Clínicas, sanatorios y hospitales privados de San Juan, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza suspenden durante 48 horas las prestaciones programadas a afiliados del PAMI. Los prestadores reclaman una actualización de los aranceles, regularización de pagos y una recomposición frente al aumento de los costos.

Las clínicas, sanatorios y hospitales privados adheridos al sistema de atención del PAMI en San Juan y otras tres provincias llevan adelante un paro de 48 horas este jueves 27 y viernes 28 de agosto, en reclamo por el deterioro de los ingresos que reciben de la obra social y las demoras en los pagos.

De acuerdo con los representantes de las instituciones, la diferencia acumulada entre los valores de las prestaciones y la inflación supera el 70% en términos reales. A esa pérdida se suman demoras en la liquidación de las cápitas, el sistema mediante el cual se establece un monto por afiliado atendido.

Los establecimientos advierten que los ingresos actuales resultan insuficientes para afrontar gastos indispensables, entre ellos salarios, medicamentos, insumos descartables y materiales utilizados en prácticas de mayor complejidad.

La situación adquiere particular relevancia en San Juan, donde las instituciones privadas constituyen una parte importante de la red utilizada por los afiliados de la obra social para consultas, estudios, internaciones y procedimientos médicos.

Qué atención queda suspendida

Durante las 48 horas de la protesta quedan suspendidas las consultas programadas, los turnos de consultorios externos y las prácticas o intervenciones que no tengan carácter urgente.

El esquema no implica el cierre absoluto de los establecimientos. Las guardias permanecen operativas para atender urgencias y emergencias, con prioridad para los pacientes cuya condición implique riesgo inmediato para la vida.

De esta manera, una consulta previamente asignada, un estudio médico programado o una práctica que pueda ser postergada no será realizada durante la medida, mientras que las situaciones que requieran asistencia inmediata continuarán siendo atendidas.

Los prestadores sostienen que el objetivo de la huelga no es interrumpir la atención de los adultos mayores, sino reclamar condiciones económicas que permitan sostener la red asistencial en el tiempo.

El reclamo de fondo

El planteo de las instituciones privadas combina dos demandas principales: una actualización de los valores de las prestaciones y el cumplimiento de los plazos de pago.

Los prestadores sostienen que el aumento de los costos médicos, laborales y de insumos avanzó a una velocidad muy superior a la actualización de los aranceles. En ese escenario, aseguran que mantener los actuales valores compromete la capacidad de los establecimientos para reponer materiales, afrontar obligaciones salariales y sostener la infraestructura sanitaria.

Las cápitas constituyen otro de los puntos cuestionados. Al tratarse de pagos asociados a la cantidad de afiliados, las demoras en su percepción afectan directamente el flujo de fondos de las instituciones y dificultan la planificación financiera.

La demanda llega, además, en un momento de fuerte presión sobre el sistema de salud privado, donde el incremento de medicamentos, equipamiento, insumos y remuneraciones elevó los costos de funcionamiento.

Una disputa que impacta en los jubilados

La medida de fuerza vuelve a poner bajo discusión el financiamiento de las prestaciones médicas destinadas a los afiliados del PAMI. Para los jubilados y pensionados, la principal consecuencia inmediata es la reprogramación de consultas y prácticas que no sean consideradas urgentes.

En San Juan, la evolución del conflicto dependerá de las respuestas que puedan surgir durante las próximas horas entre la obra social y las instituciones prestadoras. Una eventual continuidad de las diferencias económicas podría derivar en nuevas medidas y afectar la regularidad de las prestaciones.

El paro expone así un litigio que excede la negociación puntual por aranceles: la capacidad de las clínicas y sanatorios para sostener sus servicios depende de que los valores reconocidos por el PAMI acompañen los costos reales de la atención y de que los pagos se concreten dentro de los plazos acordados.

La Junta Electoral de la Unión Tranviarios Automotor oficializó las cuatro listas que competirán en los comicios nacionales de octubre. Roberto Fernández buscará continuar al frente del gremio, mientras que Maximiliano Escriba, Alberto Patiño y Claudio Gómez disputarán la conducción.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) tendrá cuatro listas en competencia para las elecciones nacionales del 7 y 8 de octubre de 2026, en las que los afiliados elegirán a la conducción que estará al frente del sindicato durante los próximos cuatro años.

