistencia y participación”, explicó.

Una de las estrategias actuales consiste en realizar asambleas en las unidades funcionales y organizar “apagones” laborales: interrupciones breves de las tareas para reflexionar colectivamente. “Durante una hora o una hora y media nos juntamos a tomar un café, conversar sobre lo que está pasando, y después retomamos el trabajo. Lo importante es visibilizar nuestro reclamo y mantenernos unidos”, señaló.

Sobre el decreto que limita el derecho a huelga

En la parte final de la entrevista, Collado se refirió al reciente fallo de la justicia laboral que suspendió el decreto del Gobierno que restringía el derecho a huelga. “Es un límite muy importante al avance autoritario. Más allá del rol del Poder Judicial, es la propia Constitución Nacional la que protege nuestros derechos gremiales”, enfatizó.

Y agregó: “El artículo 14 bis nos otorga legitimidad como sindicatos, ampara el derecho a huelga y a la protesta. El Gobierno no puede pasar por encima de eso. La justicia puso un freno, y esperamos que la Corte lo confirme”.

Para cerrar, Collado dejó un mensaje dirigido a toda la ciudadanía: “Debemos confiar en nuestras instituciones, en la división de poderes y en los valores republicanos. No permitamos que se destruyan. Hay elecciones pronto, votemos con inteligencia y seamos coherentes con las decisiones que tomamos. El futuro de nuestros derechos está en juego”.

La tasa de informalidad laboral en Argentina sigue aumentando, con un crecimiento del 78% en la participación de la recuperación del empleo total desde la pandemia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), por cada empleo formal creado, se generan 1,5 empleos en negro.

El trabajo en negro es un fenómeno persistente y complejo que afecta a millones de trabajadores en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. En Argentina, la situación es particularmente grave, con una alta tasa de informalidad que afecta tanto a adolescentes como a mujeres, exacerbando las desigualdades de género y generacionales en el mercado laboral.

El crecimiento de la informalidad

Según datos del Indec, en los últimos cuatro años se han generado 568.000 empleos informales, en comparación con 363.000 formales registrados en el sector privado. Esto significa que por cada empleo formal creado, se generan 1,5 empleos en negro. El sector con mayor informalidad laboral es el servicio doméstico, con más de un millón de personas trabajando sin aportes al sistema previsional.

Sectores más afectados

La industria agrícola y la construcción también presentan altas tasas de informalidad laboral. En la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, más de la mitad de los trabajadores no tienen acceso a los beneficios de un empleo formal. En la construcción, el 58,4% de los empleados están en la informalidad.

La recesión económica

La economía argentina ha experimentado una recesión significativa, lo que ha tenido un impacto directo en el mercado laboral. La caída del 5,1% en el Producto Bruto Interno (PBI) durante el primer trimestre de 2024 ha llevado a un aumento del desempleo y la precarización laboral.

La pobreza y la desigualdad

El 34,9% de los trabajadores en Argentina vive por debajo de la línea de pobreza, un fenómeno que se ha incrementado notablemente en los últimos años. La situación ha empeorado significativamente en el último semestre, con una caída de casi un 40% en los ingresos promedio de los ocupados desde 2017.

La informalidad laboral en Argentina es un flagelo que crece sin cesar, perpetuando las desigualdades socioeconómicas y afectando a un amplio sector de la población. Es fundamental que se implementen políticas activas de empleo, formación profesional y coordinación con políticas sectoriales para abordar esta problemática y proteger los derechos de los trabajadores.

En una sesión marcada por la tensión y el debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley que establece una suba del 7,2% de los haberes jubilatorios y un aumento del bono de $70.000 a $110.000. La medida fue aprobada con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, y ahora deberá pasar por el Senado para tener su sanción definitiva.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional anticiparon que vetarán la medida por considerarla un «atentado contra el equilibrio fiscal». Según trascendió, el Ejecutivo considera que el aumento de los haberes jubilatorios y el bono tendría un impacto fiscal de 12 mil millones dólares, es decir 1,8 del PBI.

El debate en la Cámara estuvo Caracterizado por las diferencias entre los bloques políticos. La diputada de Unión por la Patria (UxP), Victoria Tolosa Paz, sostuvo que el aumento de 7,2% a las jubilaciones «es una reparación» a la situación que atraviesan los jubilados. Por su parte, los diputados de la oposición argumentaron que el aumento no es suficiente y que se necesitan medidas más profundas para abordar la crisis jubilatoria.

El aumento del 7,2% a los haberes jubilatorios y el bono de $110.000 es una medida importante para los jubilados que ven cómo sus ingresos se ven afectados por la inflación y la devaluación. Sin embargo, la incertidumbre sobre el veto del Gobierno nacional genera dudas sobre el futuro de la medida.