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La multitudinaria Marcha Federal se replicó en las principales ciudades del país y tuvo como epicentro la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Se leyó un documento redactado por la comunidad universitaria en el que se denunció el ajuste del presupuesto ejecutado por el gobierno de Javier Milei.

La Marcha Federal Universitaria concentró este martes a la tarde una multitud en la Plaza de Mayo y se replicó en distintas ciudades del país, en lo que fue la jornada de protesta más masiva contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. La presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Piera Fernández de Piccoli, leyó un documento al final del acto, en el que se consideró “insuficiente” al aumento de las partidas universitarias anunciado ayer por el gobierno, y se pidió la reposición del FONID, un complemento salarial docente eliminado por el gobierno nacional. “Todos los problemas que tenemos se resuelven con más inversión en la educación pública, convocamos a la sociedad argentina a defenderla”, terminó el documento consensuado por todas las universidades nacionales.

La cantidad de gente reunida colmó no solo la plaza (vallada sobre la Casa Rosada), sino que se extendió por las amplias Avenida de Mayo y las diagonales norte y sur.

Más allá de las columnas organizadas, principalmente las universitarias que se movilizaron desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo, la mayoría de los manifestantes marchó por fueras de las estructuras universitarias, sindicales o partidarias, muchos portando carteles escritos a manos.

Sin mover lo que se llama “el aparato”, la CGT acompañó la marcha en el marco de otras dos medidas tomadas por la central obrera: la CGT también se movilizará el 1 de mayo y el 9 del mismo mes cumplirá el segundo paro general contra el gobierno de Milei. Los secretarios generales Héctor Daer y Pablo Moyano se sumaron al acto de el martes por la tarde.

Los organizadores estimaron en unos 800 mil asistentes a la plaza. “Y un millón en todo el país”, dijo el representante docente de la Conadu, Carlos De Feo en su discurso. “Un millón y medio”, dijo después un dirigente de los no docentes universitarios.

También hablaron Sonia Alesso, de Cetera, y Sergio Romero, de UDA, quien dijo que “el gobierno, aunque lo niegue, deberá analizar qué pasó en esta plaza”.

Norberto Heyanca, en representación de las universidades tecnológicas, le reclamó al gobierno. “Hay que dialogar más”, le reclamó al gobierno. “Viva la universidad pública, carajo”,concluyó.

En el documento leído al final del acto por la presidenta de la FUA se afirma que “las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales” y se denuncia que las universidades “han sufrido un fuerte ajuste en términos reales, en los denominados gastos de funcionamiento”.

“Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas dispuesto para el mes de marzo, más el reciente anuncio en el marco de esta convocatoria, (2:28) son absolutamente insuficientes”, dice el documento leído por Piera Fernández, en nombre de la comunidad universitaria.

El documento también señaló que “en los últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores han perdido el 50% respecto a la inflación”.

“Reivindicamos los convenios colectivos sectoriales, docentes y no docentes, y el espacio paritario nacional con participación plena del gobierno nacional, quien hasta ahora malversa su participación imponiendo aumentos paupérrimos de manera unilateral”, se criticó también, a la vez que se exigió “paritarias libres, sin techos”.

“La ciencia y tecnología son aspectos sustanciales para la producción de soberanía, desarrollo y progreso. Un país que no invierte en ciencia renuncia a su soberanía”, afirmó el documento, en el que se criticó los recortes presupuestarios, entre ellos, al CONICET.

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Gremios universitarios anuncian tres días de paro

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) llevó a cabo el pasado martes una reunión del Consejo Directivo y del Plenario de Secretarios Generales, donde resolvió que ante la “agudización” de la grave situación salarial» se llevará a cabo un paro nacional de 72 horas cuya fecha quedará definida en el marco del Frente Sindical de Universidades Nacionales.

El Plenario facultó a la Mesa Ejecutiva del gremio para resolver la continuidad del plan de lucha de los no docentes de las universidades nacionales, quedando resueltas las acciones a llevar adelante en las próximas semanas.

A través de una resolución, el gremio que conduce Walter Merkis, definió 5 líneas de acción, dentro de las cuales se encuentra ratificar la decisión del Congreso Nacional ordinario para facultar a la Mesa Ejecutiva para convocar al paro nacional por 72 horas.

Por otra parte, se estableció que la medida de fuerza, así como los próximos pasos del Plan de Acción, sean definidas “en unidad con el Frente de Sindicatos de las Universidades Nacionales».

