El Centro de Panaderos de Merlo alertó sobre el colapso del rubro: desde 2023 cerraron más de 1.800 panaderías en todo el país y se perdieron cerca de 15.000 puestos de trabajo. Con ventas desplomadas y costos energéticos que no dejan de aumentar, el sector asegura que “trabaja a pérdida” y que la situación actual es incluso más grave que en 2001 y durante la pandemia.

La crisis económica continúa dejando marcas profundas en los sectores productivos y, en particular, en uno de los rubros más tradicionales del país: las panaderías. Según datos brindados por el Centro de Panaderos de Merlo, en los últimos dos años cerraron aproximadamente 1.800 panaderías en toda la Argentina, producto de la caída abrupta del consumo y del incremento constante de los costos operativos. El impacto sobre el empleo es directo: más de 15.000 trabajadores perdieron su fuente laboral.

En declaraciones a Radio Splendid, el titular del Centro, Martín Pinto, trazó un diagnóstico contundente: el sector “está trabajando siempre a pérdida” y la mayoría de los comercios apenas logra “subsistir” en un contexto donde la ecuación económica dejó de cerrar hace tiempo.

Pinto comparó el escenario actual con dos momentos críticos de la historia reciente: la crisis del 2001 y la pandemia. Sin embargo, aseguró que el presente “no es nada comparado con lo que estamos viviendo hoy”. El dirigente explicó que las ventas cayeron alrededor del 55% en los últimos meses, en paralelo con fuertes incrementos en las tarifas de energía que oscilan entre el 45% y el 50%, encareciendo de manera exponencial la producción.

El deterioro del poder adquisitivo aparece como el factor que más golpea al sector. “La gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere”, afirmó Pinto, aludiendo al recorte generalizado del consumo básico. La demanda se desploma incluso en productos de primera necesidad como el pan, las facturas y los bizcochos, tradicionalmente resistentes a las crisis.

La ecuación es doblemente problemática: mientras los costos suben mes a mes —harina, margarina, levaduras, gas y electricidad— los salarios permanecen “pisados desde hace un año”, lo que impide que una eventual suba de precios compense la caída en el volumen de ventas. “Aumentar no resuelve nada: la gente simplemente deja de comprar”, advirtió.

El efecto en cadena es devastador. Muchas panaderías familiares redujeron personal, acortaron horarios o directamente cerraron sus puertas. En tanto, las más grandes operan al límite, sin margen para nuevas inversiones ni para absorber mayores subas de costos.

El sector panadero es históricamente uno de los primeros indicadores del deterioro del consumo masivo. Cuando el poder adquisitivo cae, los hogares ajustan incluso en alimentos básicos. La combinación de inflación sostenida, tarifas en ascenso y caída del ingreso real genera una tormenta perfecta que termina por expulsar del mercado a cientos de pequeños comercios.

A su vez, el cierre de panaderías impacta en otros eslabones de la cadena productiva: molinos, distribuidores, proveedores de insumos y transportistas sienten también la retracción. Con precios sensibles y márgenes cada vez más estrechos, la actividad opera por debajo de niveles mínimos de rentabilidad.

El Gobierno nacional relanzará en 2026 el denominado Plan Motosierra, con el que proyecta reducir nuevamente la planta de empleados públicos en un 10%. En coordinación entre Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, la estrategia apunta esta vez a los organismos descentralizados, tras una primera etapa que ya dejó casi 59.000 bajas desde el inicio de la gestión.

El Ejecutivo dio señales claras: el ajuste en el sector público no solo continuará, sino que se profundizará. Tras varios meses marcados por reorganizaciones internas, cambios de gabinete y tensiones gremiales crecientes, la Casa Rosada confirmó que relanzará el Plan Motosierra en 2026 con el objetivo declarado de achicar nuevamente la estructura estatal. La meta es contundente: eliminar otro 10% de la planta de empleados públicos.

El encargado de calibrar el recorte es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien trabaja junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una nueva ronda de evaluaciones sobre cada dependencia. La consigna, según fuentes oficiales, es revisar “con extrema puntillosidad” las funciones, superposiciones y dotaciones de personal, bajo un mandato explícito del presidente Javier Milei: lograr un Estado más pequeño y “eficiente”, basado en parámetros de productividad que el propio Gobierno define y actualiza mes a mes.

Desde el despacho de Sturzenegger insisten en que “la motosierra es constante”. Y las cifras respaldan la afirmación: desde diciembre de 2023 hasta hoy, los ceses de contratos, jubilaciones anticipadas y bajas por reorganización acumuladas ascienden a 58.797 trabajadores, incluyendo personal de organismos centralizados y descentralizados, fuerzas de seguridad, áreas militares y empresas públicas.

El INDEC aportó en las últimas semanas su propio diagnóstico. Según un informe reciente, la dotación del personal en la administración pública nacional, sociedades y empresas del Estado registró en octubre una baja del 0,3% respecto del mes anterior. El total de trabajadores asciende actualmente a 282.570, un número que el Gobierno pretende reducir de manera significativa en los próximos meses.

Tras una primera fase focalizada en ministerios y áreas centrales, la segunda parte del ajuste tendrá un blanco más definido: los organismos descentralizados. El listado en análisis es extenso e incluye nombres sensibles para la estructura institucional del país, como AFIP, ARCA, ANMAT, Archivo General de la Nación, CONICET, INDEC, ANSES, ENARGAS, INTA, INTI y ENACOM, entre otros. La lógica, explican en la Casa Rosada, es revisar cuántos puestos cumplen tareas consideradas esenciales y cuántos son, según su criterio, prescindibles.

