La Justicia restableció plenamente la vigencia de la medida cautelar luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso del Estado nacional. El fallo obliga a garantizar la actualización salarial de docentes y no docentes, además de los fondos destinados a becas, mientras continúa el trámite judicial sobre el fondo de la causa.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó firme este martes la medida cautelar que obliga al Estado nacional a garantizar el financiamiento de las universidades públicas, al considerar que perdió efecto la suspensión que había dispuesto durante la tramitación del expediente. La resolución llega después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional, despejando el principal argumento que había motivado el freno transitorio de la orden judicial.

Con esta decisión, el Estado deberá continuar asegurando las partidas presupuestarias destinadas a la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, además de los recursos previstos para becas estudiantiles y otros programas contemplados en la Ley de Financiamiento Universitario. La Sala III también ordenó devolver el expediente al juzgado de primera instancia para avanzar con la ejecución de la cautelar, que permanecerá vigente hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.

El litigio se originó a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo intentó condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025. Aunque la norma fue vetada por el Ejecutivo, el Parlamento insistió con su aprobación tras reunir las mayorías necesarias en ambas cámaras, en medio de una amplia movilización de la comunidad universitaria en defensa del sistema público de educación superior.

La legislación establece mecanismos de actualización para las remuneraciones del personal universitario y dispone la recomposición de los programas de becas, entre ellos Progresar. Frente a la demora en su implementación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), acompañado por organizaciones gremiales docentes, promovió una acción de amparo colectivo para exigir el cumplimiento de esos artículos.

La controversia ya había registrado un capítulo decisivo en junio, cuando la Corte Suprema rechazó la presentación del Gobierno y mantuvo vigente la cautelar que ordena aplicar los artículos centrales de la Ley 27.795 vinculados a salarios y financiamiento estudiantil. Aquella resolución fue suscripta por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El pronunciamiento judicial coincidió con el anuncio oficial de un esquema de transferencias para las universidades nacionales, que contemplaba incrementos del 24,33% para salarios, del 20% para gastos de funcionamiento y una ampliación de los recursos destinados a hospitales universitarios hasta alcanzar los 50.000 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades universitarias sostuvieron que esa propuesta elevaba el presupuesto al 0,6% del Producto Bruto Interno, por debajo del 0,75% previsto en la ley vigente.

Con la resolución conocida durante la jornada de este martes, la cautelar recuperó plena vigencia y continuará resguardando la actualización de salarios y becas hasta que la Justicia resuelva de manera definitiva la legalidad del decreto cuestionado y la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

El secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, aseguró que el paro nacional de docentes universitarios registró una elevada adhesión en San Juan, denunció el deterioro salarial acumulado desde fines de 2023 y sostuvo que el Gobierno nacional continúa sin cumplir las resoluciones judiciales que ordenan recomponer el financiamiento de las universidades públicas. Además, anticipó que el plan de lucha continuará durante el segundo semestre si no se reabren las negociaciones paritarias.

El conflicto universitario volvió a ocupar el centro de la agenda nacional con un nuevo paro de docentes convocado por las federaciones universitarias, en coincidencia con una jornada de protesta del sistema educativo. En San Juan, la medida de fuerza alcanzó una amplia adhesión y reavivó el reclamo por la recomposición salarial, el financiamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de las decisiones judiciales que ordenan actualizar los recursos destinados al sistema.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el secretario general de ADICUS, Jaime Barcelona, aseguró que la convocatoria tuvo una respuesta contundente en la provincia. Explicó que en la Facultad de Filosofía el acatamiento alcanzó aproximadamente el 75 %, mientras que en los colegios preuniversitarios osciló entre el 75 y el 95 %. También señaló una importante participación de docentes de la Escuela de Ciencias de la Salud y de distintas cátedras de las facultades de Exactas y Arquitectura.

Para el dirigente gremial, la elevada adhesión refleja el profundo malestar existente entre los trabajadores de la educación. En ese sentido, sostuvo que el conflicto excede al ámbito universitario y forma parte de una política de ajuste que, según afirmó, alcanza a todos los niveles del sistema educativo. Por esa razón destacó la coordinación nacional entre las federaciones docentes universitarias y los gremios nucleados en CTERA.

Barcelona vinculó la protesta con el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y con la insuficiente actualización presupuestaria de las universidades nacionales. Indicó que, desde diciembre de 2023, la pérdida frente a la inflación supera ampliamente el cien por ciento, mientras que la recomposición otorgada por el Gobierno apenas alcanzó el 21 % luego de las masivas movilizaciones universitarias.

A su entender, esa diferencia compromete tanto los ingresos de los trabajadores como el funcionamiento cotidiano de las casas de altos estudios, ya que afecta la capacidad de afrontar gastos operativos, sostener proyectos académicos, desarrollar investigaciones y garantizar otras funciones esenciales del sistema universitario.

Frente a ese panorama, confirmó que el gremio comenzará una nueva etapa del plan de lucha durante el segundo semestre. En los próximos días, ADICUS debatirá en asamblea la postura que llevará al congreso de su federación nacional, donde se definirán las próximas medidas de fuerza. Entre las acciones previstas figuran nuevas jornadas de paro y la realización de clases públicas, una modalidad que buscará visibilizar el conflicto ante la sociedad sin interferir con las mesas de exámenes.

Según explicó, la intención es retomar esas actividades durante la segunda quincena de agosto, cuando todas las universidades hayan reiniciado plenamente el ciclo lectivo, y mantener la presión hasta que el Ejecutivo convoque a una nueva negociación salarial dentro de los plazos establecidos en el acta paritaria firmada en junio.

