La Confederación General del Trabajo rechazó la decisión de la Cámara del Trabajo que restituyó la vigencia de artículos clave de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y ratificó que continuará la ofensiva judicial con eje en la Constitución.

La disputa por la reforma laboral ingresó en una fase de mayor confrontación tras el fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía más de 80 artículos de la ley. La resolución no sólo restituyó la vigencia de esos puntos, sino que reconfiguró el escenario jurídico en el que se libra uno de los conflictos más relevantes del presente ciclo político.

La reacción CGT fue inmediata. A través de su Consejo Directivo, la central obrera rechazó la decisión judicial y advirtió sobre sus consecuencias. En su lectura, el fallo habilita la aplicación de normas que afectan condiciones laborales, debilitan la protección de los trabajadores y alteran el equilibrio en las relaciones de trabajo.

El cuestionamiento no se limitó al contenido de la ley, sino que apuntó directamente al criterio adoptado por el tribunal. La CGT sostuvo que la resolución desconoce precedentes de la Corte Suprema que reconocen a los trabajadores como un sector de especial tutela. Desde esa perspectiva, el sindicato interpretó que la Cámara se apartó de principios que deberían orientar las decisiones en materia laboral.

El eje del planteo sindical se apoya en el carácter preventivo de la medida cautelar que había sido dictada en primera instancia. Para la central, esa herramienta tenía como finalidad evitar daños de difícil reparación mientras se analizaba la cuestión de fondo. Su levantamiento, sostienen, permite que la norma despliegue efectos antes de que exista una definición definitiva sobre su constitucionalidad.

En ese sentido, la Confederación General del Trabajo también invocó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que consagra derechos fundamentales del trabajo, así como tratados internacionales con jerarquía constitucional. La referencia no es menor: busca trasladar la discusión desde el plano estrictamente legal hacia el terreno de las garantías fundamentales.

La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo introduce modificaciones en aspectos sensibles del sistema: régimen de indemnizaciones, modalidades de contratación, condiciones de trabajo y organización sindical. Para el Gobierno, estos cambios apuntan a reducir la litigiosidad y promover la formalización del empleo. Para el movimiento obrero, en cambio, implican un retroceso en derechos consolidados.

El conflicto, lejos de cerrarse con esta resolución, se proyecta hacia nuevas instancias. La CGT confirmó que continuará la vía judicial con el objetivo de obtener un pronunciamiento de fondo que declare la invalidez de los artículos cuestionados. En simultaneo, no descarta profundizar acciones en otros planos, en un ámbito donde la disputa combina elementos jurídicos, políticos y sociales.

La Asociación Gremial de Computación cuestionó con dureza el DNU 941/2025 y advirtió sobre riesgos institucionales ante la posible incorporación de herramientas de Palantir Technologies en áreas sensibles del Estado.

El debate sobre el control de los datos personales y su vínculo con el poder estatal sumó un nuevo capítulo tras el pronunciamiento de la Asociación Gremial de Computación. En un documento de fuerte tono político y conceptual, la organización advirtió que el DNU 941/2025 podría habilitar un cambio profundo en la arquitectura de inteligencia del país, con implicancias que exceden lo tecnológico.

El eje del planteo se centra en la posible incorporación de soluciones desarrolladas por Palantir Technologies, firma estadounidense especializada en análisis masivo de información y vinculada a organismos de defensa y seguridad internacional. Según el gremio, no se trata únicamente de una contratación de software, sino de la adopción de un modelo que integra datos, algoritmos predictivos y automatización en la toma de decisiones.

La empresa fue fundada por Peter Thiel y es conducida por Alex Karp, figuras que concentran parte de las críticas del documento sindical. La AGC cuestiona tanto el historial de la compañía en escenarios internacionales como las definiciones públicas de sus directivos, a quienes atribuye una visión extrema sobre el uso de la tecnología en seguridad y defensa.

En el plano normativo, el DNU introduce modificaciones sustanciales en la estructura de inteligencia nacional. Entre ellas, la creación de nuevos organismos, la centralización de bases de datos y la adopción de herramientas de análisis predictivo orientadas a la prevención. Para el gremio, ese diseño requiere sistemas capaces de procesar grandes volúmenes de información en tiempo real, una capacidad que coincide con la oferta tecnológica de firmas como Palantir.

El punto más sensible del planteo se vincula con el impacto potencial en los procesos democráticos. La AGC advierte que el cruce de bases de datos, combinado con técnicas de segmentación y predicción, podría derivar en mecanismos de influencia sobre el comportamiento electoral. La preocupación no es abstracta: remite a experiencias internacionales donde el uso intensivo de datos personales modificó estrategias políticas y campañas.

El comunicado también introduce una discusión más amplia sobre la soberanía digital. En un escenario donde la infraestructura tecnológica depende crecientemente de empresas privadas globales, la capacidad de los Estados para controlar su propia información aparece condicionada. La pregunta de fondo es quién administra, procesa y resguarda los datos de la ciudadanía.

Desde el Gobierno, el enfoque oficial sostiene que la modernización del sistema de inteligencia busca mejorar la eficiencia y anticipar riesgos en un entorno global cada vez más complejo. Sin embargo, las críticas apuntan a la falta de debate público y a la ausencia de controles institucionales robustos sobre herramientas que, por su naturaleza, operan en áreas sensibles.

La Asociación Bancaria convocó a un paro de 24 horas en los tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina. La medida, en rechazo al cierre de 12 dependencias, impactará en la distribución de dinero en todo el país.

El sistema financiero enfrenta una interrupción sensible en uno de sus engranajes menos visibles pero decisivos: la logística de efectivo. La decisión de la Asociación Bancaria de paralizar durante 24 horas los tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina introduce un factor de incertidumbre en la provisión de dinero a entidades financieras y cajeros automáticos.

La medida, prevista para el 27 de abril, surge como respuesta al cierre de 12 dependencias en el interior del país, una decisión oficial que, según el gremio, pone en riesgo al menos 32 puestos de trabajo. El conflicto se gestó tras una serie de asambleas encabezadas por Sergio Palazzo, quien ratificó el estado de alerta y advirtió sobre un deterioro en las condiciones laborales dentro del organismo.

El alcance de la protesta no es menor. Los 21 tesoros regionales constituyen nodos estratégicos para el movimiento de caudales, desde donde se organiza la distribución de billetes hacia bancos comerciales, redes de cajeros y otros puntos de acceso al efectivo. La paralización de estas áreas puede derivar en demoras en la reposición de dinero, con efectos directos sobre usuarios y operaciones cotidianas.

Desde el sindicato, además, señalaron que el conflicto no se limita a los cierres anunciados. Denuncian un estancamiento en las instancias de negociación y advierten sobre situaciones de presión hacia los trabajadores afectados. En ese sentido, el reclamo se orienta a garantizar la estabilidad laboral y preservar la estructura operativa del organismo.

La disputa se inscribe en una política más amplia de reducción del gasto público impulsada por el gobierno de Javier Milei, que incluye reestructuraciones en distintos organismos estatales. En el caso del Banco Central, la reorganización de sus dependencias plantea un interrogante sobre el impacto en funciones críticas que, aunque poco visibles, resultan esenciales para el funcionamiento del sistema financiero.

El gremio no descarta una escalada del conflicto. La posibilidad de extender las medidas a entidades bancarias públicas y privadas aparece como una alternativa si no se abren canales de diálogo efectivos. Esa eventual ampliación modificaría el alcance del reclamo y podría trasladar sus efectos a un nivel más amplio del sistema.