La participación de la CGT en la reorganización del peronismo comenzó a convertirse en un punto de fricción dentro del armado que busca reunir a sus principales referentes de cara a las elecciones de 2027. Mientras las bases sindicales y los movimientos sociales reclaman incorporarse a las conversaciones, la conducción de la central obrera enfrenta cuestionamientos por sus vínculos y negociaciones con el Gobierno de Javier Milei.

La mesa política peronista ya tuvo dos encuentros de relevancia: el primero, el 11 de agosto en el Hotel Emperador, y el segundo, el 23 de octubre en la Casa de La Pampa. De las reuniones participaron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, junto con gobernadores, legisladores y referentes del peronismo federal. La agenda incluyó la discusión sobre las PASO, el Presupuesto 2027 y la búsqueda de coincidencias parlamentarias.

La ausencia de representantes de la CGT generó malestar en la conducción sindical. El reclamo fue abordado en una reunión celebrada en el Sindicato del Seguro, con la participación de los integrantes del triunvirato y dirigentes de peso como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), Héctor Daer (Sanidad) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

Sin embargo, la discusión excede la integración formal de la central obrera. Según consignó el medio que publicó originalmente la información, dentro del peronismo consideran que los acuerdos alcanzados por algunos dirigentes sindicales con funcionarios libertarios condicionan su incorporación a una construcción política que busca confrontar electoralmente con Milei.

Los acuerdos con la Casa Rosada, bajo cuestionamiento

Uno de los principales focos de las críticas apunta a Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, por su interlocución frecuente con Karina Milei. Referentes peronistas cuestionan que ese vínculo no haya conseguido respuestas suficientes frente a la fuerte pérdida de puestos de trabajo en la construcción desde el inicio de la actual gestión nacional.

También aparecen objeciones sobre el posicionamiento de Lingeri ante la privatización de AySA y sus relaciones con empresarios vinculados al negocio del agua. Se trata de señalamientos formulados por dirigentes y fuentes empresariales citadas en la publicación original, no de conclusiones acreditadas sobre responsabilidades individuales.

En este debate se inscribe también el nexo entre el Ejecutivo y las obras sociales sindicales. La cartera de Salud, a cargo de Mario Lugones, mantiene canales de negociación con los representantes gremiales respecto de la sustentabilidad financiera y operativa de dichas instituciones. Quienes cuestionan a la cúpula de la CGT sostienen que la permanencia de estos espacios de diálogo obstaculiza la construcción de una estrategia política compartida con las facciones más críticas del oficialismo.

Una disputa por la representación del movimiento obrero

Con el fin de incidir en el debate, las organizaciones sociales buscan el respaldo de las autoridades de las bancadas peronistas en el Congreso, José Mayans y Germán Martínez, para impulsar un frente común con sectores trabajadores y populares.

La discusión remite al lugar histórico del sindicalismo dentro del peronismo. La CGT reclama ser reconocida como una representación central del movimiento, pero su conducción debe afrontar cuestionamientos internos y externos por el alcance de su diálogo con la administración libertaria.

El reordenamiento partidario hacia 2027 plantea una discusión que supera el reparto de cargos y candidaturas. Lo que realmente está en juego es el lugar que ocupará el movimiento obrero, el margen de independencia que mantendrá respecto al Gobierno y su poder de veto o propuesta en el programa político. La viabilidad de incorporar a la CGT quedará supeditada a la resolución de la contradicción existente entre las demandas de representatividad sindical y los compromisos previos de su conducción con el Poder Ejecutivo.

El titular de la CGT Regional San Juan y secretario general de la UOCRA respaldó el inicio de las obras de 2.240 viviendas y sostuvo que la generación de empleo debe traducirse en oportunidades para los trabajadores locales. También reclamó una interna abierta en el peronismo, cuestionó la exclusión del movimiento obrero de las discusiones nacionales y alertó por la pérdida salarial y el deterioro de las obras sociales.

En una entrevista con Mundo Laboral San Juan, el dirigente vinculó el anuncio con las gestiones previas entre el Gobierno provincial, las representaciones empresarias y los actores sindicales. Según afirmó, el programa podría generar empleo para más de 2.500 personas y alcanzar a los 19 departamentos, aunque reconoció que todavía no conoce la distribución definitiva de los barrios.

Cabello consideró que la diversidad geográfica de los proyectos puede facilitar la contratación de mano de obra local. Mientras los trabajos viales requieren, en muchos casos, traslados fuera de la ciudad y especialidades específicas, la construcción de viviendas permitirá incorporar trabajadores en sus propios departamentos.

“Cuando se recupera una fuente de trabajo es muy importante para el sector de la construcción”, señaló. Para la UOCRA, el desafío inmediato consiste en convertir los anuncios y las adjudicaciones en puestos efectivos, con incorporaciones graduales que eviten generar expectativas por encima de la capacidad real de ejecución.

