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Lo dio a conocer Gerardo Martínez  líder de la UOCRA en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra. “El Gobierno no interviene en las resoluciones de conflicto, no promueve políticas de empleo y pretende limitar la negociación colectiva”, afirmó

Mientras se acentuaron las divisiones sindicales por la estrategia que se seguirán contra las políticas de Javier Milei, la CGT efectuó este martes duras críticas contra el gobierno argentino en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que delibera desde ayer en Ginebra, Suiza: el secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez, calificó la reforma laboral de “precarizadora y antisindical” y consideró que la Casa Rosada “no interviene en las resoluciones de conflicto, no promueve políticas de empleo y pretende limitar la negociación colectiva”.

Al hablar durante una reunión plenaria de la Comisión de Normas de la OIT, el líder de la UOCRA advirtió que las políticas que viene desarrollado el gobierno de Milei “colisionan con los conceptos y valores de la justicia social con la idea de transferir al sector privado el rol del Estado”.

“Nosotros reafirmamos que sin Estado no hay Nación”, destacó el directivo de la CGT, luego de lo cual profundizó sus cuestionamientos contra Milei: “El Gobierno, por ejemplo, no interviene en las resoluciones de conflicto, no promueve políticas de empleo, se despreocupa de la formación profesional, pretende limitar la negociación colectiva y se ausenta de sus obligaciones de combatir el trabajo no registrado con el adelantamiento de la inspección laboral”.

Ese cuadro, dijo, “representa claramente la contracara de las conclusiones de los expertos de OIT, donde el diálogo social es de vital importancia para abordar las cuestiones relacionadas con el trabajo”.

Luego consideró que “el Poder Ejecutivo, mediante un decreto de necesidad y urgencia, sin consulta con los actores sociales y la sociedad civil, sin acudir al Poder Legislativo, pretendió introducir la reforma laboral más regresiva desde que recuperamos la democracia”.

El titular del gremio de la construcción, que será reelegido como miembro del Comité Ejecutivo de la OIT, detalló que la propuesta laboral del gobierno argentino es “una reforma precarizadora y antisindical con la finalidad de imponer un conjunto de políticas económicas y reformas estructurales que dañan las condiciones de vida y restrigen el ejercicio de la libertad sindical”.

“La respuesta del movimiento obrero fue a través de la Justicia y con masivas movilizaciones, con una consigna: Ni un paso atrás -agregó Martínez en su discurso-. La reducción del rol del Estado eliminando a ministerios, organismos autárquicos, despidiendo masivamente a trabajadores del sector público ocasionó, como consecuencia de la fuerte recesión, que se produjeran despidos en el sector privado, producto de la parálisis de la actividad económica”.

Gerardo Martínez y el director de la OIT, Gilbert Houngbo

En ese sentido, el jefe de la UOCRA hizo hincapié en “el sector de la construcción, motor del desarrollo económico sostenible de cualquier país, que se ha visto golpeado con la paralización injustificada de obras públicas y de infraestructura, generando la pérdida de miles de puestos de trabajo, además de comprometer las inversiones con el desarrollo productivo del país”.

Según el sindicalista de la CGT, “es fundamental tener una administración del trabajo virtuosa para garantizar el paseo del paso de la informalidad a la formalidad y para dar respuesta a ese 60% de trabajadoras y trabajadores informales que hay en nuestro país”. Y añadió: “Los expertos resaltan el rol fundamental que cumplen los ministerios de trabajo. En Argentina, una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno actual fue degradar nuestro ministerio al rol de Secretaría de Trabajo, reduciendo sus funciones, vaciándolo de su finalidad pública”.

“Los trabajadores de mi país apelamos al diálogo social como llave maestra de democracia para la construcción de una Argentina con desarrollo, producción y trabajo”, señaló Martínez, quien finalmente se pronunció en favor de “un nuevo contrato social que responda a los desafíos del mundo del trabajo, pero fundamentalmente que atienda a la demanda de nuestro pueblo”.

El titular de la UOCRA está en Ginebra junto con el cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad); Cristian Jerónimo (empleados de la Industria del Vidrio y la abogada de la UOCRA Marta Pujadas, entre otros. También concurrieron miembros de la CTA Autónoma como su titular, Hugo “Cachorro” Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, como Roberto Baradel (Suteba) y Claudio Marín (Foetra).

Baradel también criticó al Gobierno al hablar ante la OIT: dijo que “implementó su plan económico y social mediante normas de rango inferior, en clara violación a la Constitución Argentina, es decir, ignorando al Poder Legislativo” y que “se han multiplicado y propagado una serie de decretos, resoluciones, disposiciones y decisiones administrativas que, analizadas en conjunto, constituyen un plan sistemático de cambio del patrón de acumulación que beneficia a sectores concentrados y viola de forma sistemática derechos y garantías sociales que gozan de la más alta protección constitucional”.

Además, sostuvo que “el Poder Ejecutivo Nacional ha destruido el empleo público con más de 20.000 despidos, cifra que sigue en aumento, desmantelando la administración del trabajo, especialmente en un mundo laboral en transformación, como establece el documento en estudio”. Y resaltó que “ha recortado los salarios de los docentes, suprimiendo el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que había sido parte de su salario durante más de 25 años, eliminado el presupuesto destinado a ello”.

Por Ricardo Carpena

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FAECYS confirmó liquidación de aumentos salariales para empleados de comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) anunció que los supermercados y comercios del país comenzarán a abonar esta semana los incrementos salariales correspondientes al acuerdo paritario del trimestre abril-junio.

