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Lo dio a conocer Gerardo Martínez  líder de la UOCRA en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra. “El Gobierno no interviene en las resoluciones de conflicto, no promueve políticas de empleo y pretende limitar la negociación colectiva”, afirmó

Mientras se acentuaron las divisiones sindicales por la estrategia que se seguirán contra las políticas de Javier Milei, la CGT efectuó este martes duras críticas contra el gobierno argentino en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que delibera desde ayer en Ginebra, Suiza: el secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez, calificó la reforma laboral de “precarizadora y antisindical” y consideró que la Casa Rosada “no interviene en las resoluciones de conflicto, no promueve políticas de empleo y pretende limitar la negociación colectiva”.

Al hablar durante una reunión plenaria de la Comisión de Normas de la OIT, el líder de la UOCRA advirtió que las políticas que viene desarrollado el gobierno de Milei “colisionan con los conceptos y valores de la justicia social con la idea de transferir al sector privado el rol del Estado”.

“Nosotros reafirmamos que sin Estado no hay Nación”, destacó el directivo de la CGT, luego de lo cual profundizó sus cuestionamientos contra Milei: “El Gobierno, por ejemplo, no interviene en las resoluciones de conflicto, no promueve políticas de empleo, se despreocupa de la formación profesional, pretende limitar la negociación colectiva y se ausenta de sus obligaciones de combatir el trabajo no registrado con el adelantamiento de la inspección laboral”.

Ese cuadro, dijo, “representa claramente la contracara de las conclusiones de los expertos de OIT, donde el diálogo social es de vital importancia para abordar las cuestiones relacionadas con el trabajo”.

Luego consideró que “el Poder Ejecutivo, mediante un decreto de necesidad y urgencia, sin consulta con los actores sociales y la sociedad civil, sin acudir al Poder Legislativo, pretendió introducir la reforma laboral más regresiva desde que recuperamos la democracia”.

El titular del gremio de la construcción, que será reelegido como miembro del Comité Ejecutivo de la OIT, detalló que la propuesta laboral del gobierno argentino es “una reforma precarizadora y antisindical con la finalidad de imponer un conjunto de políticas económicas y reformas estructurales que dañan las condiciones de vida y restrigen el ejercicio de la libertad sindical”.

“La respuesta del movimiento obrero fue a través de la Justicia y con masivas movilizaciones, con una consigna: Ni un paso atrás -agregó Martínez en su discurso-. La reducción del rol del Estado eliminando a ministerios, organismos autárquicos, despidiendo masivamente a trabajadores del sector público ocasionó, como consecuencia de la fuerte recesión, que se produjeran despidos en el sector privado, producto de la parálisis de la actividad económica”.

Gerardo Martínez y el director de la OIT, Gilbert Houngbo

En ese sentido, el jefe de la UOCRA hizo hincapié en “el sector de la construcción, motor del desarrollo económico sostenible de cualquier país, que se ha visto golpeado con la paralización injustificada de obras públicas y de infraestructura, generando la pérdida de miles de puestos de trabajo, además de comprometer las inversiones con el desarrollo productivo del país”.

Según el sindicalista de la CGT, “es fundamental tener una administración del trabajo virtuosa para garantizar el paseo del paso de la informalidad a la formalidad y para dar respuesta a ese 60% de trabajadoras y trabajadores informales que hay en nuestro país”. Y añadió: “Los expertos resaltan el rol fundamental que cumplen los ministerios de trabajo. En Argentina, una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno actual fue degradar nuestro ministerio al rol de Secretaría de Trabajo, reduciendo sus funciones, vaciándolo de su finalidad pública”.

“Los trabajadores de mi país apelamos al diálogo social como llave maestra de democracia para la construcción de una Argentina con desarrollo, producción y trabajo”, señaló Martínez, quien finalmente se pronunció en favor de “un nuevo contrato social que responda a los desafíos del mundo del trabajo, pero fundamentalmente que atienda a la demanda de nuestro pueblo”.

