
Denuncian a diputados que votaron por la aprobación de la ley de Bases
La denuncia es contra las y los legisladores que, durante la extensa sesión del pasado 30 de abril en la que se votó a favor de la Ley Bases, otorgaron la suma del poder político al Ejecutivo Nacional.
Lo hizo la CTA Autónoma mediante la representación de su Secretario General, Hugo “Cachorro” Godoy, junto a un importante grupo de personalidades de la política, la justicia y los DDHH.
Adolfo Pérez Esquivel, Alicia Castro, Eduardo Barcesat, Carlos Rosanski, Hugo “Cachorro” Godoy, Claudio Lozano, Jorge Elbaum y Atilio Borón fueron los autores de la denuncia que se presentó el jueves 16 de mayo ante la Cámara Nacional en los Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, contra las y los legisladores que, durante la extensa sesión del pasado 30 de abril en la que se votó a favor de la Ley Bases, otorgaron la suma del poder político al Ejecutivo Nacional.
Según detalla la denuncia, se los acusa bajo “las figuras de violación de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad (art. 248 CPN), y falsedad ideológica de instrumento público (art. 292 CPN)”, delitos para los que se encuentran previstas penas de prisión muy severas e, incluso, en el caso del delito de concesión de facultades tiránicas, se prevé la prisión perpetua.
A su vez, el escrito sostiene que la acusación también “debe considerarse interpuesta contra toda persona que, durante la investigación, pudiese resultar identificada como cómplice y/o instigadora de los hechos denunciados, particularmente ya adelantamos que el Sr. Presidente de la Nación, Javier Milei debe ser investigado como posible instigador (art. 45 del Código Penal) al enviar el Proyecto de ley sancionado (en media sanción) por la Cámara de Diputados y que si los Senadores ingresan en el mismo ámbito de ilicitud en el trámite de la ley deben ser alcanzados por esta denuncia de oficio (por tratarse de un delito todavía en ejecución)”.
El otro tramo, aclara que “no se trata aquí de ‘criminalizar’ opiniones, ni discursos -aunque muchas veces esos discursos sí resultan ‘en sí mismos’ constitutivos de un delito, p. ej., cuando por su intermedio se practica la apología de delitos y/o delincuentes-; aquí, repetimos, se trata de lo que hicieron los Legisladores, apartándose de sus deberes concretos, mediante inadmisibles concesiones de poder que convierten al Poder Ejecutivo Nacional en una suerte de ‘soberano absoluto’”, y agrega que la norma del artículo 29 de la Constitución Nacional establece: “… El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria…”.
En tanto, los denunciantes señalaron públicamente que “la gravedad de la situación creada por Javier Milei requiere respuestas comprometidas con la democracia”, y consideraron que “denunciar los atropellos no es una opción, sino una obligación”.
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La dificultad para pagar: la morosidad en las familias argentinas llega a un máximo histórico

La crisis económica sigue afectando duramente a las familias argentinas. Según el último informe del Banco Central, la morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales alcanzó niveles récord en junio, reflejando la creciente dificultad para cubrir gastos básicos.
El coeficiente de mora del crédito a las familias alcanzó el 5,2% en junio, lo que marca un nuevo récord y refleja la creciente dificultad para cubrir gastos básicos. En el caso de las tarjetas de crédito, el incumplimiento trepó del 3,8% en mayo al 4,4% en junio, el segundo nivel más alto desde que comenzó a medirse en 2010.
«Se trató del séptimo incremento consecutivo de la morosidad en este segmento», detalló el Banco Central, que atribuyó el fenómeno al deterioro de los ingresos. En junio de 2024, la mora en plásticos era de apenas 1,9%, menos de la mitad de la actual.
Los préstamos personales también mostraron un fuerte deterioro: pasaron de 5,6% en mayo a 6,4% en junio, el registro más elevado desde noviembre de 2021. El escenario se agrava por las elevadas tasas de interés que, según los bancos, oscilan entre el 70% y el 105% anual.
«El aumento del indicador resultó generalizado entre los grupos de entidades financieras», precisó el Banco Central, subrayando que no se trata de un problema de un banco en particular, sino de todo el sistema.
El informe también advirtió que «el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 2,9% en junio, 0,3 puntos por encima del registro de mayo». El impacto es aún más significativo si se tiene en cuenta que el uso de tarjetas de crédito sigue en alza.
De acuerdo con un estudio de Payway, en el segundo trimestre de 2025, los pagos con tarjeta representaron el 63,2% del total del volumen operado, 5,4 puntos más que en el mismo período de 2024. Es decir, las familias dependen cada vez más del crédito, aunque al mismo tiempo se ven forzadas a incumplir sus pagos.
La combinación de inflación, ingresos que no alcanzan y tasas por las nubes configura un panorama crítico para los hogares, que encuentran cada vez más difícil cumplir con sus compromisos financieros. «La morosidad en las familias alcanza niveles récord», sintetizó el Banco Central, dejando en claro la magnitud del problema.
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Vialidad Nacional: triunfo histórico tras un año de lucha y un futuro con desafíos

