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 El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «el sindicalismo no puede integrar el Consejo de Mayo» y remarcó que «no habrá ningún dirigente gremial dispuesto y que tenga mandato para eso».

El dirigente aseguró que con la propuesta «el Gobierno está buscando cómplices para la entrega y participes necesarios para la estafa». «Se someten al poder extranjero y delinquen contra la Constitución Nacional. Van a terminar todos presos», sostuvo.

ATE fue el gremio que se manifestó el sábado en cercanías al aeropuesto de Córdoba para bloquear la llegada del presidente Milei al lugar, donde compartió acto con el gobernador Martín Llaryora.

Los manifestantes del sindicato estatal fueron reprimidos por Gendemería, según denunció Aguiar, que afirmó que golpearon y dispararon con balas de goma a los trabajadores. Piden que el gobierno nacional se responsabilice de los heridos.

“Esto es violencia institucional. No podemos naturalizar lo que está pasando. Estamos ejerciendo de manera pacífica nuestros derechos constitucionales. Están utilizando la fuerza de seguridad de una manera que pone en riesgo la democracia. Tienen que tener claro que si pretenden infundirnos miedo, temor y disciplinarnos, no lo van a lograr. Vamos a seguir estando en la calle”, desafió.

Qué es el Consejo de Mayo

El Consejo de Mayo tendrá la responsabilidad de trabajar en proyectos de ley que materialicen los principios adoptados en el fallido Pacto de Mayo.

Según el Presidente, el Consejo será creado por el Poder Ejecutivo Nacional una vez que se lleve a cabo el Pacto de Mayo y estén sancionadas la Ley Bases y el paquete fiscal, iniciativas del Gobierno que están siendo discutidas en el Senado y que ya tienen media sanción de la Cámara de Diputados.

Respecto a su composición, el Consejo estará conformado por diferentes instituciones que contarán con un representante dentro del grupo. En rigor, tendrá un integrante del Poder Ejecutivo Nacional, uno por las provincias, un representante por cada cámara del Congreso de la Nación, un referente de los sindicatos y otro de los empresarios.

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Efecto expansivo de la Expo Minera: Hoteles colmados y fuerte movimiento económico

La edición 2026 de la Expo San Juan Minera movilizó a miles de visitantes, alcanzó ocupación hotelera total en el Gran San Juan y generó gran repercusión económica que superó los $11.518 millones. Los resultados fortalecen la estrategia provincial de posicionarse como destino de congresos, ferias y eventos de escala internacional.

La 11° edición de la Expo San Juan Minera volvió a confirmar el peso que adquirió la actividad extractiva dentro de la economía provincial, aunque esta vez el impacto excedió ampliamente al sector específico y se proyectó sobre múltiples áreas vinculadas al comercio, los servicios y el turismo corporativo. Según cifras oficiales, el evento generó un movimiento económico total de $11.518.913.190, consolidándose como uno de los encuentros de mayor volumen financiero y convocatoria realizados en la provincia.

Durante las jornadas del 6, 7 y 8 de mayo, el Gran San Juan registró ocupación hotelera plena, impulsada por la llegada masiva de empresarios, proveedores, especialistas, funcionarios y visitantes relacionados con la industria minera. La capacidad de alojamiento alcanzó el 100%, reflejando el nivel de demanda generado por una feria que, edición tras edición, amplía su dimensión nacional e internacional.

La exposición tuvo como principales escenarios el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay, donde se desplegó una estructura de gran escala que reunió a más de 422 expositores y cerca de 450 empresas vinculadas al negocio minero, servicios especializados y cadenas de abastecimiento. Sin embargo, el verdadero alcance económico se extendió mucho más allá de los predios feriales.

El relevamiento oficial indicó que arribaron a San Juan 10.495 personas atraídas por el suceso, con una permanencia promedio de cuatro noches y un gasto diario estimado en $182.927 por visitante. Ese flujo produjo un impacto directo cercano a los $7.679 millones, principalmente en hotelería, gastronomía, transporte y consumo asociado a la estadía.

A esa cifra se sumaron otros $3.839 millones correspondientes al movimiento indirecto generado en comercios, logística, proveedores y servicios complementarios. El resultado final expone la capacidad que tienen este tipo de encuentros para dinamizar sectores que no necesariamente integran el núcleo minero, pero que encuentran en el turismo de reuniones una fuente creciente de actividad económica.

La magnitud de la Expo también reafirma el proceso de posicionamiento que San Juan viene construyendo en el segmento de congresos y encuentro de negocios. La provincia logró desarrollar infraestructura, conectividad y capacidad organizativa suficientes para albergar reuniones de masiva convocatoria, un aspecto que comienza a consolidarse como un eje complementario dentro de su estrategia económica.

El calendario previsto para los próximos meses ratifica esa dirección. Entre los eventos ya confirmados aparecen el Congreso Federal de Guías de Turismo, el regreso de Los Pumas frente a Wales national rugby union team en julio y el Congreso de Terapia Intensiva programado para agosto, que reunirá a más de 3.500 profesionales.

La agenda proyectada para 2027 amplía todavía más esa perspectiva. El 23° Congreso Geológico Argentino y el festival internacional San Juan Canta aparecen como futuras apuestas de gran escala que apuntan a fortalecer el perfil provincial como polo de eventos especializados y espectáculos de alcance regional e internacional.

Detrás de esos números existe además una lectura política y económica más profunda: la provincia busca diversificar las fuentes de generación de ingresos alrededor de la minería, potenciando actividades complementarias capaces de producir movimiento económico sostenido en distintos sectores.