La FAECYS, liderada por Armando Cavalieri, confirmó que los incrementos salariales serán liquidados esta semana, pese a la demora del gobierno en homologar la paritaria. El acuerdo alcanzado contempla un aumento acumulativo del 5,4%, distribuido en tres tramos, lo que implica un ajuste significativo en las remuneraciones de los trabajadores mercantiles.

El salario básico con presentismo alcanzará los $1.123.000, mientras que se pactaron sumas fijas que se incorporarán a los básicos a partir del mes de julio, lo que representa una mejora sustancial en las condiciones laborales de los empleados de comercio.

La FAECYS destacó que esta decisión refuerza la plena vigencia del convenio colectivo y brinda certidumbre a los trabajadores en un contexto económico complejo. La entidad sindical recordó que el acta del acuerdo incluye una cláusula específica que garantiza la aplicación de los aumentos, incluso ante una demora en la homologación administrativa por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

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El CIMyN cierra sus puertas debido a una deuda millonaria con la Obra Social Provincia

El Colegio Médico de San Juan anunció el cierre total del Sanatorio CIMyN debido a la falta de pagos y atrasos por parte de la Obra Social Provincia, que supera los $1.200 millones. La medida afecta a más de 130 empleados que están en riesgo de perder su trabajo.

La crisis en el CIMyN es el resultado de una deuda millonaria con la Obra Social Provincia (OSP) que supera los $1.200 millones. Según el Colegio Médico, la OSP paga las prestaciones un 30% por debajo de lo que deberían, lo que hace inviable la continuidad económica del establecimiento. El presidente del Colegio Médico, Juan Carlos Bordes, señaló que la situación es crítica y que la salud privada está a punto de colapsar.

«Antes había un aporte nacional que era el FESCAS, que pagaba el 30% del sueldo de los empleados. Con la llegada de este Gobierno Nacional, esto desapareció y en ese mismo momento se aumentó un 50% el sueldo del personal de salud. Eso quedó, pero no se compensó nunca ese porcentaje que se estaba pagando por debajo», expresó Bordes.

Sin embargo, el interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli, aseguró que la responsabilidad del cierre no es de la obra social, sino de un mal manejo de los propietarios del CIMyN. Fasoli destacó que la OSP es uno de los principales pagadores de la provincia y que sus valores prestacionales no son tan bajos como para generar pérdidas.

«Ellos han manifestado que no pueden manejarlo administrativamente. Necesita pasos de corrección y ajuste, porque con los mismos valores prestacionales otras instituciones no están en crisis e incluso algunas crecen formando más camas y prestando más servicios. El motivo por el que no ocurre en el CIMyN tiene que ver con muchas cosas, pero no con la OSP», contestó Fasoli.

La voz de los trabajadores:

Los empleados del CIMyN se manifestaron frente a la Subsecretaría de Trabajo para solicitar la intervención del Estado y lograr la conciliación obligatoria. Mariana Bravo, delegada de los trabajadores, expresó que la situación es crítica y que el personal está muy preocupado por su futuro laboral.

«Hemos sido recibidos y se declaró la conciliación obligatoria. Eso es lo que conseguimos hasta ahora», señaló Bravo. «Actualmente, 136 empleados en relación de dependencia atraviesan una situación crítica: en abril sólo cobraron el 50% de sus haberes. Lo de los vouchers fue en otra ocasión. Ahora lo que estamos tratando de conseguir es que se nos pague el otro 50%», aclaró.

El cierre del CIMyN tendrá un impacto significativo en la comunidad de San Juan, ya que es un centro de salud de alta complejidad que atiende a una gran cantidad de pacientes. La pérdida de empleos y la falta de atención médica especializada serán algunos de los efectos más graves de esta crisis.

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Urgente: el Gobierno impulsa la eliminación de indemnizaciones con nuevo esquema financiero

En un paso clave hacia la reforma laboral, el Gobierno nacional lanzó un proceso de consulta pública para implementar los «Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral» (PICs), que podrían reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones por despido. La medida genera un gran impacto y preocupación en el mundo del trabajo registrado por el posible debilitamiento de los derechos laborales.

La Resolución General 1066/2025 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) formaliza la implementación de los PICs, que funcionarían como alternativa al sistema tradicional de indemnizaciones. Estos instrumentos financieros se basan en el Decreto N° 847/2024, que sienta las bases para el Sistema de Cese Laboral.

Los PICs podrán adoptar dos formas jurídicas: Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF). En ambos casos, deberán incluir la expresión «Cese Laboral» en su denominación y estarán sometidos a estrictos requisitos de funcionamiento. Entre ellos, se establece que no podrán invertir en valores emitidos por los propios empleadores aportantes y que los fondos estarán exclusivamente destinados a cubrir situaciones de finalización del vínculo laboral, independientemente de la causa.

La implementación de los PICs podría ser un paso hacia la eliminación efectiva de la indemnización por antigüedad, uno de los pilares históricos de la protección del trabajador en Argentina. La medida ha generado alerta en el mundo del trabajo registrado por el posible debilitamiento de los derechos laborales. El impacto de esta reforma, de avanzar, podría modificar profundamente las relaciones laborales y las dinámicas de desvinculación en el país.

La eliminación de las indemnizaciones podría dejar a los trabajadores más expuestos ante decisiones empresariales unilaterales. La falta de protección laboral podría generar incertidumbre y miedo en el lugar de trabajo, lo que podría afectar negativamente la productividad y la calidad del trabajo.

Participación ciudadana:

El Gobierno ha optado por un proceso de «Elaboración Participativa de Normas» para recibir opiniones de ciudadanos, empresas, sindicatos y otros actores del mercado. Las presentaciones pueden realizarse durante quince días hábiles a través del sitio oficial de la CNV. Sin embargo, es importante cuestionar si este proceso de consulta pública es suficiente para garantizar que las voces de los trabajadores sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones.

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