La mediación judicial para destrabar el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales terminó sin acuerdo y dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza. La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaron nuevamente al Gobierno que cumpla con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Frente Sindical Universitario prepara una reunión para definir cómo continuará la protesta.

La audiencia fue convocada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, en el expediente iniciado por el incumplimiento de la norma aprobada por el Congreso. La discusión incluye la actualización de los recursos universitarios y la recomposición de los salarios docentes y nodocentes.

La Corte Suprema había avalado una medida cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo girar los fondos previstos por la legislación y atender la pérdida salarial acumulada desde 2024. Las universidades sostienen que esa resolución todavía no se tradujo en los recursos necesarios para sostener sus presupuestos.

Durante el encuentro, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió sobre la situación financiera de los hospitales universitarios y reclamó la asignación de los créditos contemplados en el Presupuesto 2026. La universidad ya había advertido que la falta de recursos podía comprometer seriamente el funcionamiento de sus centros médicos.

El CIN acompañó el planteo y pidió una respuesta para garantizar la continuidad de las prestaciones, mientras que el Gobierno estuvo representado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; el subprocurador Julio Comadira; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Los funcionarios manifestaron que analizarán los reclamos, pero también solicitaron que se deje sin efecto la medida cautelar vigente. El Gobierno sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario entra en contradicción con las restricciones establecidas por la Ley de Responsabilidad Fiscal y cuestiona la disponibilidad presupuestaria para afrontar las erogaciones reclamadas.

La falta de acuerdo trasladó nuevamente el conflicto al terreno gremial. El Frente Sindical Universitario, integrado por las organizaciones que representan a docentes y nodocentes, se reunirá el lunes para analizar nuevas medidas de fuerza. Participan CONADU, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, CEA, UDA, FAGDUT y FATUN, junto con representantes de rectores y estudiantes.

Los sindicatos ya realizaron paros durante agosto para exigir la recomposición salarial y la aplicación de la ley. Ahora deberán definir si profundizan las medidas ante la falta de avances en la Justicia y la ausencia de una respuesta oficial que satisfaga sus reclamos.

La próxima instancia de negociación salarial quedó fijada para el 1 de septiembre, aunque el conflicto podría sumar nuevas jornadas de protesta antes de esa fecha. En consecuencia, el litigio conjuga una discrepancia presupuestaria, un conflicto paritario y un proceso judicial en curso.

Sin avances en la negociación y con las calles nuevamente activas por el reclamo universitario, el Gobierno y las universidades se enfrentan otra vez por la efectiva aplicación de la ley de financiamiento.

El Gobierno de San Juan abrirá el 2 de septiembre las ofertas para construir un puesto único de control sobre la Ruta Nacional 40. La obra permitirá eliminar el puesto de San Carlos y concentrar en una misma infraestructura las verificaciones de ambas provincias, con lectura de patentes y reconocimiento facial.

San Juan y Mendoza avanzan hacia una modificación sustancial del sistema de controles sobre la Ruta Nacional 40. El Ejecutivo sanjuanino abrirá el próximo 2 de septiembre los sobres de la licitación para construir un puesto unificado que reemplazará los controles consecutivos que actualmente deben atravesar quienes ingresan o salen de ambas provincias.

El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, confirmó que el proyecto se encuentra en su etapa final y que, tras la apertura de las ofertas, comenzará el proceso de evaluación para seleccionar a la empresa que ejecutará los trabajos. La posterior adjudicación será el paso necesario para iniciar la obra.

La iniciativa surgió de un acuerdo firmado en 2024 por los gobernadores Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo y Claudio Poggi, orientado a fortalecer la coordinación en materia de seguridad entre San Juan, Mendoza y San Luis. Posteriormente, San Juan y Mendoza suscribieron un convenio específico que estableció cinco etapas para concretar el nuevo sistema. La licitación constituye la última instancia de ese proceso.

El proyecto contempla la eliminación del puesto de San Carlos y la modificación del control ubicado actualmente en territorio mendocino. Ambos serán reemplazados por una infraestructura común, equipada con cabinas para los ingresos y egresos y espacios destinados a las distintas verificaciones.

