El oficialismo obtuvo dictamen favorable para el Presupuesto 2026 en una comisión marcada por la velocidad del trámite y cambios de último momento. El proyecto, acompañado por el PRO, la UCR y gobernadores aliados, elimina financiamiento garantizado para universidades, el Hospital Garrahan y programas de discapacidad, y desató un inmediato rechazo opositor.

El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el Congreso al conseguir dictamen favorable para el Presupuesto 2026, una de las herramientas centrales de su programa económico y político. La aprobación en comisión se produjo en una sesión única, breve y cargada de tensión, que dejó expuestas las profundas diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el rumbo del gasto público y el rol del Estado.

El proyecto impulsado por La Libertad Avanza logró el respaldo de bloques aliados como el PRO y la UCR, además del acompañamiento explícito de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), un apoyo clave para destrabar el dictamen. Sin embargo, el contenido del texto encendió alertas por el recorte de financiamiento garantizado a áreas sensibles, entre ellas las universidades nacionales, el Hospital Garrahan y los programas vinculados a la discapacidad.

Lejos de tratarse de una mera formalidad, la reunión de comisión estuvo atravesada por modificaciones introducidas a último momento. Contra lo esperado, el oficialismo no presentó el mismo borrador que ya había circulado semanas atrás. Al inicio del encuentro, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, distribuyó un nuevo dictamen, sin detallar inicialmente los cambios incorporados.

Bornoroni defendió la rapidez del trámite y justificó la estrategia en términos políticos y económicos. Aseguró que el objetivo era dar “claridad a los argentinos y a los inversores del mundo” y enviar una señal de previsibilidad al mercado, insistiendo en que “la Argentina de Milei es seria”.

El clima se volvió más tenso cuando el presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, exigió precisiones sobre las modificaciones. Aunque Bornoroni reconoció que el texto había sido alterado, evitó detallar los cambios en ese momento, lo que profundizó las críticas por la falta de transparencia en el proceso.

Horas más tarde se confirmó que el dictamen incluye la derogación de la Ley de Financiamiento de las Universidades Nacionales (Ley 27.795) y de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793). En cuanto al Hospital Garrahan, el Ejecutivo sostuvo que los compromisos financieros ya fueron cumplidos, aunque sin garantizar una asignación específica a futuro.

Rechazo opositor y advertencias políticas

Las modificaciones encendieron un rechazo inmediato de amplios sectores de la oposición, que anunciaron la presentación de un dictamen alternativo y anticiparon que no acompañarán ni el Presupuesto del Ejecutivo ni la llamada ley de Inocencia Fiscal. Incluso, dejaron trascender que tampoco respaldarán la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Germán Martínez fue uno de los más duros al cuestionar el manejo presupuestario del oficialismo. Recordó que la ausencia de Presupuesto en 2024 y 2025 no fue un accidente, sino una decisión política para ampliar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. Si bien celebró que finalmente se avance hacia una ley de Presupuesto, dejó en claro que no cualquier texto es aceptable.

“Queremos presupuesto, pero otro presupuesto”, sintetizó el legislador, al marcar diferencias concretas. Entre ellas, rechazó el Artículo 30, que elimina el 6% de financiamiento educativo, y defendió la vigencia de la ley de educación técnica, cuya supresión fue propuesta por el oficialismo.

Martínez cerró su intervención con un mensaje que anticipa un debate áspero en el recinto: “Por cada tema vamos a tener una propuesta alternativa siempre, porque nosotros no nos rendimos”.

Mientras el Congreso se prepara para debatir la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, el Partido Justicialista avanza con un proyecto alternativo que busca revertir la pérdida de derechos, recomponer salarios y reducir la jornada de trabajo. La iniciativa, coordinada por la diputada Vanesa Siley, propone un nuevo paradigma laboral centrado en la calidad de vida, la salud y la redistribución del tiempo.

A la espera del tratamiento parlamentario de la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei, el peronismo decidió mover primero. Un grupo de legisladores nacionales del PJ, articulados entre Diputados y el Senado, trabaja en una contrarreforma laboral que se presenta como una respuesta integral al proyecto oficial y que apunta, según sus impulsores, a mejorar las condiciones reales de vida de los trabajadores.