La CGT reclama participación en la reorganización del peronismo

El dirigente también cuestionó la exclusión del movimiento obrero de las conversaciones que buscan reorganizar al peronismo de cara a las elecciones de 2027. Reclamó que la CGT tenga participación en las decisiones nacionales y rechazó que un grupo reducido de dirigentes defina candidaturas y orientaciones políticas sin una discusión más amplia.

“La política tiene que entender que no puede seguir haciendo caso omiso a una representación como es la de la CGT”, afirmó. A su juicio, la representación sindical no puede quedar relegada cuando se discute el futuro de una fuerza política que históricamente tuvo vínculos estrechos con los trabajadores.

Cabello propuso que la selección de candidaturas se resuelva mediante una interna abierta, en lugar de acuerdos cerrados entre referentes. Sostuvo que las diferencias deben abordarse con reuniones directas y participación de las distintas expresiones partidarias y territoriales.

El titular de la central obrera sanjuanina también pidió evitar que las disputas de la dirigencia bonaerense se trasladen automáticamente a las provincias, donde —advirtió— existen dificultades económicas y políticas propias. Consideró que todavía hay tiempo para construir acuerdos antes de marzo del año próximo, aunque condicionó esa posibilidad a una convocatoria más amplia.

Su planteo combina una exigencia de representación política con una advertencia sobre el vínculo entre los partidos y sus bases sociales: para el dirigente sindical, el movimiento obrero debe intervenir en la discusión programática y no limitarse a acompañar decisiones tomadas por otros.

Salarios rezagados y preocupación por las obras sociales

Más allá de la interna partidaria, Cabello ubicó el deterioro de los ingresos entre las principales preocupaciones sindicales. Expresó que las paritarias no consiguen compensar plenamente el aumento del costo de vida y que muchos trabajadores llegan con dificultades a fin de mes, mientras se agravan los problemas de financiamiento de las obras sociales.

El representante gremial vinculó ambos factores con una pérdida de protección para los asalariados y sus familias. También cuestionó que las discusiones previsionales no se traduzcan, a su entender, en respuestas suficientes para los jubilados.

En su análisis, la reorganización política debe incorporar estas urgencias materiales. La recuperación de los ingresos, la atención sanitaria y la generación de empleo, planteó, son cuestiones que deberían ocupar un lugar central en cualquier propuesta que aspire a representar a los trabajadores.

Una mirada puesta en San Juan

Consultado sobre las repercusiones de la política internacional y el caso de Brasil mencionado durante la entrevista, Cabello evitó centrar su respuesta en la disputa entre dirigentes y sostuvo que su principal preocupación es la evolución económica argentina y provincial.

Señaló que el endeudamiento de los hogares y la problemática para cubrir los gastos cotidianos requieren respuestas concretas, por encima de las controversias políticas. “A mí me interesa la Argentina, cómo vamos a salir; me interesa San Juan, qué es de San Juan, qué es lo que vamos a hacer”, resumió.

El programa trazado por la conducción de la CGT local vincula estrechamente la generación de empleo en el sector constructivo con la inserción del gremialismo en el debate político actual. El alcance real del programa habitacional y la capacidad de recomponer ingresos serán indicadores centrales para medir si las expectativas de los trabajadores encuentran una respuesta concreta.

APJ Gas advirtió que la modificación del régimen dejará a millones de usuarios sin la bonificación que recibían por Zona Fría. Según el gremio, las subas comenzarán a reflejarse en las facturas de noviembre y podrían alcanzar entre el 20% y el 30% incluso en las regiones que conservarán una ayuda parcial.

La reducción de los beneficios de la Zona Fría encarecerá el servicio de gas para unos 3,3 millones de usuarios, según advirtió la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines (APJ Gas). La organización sindical, conducida por Rubén Ruiz, anticipó que el impacto comenzará a percibirse en las facturas de noviembre y cuestionó que el nuevo régimen limite las bonificaciones mientras mantiene el recargo destinado a financiar los subsidios.

El gremio atribuyó la modificación al Decreto 1266/2026 y a la Resolución 299/2026 de la Secretaría de Energía, normas que, según su interpretación, restringen el alcance del beneficio y dejan a numerosos usuarios fuera de la asistencia que recibían. La entidad calificó la medida como “un nuevo manotazo a nuestra economía”.

Entre las zonas alcanzadas por la reducción, APJ Gas enumeró distritos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, además de las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan. La asistencia se conservaría de manera parcial para la Patagonia, Malargüe y la Puna, aunque el sindicato advirtió que esos usuarios tampoco quedarían al margen de los aumentos.