La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocaron a un paro nacional para el 12 de agosto y anunciaron un cronograma de protestas que podría extenderse durante todo el mes. El Ministerio de Capital Humano sostuvo que la medida carece de fundamento porque los compromisos salariales acordados en junio se encuentran vigentes y la próxima reunión paritaria ya tiene fecha.

El conflicto en el sistema universitario nacional sumó un nuevo episodio. La FEDUN y la FATUN confirmaron un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el próximo 12 de agosto, en rechazo a lo que consideran un incumplimiento de las resoluciones judiciales vinculadas con la Ley de Financiamiento Universitario y ante la falta de una nueva convocatoria a la negociación salarial.

La medida fue definida en el ámbito del Frente Sindical Universitario, con el acompañamiento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Las organizaciones sostienen que las universidades atraviesan un proceso de deterioro presupuestario y reclaman la plena aplicación de las decisiones judiciales que ordenaron recomponer los salarios del personal docente y nodocente.

Los gremios argumentan que el Gobierno aún no dio cumplimiento efectivo a la medida cautelar que garantiza la vigencia de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, respaldada en distintas instancias por la Corte Suprema de Justicia. Esa normativa prevé mecanismos de actualización salarial con carácter retroactivo y revisiones trimestrales vinculadas a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

En este sentido, la FATUN expresó su rechazo al desempeño del subsecretario de Políticas Universitarias, a quien acusó de mantener una actitud de «destrato» durante las negociaciones paritarias, un cuestionamiento que profundizó el distanciamiento entre las partes.

Como parte de la escalada gremial, el Frente Sindical Universitario aprobó un cronograma de protestas que contempla nuevas medidas si no hay avances en la negociación. Además del paro del 12 de agosto, prevé abrazos simbólicos a edificios universitarios y una movilización al Palacio Sarmiento el 19 de agosto. En caso de persistir la falta de respuestas oficiales, los sindicatos anunciaron un paro de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto. La agenda continuará en septiembre, cuando los representantes universitarios participen del 96.º Plenario de Rectores en Bariloche, donde se comenzará a elaborar el proyecto de presupuesto universitario para 2027 y se presentará una carta abierta al Congreso.

La respuesta del Gobierno llegó pocas horas después del anuncio. A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano rechazó los argumentos de las organizaciones sindicales y calificó la medida de fuerza como «prematura». La cartera sostuvo que cumplió con las obligaciones asumidas en la paritaria firmada el 10 de junio y recordó que ese acuerdo estableció una recomposición salarial acumulada del 24,33%, integrada por un incremento del 21,33% liquidado en junio y otro 3% previsto para octubre.

El Ministerio también señaló que el acta paritaria fijó un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para retomar las negociaciones, por lo que, a su entender, no existe incumplimiento que justifique la convocatoria al paro. Desde la cartera remarcaron que las partidas destinadas a salarios fueron transferidas conforme a los compromisos asumidos.

La Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo retirara las reformas sobre extranjerización de tierras y la Ley de Manejo del Fuego para conservar el respaldo de bloques dialoguistas. La iniciativa agiliza los desalojos por usurpación y endurece las condiciones para las expropiaciones.

La iniciativa fue aprobada por 37 votos contra 33, con el respaldo de los 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve de la Unión Cívica Radical, tres del PRO y legisladores de bloques provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén, Corrientes y Provincias Unidas. La oposición estuvo integrada por el interbloque peronista, Convicción Federal y representantes de fuerzas provinciales que cuestionaron tanto el contenido de la norma como el procedimiento utilizado para su tratamiento.

El texto finalmente sancionado incorpora cambios significativos en el régimen de protección de la propiedad privada. Entre sus principales disposiciones establece un procedimiento sumarísimo para acelerar los desalojos en casos de ocupaciones ilegales y limita las posibilidades de expropiación por parte del Estado, con el argumento de reducir la litigiosidad y brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios.

Las mayores concesiones del oficialismo estuvieron vinculadas a los capítulos que generaron resistencia entre gobernadores y bloques dialoguistas. Primero fue retirado el apartado que modificaba la Ley de Tierras Rurales, cuestionado por habilitar una flexibilización de las restricciones para la compra de grandes extensiones por parte de extranjeros. Horas después también quedó fuera del dictamen la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, al no reunir el respaldo suficiente dentro del propio bloque de aliados.

La normativa vigente sobre incendios, aprobada en 2020, impide modificar durante 60 años el destino de los bosques nativos y humedales afectados por el fuego, mientras que fija un plazo de 30 años para las tierras de uso agropecuario. El Ejecutivo pretendía reducir esas restricciones al considerar que perjudican a propietarios que ya fueron afectados por los incendios, pero la propuesta no consiguió el acompañamiento necesario.