La iniciativa es coordinada por la diputada nacional Vanesa Siley, referente del ámbito judicial, en conjunto con senadores de Unión por la Patria como Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, con el objetivo de unificar una estrategia legislativa común en ambas cámaras. El proyecto fue bautizado “Actualización Laboral” y se estructura en torno a ocho ejes centrales.

El punto de partida es un diagnóstico político y social explícito. Para el PJ, la reforma libertaria no generará empleo genuino, sino que profundizará la precarización y la pérdida de derechos. “Lo primero que vamos a plantear es un diagnóstico. El Gobierno sostiene que flexibilizar el trabajo crea empleo registrado. Ese latiguillo lo vamos a desarmar y dejar plasmado en los fundamentos”, afirmó Siley.

Según el borrador del proyecto, los salarios actuales resultan insuficientes, lo que empuja a millones de trabajadores a la pluriactividad, la informalidad y nuevas formas de empleo desregulado, especialmente en plataformas digitales. “La principal necesidad es la plata, porque el sueldo no alcanza. Como consecuencia, la clase trabajadora toma más de un empleo o más actividades”, señalaron desde el equipo redactor.

Este fenómeno, advierten, genera una consecuencia directa: más horas de trabajo, menos tiempo de descanso y un deterioro progresivo de la salud física y mental. Sobre ese trípode —ingresos, tiempo y salud— se apoya la arquitectura de la contrarreforma.

Uno de los capítulos más relevantes es la recuperación del poder adquisitivo. El PJ plantea restituir el sentido pleno del Salario Mínimo, Vital y Móvil, estableciendo que debe cubrir efectivamente el costo de la Canasta Básica Total. La brecha actual es contundente: mientras el salario mínimo ronda los 338.400 pesos, la canasta supera el millón doscientos mil. Para el peronismo, esa diferencia evidencia un incumplimiento legal y social.

La propuesta también defiende paritarias libres, sin topes ni condicionamientos, en abierta oposición a la política oficial de vincular los aumentos salariales a la productividad. Además, establece que los salarios deben abonarse íntegramente en dinero, descartando cualquier forma de pago en especie, como alimentos o vivienda.

Jornada laboral, licencias y plataformas

Otro de los pilares del proyecto es la reducción de la jornada laboral. Desde las actuales 48 horas semanales, el PJ propone avanzar a un máximo de 42 horas, con el horizonte de alcanzar las 40 horas —e incluso seis horas diarias— en el mediano plazo. El argumento es técnico y político: los avances tecnológicos permiten reorganizar el trabajo sin afectar la producción.

En ese marco, el peronismo rechaza de plano la propuesta oficial de habilitar jornadas extensas mediante bancos de horas. “Es un retroceso histórico. Hoy la digitalización, la inteligencia artificial y la nanotecnología permiten trabajar menos, no más”, sostienen desde el espacio.

La iniciativa también amplía de manera significativa las licencias parentales. La licencia por paternidad pasaría de dos días a 90 días, mientras que la maternidad y la adopción se fijan en 120 días, con cobertura de la ANSES e inclusión de monotributistas y autónomos. El objetivo es avanzar hacia una distribución más equitativa de las tareas de cuidado y romper estereotipos de género.

Un capítulo específico está dedicado a los trabajadores de plataformas digitales, un sector que hoy carece de protección integral. El proyecto garantiza negociación colectiva, transparencia algorítmica, cobertura por accidentes, derecho a vacaciones, provisión de elementos de seguridad, atención personalizada y libertad sindical dentro de las plataformas.

Salud, ganancias y desconexión digital

La contrarreforma incorpora además el derecho a la desconexión digital, prohibiendo comunicaciones laborales fuera del horario de trabajo, salvo compensación en tiempo y dinero. En paralelo, propone la creación obligatoria de Comités Mixtos de Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos en empresas de más de 50 trabajadores, con especialistas en salud mental y riesgos psicosociales.

Otro punto de alto impacto político es la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, tal como lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El reparto sería anual y excluiría a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de redistribuir ingresos y dinamizar el mercado interno.