La Dirección Nacional de Vialidad vivió en los últimos días uno de los momentos más trascendentes de su historia reciente. Tras un año completo de movilizaciones, gestiones y resistencia sindical, el Senado de la Nación dejó sin efecto el decreto 461/2025 que disponía la disolución del organismo. Para los trabajadores, fue el cierre de una etapa marcada por la incertidumbre y la angustia, pero también el inicio de nuevos retos.
José Pérez, secretario adjunto de Vialidad Nacional en San Juan, en diálogo mantenido con Mundo Laboral SJ, recordó con emoción la jornada en la que más de mil empleados, provenientes de distintos puntos del país, marcharon desde la Casa Central hasta el Congreso. “Fueron lágrimas de desahogo, de alegría. Después de tanto tiempo de lucha, los senadores estuvieron a la altura y se logró dar por tierra con este decreto que amenazaba nuestra existencia”, expresó.
El dirigente destacó que esta victoria se construyó con trabajo coordinado en distintos frentes: presentaciones judiciales, reuniones con comisiones de obras públicas, contacto directo con legisladores y una campaña de visibilización para que la ciudadanía entendiera el papel fundamental de Vialidad en el mantenimiento y desarrollo de las rutas nacionales. “Muchos desconocían qué hace Vialidad, cómo se administran los fondos y la calidad de los profesionales que la integran. Logramos instalarlo en la agenda pública”, subrayó.
Sin embargo, Pérez advirtió que la lucha no termina aquí. Entre las prioridades inmediatas está revertir el desfinanciamiento que sufre el organismo y garantizar que los recursos provenientes del impuesto al combustible se destinen efectivamente a la red vial. También, encarar una recomposición salarial: “Desde octubre de 2024 no tenemos aumentos ni paritarias. Necesitamos recuperar lo perdido y contar con los medios para cumplir nuestras tareas”.
Actualmente, Vialidad Nacional cuenta con 5.200 trabajadores en todo el país, de los cuales 200 se desempeñan en San Juan, atendiendo 1.200 de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales. A pesar de las licitaciones recientes que cubren 11.000 kilómetros, aún quedan 30.000 bajo responsabilidad directa del organismo. “Para el gobierno sobran trabajadores; nosotros creemos lo contrario. Nos faltan manos para cubrir todo lo que hay que hacer”, afirmó Pérez, cuestionando los informes oficiales que justificaban recortes y despidos.
El sindicalista, que también vivió la crisis de 2001 cuando Vialidad pasó a ser un ente residual, destacó la fortaleza colectiva y la unidad de los empleados en ambas instancias. “Esto no es fácil, pero cuando se lucha en conjunto y se tienen metas claras, las victorias llegan. Queremos que la gente transite por rutas seguras y de calidad, porque amamos esta institución y sabemos que es clave para el desarrollo del país”.
Con el decreto anulado y un respaldo legislativo contundente —60 votos en el Senado—, la Dirección Nacional de Vialidad inicia una nueva etapa. El desafío ahora será transformar esta victoria política en mejoras concretas: más presupuesto, mejores salarios, mayor dotación de personal y, sobre todo, una red vial nacional que responda a las necesidades de todos los argentinos.
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La Justicia Federal ordenó frenar los despidos en el INTA

La Justicia Federal falló a favor de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y frenó los pases a disponibilidad de casi 300 empleados. El fallo impone una multa diaria de $10.000.000 al gobierno de Javier Milei en caso de incumplimiento.
La decisión judicial se suma a una serie de reveses judiciales que la administración actual viene sufriendo en el ámbito laboral. La resolución del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo n°2 de San Martín ordena al gobierno de Milei a dar marcha atrás con la Resolución 1240, que pretendía dejar en situación de disponibilidad a 300 trabajadores del INTA.
El fallo establece que la medida cautelar no puede ser dejada sin efecto o ser objeto de reajuste y que su resistencia «justifica total o parcialmente su proceder» de acuerdo con el artículo 37 del CPCCN y 804 del CCyCN. Además, el Juzgado dispuso la remisión de copias de todo lo actuado a la Justicia Federal Penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia (art. 239 del Código Penal).
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró efusivamente la victoria judicial y destacó que «ATE frena los pases a disponibilidad» en el INTA. Aguiar también apuntó directamente al presidente Milei, preguntándole si «¿Van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado?».
El conflicto se desató tras un intento del gobierno de pasar a disponibilidad a 286 trabajadores del INTA, a pesar de que la Justicia Federal había dictado una medida cautelar en contra y el Senado ya había rechazado el Decreto 462/25. Los gremios ATE y APINTA denunciaron que la medida ignoraba la división de poderes y la ley, y que además buscaba una «persecución sindical», ya que el listado incluía a delegados sindicales.
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