Durante el debate, el miembro informante del oficialismo, Agustín Coto, defendió la iniciativa al sostener que busca garantizar el derecho de propiedad consagrado por la Constitución Nacional y reducir las demoras judiciales que enfrentan quienes denuncian ocupaciones ilegales. Según explicó, el nuevo procedimiento permitirá acelerar las resoluciones y fortalecer la protección de los titulares de inmuebles.

La discusión expuso, una vez más, la profunda distancia entre el oficialismo y la oposición. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como «inconstitucional» y aseguró que la modificación del régimen de expropiaciones constituye «un robo a cara descubierta de los bienes y las empresas del Estado». En la misma línea, el senador pampeano Daniel Bensusán denunció irregularidades en el trámite parlamentario y cuestionó que el nuevo dictamen hubiera sido distribuido apenas una hora antes del inicio de la sesión.

Las críticas también apuntaron al alcance político de la iniciativa. La senadora rionegrina Ana Marks sostuvo que concebir la tierra exclusivamente como un activo económico implica desconocer su dimensión social y advirtió que el nuevo régimen de desalojos no contempla respuestas para el creciente déficit habitacional.

Desde el oficialismo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que la ley representa una reparación para quienes sufrieron usurpaciones y abusos estatales. En el mismo sentido, la senadora Nadia Márquez consideró que la norma contribuirá a desalentar las ocupaciones ilegales, agilizar la recuperación de inmuebles y generar un clima más favorable para las inversiones. El radical Maximiliano Abad, en cambio, acompañó el proyecto, aunque advirtió que la llegada de capitales dependerá principalmente de la estabilidad institucional, la previsibilidad económica y la fortaleza de las instituciones.

La exclusión del capítulo sobre tierras del debate en el Senadon no desactivó una movilización que ya estaba en marcha. Organizaciones sociales, ambientales, sindicatos y dirigentes políticos confluyeron en el centro de la capital sanjuanina para advertir sobre los riesgos que, a su juicio, implicaría modificar el régimen que regula la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros.

La Plaza 25 de Mayo se convirtió en el principal punto de encuentro de una manifestación que reunió, según estimaciones policiales, a más de mil personas donde participaron de una convocatoria que sumó a organizaciones ambientales, movimientos sociales, gremios y referentes de distintos espacios políticos bajo una consigna compartida: preservar el control nacional sobre la tierra.

La movilización se desarrolló pese a que el Senado finalmente resolviera postergar el tratamiento del capítulo referido a la Ley de Tierras, incorporado al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Lejos de desactivar la convocatoria, la decisión legislativa reforzó entre los asistentes la idea de mantener la presión pública mientras la iniciativa continuara abierta a discusión parlamentaria.

Banderas argentinas, carteles y consignas atravesaron toda la jornada. «La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja», podía leerse en una de las pancartas que sintetizaban el espíritu de la protesta, centrada en la defensa del patrimonio territorial y de los recursos naturales.

Entre las referentes presentes, la activista Claudia Cantoni sostuvo que la preocupación radica en los cambios que podrían introducirse sobre la regulación del acceso a la tierra y advirtió sobre el aumento de presencia de capitales extranjeros en amplias extensiones de distintos departamentos sanjuaninos. A su entender, cualquier flexibilización del régimen vigente profundizaría ese proceso y debilitaría las herramientas de resguardo del patrimonio nacional.

Los organizadores señalaron que la movilización buscó instalar el debate en la agenda pública y anunciaron que continuarán impulsando acciones de difusión y nuevas convocatorias mientras el proyecto permanezca en análisis en el Congreso.

La iniciativa promovida por el Gobierno nacional propone modificaciones al régimen que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Durante las negociaciones parlamentarias, el oficialismo introdujo cambios para reunir apoyos legislativos, aunque finalmente resolvió retirar ese capítulo del temario de la sesión.

Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma apunta a consolidar la inviolabilidad de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y generar mejores condiciones para las inversiones. Al mismo tiempo, afirman que el proyecto mantiene restricciones para impedir que Estados extranjeros y empresas públicas de otros países adquieran inmuebles ubicados en áreas consideradas sensibles para la defensa y la seguridad nacional.

Aunque el debate quedó momentáneamente suspendido, la jornada dejó una señal política inequívoca. La movilización de San Juan, en sintonía con otras registradas en distintas provincias, evidenció que la discusión sobre el destino de la tierra excede el plano legislativo y se ha instalado como uno de los ejes de mayor sensibilidad pública, donde confluyen intereses económicos, soberanía, recursos naturales y modelos de desarrollo.