El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 rechazó el intento oficial de trasladar la causa al fuero contencioso administrativo y ratificó que el conflicto por la Ley 27.802 debe resolverse en la Justicia del Trabajo. La definición final quedará en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En una resolución de alto impacto institucional, el juez Raúl Ojeda desestimó la estrategia del Gobierno nacional para desplazar la causa iniciada por la CGT contra la reforma laboral contenida en la Ley 27.802. El fallo reafirma que la controversia debe tramitar en el ámbito laboral, al considerar que el núcleo del litigio está directamente vinculado con derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

La decisión desactiva el intento del Ejecutivo de radicar el expediente en el fuero contencioso administrativo federal bajo el argumento de que la norma cuestionada pertenece al derecho público. El magistrado fue categórico al rechazar ese planteo: la competencia no se define por la calidad de las partes involucradas, sino por la materia en discusión. Bajo ese criterio, sostuvo que el caso involucra institutos centrales del derecho del trabajo, como convenios colectivos, derecho de huelga, régimen indemnizatorio, período de prueba y libertad sindical.

El pronunciamiento introduce, además, un razonamiento de fondo que excede la cuestión formal. Al caracterizar la materia como “exclusivamente de derecho social”, el juez refuerza la especialidad del fuero laboral y delimita el terreno en el que deberá dirimirse la controversia.

Esa definición no es menor: implica que cualquier análisis sobre la validez de la reforma deberá contemplar estándares propios del derecho laboral y de los tratados internacionales que protegen estos derechos.

La estrategia oficial, sin respaldo judicial

El Estado nacional había promovido la inhibitoria con el objetivo de modificar el ámbito de resolución del expediente. Sin embargo, el fallo desmonta ese intento con un argumento central: la presencia del Ejecutivo como parte no altera la naturaleza del conflicto. En esa línea, la resolución deja en claro que el debate gira en torno a derechos laborales sustantivos, lo que vuelve improcedente su tratamiento fuera del fuero especializado.

A su vez, el magistrado advierte que el traslado del expediente en esta instancia implicaría una alteración significativa del proceso en curso. La causa ya se encuentra inscripta en el registro de procesos colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y agrupa múltiples presentaciones de sindicatos y federaciones. Un cambio de jurisdicción, sostiene, afectaría la economía procesal y podría generar incertidumbre jurídica.

Reforma en revisión judicial

Aunque la resolución no se pronuncia aún sobre la constitucionalidad de la Ley 27.802, introduce consideraciones que anticipan la dificultad del debate. La demanda impulsada por la CGT cuestiona una serie de artículos por presunta regresión en derechos laborales y sindicales, en posible contradicción con garantías constitucionales y compromisos internacionales asumidos por el país.

En ese aspecto, el fallo deja abierta la discusión sobre principios como la progresividad de los derechos sociales, la tutela judicial efectiva y la libertad sindical. Incluso desliza que eventuales modificaciones orientadas a limitar la competencia del fuero laboral podrían enfrentar objeciones desde el control de constitucionalidad y convencionalidad.

El juez natural, en el centro del debate

Otro de los ejes relevantes del pronunciamiento es la defensa del principio de juez natural. El magistrado advierte que apartar la causa del fuero laboral podría comprometer garantías esenciales del debido proceso. Para sostener esta posición, recurre a estándares internacionales que subrayan la necesidad de tribunales especializados en materia laboral, una exigencia vinculada al acceso efectivo a la justicia. La advertencia no es menor: una eventual desviación de esos parámetros podría exponer al Estado argentino a responsabilidades en el plano internacional.

Definición pendiente

Con el rechazo de la inhibitoria, la controversia sobre la competencia será ahora resuelta por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Su dictamen marcará el rumbo inmediato del expediente y condicionará el desarrollo del litigio en torno a la reforma laboral.

El fallo consolida la centralidad del fuero laboral en el tratamiento de la Ley 27.802 y redefine el tablero judicial en el que se disputará su validez. Más allá del resultado final, la resolución fija un criterio claro: los conflictos que involucran derechos del trabajo deben ser analizados por los tribunales especializados en la materia. En ese terreno se jugará, de ahora en más, el destino de una de las reformas más controvertidas del actual Gobierno.

El Ejecutivo presentó un recurso extraordinario por per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir la medida cautelar que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral. Cuestiona la competencia del fuero laboral y la legitimación de la CGT.

