La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) alcanzó un nuevo acuerdo de incremento salarial del 3,5% para el mes de noviembre, en el marco de la paritaria de los encargados de edificios agrupados en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 589/10 y 590/10. 

El acuerdo establece un incremento en los haberes del 3,5% a partir de noviembre y llevará el salario básico de un encargado permanente con vivienda de categoría 1 a $755.697, mientras que los encargados categoría 1 sin vivienda pasarán a $911.754. Asimismo, se actualizarán los valores de los ítems plus, retiro de residuos y de las jornadas de suplencia.

¿Esta suba, es suficiente para mejorar sus condiciones laborales y salariales? La respuesta es un rotundo no.

La reciente negociación resulta en un aumento salarial por debajo de lo esperado. Sin embargo, este aumento es solo una medida paliativa que no aborda las causas profundas de la precariedad laboral en el sector.

La inflación y la pérdida del poder adquisitivo han afectado significativamente la calidad de vida de los encargados de edificio. En este contexto, el aumento salarial es insuficiente para compensar la pérdida de valor del dinero.

Además, la negociación no abordó otros aspectos fundamentales, como la estabilidad laboral, la seguridad en el trabajo y la protección de los derechos laborales.

En conclusión, el incremento salarial para encargados de edificio es solo un paso mínimo hacia la mejora de las condiciones laborales en el sector. Es fundamental que se aborden las causas profundas de la precariedad laboral y se implementen medidas más efectivas para proteger los derechos laborales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

La Secretaría de Energía dispuso un aumento del 24% en el precio máximo de referencia para las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), utilizado por hogares que no contaban con gas de red. El ajuste estableció que el precio de la garrafa de 10 kilos pasó de $8.500 a $10.500.

La medida se implementó a través de la Resolución 394/2024 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial. Según explicaron desde el organismo, la decisión tenía como principal objetivo que “el precio de la garrafa reflejara los costos reales del sistema, asegurando así el normal abastecimiento para todos los usuarios”.

El incremento es un golpe para los bolsillos de los argentinos, que ya estaban sufriendo las consecuencias de la inflación y la crisis económica. La medida también generó preocupación entre los usuarios que dependen del GLP para su uso cotidiano.

La decisión del gobierno de aumentar el precio de las garrafas es un ejemplo claro de la falta de sensibilidad y responsabilidad hacia los ciudadanos. En un momento en que la inflación y la crisis económica están golpeando duramente a los argentinos, esta suba en el precio de las garrafas es un golpe adicional que puede tener consecuencias devastadoras para muchas familias. Es hora de que el gobierno reconsidere sus prioridades y busque soluciones que beneficien a todos los sectores de la sociedad, no solo a los intereses de unos pocos.

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), que representa a una parte de los trabajadores de la empresa estatal de correos, desestimó la propuesta económica del gobierno y la calificó como ‘caprichosa y dictatorial’. La oferta otorgaba un aumento salarial del 5% para los trabajadores del Correo.

Según los representantes sindicales, lo ofrecido no refleja la realidad económica del país y no cubre la inflación. Además, criticaron la forma en que se presentó la propuesta, calificándola de ‘impositiva’ y ‘no negociada’.

Los trabajadores del Correo exigen una nueva oferta que refleje la realidad económica del país y que se negocie de manera transparente y democrática.

El rechazo de la oferta económica del gobierno por parte de los trabajadores telepostales es un claro ejemplo de la tensión entre el gobierno y los sindicatos en Argentina. La disputa salarial es solo una parte de un conflicto más amplio sobre la política económica y la distribución de la riqueza en el país.