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La UNSJ volvió a las calles con una multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública

La Universidad Nacional de San Juan encabezó una masiva movilización en el marco de la Marcha Federal Universitaria. Estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sindicales reclamaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciaron el impacto del ajuste sobre la educación superior y el sistema científico.

La comunidad universitaria sanjuanina protagonizó este martes una de las movilizaciones más convocantes de los últimos meses en la provincia. Miles de estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes y autoridades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) recorrieron las calles del microcentro para reclamar mayor financiamiento para las universidades públicas y exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

La manifestación se desarrolló en simultáneo con protestas similares en distintos puntos del país y formó parte de una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, impulsada por el sistema universitario argentino frente al deterioro presupuestario que atraviesan las casas de altos estudios.

La convocatoria comenzó pasadas las 16 horas frente a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, sobre avenida Ignacio de la Roza. Desde allí, una extensa columna comenzó a avanzar por el centro sanjuanino en una escena atravesada por banderas, pancartas, bombos y consignas dirigidas al presidente Javier Milei. La frase más repetida durante toda la jornada sintetizó el eje central del reclamo: “Milei, cumplí con la ley”.

El recorrido avanzó por distintas arterias céntricas hasta desembocar frente al Rectorado de la UNSJ, donde se realizó el acto de cierre. A lo largo del trayecto, la movilización exhibió una fuerte capacidad de articulación entre distintos sectores vinculados a la educación pública y el movimiento sindical.

Participaron las cinco facultades de la universidad, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y los gremios universitarios ADICUS, SIDUNSJ, y APUNSJ. También se sumaron organizaciones sindicales provinciales como UOCRA, UOM, LUZ Y FUERZA ,ESTACIONES DE SERVICIO, además de dirigentes políticos vinculados al peronismo y sectores de izquierda, que acompañaron la protesta con presencia en las columnas.

El reclamo tuvo varios ejes convergentes. Por un lado, la exigencia de actualización presupuestaria para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales. Por otro, la reapertura de las negociaciones salariales y una recomposición de haberes para docentes y trabajadores universitarios, cuyos ingresos acumulan un marcado deterioro frente a la inflación.

La preocupación expresada durante la jornada no se limitó únicamente a la cuestión salarial. Referentes académicos y gremiales advirtieron sobre las consecuencias que la insuficiencia de recursos ya genera en áreas sensibles como investigación, extensión, mantenimiento edilicio y sostenimiento de programas científicos. La advertencia fue clara: el desfinanciamiento impacta directamente sobre el funcionamiento integral del sistema universitario público.

La movilización dejó además una postal política significativa: la universidad pública volvió a consolidarse como un espacio de articulación social capaz de reunir a sectores diversos bajo una demanda común. La magnitud de la convocatoria reflejó no solo la preocupación por el presente presupuestario, sino también la dimensión simbólica que conserva la educación superior dentro de amplios sectores de la sociedad.

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La UTA anuncia un paro de colectivos y denuncia incumplimientos empresariales

La Unión Tranviarios Automotor anunció una retención total de servicios para el jueves 14 de mayo en todas las líneas de corta y media distancia de San Juan. El sindicato acusa a las empresas nucleadas en ATAP de incumplir acuerdos salariales y advierte que el conflicto llegó a un límite.

El sistema de transporte público sanjuanino se encamina hacia una nueva jornada de fuerte conflictividad. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan confirmó un paro total de actividades para este jueves 14 de mayo, luego del fracaso de las negociaciones mantenidas con las empresas del sector ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.

La medida consistirá en una retención de servicios por 24 horas que comenzará a las 00:00 y alcanzará a todas las líneas de corta y media distancia de la provincia. Según informó el gremio, la protesta se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que implicará una paralización completa del servicio urbano e interurbano.

El detonante de la decisión fue el incumplimiento de un acta-acuerdo previamente firmada entre la representación sindical y la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). Desde la conducción gremial sostienen que las empresas no abonaron compromisos salariales asumidos con anterioridad, situación que profundizó el malestar entre los trabajadores y terminó por quebrar las instancias de negociación.

El conflicto expone nuevamente la fragilidad financiera que atraviesa el sistema de transporte y la creciente dificultad para sostener acuerdos salariales en un contexto económico marcado por inflación persistente y deterioro del poder adquisitivo. Para el sindicato, la falta de cumplimiento de los pagos representa un límite inaceptable, especialmente por tratarse de ingresos vinculados directamente a la subsistencia de los choferes.

A través de un comunicado difundido tras la audiencia fallida, la UTA endureció su posición y aseguró que “el diálogo y la paciencia se agotaron”. La frase sintetiza el clima que domina la relación entre trabajadores y empresarios, en una discusión que acumula semanas de tensión y que amenaza con profundizarse si no aparecen respuestas inmediatas.

El anuncio del paro de colectivos vuelve a evidenciar el delicado equilibrio sobre el que funciona el sistema de transporte público en San Juan. La combinación de dificultades económicas, incumplimientos salariales y negociaciones estancadas alimenta un panorama cada vez más sensible tanto para trabajadores como para usuarios.

Con el reloj corriendo hacia la fecha anunciada, la expectativa se concentra ahora en una eventual resolución de último momento. Sin embargo, más allá de la urgencia coyuntural, el conflicto vuelve a poner en discusión la necesidad de encontrar mecanismos más estables y previsibles para sostener un servicio esencial atravesado desde hace años por presiones estructurales.

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