El Frente Sindicatos Unidos inició en Córdoba un plan de lucha con una masiva movilización frente a la Casa de Gobierno. Exigen al gobernador Martín Llaryora que inste a los legisladores provinciales a abstenerse o rechazar el proyecto de reforma laboral que comenzará a tratarse en el Senado el 11 de febrero. Advierten que la iniciativa implica un retroceso histórico en derechos laborales.

El conflicto por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional sumó este jueves un nuevo capítulo de alto voltaje político y sindical en Córdoba. Diferentes gremios nucleados en el Frente Sindicatos Unidos se movilizaron de manera masiva frente a la Casa de Gobierno provincial para expresar su rechazo al proyecto oficialista y exigir una definición concreta del gobernador Martín Llaryora.

La marcha, que comenzó cerca de las 9.30 de la mañana, reunió a trabajadores estatales, metalúrgicos, aceiteros y otros sectores que confluyeron bajo una consigna común: frenar una reforma que, según denuncian, facilita despidos, precariza las condiciones de contratación y debilita los Convenios Colectivos de Trabajo.

Durante el acto central, los referentes sindicales presentaron un documento dirigido al mandatario provincial en el que le reclaman que instruya a los legisladores cordobeses a abstenerse o votar en contra del proyecto cuando empiece su tratamiento en el Senado de la Nación, previsto para el próximo miércoles 11 de febrero.

El reclamo directo al poder político

En diálogo con Mundo Gremial, el secretario general de la UOM Córdoba y uno de los principales impulsores de la protesta, Rubén Urbano, fue contundente al definir el objetivo de la jornada:
«Va a haber una gran marcha federal nacional y vamos a llevar un documento a la Casa de Gobierno donde le vamos a exigir al gobernador que sus legisladores se abstengan de votar esta nefasta reforma laboral, que no tiene ningún punto favorable para los trabajadores».

Las declaraciones sintetizan el clima de confrontación que atraviesa al movimiento obrero frente a una iniciativa que consideran estructuralmente regresiva y alineada con una política de ajuste más amplia.

Un frente sindical ampliado y con respaldo nacional

La movilización marcó el inicio formal del Plan de Lucha impulsado por el Frente Sindicatos Unidos, integrado entre otros por ATE, la UOM y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, con el acompañamiento de las centrales sindicales.

La jornada contó además con la presencia y el respaldo explícito de referentes nacionales del sindicalismo, entre ellos Abel Furlán (UOM), Daniel Yofra (aceiteros), Rodolfo Aguiar y Hugo “Cachorro” Godoy (estatales), junto a Hugo Yasky, titular de la CTA y diputado nacional. La participación de estas figuras buscó enviar una señal clara de unidad y coordinación frente al avance del proyecto en el Congreso.

Advertencia de escalada

Desde el escenario, los gremios advirtieron que la reforma laboral “pulveriza derechos conquistados a lo largo del siglo XX” y anticiparon una profundización del conflicto si el oficialismo insiste en avanzar con la iniciativa sin modificaciones sustanciales.

En ese marco, confirmaron que el plan de lucha continuará el 10 de febrero en Rosario, como antesala de una posible convocatoria a un paro general, con el objetivo de incrementar la presión política y social en la antesala del debate parlamentario.

La protesta en Córdoba no solo expresa el rechazo sindical a la reforma laboral, sino que también interpela directamente a los gobernadores y a sus bancadas legislativas, en un momento clave para la estrategia parlamentaria del Gobierno nacional. Con las calles como escenario y el Senado como próximo campo de disputa, el movimiento obrero busca condicionar el rumbo de una iniciativa que considera un punto de quiebre en el modelo de relaciones laborales en la Argentina.

El Sindicato Jerárquico Minero organizó una charla–debate en San Juan con la participación de dirigentes nacionales de la CTA Autónoma. El encuentro puso en el centro la defensa de los derechos laborales, la organización colectiva y la unidad del movimiento obrero frente al avance del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

En el marco de una demandada agenda de acciones gremiales contra la reforma laboral, el Sindicato Jerárquico Minero (ASIJEMIN) realizó este miércoles en su sede central de San Juan una charla–debate destinada a analizar los alcances del proyecto que impulsa el Gobierno nacional y a fortalecer la organización de las y los trabajadores frente a un escenario que consideran regresivo.

La actividad reunió a trabajadores mineros, dirigentes sindicales y referentes políticos y sociales, y se inscribió en una estrategia más amplia de formación, concientización y construcción colectiva que ASIJEMIN viene desarrollando en el territorio. Desde el sindicato advirtieron que las modificaciones propuestas implican un retroceso histórico en materia de derechos laborales, con impactos directos sobre la estabilidad, las condiciones de trabajo y la negociación colectiva.

El titular nacional de los jerárquicos mineros, Marcelo Mena, abrió la jornada destacando la importancia de generar estos espacios de debate en un contexto de ofensiva sobre las conquistas del movimiento obrero. Subrayó que ASIJEMIN sostiene una línea de trabajo basada en la participación activa de las bases, la articulación con otros sindicatos y una clara vocación de unidad.

Mena remarcó que el sindicato adhiere plenamente a lo resuelto en el plenario conjunto de las dos CTA y sostuvo que el proyecto de reforma laboral “viene a destruir derechos conquistados en casi un siglo de luchas sindicales”. En ese sentido, llamó a profundizar la organización y la movilización: “Esto no solo debe convocarnos a defender lo que tenemos, sino a salir a luchar para conquistar nuevos derechos”.