El Gobierno de Javier Milei decidió acelerar el frente judicial y solicitó la intervención directa del máximo tribunal para restablecer la vigencia de la Ley N.º 27.802, eje de su programa de reformas en materia laboral. A través de un per saltum —una herramienta excepcional que permite eludir instancias intermedias— el Ejecutivo busca dejar sin efecto la cautelar dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que frenó aspectos centrales de la norma.

La presentación, impulsada por la Procuración del Tesoro, pone el foco en la necesidad de una resolución urgente. Según el escrito, la continuidad de la medida judicial implica un perjuicio institucional y económico de magnitud, al impedir la aplicación de modificaciones consideradas estratégicas por la administración nacional. Entre ellas se destacan cambios en el régimen de indemnizaciones, la ampliación de la jornada laboral bajo ciertos esquemas y nuevas regulaciones sobre la actividad sindical.

El Ejecutivo sostiene que la apelación concedida por la justicia laboral tuvo efecto devolutivo —es decir, sin suspender la vigencia de la ley—, por lo que entiende que la cautelar carece de sustento para paralizar su implementación. En ese sentido, plantea que la intervención de la Corte constituye la única vía eficaz para restablecer el orden jurídico que, a su criterio, fue alterado.

El escrito también despliega una batería de cuestionamientos al trámite judicial. Se mencionan obstáculos en el acceso al expediente, notificaciones incompletas y plazos considerados exiguos, además de inconsistencias en el tratamiento de cuestiones de competencia y legitimación. Uno de los puntos más controvertidos es la crítica a la capacidad de la CGT para representar al conjunto de los trabajadores sin acreditar una afectación concreta, lo que —según el Gobierno— debilita la validez de la acción colectiva.

Asimismo, se objeta la conducta del magistrado interviniente, quien modificó parcialmente su propia resolución pocos días después de haberla dictado. Para el Ejecutivo, ese giro refleja apresuramiento y falta de solidez en los fundamentos iniciales.

La decisión de recurrir al per saltum no es menor. Se trata de un mecanismo utilizado en contadas ocasiones dentro del sistema judicial argentino y reservado para situaciones que, por su trascendencia institucional, requieren una definición inmediata del máximo tribunal. Con este movimiento, la administración Milei busca no solo revertir el freno judicial, sino también obtener un pronunciamiento que siente precedente sobre los alcances del control judicial en reformas estructurales.

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones ratificó el estado de alerta y movilización, reclamó la reapertura urgente de las negociaciones salariales y exigió el pago de un bono de $840.000. La empresa alega limitaciones para responder y la lucha se proyecta en ascenso.

El conflicto en el Correo Argentino suma un nuevo capítulo con la decisión de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) de sostener y profundizar su plan de acción en todo el país. Tras una audiencia con la Secretaría de Trabajo, el sindicato conducido por Alberto Cejas ratificó su estado de alerta, asamblea y movilización, al tiempo que buscó despejar versiones sobre una interrupción total del servicio.

La organización gremial puso el foco en la recomposición de los ingresos, señalando que la pérdida del poder adquisitivo se ha acentuado en los últimos meses. En ese aspecto, reclamó la reapertura inmediata de la negociación colectiva y cuestionó los ajustes salariales definidos fuera del ámbito paritario, al considerarlos insuficientes y carentes de legitimidad.

Como parte de su pliego de demandas, FOECYT solicitó el pago de un bono extraordinario de $840.000, a liquidarse en cuatro tramos, con el objetivo de amortiguar el impacto de la inflación sobre los sueldos. La exigencia se inscribe en una estrategia más amplia orientada a recuperar capacidad de compra y reordenar las condiciones laborales dentro de la empresa.

Desde el sector empleador, en tanto, se argumentó la imposibilidad de avanzar con definiciones concretas en materia salarial. Según lo expuesto durante la audiencia, la conducción del Correo Argentino carecería de autorización para negociar incrementos y señaló además la ausencia de otras representaciones sindicales como un obstáculo adicional para destrabar el diálogo.

La falta de avances alimenta un clima de creciente malestar entre los trabajadores, quienes advierten sobre un deterioro sostenido de sus condiciones laborales. El gremio también cuestionó decisiones empresariales adoptadas de manera unilateral y alertó sobre un rumbo que, a su juicio, profundiza la pérdida de derechos dentro de la actividad postal.