Sipreba se opuso a una eventual privatización de Medios Públicos
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) calificó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) como «ilegal, ilegítimo e inconstitucional», consideró que la norma implica «una avanzada sin precedentes sobre los derechos de los trabajadores y sus organizaciones» y rechazó una eventual privatización de los medios públicos, al defender el «rol social» que cumplen.
Con el lema «La soberanía, las leyes laborales y los medios públicos no se entregan», el Sipreba convocó para hoy mismo asambleas en la TV Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam.
«Desde el Sipreba vamos a defender los derechos laborales de todo el gremio de prensa, los convenios colectivos y el Estatuto del Periodista Profesional frente al DNU que pretende entregar la soberanía nacional y representa una avanzada sin precedentes sobre los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, le decimos si al rol social de los medios públicos y no a las sociedades anónimas», dijo el sindicato que dirige Agustín Lecchi en un comunicado de prensa.
El gremio explicó que el DNU -publicado hoy en el Boletín Oficial- «establece que las empresas del Estado pasan a ser sociedades anónimas» y aclaró que «esta disposición, en lo que respecta a Agencia Télam, Radio Nacional, Televisión Pública y Contenidos Públicos, no tiene validez jurídica».
«En términos generales, porque no existe razón objetiva que justifique la urgencia por la que se evita el trámite legislativo correspondiente y las propias declaraciones del gobierno nacional indican que se convocará de inmediato a Sesiones Extraordinarias del Congreso, también, porque la Ley 20.705 estableció el carácter de sociedades del Estado, lo que impone la intervención legislativa para cualquier modificación sobre dicho estatus, y, en particular, respecto de RTA por cuanto la Ley 26.522 establece su régimen jurídico», detalló el comunicado.
El DNU, anunciado anoche en un mensaje por cadena nacional del presidente Javier Milei, establece que las sociedades o empresas con participación del Estado se transformarán en sociedades anónimas, para su posterior privatización.
Para el Sipreba, «no cumplidos los recaudos que exige el art. 99 inciso 3ro. de la Constitución Nacional, al no verificarse circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, y en tanto el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo, el decreto adolece de nulidad absoluta e insanable».
«En ningún caso la función pública que cumplen los medios públicos puede ser reemplazada por sociedades comerciales fundadas en el lucro y el negocio, incompatibles con el derecho fundamental a la libertad de expresión y comunicación contenido en el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos», indicaron en el texto del comunicado.
En esa línea, remarcaron que «la actividad de los medios públicos es insustituible e indelegable y tienen la protección del sistema constitucional de derecho, como el trabajo de quienes desempeñan tareas en estas empresas, con derecho a la estabilidad», y resaltaron que «ninguna situación de emergencia económica puede motivar esta decisión con carácter de urgente cuando los medios públicos representan el 0,017% del Producto Bruto Interno (PBI)».
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Sturzenegger busca centralizar el control sobre seguros y riesgos laborales
En un nuevo capítulo de la ofensiva desregulatoria del Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger apunta a desmantelar las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo, fusionándolas y absorbiendo sus funciones bajo el Ministerio de Economía. La medida genera preocupación en sectores regulados y sindicatos.
La avanzada desregulatoria del ministro Sturzenegger no cesa. Ahora, su objetivo son las Superintendencias de Seguros de la Nación y de Riesgos del Trabajo, dos organismos clave en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales. Según trascendió, el plan contempla fusionar ambas entidades, recortar personal y suprimir su autonomía técnica, centralizando sus funciones bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
Esta movida busca achicar el aparato estatal, pero implica un corrimiento significativo hacia una estructura centralizada, desplazando espacios técnicos autónomos que podrían perder capacidad de control y supervisión. La medida podría tener un impacto directo en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales, generando preocupación en sectores regulados y sindicatos.
En paralelo, Sturzenegger prepara un ataque sobre la intermediación obligatoria de seguros, buscando eliminar la participación exclusiva de los Productores Asesores de Seguros (PAS). De concretarse, abriría el mercado a nuevos operadores, desregulando la venta directa y virtual de pólizas. Sin embargo, esto podría generar vulnerabilidad en los consumidores frente a prácticas abusivas o falta de asesoramiento profesional.
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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación
Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.
La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.
Metodología de Censura
Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.
En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.
La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.
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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner
El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.
La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.
La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.
La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.
También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.
Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.
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