Con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, el Senado insistió en la sanción de la norma que establece la distribución diaria y automática de los Aportes del Tesoro Nacional entre las provincias. Se trata de otra derrota para la Casa Rosada, que deberá enfrentar ahora el debate en Diputados.

En una sesión acalorada, llena de tensión política y con fuerte presencia de gobernadores en los pasillos del Congreso, el Senado de la Nación rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia las provincias. La votación finalizó con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, configurando un nuevo traspié legislativo para el Gobierno nacional.

El debate comenzó pasadas las 11 de la mañana, bajo la conducción de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Solo seis senadores de La Libertad Avanza, junto a los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero (PRO), y el formoseño Francisco Paoltroni, se expresaron en contra de la insistencia. Las abstenciones correspondieron al entrerriano Alfredo De Ángeli y a los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri.

La norma impulsada por los gobernadores incorpora un artículo a la Ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto), para que los recursos distribuidos por el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional —creado por la Ley 23.548 de Coparticipación— se asignen de manera diaria, automática y en igualdad de condiciones a lo previsto en el artículo 6 de dicha norma. De esta manera, esos fondos pasarían a integrarse a la masa coparticipable, limitando la discrecionalidad del Ejecutivo en su manejo.

Durante el debate, el senador pampeano Daniel Bensusán advirtió que “con este nuevo veto el presidente otra vez acusa a las provincias de irresponsables, con una burda mentira, porque Milei y sus secuaces quieren hacer creer que los ATN se usarán en gastos corrientes”.

Por su parte, el radical bonaerense Maximiliano Abad remarcó que “no solo se trata de una ley vetada sino de cómo se concibe el federalismo”. Según sostuvo, el Gobierno prioriza el ajuste fiscal por encima del desarrollo provincial: “Sin provincias fuertes no hay país posible; el federalismo es condición necesaria para el desarrollo argentino”.

En la misma línea, el radical fueguino Pablo Blanco cuestionó que las provincias reciben apenas entre el 26% y el 28% de la recaudación nacional, mientras la Nación concentra el resto: “Encima, se queda con la distribución de los ATN, que reparte según conveniencias políticas”.

La catamarqueña Lucía Corpacci fue más allá al sostener que “votar contra el veto de Milei es votar contra un modus operandi que desconoce al Congreso, al pueblo y a la Constitución Nacional”.

Desde el oficialismo, Francisco Paoltroni, que respaldó al Ejecutivo, pidió reconocer “las muchas cosas que están funcionando bien”, como los sectores minero, hidrocarburífero y ganadero. A la vez, advirtió que la disputa política “conduce a una inestabilidad económica que atenta contra todos”.

Con esta decisión, el Senado remite ahora el tema a la Cámara de Diputados, donde la situación se presenta más difícil para los gobernadores. En esa instancia, cuando la ley se aprobó inicialmente, los votos negativos alcanzaron 90, número suficiente para sostener el veto si se repite la misma correlación de fuerzas.

El rechazo del Senado al veto presidencial sobre los Aportes del Tesoro Nacional constituye un triunfo político para los gobernadores y un nuevo golpe para la estrategia legislativa de Javier Milei. La decisión refleja el malestar de gran parte de la dirigencia política frente al manejo centralizado de los recursos y reaviva la discusión sobre el federalismo fiscal en Argentina. Sin embargo, la pulseada aún no está cerrada: el desenlace final dependerá de lo que suceda en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y sus aliados podrían inclinar la balanza en favor de sostener el veto.

En un Confederal marcado por discursos firmes y sin debates abiertos, la CGT ratificó la convocatoria a elecciones para el 5 de noviembre en Obras Sanitarias. La central obrera colocó la unidad como escudo estratégico frente a un gobierno al que acusa de clausurar el diálogo, y trazó un horizonte político de confrontación y proyección electoral hacia 2027.

El Salón Felipe Vallese de la sede de Azopardo fue escenario este jueves del Comité Central Confederal de la Confederación General del Trabajo (CGT), encuentro en el que la central ratificó la convocatoria a elecciones de autoridades para el próximo 5 de noviembre. Bajo un clima de discursos encendidos pero sin discusiones abiertas, el cónclave consolidó la unidad como pilar estratégico y fijó la confrontación como eje de acción frente a un gobierno al que los gremialistas señalan como inflexible y ajustador.

La sesión estuvo encabezada por los secretarios generales Héctor Daer y Octavio Argüello, en ausencia de Carlos Acuña, y contó con la presencia de referentes de todos los sectores internos: los llamados “gordos” e independientes, el moyanismo, el barrionuevismo y dirigentes ligados al kirchnerismo. La diversidad de líneas marcó la amplitud de la convocatoria, que reunió a centenares de representantes gremiales.