La distribución de responsabilidades también quedará definida. Mendoza controlará las salidas de San Juan, mientras que San Juan tendrá a su cargo los ingresos a la provincia. De esta manera, los conductores podrán completar las verificaciones de ambas jurisdicciones en una única detención.

El nuevo puesto permitirá centralizar controles sobre personas, vehículos, patentes, cargas y transporte. Además, incorporará lectores automáticos de matrículas y sistemas de reconocimiento facial, herramientas destinadas tanto a agilizar el tránsito como a reforzar la identificación de quienes circulan por uno de los principales corredores terrestres de Cuyo.

Delgado estimó que, si el proceso de licitación y adjudicación avanza de acuerdo con los plazos previstos, el control podría comenzar a operar antes de finalizar 2026. “Esperemos que antes del fin de año este control unificado ya sea una realidad”, señaló el funcionario.

La experiencia también podría extenderse al límite con San Luis. San Juan analiza avanzar hacia un mecanismo similar para concentrar los controles en un único punto, aunque todavía no existe un convenio específico entre ambas provincias. Esa alternativa deberá ser acordada por Orrego y Poggi una vez concluida la implementación del sistema con Mendoza.

La obra representa un cambio tanto operativo como tecnológico para uno de los corredores más importantes de la región. La eliminación de controles duplicados busca reducir demoras para transportistas y particulares, mientras la incorporación de herramientas digitales permitirá fortalecer las tareas de seguridad y fiscalización.

La apertura de sobres del 2 de septiembre marcará así el inicio de la etapa decisiva para convertir el acuerdo interprovincial en una infraestructura concreta sobre la Ruta 40.

Alberto Biglieri, designado interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica a fines de mayo, estaría próximo a abandonar el cargo para asumir en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Su eventual salida abriría una nueva etapa en la intervención del gremio, atravesada por cuestionamientos internos tras la firma de acuerdos paritarios.

El futuro de la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) podría cambiar en las próximas semanas. Alberto Biglieri, designado al frente del gremio a fines de mayo, estaría próximo a dejar el cargo para asumir en el Consejo de la Magistratura de la Nación, en el marco de la renovación prevista para octubre.

La eventual salida se produce después de que el abogado recibiera un fuerte respaldo a su postulación durante el IV Congreso Nacional de Abogados por Argentina, realizado recientemente en Rosario bajo la consigna “Unir la abogacía para afianzar la Justicia”.

Durante el encuentro se destacó su trayectoria como consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y su experiencia como asesor del organismo nacional.

Biglieri llegó a la UOM por decisión de los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, con un mandato inicial de 180 días. Su tarea incluía revisar las cuentas del sindicato y avanzar en el proceso de normalización dispuesto judicialmente.

Sin embargo, durante su breve gestión adoptó una decisión que excedió la revisión administrativa: la intervención participó en las negociaciones salariales y firmó acuerdos paritarios para las ramas metalmecánica y siderúrgica.

La determinación provocó resistencias dentro de la organización. Algunas regionales expresaron su rechazo y cuestionaron que una intervención judicial asumiera facultades vinculadas con la representación sindical, en una disputa que sumó tensión a un proceso ya atravesado por fuertes diferencias internas.

La eventual designación de Biglieri en el Consejo de la Magistratura también vuelve a poner en primer plano sus vínculos dentro del ámbito judicial porteño. El abogado mantiene una relación política con Daniel Angelici, dirigente con fuerte influencia en la Justicia de la Ciudad, quien impulsó su llegada al Consejo de la Magistratura porteño en 2019, en un acuerdo con Emiliano Yacobitti.

Ahora, la posible salida de Biglieri obligaría a definir un nuevo nombre para continuar al frente de la intervención de la UOM y resolver el rumbo de una administración que todavía tiene pendiente completar el proceso de normalización del principal gremio industrial del país.

El cambio, además, podría repercutir sobre las negociaciones salariales y sobre la relación entre la intervención judicial y las distintas regionales metalúrgicas, que ya manifestaron reparos frente a algunas decisiones adoptadas durante los primeros meses de gestión.

La definición del sucesor de Biglieri será, por lo tanto, una pieza relevante para determinar cómo continuará la intervención y qué grado de participación tendrá la Justicia en la reorganización de la UOM durante los próximos meses.