El titular de la UOCRA está en Ginebra junto con el cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad); Cristian Jerónimo (empleados de la Industria del Vidrio y la abogada de la UOCRA Marta Pujadas, entre otros. También concurrieron miembros de la CTA Autónoma como su titular, Hugo “Cachorro” Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, como Roberto Baradel (Suteba) y Claudio Marín (Foetra).

Baradel también criticó al Gobierno al hablar ante la OIT: dijo que “implementó su plan económico y social mediante normas de rango inferior, en clara violación a la Constitución Argentina, es decir, ignorando al Poder Legislativo” y que “se han multiplicado y propagado una serie de decretos, resoluciones, disposiciones y decisiones administrativas que, analizadas en conjunto, constituyen un plan sistemático de cambio del patrón de acumulación que beneficia a sectores concentrados y viola de forma sistemática derechos y garantías sociales que gozan de la más alta protección constitucional”.

Además, sostuvo que “el Poder Ejecutivo Nacional ha destruido el empleo público con más de 20.000 despidos, cifra que sigue en aumento, desmantelando la administración del trabajo, especialmente en un mundo laboral en transformación, como establece el documento en estudio”. Y resaltó que “ha recortado los salarios de los docentes, suprimiendo el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que había sido parte de su salario durante más de 25 años, eliminado el presupuesto destinado a ello”.

Por Ricardo Carpena

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Paro de colectivos: Trabajo ordenó levantar la medida y convocó a la UTA a una audiencia salarial

La Subsecretaría de Trabajo de San Juan dictó la conciliación obligatoria tras la acción de la UTA y ordenó a los choferes levantar la medida de fuerza y retomar la prestación del transporte público de pasajeros. La audiencia entre el gremio, las empresas y las autoridades fue convocada para este jueves a las 11.30.

La resolución establece que las partes deben retrotraer el conflicto al estado anterior al inicio de la protesta, por lo que las empresas deberán restablecer las frecuencias mientras se desarrolla la instancia de negociación. La medida alcanza al transporte urbano e interurbano de la provincia.

Esta intervención laboral se produjo después de una jornada en la que el cese del servicio afectó a miles de usuarios que debían trasladarse hacia sus trabajos, escuelas y otros destinos. La protesta había sido iniciada por los conductores en reclamo del pago de diferencias salariales correspondientes a la nueva escala acordada.

Según se pudo conocer, la nueva audiencia quedó fijada para este jueves 8 de octubre a las 11.30. Allí deberán participar representantes de la UTA, las empresas prestatarias y la autoridad laboral provincial, con el objetivo de encontrar una salida al reclamo que derivó en la paralización del servicio.

La autoridad laboral también objetó la falta de una notificación formal y oportuna del paro. Previo al dictado de la conciliación obligatoria, el Ejecutivo provincial ya había advertido que la alteración de las frecuencias daría lugar a sanciones.

En este sentido, la UTA sostiene que el reclamo salarial venía siendo planteado desde hacía semanas y cuestiona que las empresas y las autoridades no hubieran convocado previamente una instancia de diálogo para resolver las diferencias pendientes.

La conciliación obligatoria modifica ahora el escenario inmediato del conflicto: el paro debe quedar suspendido y comienza un período de negociación formal. Durante ese proceso, las partes deberán cumplir las disposiciones fijadas por Trabajo y procurar un acuerdo sobre las sumas salariales reclamadas.

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Orrego entregó viviendas en Chimbas y completó una larga espera de hasta 25 años

Después de hasta 25 años de espera, 69 familias de Chimbas recibieron las llaves de su vivienda. El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de las primeras casas del barrio Panaderos y Pasteleros, ubicado en calle Bonduel 860 Norte, un complejo que contempla un total de 101 unidades habitacionales.

El dato que marca la dimensión de la entrega surge de los informes sociales elaborados por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV): numerosos postulantes vinculados al gremio de Panaderos y Pasteleros habían iniciado sus trámites entre 20 y 25 años atrás, sin acceder hasta ahora a una solución definitiva.

Durante el acto, Orrego remarcó que la provincia lleva adelante obras habitacionales en un contexto de menores recursos. “Llevamos dos años y medio de gestión, administrando un 40% menos de recursos que la gestión anterior, y aun así estamos haciendo realidad obras que parecían impensadas”, señaló el gobernador.