La Junta Electoral oficializó este miércoles las agrupaciones que cumplieron con los requisitos estatutarios y legales, luego de analizar los avales, candidaturas y documentación presentada por cada espacio.

Las listas habilitadas son la Celeste y Blanca, encabezada por el actual secretario general Roberto Fernández; la Negra, que lleva como candidato a Maximiliano Escriba; la Marrón, liderada por Alberto Patiño; y la Bordó, con Claudio Gómez como postulante.

La oficialización cierra una etapa marcada por cuestionamientos de distintos espacios opositores sobre las condiciones de participación y el desarrollo del proceso electoral.

Finalmente, las cuatro agrupaciones que acreditaron los avales y la documentación requerida quedaron habilitadas para disputar los comicios.

De acuerdo con la resolución de la Junta Electoral, el procedimiento se desarrolló conforme a las disposiciones del Estatuto de la UTA y de la Ley de Asociaciones Sindicales, con la correspondiente verificación de los requisitos exigidos a cada lista.

La elección se realizará durante dos jornadas, 7 y 8 de octubre, y definirá la conducción nacional de uno de los principales sindicatos del transporte argentino. La lista ganadora asumirá el 2 de enero de 2027 y ejercerá un mandato de cuatro años.

La Cámara de Diputados aprobó por 144 votos contra 102 y 9 abstenciones la nueva Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto establece la preservación del valor de la moneda como objetivo prioritario y prohíbe financiar al Tesoro, provincias y municipios, además de impedir la compra de títulos públicos en el mercado primario.

El proyecto establece como principal objetivo del Banco Central la preservación del valor de la moneda y modifica las herramientas con las que la entidad puede intervenir en el financiamiento del Estado.

Entre sus disposiciones centrales, la propuesta prohíbe el financiamiento directo del Tesoro nacional, las provincias y los municipios, además de impedir la adquisición de títulos públicos en el mercado primario. El oficialismo sostiene que estas restricciones buscan evitar que la autoridad monetaria vuelva a ser utilizada para cubrir desequilibrios fiscales mediante emisión.

Durante el debate, el diputado Santiago Pauli, miembro informante de La Libertad Avanza, defendió la iniciativa al señalar que una reforma de estas características no se limita al funcionamiento del Banco Central, sino que impacta sobre los salarios, los ahorros y la capacidad de los argentinos para proyectar sus ingresos.

El legislador fueguino cuestionó el uso histórico de la entidad como fuente de financiamiento estatal y sostuvo que durante distintos gobiernos se recurrió al Banco Central cada vez que las cuentas públicas no alcanzaban.

Desde la oposición, Itai Hagman, de Unión por la Patria, planteó una crítica diferente. El diputado sostuvo que el Congreso debería concentrarse en aliviar el endeudamiento de los hogares y cuestionó que la reforma reduzca las herramientas disponibles para que el Estado pueda intervenir ante problemas económicos y financieros.

El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, cerró el debate con una defensa enfática de la propuesta. “La emisión es un robo”, afirmó, y acusó al kirchnerismo de haber utilizado la emisión monetaria como mecanismo para financiar al Estado y generar inflación. Según el legislador, la nueva normativa busca impedir que el Banco Central vuelva a quedar sujeto a las necesidades del gobierno de turno.

El próximo objetivo del oficialismo

La jornada legislativa forma parte de una agenda más amplia impulsada por la Casa Rosada. Tras conseguir la aprobación de la reforma del Banco Central, La Libertad Avanza busca continuar también con Inocencia Fiscal II, iniciativa que pretende facilitar la utilización de dólares no declarados mediante una reducción de sanciones vinculadas con la presentación de declaraciones juradas y otras infracciones formales.

El oficialismo apuesta a convertir ambos proyectos en nuevos avances de su programa económico antes de que el Congreso concentre su atención en otras iniciativas de alto impacto.

La reforma de la autoridad monetaria deberá ahora atravesar el Senado, donde el Ejecutivo nacional necesitará nuevamente construir acuerdos con bloques aliados para convertir la modificación de la Carta Orgánica en ley.