Barcelona también rechazó los cuestionamientos oficiales sobre el gasto universitario y defendió el rol de la educación superior para el desarrollo del país. Sostuvo que ninguna nación puede crecer sin un sistema universitario sólido y afirmó que las propias empresas demandan cada vez más profesionales formados en las universidades públicas.

A modo de ejemplo, advirtió sobre la alta demanda de ingenieros generada por la minería y advirtió que existe preocupación en el sector productivo por la futura disponibilidad de recursos humanos altamente calificados. En ese marco, insistió en que financiar la educación superior constituye una inversión indispensable para el crecimiento económico y no un gasto prescindible.

El titular de ADICUS también cuestionó la política económica del Gobierno nacional al considerar que el ajuste recae sobre los trabajadores mientras se reducen cargas tributarias para los sectores de mayores ingresos y para grandes exportadores. Desde su perspectiva, esa orientación explica buena parte del conflicto que atraviesan las universidades nacionales.

Respecto del diálogo institucional, Barcelona sostuvo que actualmente no existen canales de negociación abiertos con el Gobierno nacional y manifestó preocupación por la demora en la convocatoria a nuevas paritarias. No obstante, señaló que el acta firmada en junio establece que la próxima reunión deberá realizarse, como máximo, antes del 10 de septiembre, por lo que expresó su expectativa de que el Ejecutivo cumpla con ese compromiso y avance en una solución que permita recomponer salarios y garantizar el financiamiento del conjunto de instituciones académicas.

El conflicto docente universitario ingresa así en una nueva etapa, con medidas de fuerza ya anunciadas, reclamos judiciales aún pendientes de cumplimiento y una negociación salarial que aparece como la principal instancia para intentar descomprimir una disputa que, lejos de resolverse, amenaza con intensificarse durante el segundo semestre.

El juez laboral Raúl Ojeda, quien dictó el fallo de primera instancia que suspendió la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno tras el amparo presentado por la CGT, sostuvo que el movimiento obrero atraviesa un momento decisivo. Advirtió que la pérdida de protagonismo sindical debilita la defensa de los derechos laborales y anticipó que la nueva legislación abrirá una etapa de fuerte litigiosidad en los tribunales.

La discusión sobre la reforma laboral volvió a ocupar el centro del debate jurídico y sindical. En una conferencia organizada por la Sala Laboral del Colegio de Abogados, el juez Raúl Ojeda, protagonista del fallo de primera instancia que hizo lugar al amparo promovido por la Confederación General del Trabajo, analizó las consecuencias que, a su entender, tendrá la denominada Ley de Modernización Laboral sobre el sistema de relaciones laborales argentino.

Durante su exposición, el magistrado planteó que el movimiento sindical enfrenta un desafío que excede el plano judicial y reclamó una mayor participación de las organizaciones gremiales en la defensa de las conquistas históricas de los trabajadores.

En ese sentido, sostuvo que la fortaleza de los sindicatos dependerá de su capacidad para recuperar un papel activo en los conflictos laborales. Advirtió que, si abandonan esa función, corren el riesgo de perder representatividad y convertirse únicamente en instituciones sociales, alejadas de su finalidad original.

Críticas a la deslegitimación del sindicalismo

Ojeda también se refirió al deterioro de la imagen pública de las organizaciones gremiales y atribuyó ese fenómeno a una construcción comunicacional que, según expresó, privilegia la difusión de casos de corrupción mientras invisibiliza las funciones sociales que cumplen muchas entidades sindicales.

Recordó que numerosos gremios sostienen escuelas, centros de salud, guarderías, planes habitacionales y múltiples servicios destinados a sus afiliados, aportes que —consideró— rara vez forman parte del debate público.

El magistrado vinculó esa mirada con una creciente fragmentación social que debilita la conciencia colectiva entre quienes viven de su trabajo. A modo de ejemplo, señaló que incluso profesionales como jueces, médicos, abogados o contadores suelen dejar de reconocerse como trabajadores hasta que ven afectados sus propios derechos laborales.

Una reforma que, según el juez, multiplicará los litigios

Al analizar el impacto de la nueva legislación, Ojeda anticipó que su aplicación generará una fuerte judicialización en todo el país.

Afirmó que numerosos aspectos de la reforma serán cuestionados por su presunta incompatibilidad con principios constitucionales y pronosticó que los tribunales laborales recibirán una gran cantidad de demandas impulsadas por sindicatos y trabajadores.

El juez explicó que las organizaciones gremiales ya comenzaron a promover acciones judiciales en distintas jurisdicciones, impulsando una defensa descentralizada frente a la nueva normativa.

La definición excede a los tribunales

Si bien fue uno de los magistrados que resolvió favorablemente el planteo presentado por la CGT, Ojeda consideró poco probable que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revierta en términos generales el rumbo adoptado por la reforma laboral, teniendo en cuenta los antecedentes recientes del máximo tribunal.

Por esa razón, sostuvo que el desenlace del debate no dependerá exclusivamente de las decisiones judiciales, sino también de la capacidad de organización y movilización de los actores sociales involucrados.

Finalmente, reivindicó el papel de la Constitución como límite frente a los cambios impulsados por coyunturas políticas. En esa línea, afirmó que la función de la Justicia consiste en garantizar la vigencia de los derechos fundamentales aun cuando existan presiones para restringirlos, porque las garantías constitucionales fueron concebidas precisamente para proteger a la ciudadanía en períodos de conflicto y no únicamente en tiempos de estabilidad.