Las viviendas tienen una superficie promedio de 63,17 metros cuadrados y cuentan con dos dormitorios, baño, estar-comedor-cocina y espacio para lavarropas y pileta de lavar. Del total de 101 unidades, 95 corresponden al prototipo CM1-2021 y seis al CM1D-2021, destinadas a personas con discapacidad y adaptadas según sus necesidades de accesibilidad.

El complejo dispone además de redes de agua potable, gas natural y electricidad, alumbrado público, veredas, calles de calzada enripiada, pasantes vehiculares y puentes peatonales. El proyecto incorporó también un espacio verde con bancos y arbolado, junto con una barrera forestal sobre calle Bonduel.

Junto al gobernador participaron el ministro de Infraestructura, Fernando Perea; la directora del IPV, Elina Peralta; el presidente del Concejo Deliberante de Chimbas, Isidro Rivero; y los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime.

La entrega representa el primer tramo de un conjunto habitacional que todavía tiene 32 viviendas pendientes de adjudicación, con las que se completará el barrio destinado a familias que durante años permanecieron a la espera de una respuesta habitacional.

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Encuesta: crece el malestar económico y cae la aprobación del Gobierno nacional

Un estudio de Management & Fit realizado en septiembre ubicó al desempleo y las dificultades para llegar a fin de mes entre los principales problemas del país y de los hogares. El 57,5% de los consultados dijo que quiere un cambio total de políticas y equipo de gestión, mientras la desaprobación del Gobierno llegó al 58,1%.

El desempleo y la pérdida de poder adquisitivo aparecen entre las principales preocupaciones de los argentinos. El 19,8% identificó a la desocupación como el principal problema del país, mientras que el 22% señaló las dificultades para llegar a fin de mes como su principal preocupación personal.

El relevamiento fue realizado entre el 14 y el 28 de septiembre, sobre 2.600 casos efectivos y 2.200 ponderados, entre personas de 16 a 75 años. El estudio informó un margen de error de ±2,1%.

La percepción económica también muestra un deterioro. El 52,4% afirmó tener dificultades para cubrir sus gastos, mientras que el 39,3% calificó negativamente su situación económica personal. A nivel nacional, el 38,9% consideró que la situación económica y social es “muy mala” y otro 17,8% la definió como “mala”.

Entre los problemas del país, detrás del desempleo aparecen los aumentos de precios y tarifas, con 18,9%, seguidos por la corrupción y, posteriormente, la inseguridad. En el plano individual, después de las dificultades para llegar a fin de mes se ubican los bajos ingresos, con 17,2%, y la inseguridad al salir a la calle, con 14%. El endeudamiento personal o familiar alcanza al 10,4%.

El estudio también registró un aumento del pesimismo sobre el futuro. Quienes creen que su situación estará “mucho peor” pasaron del 17,9% en julio al 22,3% en septiembre. En tanto, el 24% anticipó que estará “peor”, mientras apenas el 2% respondió que estará “mucho mejor”.

Caída en la aprobación del Gobierno

La evaluación de la gestión de Javier Milei mostró una aprobación del 36,6%, medio punto menos que en julio, frente a una desaprobación del 58,1%. Según Management & Fit, el respaldo aumenta entre los varones y la desaprobación es mayor entre las mujeres y los mayores de 40 años.

La percepción sobre el Presidente también refleja ese resultado: Milei obtuvo 31,2% de imagen positiva y 52,7% de negativa, con un diferencial de -21,5 puntos. Además, el 49,4% manifestó sentir “mucha desconfianza” hacia el Gobierno, frente a un 19,7% que expresó “mucha confianza”.

Dentro del oficialismo, Patricia Bullrich aparece como la dirigente mejor posicionada: registró 33% de imagen positiva y 49,7% de negativa, con un diferencial de -16,7 puntos.
En el peronismo, Cristina Kirchner obtuvo 31% de imagen positiva y 51,3% de negativa. Axel Kicillof, en tanto, alcanzó 28,1% de positiva y 50,6% de negativa, con un diferencial de -22,5 puntos.

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