Histórica marcha en defensa de la universidad pública en todo el país
La multitudinaria Marcha Federal se replicó en las principales ciudades del país y tuvo como epicentro la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Se leyó un documento redactado por la comunidad universitaria en el que se denunció el ajuste del presupuesto ejecutado por el gobierno de Javier Milei.
La Marcha Federal Universitaria concentró este martes a la tarde una multitud en la Plaza de Mayo y se replicó en distintas ciudades del país, en lo que fue la jornada de protesta más masiva contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. La presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Piera Fernández de Piccoli, leyó un documento al final del acto, en el que se consideró “insuficiente” al aumento de las partidas universitarias anunciado ayer por el gobierno, y se pidió la reposición del FONID, un complemento salarial docente eliminado por el gobierno nacional. “Todos los problemas que tenemos se resuelven con más inversión en la educación pública, convocamos a la sociedad argentina a defenderla”, terminó el documento consensuado por todas las universidades nacionales.
La cantidad de gente reunida colmó no solo la plaza (vallada sobre la Casa Rosada), sino que se extendió por las amplias Avenida de Mayo y las diagonales norte y sur.
Más allá de las columnas organizadas, principalmente las universitarias que se movilizaron desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo, la mayoría de los manifestantes marchó por fueras de las estructuras universitarias, sindicales o partidarias, muchos portando carteles escritos a manos.
Sin mover lo que se llama “el aparato”, la CGT acompañó la marcha en el marco de otras dos medidas tomadas por la central obrera: la CGT también se movilizará el 1 de mayo y el 9 del mismo mes cumplirá el segundo paro general contra el gobierno de Milei. Los secretarios generales Héctor Daer y Pablo Moyano se sumaron al acto de el martes por la tarde.
Los organizadores estimaron en unos 800 mil asistentes a la plaza. “Y un millón en todo el país”, dijo el representante docente de la Conadu, Carlos De Feo en su discurso. “Un millón y medio”, dijo después un dirigente de los no docentes universitarios.
También hablaron Sonia Alesso, de Cetera, y Sergio Romero, de UDA, quien dijo que “el gobierno, aunque lo niegue, deberá analizar qué pasó en esta plaza”.
Norberto Heyanca, en representación de las universidades tecnológicas, le reclamó al gobierno. “Hay que dialogar más”, le reclamó al gobierno. “Viva la universidad pública, carajo”,concluyó.
En el documento leído al final del acto por la presidenta de la FUA se afirma que “las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales” y se denuncia que las universidades “han sufrido un fuerte ajuste en términos reales, en los denominados gastos de funcionamiento”.
“Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas dispuesto para el mes de marzo, más el reciente anuncio en el marco de esta convocatoria, (2:28) son absolutamente insuficientes”, dice el documento leído por Piera Fernández, en nombre de la comunidad universitaria.
El documento también señaló que “en los últimos meses, el salario de las trabajadoras y trabajadores han perdido el 50% respecto a la inflación”.
“Reivindicamos los convenios colectivos sectoriales, docentes y no docentes, y el espacio paritario nacional con participación plena del gobierno nacional, quien hasta ahora malversa su participación imponiendo aumentos paupérrimos de manera unilateral”, se criticó también, a la vez que se exigió “paritarias libres, sin techos”.
“La ciencia y tecnología son aspectos sustanciales para la producción de soberanía, desarrollo y progreso. Un país que no invierte en ciencia renuncia a su soberanía”, afirmó el documento, en el que se criticó los recortes presupuestarios, entre ellos, al CONICET.
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Pablo Moyano confirmó que la CGT movilizará este miércoles para rechazar el veto al aumento de jubilados
El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) y referente del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, ratificó que la central movilizará este miércoles 11 al Congreso de la Nación, para que los legisladores rechacen el veto del presidente al aumento a los jubilados. Además, decidirán un paro general tras visitar al papa Francisco.
Con la presencia del Frente Sindical, las dos CTA, movimientos sindicales y las organizaciones sociales, Moyano confirmó la movilización a partir de las 14: “Ojala que esa marcha multitudinaria y pacífica convenza a aquellos diputados y diputadas que están todavía pensando en dar vuelta el voto para rechazar el veto que ha puesto este empleado del FMI que es el presidente”.
“La CGT apoya la movilización”, respondió el sindicalista en diálogo con Radio 10, luego del documento que publicaron desde la central. “Nadie puede mirar para otro lado o callarse la boca ante una situación tan particular e importante como es la defensa de los salarios de los jubilados”, consideró.
De cara a la convocatoria de esta semana, el dirigente ratificó que “la CGT se va a movilizar” y advirtió que “lo importante son los que vamos a estar en la plaza”. “Cada ley que vaya en contra de los derechos de los laburantes nos va a encontrar en la calle pero dependemos de los diputados que legislan estas leyes”, agregó.
Por otra parte, Moyano descartó que desde la central estén hablando con el ejecutivo por la reforma laboral de la ley Bases: “No está negociando nada”. “Si la reglamentan, iremos a la Justicia”, informó, al tiempo que agregó que “ya hicimos todas las medidas gremiales” pero que “eso no quiere decir que la CGT se haya quedado con los brazos cruzados”.