No existe un porcentaje uniforme para todos los organismos. Según fuentes del Ejecutivo, “en cada organismo se llega al número en función de la cantidad de personas activas y su nivel de actividad”, por lo que la magnitud del recorte variará dependiendo del área. La evaluación se desarrolla con reserva debido al clima de conflictividad sindical que se intensificó en los últimos meses, especialmente ante la inminencia de vencimientos contractuales.

El Ejecutivo prevé que la ola de bajas comience a materializarse en diciembre, cuando expire una parte importante de los contratos anuales, y que se profundice durante los dos primeros trimestres de 2026. A esa poda podría sumarse otro capítulo clave del plan oficial: la eliminación progresiva de los registros automotores y un nuevo paquete de privatizaciones en empresas públicas, iniciativas que también reducirían personal mediante restructuraciones o cierres.

La reactivación del Plan Motosierra se da en un clima político tenso, con sindicatos movilizados, organismos con presupuestos en mínimos históricos y un escenario social desgastado por la caída de ingresos. Mientras el Gobierno defiende el ajuste como requisito para “ordenar” el Estado, los gremios advierten sobre el impacto en la calidad de los servicios públicos, la parálisis técnica en áreas estratégicas y la pérdida de capacidades acumuladas durante décadas.

La reedición del Plan Motosierra abre un nuevo capítulo en la política de reducción estatal del Gobierno. Con casi 59.000 empleados menos en dos años y un recorte adicional previsto para 2026, la estrategia se profundiza tanto en intensidad como en alcance institucional. El foco sobre los organismos descentralizados anticipa tensiones crecientes con sindicatos y trabajadores especializados, mientras el Ejecutivo reafirma su visión de un Estado reducido a funciones básicas. El desafío será sostener el funcionamiento operativo de áreas críticas sin deteriorar la calidad administrativa y técnica que sostiene la actividad pública en el país.

La docencia universitaria y preuniversitaria realizará un paro nacional de seis días, del 1 al 6 de diciembre, en reclamo de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. La medida surge tras la decisión del Gobierno de suspender su ejecución a través del Decreto 759/25, a pesar de reconocer una deuda salarial superior al 40%.

El plenario de secretarías generales de la docencia universitaria y preuniversitaria resolvió convocar a un paro nacional del 1 al 6 de diciembre, en protesta por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de recomposición salarial. La medida afectará el dictado de clases, las actividades académicas y, en varios casos, también las mesas de exámenes.

La decisión llega en un contexto de malestar creciente en las universidades nacionales, marcado por salarios depreciados, presupuestos insuficientes y un paquete de reformas estructurales que, según los gremios, profundiza el deterioro de la educación pública.

Una ley votada cuatro veces que el Gobierno se niega a aplicar

Las federaciones docentes recordaron que la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 —conquistada “con lucha, organización y unidad”— fue aprobada cuatro veces por el Congreso.
Sin embargo, el presidente Javier Milei dispuso suspender su ejecución mediante el Decreto 759/25, al mismo tiempo que reconoció la existencia de una deuda salarial del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025.

Para los gremios, la decisión es ilegal, vulnera una norma vigente y profundiza la crisis estructural:

salarios estancados,

recomposiciones por debajo de la línea de pobreza,

infraestructura deteriorada,

caída del financiamiento para investigación, extensión y becas estudiantiles.

Salarios de pobreza y multiempleo: el deterioro cotidiano

El Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu) graficó la situación con datos concretos:

un auxiliar de primera con dedicación semi-exclusiva cobra alrededor de $450.000 de bolsillo,

un no docente de categoría siete percibe unos $600.000 de básico.

Estos ingresos —muy por debajo de la inflación acumulada y del costo de vida— obligan a miles de docentes y no docentes a recurrir al multiempleo, afectando la calidad del trabajo académico, la investigación y la continuidad de proyectos científicos.

“Con docentes pobres no hay universidad de calidad”, advirtieron.

Asimismo, denunciaron que no hay fondos suficientes para salarios, becas, infraestructura ni mantenimiento, mientras que —según su crítica política— el Gobierno favorece la desregulación económica, la baja de retenciones y la rentabilidad financiera.

Un presupuesto 2026 que anticipa un ajuste aún mayor

Las organizaciones docentes alertaron que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé menos del 40% de inversión en educación, profundizando un escenario que describen como de “crisis terminal”.

La combinación de salarios depreciados, falta de financiamiento y reformas estructurales —laboral, tributaria, previsional y penal— configura, para los gremios, un ataque integral a los derechos de trabajadores y estudiantes.

“Llegamos al punto en que no podemos seguir fingiendo una normalidad que no existe”, señalaba el documento difundido tras la reunión sindical.

Unidad docente–estudiantil: un llamado a la movilización

El paro por seis días busca funcionar como una señal de alarma y como instancia de acumulación de fuerza.
La Federación convocó a toda la docencia universitaria y preuniversitaria, y llamó al movimiento estudiantil —históricamente protagonista de las luchas por la educación pública— a sumarse a la medida.

Exigencia de tres puntos centrales:

1. Aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
2. Convocatoria urgente a la paritaria nacional universitaria.
3. Un Presupuesto 2026 que respete los recursos fijados por la ley vigente.