El encuentro sirvió además como paso legal previo a la elección de autoridades en Obras Sanitarias. Aunque aparecieron matices sobre el formato de conducción –unicato, triunvirato o incluso un esquema de cuatro cosecretarios–, fuentes gremiales confirmaron que se mantendrá la fórmula tripartita consensuada en la última reunión en UPCN. Daer sintetizó el espíritu común: «Nos comprometimos a trabajar en unidad. Será un unicato o un triunvirato, lo iremos viendo durante el proceso. Lo importante es llegar con una conducción unificada».

Entre los asistentes se destacaron Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), Sergio Palazzo (Bancarios), Abel Furlán (UOM), Omar y Sebastián Maturano (La Fraternidad), Hugo Moyano (Camioneros), Sergio Romero (UDA), Argentino Geneiro (Gastronómicos), Mario Calegari (UTA), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Jorge Sola (Seguros), entre otros.

La coincidencia general fue clara: la unidad sindical aparece como herramienta decisiva en un escenario de pérdida de derechos y ajuste económico. “Sin organización sindical no hay derechos: ni colectivos, ni políticos, ni individuales”, fue la frase que sobrevoló el Confederal.

Los discursos también delinearon el rumbo inmediato. Abel Furlán (UOM) sostuvo que el futuro de la CGT debería recaer en un solo secretario general, pero enfatizó la necesidad de endurecer las posiciones: «No hay posibilidad de dialogar con alguien que no quiere escucharte. Viene una etapa de confrontación». Sergio Palazzo (Bancarios) coincidió: «Si el programa económico está escrito en piedra, no queda margen para el diálogo».

Omar Plaini (Canillitas) recordó que la CGT fue la única organización que logró frenar en la Justicia el capítulo laboral del DNU 70. Y Sergio Romero (UDA) advirtió que los salarios docentes se ubican por debajo de la línea de pobreza, denunciando además que el proyecto de Presupuesto 2026 “desfinanciará el sistema educativo”.

El cierre estuvo en manos de Héctor Daer, quien adelantó que no continuará en la conducción. En su discurso, planteó la necesidad de superar la falsa dicotomía entre diálogo y confrontación: «Este gobierno no dialoga. La tarea es fortalecer la organización sindical y construir un horizonte político que nos devuelva triunfos electorales, primero en 2026 y luego en 2027, para que el peronismo vuelva al poder».

La CGT selló en el Confederal un rumbo de cohesión interna y definió que la confrontación será el camino obligado ante un Ejecutivo que, a su entender, niega el diálogo. El 5 de noviembre será el termómetro de esa unidad, en una elección que no solo renovará autoridades sino que proyectará el rol político de la central para los próximos cuatro años. Con la unidad como escudo y la confrontación como estrategia, la CGT busca reposicionarse como actor clave en la disputa por el futuro político y económico del país.

El Sindicato de Luz y Fuerza cuestionó con dureza el anuncio del Gobierno nacional sobre la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). Según la organización, la medida implica un retroceso en soberanía energética y tecnológica, encarece el servicio eléctrico y responde a intereses económicos y políticos externos.

El Gobierno nacional confirmó que dará inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida contempla la venta del 44% de las acciones a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado conservará el 51% del capital accionario y, con ello, el control de la compañía. El esquema incluye además un Programa de Propiedad Participada para que los trabajadores accedan hasta al 5% de las acciones.

El anuncio desató una inmediata reacción sindical. Desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, con representación en las centrales nucleares, expresaron un rechazo categórico. “Nucleoeléctrica es una empresa de interés estratégico para la Argentina, construida con el esfuerzo del pueblo. Significa soberanía energética, científica y tecnológica, pilares fundamentales del desarrollo industrial y productivo”, afirmaron.

Para el gremio, la decisión del Ejecutivo es un “claro guiño a intereses económicos y políticos externos” y forma parte de un plan para “desmantelar el Plan Nuclear Argentino”. En un comunicado, la organización advirtió que la privatización pone en riesgo cientos de puestos de trabajo y la seguridad operativa de las plantas, al tiempo que “transforma un derecho esencial en un negocio más, encareciendo el servicio eléctrico, degradando su calidad y beneficiando a privados que solo buscan maximizar sus ganancias”.

El sindicato también apeló a la memoria histórica al recordar las consecuencias de las privatizaciones de la década del 90: pérdida de soberanía, flexibilización laboral y deterioro de servicios públicos. “No olvidamos la complicidad de sectores del sindicalismo empresarial que facilitaron la entrega del país y fueron los únicos beneficiarios de esas políticas”, subrayaron.

Finalmente, Luz y Fuerza concluyó con un mensaje enfático: “La soberanía no se negocia. Lo público es de todos y debemos defenderlo por el bien de toda la Nación”.

La privatización parcial de Nucleoeléctrica abre un frente de conflicto político y sindical que promete intensificarse. Mientras el Gobierno argumenta que busca atraer inversiones y modernizar el sector, Luz y Fuerza denuncia un intento de convertir un servicio esencial en un negocio privado, con impacto directo en tarifas, calidad del suministro y soberanía nacional. La disputa anticipa un nuevo capítulo en la tensión entre el oficialismo y el movimiento obrero frente al rumbo de la política energética argentina.