Por último, consultado por la chance de concretar otro paro general en todo el país, el camionero declaró que “se van adelantando los tiempos” y que “si el gobierno sigue atacando, después de ver al Papa Francisco se analizarán las medidas”. “Muchos sectores están impulsando un paro general del movimiento obrero”, concluyó.
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Las dos CTA, la Corriente Federal, el Frente Sindical y organizaciones sociales emitieron un documento conjunto
La CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de Trabajadores que encabeza Sergio Palazzo, el Frente Sindical para el Modelo Nacional que contiene a Pablo Moyano, la UTEP y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos elaboraron y firmaron un documento contra el veto que impulsa Javier Milei: «Los jubilados y las jubiladas no están solos».
En un llamado de atención por la situación política, económica y social y «la degradación humana de nuestra sociedad», las organizaciones firmantes hicieron «un llamado público a la reflexión para parar este ataque sistemático del gobierno de Javier Milei contra nuestro pueblo. Que es también un ataque a nuestra soberanía y nuestra democracia», señalaron.
Entre las víctimas del ajuste, nombraron a los jubilados, universitarios, docentes y trabajadores y ubicaron la inauguración de «esta política de la crueldad» que se aplica «desde que Milei asumiera su mandato a través del DNU 70/23, avasallando facultades no delegadas por el Congreso de la Nación».
Entre las consecuencias de esa crueldad, mencionaron la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo formales e informales, el ajuste en salud, educación, ciencia y tecnología, cultura, derechos humanos, entre tantos. «Y qué decir de los trabajadores más vulnerables a quienes se le desenganchó y congeló el salario social que recibían y la quita del monotributo social».
Con datos oficiales, bosquejaron una situación socioeconómica alarmante. «Asistimos a una recesión de la actividad económica sin precedentes con la destrucción del aparato productivo y el cierre de más de 10 mil PyMEs. Esto castiga particularmente a nuestras infancias y nuestros mayores», agregaron.
Asimismo rechazaron la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva y a un denominado Protocolo de Actuación frente a Bloqueos, ambos orientados a impedir el derecho de huelga y la libertad de acción sindical.
Respecto a los jubilados, expresaron: «Hay que tener mucho odio hacia nuestro pueblo, nuestros trabajadores y nuestros jubilados para llevar adelante tanta persecución y represión gubernamental como la que se está ejecutando en estos días contra los adultos mayores, quienes además de sufrir la merma de los haberes se ven privados de la mayoría de los medicamentos».
Ante lo que consideraron «gestos autoritarios», como el veto del presidente contra una ley votada por amplia mayoría en ambas cámaras, reclamaron el rechazo absoluto a dicho veto. «De ninguna manera podemos permitir que el presidente siga transfiriendo las riquezas que genera nuestro pueblo y nuestra nación para beneficiar a los poderosos grupos económicos que hoy lo rodean».
Reclamaron también que el aumento se financie con la recaudación del Impuesto a Bienes Personales «que fue eliminado para favorecer a las 200.000 personas más ricas de este país», exigieron la derogación y anulación del DNU 70/23; el cese del congelamiento y desenganche del Salario social de los planes y la quita del Monotributo social, los despidos masivos del Estado, como así también los despidos y suspensiones en el sector privado.
La ley de financiamiento Universitario, rechazaron los 100 mil millones de pesos, como gastos reservados de la SIDE, la visita de los diputados y diputadas de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza para reunirse con represores condenados por crímenes de lesa humanidad, y pidieron la expulsión de los mismos de la Cámara Baja.
«La masividad de este acto es la demostración contundente de que los jubilados y jubiladas no están solos por lo que el movimiento sindical y social que representamos seguirá luchando hasta lograr que quienes toda su vida trabajaron y se ganaron el descanso puedan tener el ingreso que les permita una vida digna», cerraron.
Fuente: Infogremiales
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La justicia laboral suspendió Ganancias para el sector energético
La Justicia Laboral concedió una medida cautelar solicitada por la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, liderada por Guillermo Moser, para suspender la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios del sector energético. La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 44.
La controversia surge en torno a la reciente restitución del impuesto, que fue aprobada en Diputados y rechazada en el Senado, pero posteriormente aprobada nuevamente en la Cámara de Diputados y que venía aparejada con la Ley Bases. Según se argumenta, esta acción sería ilegal ya que, para revertir una ley, es necesario que ambas cámaras aprueben la modificación, no solo una. El DNU y la Ley Bases todo lo pudieron, aunque no todo.
A partir de esta cautelar, las empresas están obligadas a suspender el descuento del impuesto hasta que la justicia confirme o desestime el fallo. El Estado dispone de cinco días para apelar la decisión.
El secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Guillermo Moser, destacó que esta resolución representa un alivio significativo para los trabajadores del sector, que ven en esta mmedida una mejora en sus condiciones salariales.
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