Con la Actualización Laboral, el Partido Justicialista busca instalar un modelo alternativo al que impulsa el Gobierno nacional: menos horas de trabajo, salarios que alcancen para vivir, más derechos y una centralidad renovada de la salud y el tiempo personal. Lejos de una discusión meramente técnica, el debate que se abre en el Congreso expone dos concepciones opuestas del mundo del trabajo.

Mientras el oficialismo apuesta a la flexibilización como vía de ajuste, el peronismo propone una contrarreforma que pone el foco en la dignidad laboral y la calidad de vida. El choque de modelos ya está planteado y promete convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda política y social de los próximos días.

La Confederación General del Trabajo confirmó una movilización nacional para el próximo 18 de diciembre, con epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en las provincias. Desde San Juan, el secretario general Eduardo Cabello cuestionó con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, denunció un deterioro acelerado del empleo y repudió el ataque a la sede del Sindicato del Vidrio.

Desde San Juan, el secretario general de la CGT provincial, Eduardo Cabello, confirmó la adhesión a la convocatoria y subrayó que la protesta busca visibilizar un malestar que atraviesa por igual a trabajadores de la Capital y del interior. “La idea es que se haga en todo el país. Buenos Aires es el lugar donde hay que mostrar la fuerza, pero en las provincias los trabajadores sufren las mismas consecuencias”, afirmó.

En el plano local, Cabello precisó que la CGT San Juan resolvió movilizarse ese mismo día a las 18 horas, en coordinación con otras centrales sindicales como la CTA y la MTA. “Esto nos atraviesa a todos. No es un problema exclusivo de la CGT, es un problema de todos los trabajadores”, remarcó, anticipando una acción conjunta y un documento consensuado.

El dirigente sindical también se refirió al ataque vandálico contra la sede del Sindicato del Vidrio, un episodio que sacudió al mundo gremial y generó un inmediato repudio. “Son cosas que hacía mucho tiempo no se veían. Esperamos que no sea parte de lo que se empieza a gestar a partir de ciertas políticas nacionales y que no se convierta en una costumbre”, expresó. Si bien aclaró que no hubo víctimas, advirtió sobre un clima de creciente tensión social.

El centro del reclamo sindical apunta directamente al contenido de la reforma laboral. Cabello fue categórico al cuestionar el discurso oficial: “Mienten cuando dicen que esta ley va a traer más trabajo. Lo único que va a generar es más crisis y profundizar los problemas”. En ese sentido, describió un escenario de cierres de empresas, caída de pymes y pérdida constante del poder adquisitivo, en un contexto donde la inflación sigue erosionando los salarios y las paritarias no logran recomponer lo perdido.

“La informalidad no va a disminuir porque no hay dónde absorber a esos trabajadores. Día a día cierran empresas, y así es imposible hablar de generación de empleo genuino”, sostuvo. Según el dirigente, el impacto no solo se siente en el sector privado, sino también en las provincias, que enfrentan la paralización de la obra pública y la falta de recursos nacionales.

En medio del debate legislativo, Cabello valoró las recientes declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien advirtió que la reforma laboral podría quedar frenada durante años por la vía judicial. “Quieren borrar de un plumazo lo que establece la Constitución y los pactos internacionales. Lo que proponen es inviable”, afirmó, y recordó que el sindicalismo se ampara en la legalidad y el marco constitucional para resistir los cambios.

La CGT, además, mantiene contactos permanentes con legisladores nacionales y autoridades provinciales. Según detalló Cabello, intendentes y representantes sanjuaninos ya participaron de reuniones y seguirán articulando acciones políticas. “Cada gobernador que siga apoyando este modelo también tendrá que pagar el costo político. Las provincias están siendo severamente castigadas”, advirtió.

La movilización del próximo jueves18 de diciembre se perfila como un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical. Más allá de la protesta puntual, la CGT busca enviar un mensaje político claro: la reforma laboral no solo enfrenta resistencia en las calles, sino también cuestionamientos legales, sociales y económicos de fondo.

En un momento de creciente conflictividad, caída del empleo y tensiones federales, el sindicalismo se prepara para endurecer su estrategia y advertir que la defensa de los derechos laborales no será negociable. El desafío, admiten puertas adentro, será sostener la unidad y estar a la altura de un escenario que promete escalar en los próximos meses.