A su vez, FATUN desarrollará “medidas de visibilización” de las demandas del sector en unidad “con la comunidad universitaria que confirmen el compromiso de todos los sectores”, subraya la resolución.

La entidad gremial que nuclea a los no docentes también exigirá que los Consejos Superiores de las Universidades se expidan sobre la situación salarial de los trabajadores del sector y la continuidad de las becas para los estudiantes.

Finalmente, FATUN rechazó la “política represiva” del gobierno nacional, así como la criminalización de la protesta y remarcó “el pedido de liberación y reparación de las víctimas” detenidas durante la represión del miércoles pasado en el marco de la marcha contra la aprobación de la Ley de Bases.

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La OIT lanza estrategia para combatir la informalidad laboral en América Latina y el Caribe

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzó hoy FORLAC 2.0, su renovada estrategia para abordar el desafío de la informalidad laboral en América Latina y el Caribe, en un escenario donde casi la mitad de la fuerza laboral no tiene acceso a empleos decentes.

El objetivo general de FORLAC 2.0 es “estructurar y fortalecer la respuesta integrada y coherente de la OIT acorde a las necesidades de sus constituyentes para la transición a la economía formal en América Latina y el Caribe para el periodo 2024-2030, con la finalidad de contribuir al logro del trabajo decente y la justicia social”. Con la intención de orientar la implementación y el seguimiento estratégico de la Estrategia, se constituirá una instancia diálogo social y coordinación denominada Comité Consultivo Tripartito (CCT).

Basada en la Recomendación 204 de la OIT, la Estrategia de Formalización para América Latina y el Caribe ofrece un marco integral de políticas con enfoque de género para promover la transición a la economía formal. La estrategia se centra en tres pilares:

·         Desarrollo productivo: Fomentar la creación de empresas sostenibles y empleos decentes en sectores clave de la economía.

·         Protección social: Ampliar la cobertura de la seguridad social y la salud en el trabajo para todos los trabajadores.

·         Cumplimiento de derechos laborales: Fortalecer las instituciones laborales y promover el diálogo social para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores.

FORLAC 2.0 se implementará entre 2024 y 2030 con el objetivo de estructurar y fortalecer la respuesta integrada de la OIT para alcanzar el trabajo decente y la justicia social en la región.

El evento de lanzamiento del 18 de junio reunió a representantes de gobiernos, trabajadores, empleadores y organizaciones de la sociedad civil.

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La CTERA rechaza el proyecto de ley que limita el derecho a huelga en el sector docente

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) alertó sobre un proyecto de ley del diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, que busca impedir el derecho a huelga de ese sector en un contexto de ajuste presupuestario y salarial.

La iniciativa para restringir la protesta de docentes obtuvo dictamen en la Comisión de Educación, con apoyo de los bloque de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y la CC. Unión por la Patria y la izquierda firmaron dictámenes de rechazo y reclamaron mayor financiamiento para la educación pública.

“La finalidad de los proyectos consiste en limitar el derecho a huelga de los trabajadores de la educación, haciéndonos responsables exclusivamente de los problemas que tiene nuestro sistema educativo”, denunció CTERA en un comunicado.

El proyecto declara a la educación como servicio esencial, lo que justifica la restricción de las medidas de fuerza. Los gremios denuncian que lo que busca el oficialismo es coartar el derecho a huelga, garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en un contexto de desfinanciamiento de la educación pública y ajuste en los salarios docentes.

El sindicato que conduce Sonia Alesso advirtió que el proyecto no recibió el giro a otras comisiones para proseguir su tratamiento y remarcó que apunta a modificaciones en el articulado de la Ley Nacional de Educación N° 26.206.

“Son los mismos bloques que avalan el desfinanciamiento educativo, que convalidan la eliminación del FONID, la suspensión del envío de recursos por Ley de Financiamiento Educativo y su consecuente impacto en la infraestructura, equipamiento y comedores escolares y la anulación de la paritaria nacional”, cargó el gremio.

El sindicato que integra la CTA agregó que el oficialismo “nada dice de los mecanismos legales vigentes para la resolución de conflictos, como la autocomposición de las partes el dictado de la conciliación y oportunamente, la implementación de instancias de mediación”.

Y prosiguió: “No los mencionan porque no les interesa. Solo tienen un objetivo amordazar a los docentes e imponer el ajuste a cualquier precio, deteriorando el funcionamiento del sistema educativo y generando las condiciones para su posterior privatización”.

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