En su intervención, también planteó la necesidad de avanzar hacia un sindicalismo de nuevo tipo, que ponga en el centro la dignidad humana por sobre la lógica del capital, y propuso discutir iniciativas como la reducción de la jornada laboral y la mejora sustancial de los salarios, incluso con participación de los trabajadores en las ganancias.

Respaldo del movimiento obrero nacional

La jornada contó con la participación del secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, quien realizó un análisis de la situación político y laboral nacional y advirtió sobre las consecuencias que tendría la aprobación de la reforma. Godoy señaló que el proyecto forma parte de una ofensiva más amplia contra los derechos de la clase trabajadora y llamó a construir poder popular organizado para enfrentarla.

“Cuando el pueblo fue protagonista —el 17 de Octubre, el Cordobazo o en 2001— fue capaz de cambiar la historia”, afirmó, al tiempo que destacó las experiencias provinciales que, como la de San Juan, expresan la voluntad de construir un sindicalismo con fuerte anclaje territorial y protagonismo de las bases.

Godoy también alertó sobre las presiones externas que rodean el debate parlamentario y sostuvo que funcionarios de la embajada de Estados Unidos mantienen gestiones con legisladores y gobernadores para garantizar los votos necesarios que permitan avanzar con las reformas impulsadas por el oficialismo.

La batalla que viene

Por su parte, Ernesto “Kiki” Trigo, secretario general del Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero y dirigente de la CTA Autónoma, remarcó la importancia de llevar el debate a cada lugar de trabajo y de informar con claridad a las y los trabajadores sobre el verdadero alcance del proyecto. “Es una reforma que nos retrotrae cien años en materia de contrato de trabajo”, advirtió, en referencia al tratamiento previsto en el Senado el próximo 11 de febrero.

Durante el encuentro también participaron dirigentes sindicales y referentes de organizaciones sociales y políticas de la provincia, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento obrero como herramienta central para resistir el ajuste.

La actividad organizada por ASIJEMIN en San Juan dejó un mensaje contundente: frente al avance de una reforma laboral considerada regresiva, la respuesta pasa por más organización, más debate y más unidad. Con fuerte respaldo del sindicalismo nacional y una clara definición política, el gremio minero se posiciona como un actor activo en la resistencia, apostando a la construcción colectiva y a la defensa integral de los derechos laborales en un momento clave para el futuro del trabajo en la Argentina.

Tras la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Indec, la Mesa Sindical —que nuclea a más de medio centenar de organizaciones gremiales— denunció que el Gobierno nacional se niega a actualizar la metodología del Índice de Precios al Consumidor para evitar mostrar un nivel inflacionario más elevado. Aseguran que trabajadores, jubilados y pensionados acumulan una pérdida del 23% por el uso de datos desactualizados.

Según denunciaron, Lavagna había anunciado la actualización de los criterios de ponderación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de enero de este año. Sin embargo, esa iniciativa habría chocado con la oposición del ministro de Economía, Luis Caputo, y del propio presidente Javier Milei. La razón, sostienen desde el arco sindical, es política: con una canasta actualizada, la inflación de enero habría alcanzado el 3,4%, un dato incompatible con el relato oficial de desaceleración sostenida.

En ese marco, la Mesa Sindical advirtió que el Ejecutivo continuará utilizando un índice construido sobre patrones de consumo que datan de 2004, a pesar de los profundos cambios económicos y sociales registrados en las últimas dos décadas. “El nuevo método reflejaría un índice mayor y no es conveniente que esos datos se conozcan públicamente”, señalaron, al tiempo que alertaron que esta distorsión seguirá ampliándose mes a mes.

El cuestionamiento no se limita a una discusión técnica. Para los gremios, el uso de una inflación subestimada tiene consecuencias concretas y directas sobre los ingresos. Según sus cálculos, trabajadores, jubilados y pensionados acumulan una pérdida cercana al 23% como resultado de la “mala praxis gubernamental” en la medición del IPC, una brecha que impacta en salarios, haberes previsionales, paritarias y actualizaciones contractuales.

La crítica sindical se apoya además en la experiencia cotidiana. “El Gobierno quiere tapar el sol con las manos, pero la realidad lo deja desnudo”, afirmaron. Enumeraron aumentos en tarifas de luz, gas, agua y telecomunicaciones, subas pronunciadas en alquileres, incrementos persistentes en alimentos y un fuerte encarecimiento de los útiles escolares. “Son hechos, no opiniones”, remarcaron.

Incluso la metodología que proponía Lavagna fue considerada insuficiente por el colectivo gremial. A su entender, la actualización hubiera reflejado patrones de consumo de 2017, una referencia que también quedó desfasada tras años de crisis, inflación elevada y cambios en la estructura del gasto de los hogares. Por eso, reclaman un nuevo índice construido con participación de trabajadores y consumidores, quienes —subrayan— son los principales afectados por la distorsión estadística.

Para la Mesa Sindical, la disputa por el IPC excede la figura de un funcionario o una metodología puntual: expone una decisión política de negar la realidad económica. “Pelearse con la realidad no es bueno. Negarla es inútil. Los resultados son tristemente conocidos”, concluye el comunicado firmado por más de 50 organizaciones gremiales.

En un momento de gran pérdida sostenida del poder adquisitivo, la credibilidad de las estadísticas oficiales vuelve a quedar bajo sospecha y se transforma en un eje central del conflicto social y laboral que atraviesa el país.